MEMORANDUM 1.- El vital líquido ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno federal, concesionarios y campesinos, en medio de un proyecto que busca poner orden a las concesiones del recurso y reforzar el control estatal sobre las mismas, lo que ha provocado el enojo de empresarios y productores, que acusan una nueva forma de expropiación gubernamental. Este lunes 24 de noviembre, organizaciones agrícolas y transportistas realizaron una serie de bloqueos en autopistas y carreteras de todo el territorio nacional, que se prolongaron hasta por más de 10 horas, paralizando, en algunos casos, la actividad económica de las ciudades, entre ellas la capital de la República. Entre las demandas de los quejosos, se hallaba, además de la proclama de mayor seguridad en vialidades, los precios de los productos del campo, así como una revisión a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Aguas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que, de último momento, se hayan sumado esas demandas en los bloqueos, los cuales, inicialmente, estaban enfocados en la seguridad en carreteras y autopistas. La mandataria justificó que la iniciativa busca terminar con privilegios y, de esa manera, garantizar un mayor acceso de la población al recurso hídrico. La reforma propuesta por la administración de Sheinbaum incluye tanto modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales como la creación de una nueva Ley General de Aguas. Según la mandataria federal, el objetivo fundamental es “poner orden” en las concesiones del recurso, así como garantizar el derecho humano al agua, despojando al agua de su carácter mercantil. Uno de los cambios más polémicos de la iniciativa es la prohibición de transmitir concesiones entre particulares: según los agricultores, esta medida podría detener la transmisión de derechos hídricos junto con la tierra, lo que generaría una “expropiación de facto”. Además, se eliminaría el artículo que permitía ceder temporalmente las concesiones, lo que a juicio de algunos afectaría gravemente la certeza jurídica para los productores. En contraparte, el Gobierno argumenta que esta reforma es necesaria para combatir malas prácticas, ya que la propuesta endurece las sanciones por uso irregular, venta o cesión ilegal de agua. Incluso, se crea un capítulo específico de “delitos hídricos”, también conocido como “huachicol de agua”, que prevé multas y penas de hasta 10 años de prisión para quienes extraigan o trasladen agua sin permiso. No obstante, la propuesta ha generado fuertes críticas. Senadores del PAN, como Mario Vázquez, han advertido que la reforma podría colapsar al campo, al reducir la seguridad jurídica y el patrimonio de familias agrícolas.

26 de Noviembre de 2025 / 17:00:21

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MEMORANDUM 2.- Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados de distintos sectores para atender la profunda crisis que se vive en el agro nacional, externó Baltazar Valdez Armentia, uno de los líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, contradiciendo así la narrativa que se maneja desde la Presidencia. Explica que desde hace varios años, la producción nacional de alimentos en México ha venido disminuyendo en todos los cultivos por muchos factores, como altos costos de producción, falta de financiamiento, cambio climático, carencia de relevo generacional y comercialización desleal. Indica que la industria procesadora de alimentos ha hecho que esta actividad económica tenga disminución considerable en la producción y en la rentabilidad, llevando a los campesinos a vivir una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos 70 años. Enfatiza en que por esa y otras razones, los productores se han estado organizando en la mayoría de los estados del país, dando vida al frente para el rescate del campo, agrupándose organizaciones estatales y regionales, así como órganos que dependen del sector, como transportistas y prestadores de servicios, como pilotos aviadores fumigadores, comerciantes de insumos y gran parte de la sociedad en general, ya que ésta se ve afectada en el consumo de los alimentos. En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, firmada por Valdez Armentia y Eraclio Rodríguez Gómez, otro de los líderes del frente, y de la cual este medio tiene copia, se pide que el Estado reconozca la agricultura desarrollando un sistema nacional de financiamiento, así como mecanismos de control de mercado para fortalecer el nacional, combatir el comercio desleal de bienes agropecuarios y otras acciones que permitan incentivar y dar certeza a la producción nacional de comestibles. También demandan que en la revisión del T-MEC, los granos queden fuera del acuerdo, exigiendo que la comercialización de estos productos no dependa de la Bolsa de Valores de Chicago, toda vez que este instrumento de comercialización da pie a la especulación, lo que sólo favorece a los grandes importadores. Exigen además el establecimiento de una banca de desarrollo para los sectores agropecuario y pesquero, publicación de precios de garantía para toda la producción de alimentos y que el frente participe en la revisión y formulación de la Ley de Aguas Nacionales. Además, la Asociación Nacional de Transportistas aseguró no haber sido invitada a las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación, este lunes a las 13 horas. Valdez Armentia confirmó que su organización se presentará a las mesas convocadas por Bucareli.

26 de Noviembre de 2025 / 16:47:30

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MEMORANDUM 3.- El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que determina la periodicidad y tipo de sesiones del Pleno y Comisiones, incluyendo tipos de reuniones (ordinarias, extraordinarias y solemnes) así como la aprobación de actas y votaciones. Señala que las disposiciones de este ordenamiento son de observancia general en el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, correspondiendo a su Presidencia, Magistraturas, y personas titulares de órganos auxiliares y áreas administrativas, velar por su debido cumplimiento y tiene por objeto definir el número y los periodos de sesiones tanto del Pleno como de sus Comisiones, así como la periodicidad con la que se celebrarán y las condiciones en las que se desarrollarán. Indica que el TDJ tendrá cada año dos períodos de sesiones: el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio, y el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. En todo caso, el informe a que alude la fracción XIII del artículo 154 de la Ley Orgánica del PJF deberá rendirse por la persona que ejerza la Presidencia del Tribunal a más tardar en esta última fecha. Detalla, entre otras cosas, que los asuntos de competencia del Pleno del Tribunal serán resueltos por unanimidad, mayoría calificada de cuatro votos o mayoría de votos, en los términos que señala la Ley Orgánica. En caso de que el titular de la Presidencia se ausente durante el desarrollo de una sesión, la presidirá la Magistratura que haya obtenido el mayor número de votos en la elección respectiva que en ese momento integre el Pleno. En caso de ausencia de la Magistratura ponente, cualquier otra Magistratura que se encuentre de acuerdo con el sentido del proyecto de resolución presentado, podrá hacerlo suyo y realizará el engrose respectivo. En cualquiera de los anteriores supuestos, deberán justificarse los motivos de la ausencia. En un segundo acuerdo, el TDJ aprueba la Estructura Orgánica del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, el cual esta encargado de indagar faltas administrativas graves. Su estructura se conforma por el titular del Órgano de Investigación de responsabilidades administrativas, la dirección general de investigación, dirección general de dictamen y área de revisión de acuerdos.

26 de Noviembre de 2025 / 16:30:58

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