MEMORANDUM 1.- A través de un operativo coordinado por el propio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, José Miguel Santoyo Hernández, ex director de la Policía Municipal de Papantla, fue detenido y enlistado ayer en el Registro Nacional de Detenciones. El documento oficial detalla que la detención ocurrió el lunes 29 de diciembre de 2025 a las 11:35 horas en la colonia Barrio de Analco, en la capital de Puebla, y que actualmente se encuentra a disposición del Juzgado de Control del Octavo Distrito Judicial con sede en esta ciudad. Según el registro oficial, el detenido se encontraba vestido al momento de su detención con pantalón y chamarra de color negro, así como botas tácticas. Santoyo Hernández, quien también es licenciado en derecho y con trayectoria como elemento de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, se desempeñó durante varios años como comisario de la Policía Municipal de Papantla. Apenas el pasado 20 de agosto de 2025 dejó el cargo de titular de Seguridad Pública Municipal. El gobierno municipal publicó un comunicado, asegurando que su separación del cargo obedecía a una rotación ordenada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En este además se destacó su profesionalismo y contribuciones a la seguridad local. Durante su gestión como jefe policial, Santoyo Hernández enfrentó múltiples señalamientos públicos por presuntas irregularidades. En julio de 2023, elementos de la corporación y ciudadanos denunciaron el presunto abuso de autoridad de uno de sus escoltas, identificado como Víctor “N”, quien fue exhibido en video agrediendo físicamente a un detenido dentro de las instalaciones de la comandancia. La denuncia también apuntó a que dichas conductas se habrían tolerado o promovido bajo la supervisión del comisario. En abril de 2025, la diputada local Mayra Angélica Amador Pérez acusó públicamente a Santoyo Hernández de estar presuntamente coludido con elementos delictivos y permitir prácticas como el llamado “derecho de piso” a comerciantes en zonas del Totonacapan, lo que habría deteriorado la confianza ciudadana en la policía municipal. Las denuncias internas también incluyeron que unos 20 policías renunciaron a la corporación por la falta de apoyos y el presunto maltrato laboral durante el mando de Santoyo. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han detallado los cargos precisos que enfrenta Santoyo Hernández tras su detención, ni se ha informado de una audiencia inicial o vinculación a proceso. Las investigaciones continúan bajo reserva de la Fiscalía General del Estado.

30 de Diciembre de 2025 / 17:15:06

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MEMORANDUM 2.- En el último año se rastrearon 18 mil 249 armas confiscadas en México; sin embargo, en 36 por ciento de los casos fue imposible identificar al comprador inicial, según los datos más recientes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los reportes de la ATF indican que esta situación se debe a diversos problemas, como números de serie alterados o borrados; armerías y distribuidores con los que no se puede establecer contacto porque cesaron su actividad; o solicitudes de rastreo enviadas por las autoridades mexicanas que no cuentan con la documentación completa. Esta limitante es crítica, ya que el sistema eTrace de la ATF representa la única herramienta técnica con la que cuentan las autoridades mexicanas para intentar reconstruir la ruta del tráfico de armas que llegan a manos de criminales en el país. La efectividad del rastreo ha mejorado en comparación con 2019, año en el que no se podía identificar al comprador inicial en casi la mitad de los expedientes, es decir, 49.8 por ciento de los casos. No obstante, las 6 mil 572 armas sin comprador identificado en los rastreos correspondientes a 2024 continúan favoreciendo a las redes de tráfico. El informe detalla la hegemonía del mercado estadunidense en el arsenal recuperado. Del total de 25 mil 884 armas enviadas a rastreo por México en el año reciente, 70.5 por ciento tuvo su origen en Estados Unidos. De estas, 13 mil 4 armas fueron fabricadas directamente en suelo estadunidense, mientras otras 5 mil 245 fueron importadas legalmente a Estados Unidos desde terceros países antes de ser introducidas de manera ilícita a México. Además de los problemas de identificación, los datos indican que los traficantes han introducido al país armas con mayor potencia de fuego en los años recientes. Mientras la recuperación de revólveres ha disminuido, el aseguramiento de rifles ha aumentado de forma significativa. En 2019, los rifles representaban 27 por ciento del total de armas confiscadas y rastreadas (5 mil 811 unidades); para 2024, esta proporción se elevó a 37.5 por ciento, con 9 mil 696 rifles asegurados en un año. Las pistolas, no obstante, se mantienen como el arma más frecuente y representan cada año cerca de 50 por ciento de los artefactos incautados y rastreados. Ante este panorama, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron recientemente la “Misión Firewall: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego. Esta estrategia promete un “nivel de colaboración sin precedente”, con objetivos como facilitar la expansión del uso de eTrace y de tecnología de imágenes balísticas en los 32 estados de la República Mexicana. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a aumentar las inspecciones y las investigaciones bilaterales para combatir el tráfico ilícito en la frontera y lograr más enjuiciamientos de presuntos traficantes.

