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EU incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela y Trump ordena quedarse con el crudo
MEMORANDUM 1.- En el marco de un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas, Estados Unidos incautó el pasado martes un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la operación y aseguró que su país se quedará con el petróleo que transportaba el buque, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la calificó como un acto de “piratería criminal”. El incidente abre una nueva fase en la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una red internacional de narcotráfico, tras meses destruyendo frente a las costas venezolanas embarcaciones supuestamente cargadas de droga. El Skipper, sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe por orden de un juez estadounidense, aunque en esta ocasión llevaba petróleo venezolano. El buque navegaba con una falsa bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y mantiene una disputa con Caracas por la región del Esequibo. De acuerdo con informes oficiales, la operación fue preparada y llevada a cabo por la Guardia Costera, el FBI y la Marina de Estados Unidos. Según imágenes difundidas por la Fiscalía estadounidense, tropas fuertemente armadas abordaron la nave tras descender desde un helicóptero y tomaron el control de esta gran embarcación, de 333 metros de eslora. A su vez, Maduro denunció que los tripulantes están desaparecidos, mientras que la Casa Blanca afirma que un equipo de investigadores estadounidenses se encuentra en el barco interrogando a la tripulación. Según el gobierno venezolano, el buque transportaba 1.9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, aunque no precisó el país de destino. Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, una decisión que, según Maduro, demuestra que Washington “se ha quitado la máscara” y busca “robar” el petróleo venezolano. La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga. El operativo ha generado un intenso debate jurídico difícil de resolver mientras se desconocen numerosos detalles. La Casa Blanca sostiene que actuó conforme a la ley, mientras que Venezuela y sus aliados denuncian un acto de piratería. Si bien Estados Unidos puede justificar la operación dentro de su marco legal de sanciones, su compatibilidad con el derecho internacional es más compleja. Washington podría alegar que el barco era apátrida, ya que Guyana denunció que enarbolaba su bandera de forma fraudulenta, pero no todos coinciden. “Estados Unidos no tiene jurisdicción para imponer sanciones unilaterales a personas que no sean estadounidenses fuera de su territorio”, asegura Francisco Rodríguez, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), quien añade que la incautación “sienta un precedente peligroso y constituye una violación del derecho internacional”. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, mantiene una economía fuertemente dependiente del petróleo, que representa más del 80 por ciento de sus exportaciones. Expertos coinciden en que la confiscación supone un duro golpe para Caracas al incrementar la incertidumbre entre los exportadores. “La dictadura de Maduro debería sentir la presión. Las interrupciones en los envíos debilitan su régimen al reducir los ingresos”, señaló Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council. Pese a la tensión bilateral, la estatal PDVSA continúa realizando labores de perforación con la estadounidense Chevron, que opera bajo una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones. La administración Trump ha vinculado la confiscación del petrolero con su política de presión contra Maduro y con el operativo militar en el Caribe destinado a destruir embarcaciones supuestamente cargadas con droga y que Washington relaciona, sin pruebas, con el gobierno venezolano. “Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales”, afirmó el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Preguntado sobre si su estrategia hacia Venezuela busca combatir el narcotráfico u obtener petróleo, Trump respondió que “trata de muchas cosas”. El republicano asegura que “pronto” comenzarán ataques terrestres en Venezuela, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. Así las cosas.
Gobierno de Trump posterga decisión sobre si extender o no las protecciones federales a la mariposa monarca
MEMORANDUM 2.- A pesar de años de advertencias de los conservacionistas de que las poblaciones de mariposa monarca están disminuyendo, el gobierno del presidente Donald Trump ha postergado una decisión sobre si extender o no las protecciones federales indefinidamente a esta especie. Y es que, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció durante los últimos días del mandato del entonces presidente Joe Biden, en diciembre de 2024, que la agencia planeaba agregar al querido polinizador de patio trasero a la lista de especies amenazadas para fines de 2025, calificando al insecto de "icónico" y "apreciado en toda América del Norte". Sin embargo, la administración Trump discretamente catalogó el esfuerzo como una "acción a largo plazo" en un informe de septiembre de la Oficina de Administración y Presupuesto sobre el estado de las iniciativas regulatorias federales. Esta designación no significa que la administración haya impedido que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre tome la decisión, sino que esta no se tomará dentro del año que comenzó en septiembre. “La administración mantiene su compromiso con un enfoque regulatorio transparente, predecible y basado en datos científicos sólidos”, escribió un portavoz de la agencia en un correo electrónico a The Associated Press el viernes. “Cualquier inclusión en la lista debe cumplir con el requisito legal de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de que las determinaciones se basen en la mejor información científica y