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Gobierno de Sheinbaum expide Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura; crearán Comité de Seguimiento de Precios
MEMORANDUM 1.- El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, con el objetivo de fomentar la producción, industrialización y comercialización del café, pero también impulsar la calidad del grano en todas las fases de la cadena productiva. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, aseguró que es la primera vez que México contará con un marco jurídico integral para toda la cadena cafetalera, además de reconocer al café como un producto estratégico para la soberanía alimentaria de la nación. En un mensaje en redes sociales, señaló que la ley fortalece a sector cafetalero mexicano, con “beneficios directos y concretos”. Además, se ordena la cadena y se reducen desequilibrios que hay para que el productor pueda tener datos confiables de los precios, los costos y los mercados. Indica que se va a impulsar el café mexicano y que se pague por calidad, y se dará preferencia en estos apoyos a quienes produzcan café de manera sustentable, bajo prácticas agroecológicas que los campesinos han empleado. Se fomentará la cafeticultura bajo sombra y los sistemas tradicionales agroforestales porque conservan el suelo, la biodiversidad y el agua, indica. El titular de Agricultura enfatizó que el punto central de la ley es la creación de un Comité de Seguimiento de Precios, el cual podrá emitir los precios de referencia para las compras de café pergamino o sus equivalentes, para el café cereza, oro o naturales. “Es una herramienta que han estado esperando las y los productores desde hace mucho tiempo”, asegura al explicar que con los precios no serán obligatorios, y serán construidos con información real, objetiva, clara y concreta. Expresa que se tomarán en cuenta los costos de producción, utilidades, márgenes de comercialización, costos de comercialización, los precios internacionales, lo que permitirá al productor “negociar con mejor claridad, mayor claridad y transparencia”. De acuerdo con el decreto, se ordena la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura, en el que participarán el gobierno federal, los productores, los industriales, los torrefactores y los comercializadores de café. Desde esta instancia, podrán definir políticas públicas, estrategias y lineamientos para la comercialización. También estipula la creación de un Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, el cual concentrará datos clave sobre componentes económicos, estadísticas agropecuarias, regionalización, zonas cafetaleras de cultivo y, especialmente su interacción con áreas naturales protegidas y otras medidas efectivas de conservación. Asimismo, brindará información sobre fuentes de financiamiento, desarrollo tecnológico, servicios técnicos, pero sobre todo proporcionará información sobre el clima actual y el proyectado, precios, mercados, comercio interno y externo, entre otros datos relevantes para la cafeticultura nacional. El documento publicado en el DOF, que entrará en vigor en 180 días contados a partir de hoy, establece que se realizarán estudios obligatorios en cada ciclo productivo, con el propósito de identificar prácticas de mercado que estén afectando al productor. En la nueva ley, que a la de 1972 sobre Elaboración y Venta de Café Tostado, indica que la Sader podrá colaborar con la Secretaría de Economía para presentar reportes e informes sobre la importación de café y sus efectos, en particular cuando existan indicios de posible existencia de prácticas desleales de comercio. En las exportaciones de café se vigilará que no se incurra en prácticas desleales de comercio o la violación de la reglamentación comercial vigente de conformidad con los acuerdos comerciales y las reglas aplicables de tratados de los que el Estado mexicano sea parte.
Cárteles mexicanos se han introducido cada vez más en el multimillonario negocio del contrabando de combustible de EU a México; investigan a 7 compañías
MEMORANDUM 2.-El senador estadunidense Ron Wyden pidió a siete compañías de transporte marítimo que expliquen sus procedimientos de investigación para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar hidrocarburos ilícitos, esto como parte de una investigación sobre el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México vinculado a un cártel, según copias de cartas vistas por Reuters. Las misivas de Wyden, que es el miembro demócrata más veterano de la Comisión de Finanzas del Senado, están fechadas el viernes. Llegan en un momento en que el crudo robado y el combustible de contrabando se han convertido en la segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, después de las drogas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y es que los cárteles mexicanos han reclutado a actores legítimos de la industria petrolera, y lo han conseguido introduciéndose en el vasto sector energético de Norteamérica y dominando la logística del transporte de productos petroleros por camión, ferrocarril y, más recientemente, buques petroleros. Se trata de una audaz muestra de ingenio por parte de los cárteles mexicanos, que han reclutado a diversos actores legítimos de la industria petrolera para que les ayuden a adquirir y transportar los productos, algunos sin saberlo y otros participando activamente, según fuentes policiales. “Quiero estar seguro de que tanto las compañías navieras como el gobierno de Estados Unidos están haciendo todo lo que está en su mano para cortar esta fuente de ingresos”, dijo el senador de Oregón a Reuters por correo electrónico. “Estas cartas son el primer paso en mi esfuerzo por aprender más sobre cómo operan estas redes criminales, y dónde están fallando los controles existentes”. Las misivas de Wyden hacían referencia a una investigación de Reuters en la que se desmenuzaba cómo funciona la