MEMORANDUM 1.- La trata de personas es una realidad que sigue afectando no solo a Veracruz y a México, sino a muchos lugares en todo el mundo, señala Karla Michelle Salas, abogada experta en derechos humanos. En entrevista con Imagen del Golfo destaca que la trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a mujeres jóvenes. Es importante señalar que también hay trata de personas con fines de explotación laboral, mendicidad forzada, servicios forzados, estado de esclavitud, entre otras. La situación no solo es compleja, sino que enfrenta una realidad de falta de estrategia de parte de los gobiernos para la atención, investigación y solución de los casos. "No solamente es el caso de Veracruz sino en general en el país, pero en Veracruz gracias a la sociedad civil se tiene documentado que realmente no hay una estrategia por parte de las autoridades para la investigación de los casos de trata". En específico, refirió la abogada distinguida con el CCBE Human Rights Award (2010), “en el tema de la trata con fines de explotación sexual, no hay una estrategia de investigación y para la erradicación de este delito”. La trata con fines de explotación sexual afecta sobre todo a mujeres jóvenes, esto de acuerdo con los indicadores que dan las estadísticas; "la mayor parte de mujeres que están reportadas como desaparecidas, se concentra en mujeres jóvenes”. Eso, apuntó la abogada, quien ha hecho representación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “da un elemento, nos da un indicador, donde necesariamente habría que relacionar la desaparición de esa mujer joven con la posibilidad de que esté siendo víctima de una red de trata, particularmente con fines de explotación sexual ". Los fines sexuales, dadas las características de una víctima, tendría que ser una de las líneas de investigación necesarias y urgentes. “Lamentablemente no existe en los planes de investigación y en las propias fiscalías, un análisis a profundidad de este tipo de contextos ni tampoco existen líneas de investigación al respecto”. Señala que cuando se escuchan los testimonios de madres que están buscando a sus hijas, “ellas presumen que es una línea de investigación; sin embargo, la Fiscalía no da una respuesta y mucho menos actos de investigación que no van a identificar si objetivamente se puede actualizar esta hipótesis”. Las mujeres y las niñas “siguen siendo las principales víctimas de la trata de personas”. La situación no se queda ahí, abundó, pues un problema que se ha identificado desde la sociedad civil es la “criminalización de las sobrevivientes de trata”. “Muchas Fiscalías, Veracruz no es la excepción, criminaliza a las víctimas de trata, las responsabiliza y las procesa, aunque la propia Ley General contra la Trata de Personas establece justamente que las víctimas de trata, cuando están en esa situación, a veces pueden estar cometiendo determinados ilícitos como parte de mecanismos de control, y establece la ley un principio que es el de la no criminalización”, expresa. Sin embargo, las fiscalías y autoridades de justicia hacen caso omiso del principio de no criminalización, por ello es que hay víctimas de trata procesadas por distintos delitos, “es otro de los grandes problemas que nos enfrentamos en el acceso a la justicia”. El llamado a las autoridades es, primero, a investigar y cumplir en la Ley General de Trata de Personas, que establece la importancia de la identificación de líneas de investigación que relacionen con este fenómeno criminal “que en muchos de los casos puede trascender no sólo entidades federativas sino trascender fronteras”.