comercial disponible. Al mismo tiempo, la administración sigue enfatizando la conservación voluntaria e impulsada localmente como una herramienta comprobada para apoyar a las especies y reducir la necesidad de regulación federal adicional”. Nadie en la agencia respondió de inmediato a los correos electrónicos de seguimiento para preguntar sobre el motivo específico del retraso. El primer gobierno de Trump nombró a la monarca candidata a la lista en diciembre de 2020. Su segundo gobierno ha priorizado la producción de petróleo y gas y ha trabajado para eliminar las regulaciones ambientales que obstaculizan el desarrollo. En noviembre, su administración decidió revertir las protecciones generales para animales y plantas amenazados, obligando a las agencias gubernamentales a elaborar normas específicas para cada especie, un proceso potencialmente largo. Otras propuestas exigen eludir las protecciones de especies para la tala en bosques nacionales y tierras públicas. El Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos conservacionistas comenzaron a presionar para obtener protección federal para la mariposa en 2014, solicitando al Servicio de Pesca y Vida Silvestre que la incluyera en la lista. El centro presentó una demanda en 2022 para obligar a la agencia a tomar la decisión de incluirla en la lista. Tierra Curry, codirectora de especies en peligro de extinción del centro, declaró el viernes que no le sorprende que la administración Trump haya retrasado la decisión. Explicó que puede llevar más de una década incluir una especie en la lista. Por ejemplo, explicó, la mariposa azul de Miami finalmente fue incluida en la lista de especies en peligro de extinción en 2012, tras esperar en la lista de especies candidatas desde 1984. La mariposa Dakota Skipper se convirtió en candidata en 1984, pero no fue incluida como amenazada hasta 2014, añadió. La designación de acción a largo plazo no significa el fin de las protecciones de la monarca, pero sí las coloca en un “limbo burocrático”, sostuvo. "Es absolutamente decepcionante porque las monarcas necesitan toda la ayuda que puedan conseguir", dijo Curry. Las monarcas se encuentran por toda Norteamérica. Conocidas por sus distintivas alas anaranjadas y negras, son un símbolo de los días soleados de verano. Sin embargo, los ambientalistas han advertido que las poblaciones de monarcas están disminuyendo debido al cambio climático y al desarrollo rural. Expertos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) afirmaron, cuando anunciaron en diciembre de 2024 su intención de incluir a la mariposa en la lista de especies en peligro de extinción, que las monarcas al este de las Montañas Rocosas enfrentan una probabilidad de extinción del 57 por ciento al 74 por ciento para 2080. Las monarcas al oeste de las Rocosas tienen un 95 por ciento de probabilidades de extinguirse para entonces. La propuesta de inclusión de la mariposa monarca en la lista prohibiría, en general, matarla o transportarla. Tanto los agricultores como las personas podrían seguir eliminando el algodoncillo, una fuente clave de alimento para las orugas monarca, de sus jardines, patios y campos, pero se les prohibiría realizar cambios que dejaran la tierra permanentemente inutilizable para la especie.
Acepta Comisión de Quejas y Denuncias del INE que se ha rezagado en su facultad sancionadora por lo que muchos casos han caducado
MEMORANDUM 3.- Debido a que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha rezagado en su facultad sancionadora, el organismo admitió que esto ha permitido que “muchos” casos caduquen y se viole garantizar derechos ciudadanos contra partidos políticos, como PRI y Morena, que tienen en puerta multas de más de 120 mil pesos por indebida afiliación. En ese tenor, la consejera electoral Claudia Zavala, integrante de la Comisión, reprobó que por una inactividad procesal atribuida a los propios consejeros caduquen las denuncias en perjuicio del interés público. “Este atraso no debió haber sucedido, lamentablemente hemos caducado muchos asuntos, por una inactividad procesal atribuida a nosotros, pero ojalá ahora nosotros limpiemos todo. Y nunca más la autoridad, por el paso del tiempo, pierda esa potestad sancionadora que le ha sido concedida para preservar el interés público. Las resoluciones llevan implícito un gran trabajo de investigación, algunas complejas, otras no tanto, pero estoy segura que daremos buenas cuentas, porque de años atrás ya no quedan más por desahogar”, aseguró. Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas, hizo un reconocimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC), a cargo de Mario Velázquez, por el enorme esfuerzo para abatir el rezago. Este viernes la Comisión resolvió cuatro procedimientos sancionadores derivados de denuncias que se suman a 50 que el Consejo General del INE deberá resolver en sesión la próxima semana. Aclaró que en los últimos seis meses se han resuelto 270 procedimientos, y actualmente quedan por analizar por la UTC sólo 97. Los consejeros sometieron a votación la resolución de cuatro Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) por indebida afiliación a tres partidos políticos nacionales en perjuicio de cuatro personas. El colegiado determinó por unanimidad de votos que, en un asunto, no se acredita la infracción, toda vez que el partido presentó los elementos de prueba para comprobar que la afiliación se hizo con el consentimiento de la persona denunciante y, en un segundo asunto se sobreseyó, debido a que se presentó escrito de desistimiento por parte de la persona quejosa. En otros dos procedimientos, por unanimidad de votos, se acreditó la infracción de afiliación indebida en perjuicio de dos personas por parte del Partido Revolucionario Institucional y de Morena, respectivamente, por lo que se propone una multa de más de 120 mil pesos.

 

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