presunta trama y cómo aprovecha las lagunas existentes en el vasto y complejo sector energético estadounidense, que afecta a multitud de entidades, entre ellas grandes petroleras, navieras y agencias gubernamentales. Las cartas se enviaron a siete de las principales empresas del sector de los petroleros: Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay y Scorpio. Wyden ha solicitado información detallada antes del 10 de enero de 2026 sobre la diligencia debida que cada empresa lleva a cabo “para garantizar que sus petroleros no se utilizan para transportar combustible ilícito”, decía la carta, aunque ninguna de las empresas ha sido acusada de alguna infracción. Torm fue la gestora de dos buques presuntamente utilizados para el contrabando de petróleo a principios de este año, según la investigación de Reuters del 22 de octubre, que citaba documentos y fuentes de seguridad. CMB.Tech dijo que practica la diligencia debida, sigue las normas de “conozca a su cliente” y cumple toda la normativa aplicable. La empresa, con sede en Bélgica, dijo que respondería a las preguntas de Wyden. Norden confirmó la recepción de la carta de Wyden y dijo que sus transportes marítimos se realizan de conformidad con la legislación aplicable. Las demás empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la consulta de Wyden. Los cárteles mexicanos se han introducido cada vez más en el multimillonario negocio del contrabando de combustible de Estados Unidos a México, según la agencia de noticias. La trama se reduce en gran medida a una lucrativa evasión fiscal. México aplica un impuesto conocido como IEPS a una amplia variedad de productos, incluidos el diésel y la gasolina importados. Los delincuentes evaden el impuesto, que se cobra por litro y a menudo supone más de 50 por ciento del valor del cargamento, declarando que el combustible extranjero es otro tipo de producto petrolero exento del impuesto. Un solo cargamento de petrolero puede ahorrar millones de dólares en impuestos, demostró un cálculo de Reuters basado en el tipo impositivo y los volúmenes que suelen transportar estos buques. El contrabando de combustible ha crecido tan rápidamente que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, robando beneficios a algunos de los nombres más importantes de la industria petrolera, declararon a Reuters a principios de este año cinco fuentes gubernamentales mexicanas actuales y anteriores. El combustible ilegal que entra en el país está valorado ahora en más de 20 mil millones de dólares al año, según una de las personas que ayudó a la Secretaría de Hacienda mexicana a calcular el tamaño del comercio ilícito. “El alcance de estas operaciones ilícitas de contrabando de combustible es asombroso”, escribió Wyden en las cartas. “Tomar medidas enérgicas contra esta industria ilícita es fundamental para reducir la capacidad de los cárteles para fabricar y distribuir fentanilo, cocaína y otras drogas mortales en los Estados Unidos, y la industria del transporte marítimo internacional debe desempeñar su papel para poner fin a esta práctica ilegal”.
Acepta Bienestar que 50 personas, de las mil 600 que fueron censadas, no recibieron las tarjetas otorgadas por la Conavi
MEMORANDUM 3.- Aunque aclaró que la falta de entrega de las tarjetas a 50 personas no obedece a una omisión del proceso de censo, sino a inconsistencias administrativas detectadas por la Conavi al momento de validar la información de los beneficiarios, la Secretaría de Bienestar reconoció que un total de 50 personas, de las mil 600 que fueron censadas en colonias asentadas en las márgenes de las vías del ferrocarril, en Coatzacoalcos, no recibieron las tarjetas otorgadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para la rehabilitación de sus casas. Al respecto, la directora regional de Bienestar, Diana Paulina Osorio del Valle, explicó que los recursos no provienen directamente de esta dependencia, sino del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y están destinados a las viviendas que resultaron afectadas durante la demolición de casas construidas de manera irregular en zona federal. “De estas mil 600 personas que censamos, todavía nos hicieron falta 50, eso tampoco es tema de nosotros, es Conavi, a lo mejor no tenían bien la CURP, les faltaba algún documento, es de todos los que estuvieron censados”, señaló. El censo se llevó a cabo en las colonias Primero de Mayo, Héroe de Nacozari y López Mateos, donde personal de la Secretaría de Bienestar recorrió las viviendas para identificar a las familias vulnerables que serían beneficiadas con el programa de apoyo para la rehabilitación de sus hogares. Osorio del Valle reconoció que, una vez concluido el censo y la gestión de las tarjetas, ya no es posible incorporar a nuevos solicitantes, lo que ha generado inconformidad entre algunos vecinos que no participaron en el proceso en su momento. “Ya los vecinos, me da mucha pena decirles, de los cuales ahorita ya quieren el apoyo, pues ya no estamos como tal, ni censando, ni haciendo la gestión para que se les dé una tarjeta. Muchos ciudadanos que ya creen en el programa, son los que nos vienen a decir y nos culpan, de que no pasamos”, refirió. La funcionaria señaló que durante el levantamiento del censo se realizaron recorridos exhaustivos en las tres colonias para cumplir con la meta establecida, aunque no se logró cubrir al cien por ciento de la población objetivo debido a la desconfianza de algunos habitantes. “Recorrimos las tres colonias, no nos íbamos porque teníamos que cumplir la meta, no la sacamos, porque la gente desafortunadamente al pedir nosotros las escrituras, mucha gente no lo creyó, pensaron que haríamos un mal uso con su documentación”, señaló, al subrayar que la falta de documentos fue uno de los principales factores que impidieron completar el proceso para todos los censados

 

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