MEMORANDUM 1.- Aunque las denuncias sobre el despojo de predios vienen desde los tiempos del ex secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a su oficina de Atención Ciudadana revisar y dar seguimiento a una denuncia presentada por propietarios de terrenos en Coatepec, quienes acusaron presuntos intentos de despojo y ventas irregulares de predios que atribuyen a operaciones de un llamado “cártel inmobiliario” en la región. La denuncia, presentada por los afectados el 12 de diciembre de 2025, fue respondida por la Presidencia el 13 de enero de 2026, indicando que solicitó que el escrito fuera analizado detenidamente y canalizado a las dependencias competentes para su debida atención. Los propietarios denunciantes señalaron que los terrenos ubicados en el camino antiguo a Zimpizahua, municipio de Coatepec, están siendo objeto de intentos de compraventa bajo una escritura pública supuestamente fraudulenta, la número 14539, expedida el 5 de abril de 2025 por el notario José Alberto Polito Sánchez, titular de la Notaría número 10 con sede en Ayahualulco. Los legítimos dueños del inmueble aseguraron que cuentan con escrituras debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Coatepec y pagos prediales actualizados, por lo que advierten que la venta de sus terrenos podría causar un grave daño patrimonial si no se detienen las operaciones irregulares. En la Constancia de Atención Ciudadana emitida por la Dirección General de Atención Ciudadana, firmada por Adriana Contreras Vera, se informó que la petición quedó registrada bajo el folio 20260113ENRNLE, con el cual los afectados pueden dar seguimiento al trámite y solicitar información sobre el estado del mismo. El documento también indicó que la atención a la solicitud se realiza conforme al Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de petición de toda persona ante las autoridades. Aunque la denuncia local en Coatepec se centra en presuntos despojos y escrituras irregulares, el término cártel inmobiliario ha sido empleado en otros contextos mediáticos y políticos en México para referirse a redes de corrupción y tráfico de influencias vinculadas con la gestión de bienes raíces y autorizaciones urbanísticas. En otras declaraciones públicas, la propia presidenta ha respaldado investigaciones para indagar operaciones bajo ese nombre, especialmente en casos de corrupción urbana en la Ciudad de México, donde se han abierto múltiples carpetas de investigación por irregularidades en permisos, obras y operaciones inmobiliarias. Con la instrucción de Sheinbaum para que la denuncia de los propietarios de Coatepec sea analizada por las dependencias correspondientes, las autoridades federales y locales tendrán que evaluar la documentación presentada y determinar si existen elementos jurídicos y técnicos para intervenir o acompañar a los afectados en la protección de sus derechos de propiedad. Este caso suma atención pública al fenómeno de denuncias por irregularidades en la compraventa y gestión de inmuebles, un tema que ha generado debates y acciones institucionales en distintas entidades del país.

23 de Enero de 2026 / 22:44:43

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MEMORANDUM 2.- La irregularidades administrativas y financieras al interior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) siguen brotando y remiten a gestiones anteriores a la llegada de la actual administración estatal, es decir, a los tiempos del ex gobernador Cuitláhuac García. Prueba de ello es que nuevos datos apuntan a responsabilidades concretas en el manejo de recursos y presunto daño patrimonial, así como a una nueva línea de investigación sobre la participación de exfuncionarios y una Asociación Civil ligada a la gestión de la institución educativa. De acuerdo con la documentación difundida, parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de la UPAV incluye oficios y solicitudes formales de información entre exrectores y autoridades educativas vinculadas con los recursos de la institución, lo que ha permitido trazar una línea de posibles responsabilidades sobre las operaciones financieras de la universidad. Entre los documentos que han circulado figura un oficio fechado el 2 de enero de 2025, firmado por el entonces rector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez, en el que asegura no contar ni poseer información contable o financiera solicitada por su sucesor en la rectoría. Ese oficio respondía a una petición de Sergio Torres Mejía, quien solicitó datos sobre ingresos, gastos, cumplimiento fiscal y legal, así como gestión administrativa derivada del convenio entre la UPAV y la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., con fecha 30 de diciembre de 2024. La investigación también menciona que la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., firmó originalmente un convenio de colaboración con la UPAV en diciembre de 2018, el cual fue modificado en julio de 2022 para extender sus efectos hasta enero de 2027, con el objetivo declarado de apoyar actividades educativas, según los documentos consultados. Otro anexo del convenio indicó que la asociación presentaba un adeudo de más de 42 millones 710 mil pesos, pasivo que fue absorbido por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, EDAL Asociación Civil, que se comprometió a supervisar y apoyar financieramente a la universidad. El caso UPAV forma parte de una mayor revisión del manejo de recursos públicos en entidades fiscalizables en Veracruz, donde auditorías y procesos de solventación han identificado presuntos daños patrimoniales por miles de millones de pesos en distintos organismos. La titular de la FGE local, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha informado que la investigación sobre la gestión de los recursos de la UPAV aún continúa y que varios de los actores documentados podrían enfrentar responsabilidades legales una vez que concluya el proceso de integración de evidencias. Este caso se suma a otras investigaciones y acciones en torno a la UPAV, incluida la detención reciente de exdirectivos por presunto desvío de cerca de 800 millones de pesos y la confirmación de auditorías internas a la institución por la Contraloría General del Estado. La divulgación de estos documentos y avances en la investigación se da en un contexto en el que la comunidad educativa —entre alumnos, docentes y administrativos— ha expresado incertidumbre por la irregularidad en pagos, nombramientos y la situación operativa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que atiende a decenas de miles de estudiantes en el estado.

23 de Enero de 2026 / 22:30:18

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MEMORANDUM 3.- Tras sus recorridos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Veracruz, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, informó que se detectó que Pacho Viejo y Amatlán concentran el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Durante su comparecencia ante legisladores del Congreso local, la funcionaria explicó que varias observaciones siguen en trámite, ya que algunas se resuelven de manera rápida, mientras que otras requieren más tiempo debido a la falta de presupuesto o infraestructura. Refirió que la CEDH también intervino durante el motín registrado en el penal de Tuxpan el 2 de agosto del año pasado, participando desde el primer momento en las acciones para restablecer el orden, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De igual forma, fue cuestionada sobre los hechos ocurridos en Totalco, municipio de Perote, en junio de 2024, donde tras un desalojo por parte de la ahora extinta Fuerza Civil murieron los hermanos Jorge y Alberto Cortina. En ese caso, señaló que la Comisión reconoció como víctimas a seis personas; tres ya cuentan con registro estatal y las otras siguen pendientes debido a que no han acudido personalmente a realizar el trámite. La funcionaria recordó que se emitió un posicionamiento por el uso de la fuerza por parte de elementos de la SSP, y que la recomendación correspondiente continúa en proceso de atención. Por último, afirmó que la capacitación constante es la principal herramienta para evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos, tanto en dependencias estatales como en ayuntamientos.

23 de Enero de 2026 / 22:15:25

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