Con actual Ley de Aguas Nacionales se dejan de cobrar más de 44 mil millones de pesos en derechos: académicos
MEMORANDUM 2.- De acuerdo con expertos e integrantes de la sociedad civil el actual marco jurídico en materia de agua ha representado beneficios para empresas y daños al erario público por 44 mil millones de pesos al año por el impedimento legal del cobro de derechos. En el último día de audiencias públicas a las que convocó la Cámara de Diputados para analizar la reforma a la Ley Nacional de Aguas y la Ley General del Agua, Alfredo Méndez Baena, del Colegio de Biólogos de Guerrero y doctor en desarrollo rural, consideró que la Ley de Aguas Nacionales representa uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo, entregando el recurso a empresas. “Se diseñó para que la Conagua no pudiera cobrar los derechos. Cada año se dejan de cobrar más de 44 mil millones de pesos en derechos”, aseguró el académico. Dentro de la exposición de motivos para las reformas, la iniciativa refiere que la actual legislación, que data de 1992 y 2012, respondió a un modelo económico que, más allá de conservar y distribuir equitativamente los recursos hídricos, los mercantilizó, “lo que contribuyó al acaparamiento y a la inequidad de estos al permitir que las personas titulares de concesiones, asignaciones y permisos en materia de agua ejercieran una diversidad de prerrogativas fuera del ámbito estatal, que se tradujo en un manejo ineficiente de los recursos hídricos, sin que existiera un esquema de obligaciones y sanciones suficiente para incentivar una gestión sostenible”. Por su parte, Nora Yanek Vázquez Martínez, del Colectivo Agua para Todos, afirmó que lo que hoy convoca es la búsqueda de la justicia hídrica, y en la iniciativa de reforma -propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum- debe quedar asentado que al reasignar volúmenes se debe priorizar el derecho humano al agua y la producción para la soberanía alimentaria. A su vez, Fernando Yasser Terrazas Sánchez Baños, coordinador de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Guerrero es Primero, planteó ampliar el concepto de delitos hídricos para tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud. De la Organización de Territorios Diversos para la Vida A.C., Sofía León García, consideró que las aguas subterráneas y superficiales deben ser consideradas de manera integral en la iniciativa, si en verdad se quiere protegerlas. Aseguró que en el proyecto no se contempla el tema de los derechos de la naturaleza. Eduardo Altuzar López, de la Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo, señaló que se deben generar planes de desarrollo para las comunidades, pues cada una tiene problemas diferentes. Además, solicitó que se imparta educación ambiental y alimentaria desde las escuelas. La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, la morenista Elizabeth Cervantes de la Cruz, agradeció la información y los conocimientos vertidos y pidió a las y los participantes tener confianza de que se llevará a cabo una discusión de ley siempre en beneficio del pueblo de México, pero sobre todo para las personas que menos tienen. Durante los cuatro días de los trabajos de esta comisión se recibieron 180 ponencias y 200 participaciones en documentos. En el tema de régimen de concesiones, concesionarios, volúmenes, distribución, uso del agua y descargas asociadas se registraron 67 ponencias. Además, en cuanto a sistemas públicos de agua potable y saneamientos, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos que garantizan estos derechos, hubo 35 ponencias, más 19 ponencias sobre agua en el medio rural, ejidos y comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, y respecto al tema del derecho humano al agua, interdependencia con otros derechos humanos, medio ambiente sano, alimentación, salud entre otros, se contabilizaron 59 ponencias, que puntualizaron que el agua ya no se conciba como una mercancía. Advirtieron que existe la necesidad de facilitar procesos de denuncia de vertederos contaminantes agua, tipificar su contaminación como delito contra la salud, ampliar el concepto de delitos hídricos, e incluir el transporte de aguas nacionales sin autorización, obstrucción de cauces, solicitud u otorgamiento de concesiones a cambio de un beneficio, alteración de medidores. En tanto, el PRI concluyó, luego de realizar sus propios foros, encabezados por Rubén Moreira, líder de los diputados priistas, que la nueva Ley General de Aguas promovida por Morena representa un riesgo directo para el patrimonio de miles de familias campesinas, pues de acuerdo con el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo, se impulsa sin diálogo real y bajo un proceso marcado por la exclusión. En la sede de la CNC de Aguascalientes, Moreira Valdez expuso que en reuniones recientes de la Comisión encargada del dictamen incluso se expulsó a productores, pese a que acudieron legítimamente a informarse. “Cuando primero hay reservas de todos los partidos y dos semanas después aparece unanimidad, está claro que hay prisa por imponer la ley”, afirmó. Los diputados del PRI se oponen a las reformas que buscan cambiar la posesión de concesiones del uso del agua. En este contexto, de acuerdo con un informe de 2023 de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el país enfrenta una crisis sin precedente en materia de agua. Se expone que 71% del territorio nacional presenta presión hídrica elevada; más del 60% de los cuerpos de agua contienen algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobreexplotados, y al menos 106 municipios enfrentan una elevada vulnerabilidad a las sequías. Mientras tanto, según el reporte del Monitor de Sequía de México, con corte al 15 de abril de 2025, el porcentaje de sequía a nivel nacional fue de 45.8%, afectando principalmente a la región noroeste del país, la cual, por sus características climatológicas, se encuentra más susceptible a los efectos de los fenómenos climáticos, lo que incide en los procesos naturales de recarga de los acuíferos y, subsecuentemente, en la disponibilidad de agua para consumo humano.