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| Opositores al Tren Maya urgen redirigir esos recursos a áreas “prioritarias”. | ||||||
| En una carta dirigida al Congreso federal, solicitaron que dichos recursos se redistribuyan a programas productivos y sustentables, en defensa del empleo, de salud, educación, derechos humanos, igualdad y defensa de género y otros “realmente prioritarios”. | ||||||
| Jueves 15 de Octubre de 2020 | ||||||
| Por: Proceso | ||||||
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En una carta dirigida al Congreso federal, solicitaron que dichos recursos se redistribuyan a programas productivos y sustentables, en defensa del empleo, de salud, educación, derechos humanos, igualdad y defensa de género y otros “realmente prioritarios”. El presupuesto que aprueben, recordaron, debe tener perspectiva de derechos humanos, lo que obliga a la Cámara de Diputados a modificar la propuesta presupuestal. “De ser atendida nuestra petición estaremos ante un ejercicio constitucional y democrático de división y equilibrio de Poderes, de búsqueda de la voluntad popular y de respeto a la ciudadanía”, instaron. A decir de los grupos sociales, el Tren Maya “lejos de ayudar al desarrollo social de los pueblos indígenas y campesinos, conducirá, como ya lo ha estado haciendo, a incrementar exponencialmente la privatización de la propiedad social de la tierra” y “la mano de obra barata cautiva de las comunidades servirá para el mismo enriquecimiento de las empresas constructoras”. Asimismo, advirtieron que, en caso concretar “el despropósito de los llamados polos de desarrollo”, el futuro de gran parte de la población será seguir siendo “fuerza de trabajo mal pagada en los destinos turísticos que se pretende construir”, además de propiciar el desplazamiento de poblaciones y el perjuicio al tejido social. Los grupos sociales también cuestionaron que se hayan asignado a las fuerzas armadas dos tramos del tren porque esas “funciones no corresponden a su naturaleza jurídica” y además “agrega un elemento de intimidación a la población” y constituye una amenaza y ampliación de la militarización. También denunciaron la opacidad con que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha mantenido lo relativo al proyecto, y pidieron a la Cámara de Diputados considerar esta situación y escuche a todas las partes interesadas. “Para efectos del análisis presupuestal es indispensable que la Cámara de Diputados conozca a profundidad los impactos negativos de esta obra que son del interés legítimo de toda la sociedad por sus implicaciones ambientales, poblacionales, regionales y nacionales”, recalcaron. Otro aspecto que señalan es el de los salarios precarios que se ofrecen durante la construcción y después, que si bien son significativos para una población empobrecida y pueden hacer que algunos sectores se conformen con la obra, “aprovechar la pobreza para el enriquecimiento de las constructoras y de otros sectores empresariales no es desarrollo”. “Se trata de un proyecto propio del capitalismo depredador”, agregaron. “Por si fuera poco, junto con la desinformación y con el reparto de dinero entre habitantes de comunidades cercanas a donde está previsto el paso del tren, el Gobierno de la República, por conducto de Fonatur, está causando división y encono que amenazan con dar lugar a situaciones de violencia”, acusaron. Insistieron en que, desde el principio, el proyecto ha violado abiertamente la legislación en materia de derechos humanos, ambientales e indígenas, además de que los procesos de adjudicación de los trabajos a las constructoras beneficiadas “son discutibles”. Lo mismo la simulación de consulta indígena, que “fue una afrenta a los derechos de los pueblos originarios” y la intención tardía e inconsistente de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), que violentó la legislación ambiental. Además, consideraron inadmisible y falaz “la disyuntiva que se formula desde el gobierno en el sentido de que o los pueblos permanecen en la pobreza, o se someten a otra forma de empobrecimiento que implica que sean sujetos explotados en un proyecto como el del tren”. Y refutaron el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha insistido en que el sureste del país fue abandonado por los gobiernos anteriores, que privilegiaron el desarrollo del norte. “Falsamente se ha dicho que los pueblos del sureste de la república han estado en el abandono o en el olvido. No es así. Esa versión deliberadamente paternalista es falsa. Han sido históricamente sometidos a diversas formas de explotación y de dominio, que tendrán una nueva expresión en caso de que sea impuesto el proyecto que ha sido llamado Tren Maya”, dijeron. |
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