30 de Diciembre de 2025 / 17:02:13

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MEMORANDUM 3.- Pese a que en el sexenio pasado se habló de una pacificación en el país, gracias a la estrategia de “abrazos, no balazos”, de 2020 a 2024, en el país se documentaron 59 desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio durante el cumplimiento de su labor, informó el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís. Las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y entre los implicados en las agresiones se encuentran policías y autoridades estatales o municipales, así como empresas privadas, grupos de la delincuencia organizada y paramilitares. Sobre este tema, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, Gabriella Citroni, destaca el hecho de que no haya registros oficiales, lo que ocasiona que no haya políticas públicas diseñadas específicamente para atender este problema, y las existentes, dijo, son a menudo insuficientes para garantizar la protección de los activistas. Comenta: “En el caso de este grupo de población, hay una tasa de impunidad casi absoluta en todos los países por tratarse de un crimen extremadamente complejo, porque la investigación es complicada debido a la pluralidad de los perpetradores”. Pero además, agregó, quienes defienden los recursos naturales son extremadamente vulnerables, están estigmatizados y enfrentan violencia por su actividad de proteger el medio ambiente, lo que lleva a amenazas y criminalización. “Eso crea una situación de desconfianza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y disminuye la atención e indignación de la sociedad por defender la tierra”, lamentó. Alanís indica que entre los factores de riesgo identificados en el tema de las desapariciones se encuentra la instalación de megaproyectos sin garantizar los derechos de acceso a la información ni la participación del público en las tomas decisiones ambientales en favor de la población y la comunidad. Expresó: “Las desapariciones y otras agresiones ocurren principalmente donde se encuentran territorios indígenas. Lugares donde usualmente se pretende instalar megaproyectos debido a la disponibilidad y estado de conservación de los recursos naturales”. El activista explica que la participación conjunta de múltiples agresores, incluyendo autoridades, empresas privadas y el crimen organizado, incrementa el riesgo para los defensores del medio ambiente y el territorio, ya que dicha colusión origina una violencia estructural y generalizada que hace más difícil la protección de los ecologistas. Coincidió en que la falta de acceso a la justicia contribuye a que continúen ocurriendo desapariciones de activistas ambientales, pues al sufrir agresiones y denunciar, no obtienen medidas de protección adecuadas ni eficientes o incluso no acuden antes las autoridades por la impunidad imperante. “La insuficiencia de investigación en las desapariciones ya ocurridas favorece que dichas agresiones sigan ocurriendo. Falta una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema, y de coordinación institucional para la atención y cumplimiento de las medidas de protección controladas por el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas”, comenta. Alanís agregó que “entre los impactos que causan las desapariciones encontramos la desarticulación del movimiento de defensa, lo que funciona como un mensaje intimidatorio en contra de los demás integrantes o activistas”.

30 de Diciembre de 2025 / 16:45:44

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