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.- A pesar de que la aprobación de la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad en Veracruz se dio desde hace 10 años, hasta el momento el Gobierno de Veracruz no ha aprobado su reglamento, que serviría para garantizar los derechos humanos de estos grupos vulnerables, lo que ha generado continuos actos de discriminación.
En ese sentido, la encargada del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera, señaló que la Ley de referencia no es operativa mientras no cuente con su reglamento. Por lo anterior, junto con otras organizaciones demandaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la emisión de ese documento.
“Lanzamos un exhorto al Gobierno de Veracruz para que se reglamente la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad porque tiene 10 años pero le hace falta el reglamento”.
De igual forma, exigieron la creación de un instituto que promueva y defienda los derechos humanos de las personas con discapacidad. Refirió que la discriminación no es un hecho aislado, “lamentablemente es un hecho que ocurre con cierta frecuencia por falta de conocimiento, de alianzas y por un sinfín de fallas en el sistema”.
En este marco, la activista anunció que el IMIDI firmó dos convenios con un Colegio de Abogados y con un Despacho Jurídico con la intención de brindar respaldo jurídico y representación legal a quienes hayan vivido una situación de discriminación educativa.
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