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.- Como a confesión de partes, relevo de pruebas, la magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, asume que es una empleada del Poder Ejecutivo, cuyo titular – que en la división de poderes sería su igual – le da instrucciones sobre su trabajo, que en un marco de respeto a las instituciones debería ser autónomo.
Por eso Veracruz está como está en materia de impartición de justicia, pues si el Gobernador no puede con sus funciones del Poder Ejecutivo, menos con las del Poder Judicial.
Así las cosas, aunque estar atenta al trabajo de los jueces no requiere de ninguna instrucción del gobernador, pues es parte de su trabajo, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, cometió un desliz este viernes cuando declaró: “Estamos poniéndole mucha atención (al trabajo de los jueces), sobre todo porque el señor Gobernador nos ha instruido para efecto de estar trabajando con ellos y nos están respondiendo, (…) se estaba dando una situación difícil, estaban sueltos, hacían lo que querían, pero en la actualidad están vigilados por el Consejo de la Judicatura”.
Lo anterior refleja, por un lado, la falta de tacto y oficio político de la presidenta del Poder Judicial, y por el otro, la absoluta falta de autonomía de ese poder y su sometimiento al Ejecutivo, lo que echa al cesto de la basura el principio de división de poderes.
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