20 de Junio de 2026 / 22:49:43

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MEMORANDUM 2.- Lo que es querer tapar el sol con un dedo. Y es que, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez, opinó que la contratación de personas cercanas a diputados o funcionarios, no necesariamente constituye un caso de nepotismo. ¡vaya cinismo! El nepotismo, dijo, según la definición jurídica, es la prohibición de contratar familiares directos bajo la responsabilidad de un servidor público. Justificó que no hay impedimento para que personas que acompañaron a un representante popular en campañas o actividades políticas se incorporen al servicio público, siempre y cuando no sean familia. Expresó: “Es un tipo jurídico donde se prohíbe que cualquier servidor público incluya, bajo su responsabilidad directa hasta el cuarto grado un familiar”. Ruiz Sánchez indica que la restricción aplica a familiares por consanguinidad o afinidad, entre ellos esposos, hijos, nietos, sobrinos, cuñados y suegros. Pero si ingresan personas catalogadas como “cercanas”, no aplica. “No hay impedimento de que trabajen en la misma área personas, compañeros, amigos, porque (…) los representantes populares vienen con cuadros que los apoyaron en las campañas”, indica el legislador. Comentó que es habitual que esas personas sean incorporadas a la administración pública municipal, estatal o federal, así como en los congresos locales. En el Congreso de Veracruz se han identificado algunos casos de nepotismo, entre ellos el de la diputada de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, cuya hija, Nayeli Moreno Gutiérrez, fue contratada como asistente legislativa con una percepción mensual de 30 mil pesos. Tras la polémica generada por su incorporación a la nómina el presidente de la Jucopo confirmó que dejará de laborar a partir de agosto. También están Kassandra Krisell Durán López, hermana de la diputada morenista Ivonne Selene Durán López, quien con plaza de asistente legislativa gana al mes 15 mil pesos. Se suma el caso de los hermanos Francisco y Melanie Amaranta Flores Zavala. Francisco fue promovido al cargo de director de Servicios Jurídicos, mientras que Melanie se desempeña como asistente legislativa y colaboradora de la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Gómez Santos. Ruiz Sánchez reiteró que el Partido Verde está en contra del nepotismo electoral y recordó que presentó una iniciativa para adelantar en Veracruz la armonización de la reforma constitucional en la materia. “Nosotros sí nos manifestamos total y contundentemente en contra del nepotismo electoral”.

20 de Junio de 2026 / 22:33:49

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MEMORANDUM 3.- Al destacar que en Veracruz ha quedado a deber en el tema de la justicia, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, señaló que la aplicación de la prisión preventiva y las detenciones derivadas de cateos se han convertido en mecanismos que contribuyen a incrementar el número de personas encarceladas en el estado , sin que esto represente necesariamente una mejor impartición de justicia. En entrevista, el especialista en derecho penal, al referirse a los diez años de operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, afirmó que persisten prácticas que vulneran derechos de las personas sometidas a proceso y evidencian fallas estructurales en el sistema judicial. Expresó: “En el discurso oficial dice México se protege el Estado de Derecho; en Veracruz y en el mundo, México está reprobado y, en materia de justicia penal y civil, en Veracruz somos de los peores tribunales superiores de justicia. Esto parte de la falta de capacitación, pero fundamentalmente de la falta de independencia judicial y de la politización de la justicia”. Mundo Arriasa señaló que uno de los principales problemas del sistema es la utilización de la prisión preventiva como una medida recurrente para mantener a personas encarceladas durante el desarrollo de sus procesos judiciales. Indica: “Lanzamos un llamado nosotros los abogados de que no es posible que los jueces sigan dejando gente en la cárcel por cualquier cosa, cuando la prisión preventiva es inconvencional según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos la pasamos por el arco del triunfo; siguen metiendo gente a la cárcel”. De acuerdo con el litigante, esta figura jurídica, en la práctica, se ha convertido en una medida automática que limita la presunción de inocencia y prolonga la permanencia de personas en prisión sin una sentencia. Asimismo, criticó que los cateos se hayan convertido en una vía frecuente para generar detenciones que posteriormente son presentadas como resultados en el combate a la delincuencia. “Por supuesto que en cada cateo va a haber detenidos, hay procesados. ¿Por qué? Porque con un cateo hay un detenido, hay flagrancia y ya te quedaste en la cárcel, y seguramente te vas a quedar quién sabe cuánto tiempo”, sostuvo. De acuerdo con el penalista, este tipo de prácticas ha simplificado los procedimientos para encarcelar personas sin agotar adecuadamente las etapas de investigación. “Ya no pasas todo el proceso de integrar una carpeta, de recibir pruebas, de recibir datos de investigación; es decir, se está facilitando porque la idea es meter gente a la cárcel”, señaló. El abogado, integrante del Proyecto Inocencia en Veracruz, lamentó que las autoridades continúen privilegiando el número de detenidos como indicador de resultados, cuando ello no necesariamente refleja una mejora en la impartición de justicia o en el combate a la delincuencia. “Piensan que con eso se está combatiendo. Veracruz ha quedado a deber en el tema de la justicia; está politizada totalmente y la verdad no sabemos ni para dónde vamos”, expresó. Finalmente, hizo un llamado a los profesionales del derecho a unirse para exigir investigaciones más sólidas, sanción a los responsables conforme a la ley y, al mismo tiempo, el respeto pleno a los derechos humanos de las personas procesadas, incluyendo la presunción de inocencia.

20 de Junio de 2026 / 22:10:08

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