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Ante el divisionismo en la Corte, Sheinbaum asume que la SCJN será quien decida quién será el próximo Presidente de esa instancia de poder
MEMORANDUM 1.- Ante la división que desde ahora comienza a provocar el relevo en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que, el gobierno federal dejará a la SCJN que resuelva las diferencias de interpretación en torno a quién debería suceder la presidencia de ese órgano, “nosotros no nos vamos a meter, que sea la propia Corte quien resuelva” o en su caso el Poder Legislativo, sostuvo. Por otro lado, sin abundar mucho consideró positiva la iniciativa de reforma del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, de anular las elecciones cuando haya intervención extranjera. “Me parece buena, es una buena iniciativa. Si se demuestra que hay injerencia de otros países, que sea para el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un asunto de nulidad. Yo creo que está bien, aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México".
Activistas que participaron en Global Sumud Flotilla, exigen ruptura de relaciones con 'el Estado genocida de Israel', tras ser torturadas por militares
MEMORANDUM 2.- La doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora-investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la activista Sol González Eguía, llegaron a México y denunciaron vejaciones físicas y psicológicas, así como diversas formas de tortura, por lo cual exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, romper relaciones con dicho país. En medio de consignas, música y demandas de justicia, que simpatizantes del movimiento pro Palestina lanzaron cuando las activistas salieron por la Puerta 8 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), denunciaron que Israel escaló la violencia, y aseguraron que temieron por su vida, tras ser víctimas de múltiples maltratos, muchos de los cuales no dejan huella, pero sí lastiman. Al respecto, Sol González Eguía sostuvo que lamentablemente los militares del gobierno de Benjamin Netanyahu, son demasiado creativos en ese rubro que atropella la dignidad y los derechos humanos y planteó que si a los casi medio millar de participantes en la flotilla los sometieron a esos tratos degradantes, ¿de qué serán capaces con la población Palestina al margen del escrutinio público? Núñez Rodríguez detalló que “fuimos secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelís y luego retenidas por tres días y dos noches en un buque cárcel, fuimos llevadas a una prisión donde fuimos torturadas”. Detalló que “50 compañeros y compañeras de la Global Sumud Flotilla están hospitalizados, 35 de ellos tienen fracturas diversas, de costillas, de piernas, de hombros y brazos, 5 personas fueron inyectadas con un líquido desconocido y algo aún más deleznable es que 15 personas, hasta ahora reportadas sufrieron agresiones sexuales”. Anunciaron que pidieron una audiencia con la mandataria Sheinbaum Pardo para relatarle lo vivido y exigir la ruptura de relaciones con “el Estado genocida de Israel”. La académica también indicó que tanto como flotilla como a modo personal interpondrán una queja en instancias internacionales de derechos humanos en contra de Israel. Ambas aseguraron que pese a lo ocurrido seguirán organizándose flotillas para llegar con ayuda humanitaria a Palestina. En el AICM parientes, amigos, activistas y compañeras de trabajo recibieron a las participantes en la iniciativa humanitaria.
Un Cartel de Jalisco extendido en Honduras causante de un operativo en el que murieron varias personas, en una escalada de violencia en aquel País
MEMORANDUM 3.- Solo como una muestra de hasta donde se encuentran extendidos los cárteles de México, la policía de Honduras informó este viernes que el operativo en el que murieron cinco agentes antipandillas en el norte del país, la víspera estaba dirigido contra una red de narcotráfico vinculada a un cártel mexicano. Esta operación se enmarcó en una jornada violenta el jueves, en la que otras 19 personas fueron asesinadas en una aldea del municipio de Trujillo (departamento de Colón), asediada por grupos criminales, según las autoridades. Los cinco policías fueron ejecutados en el municipio de Omoa (Cortés), tras allanar una vivienda donde se refugiaban miembros de una banda liderada por el hondureño Heber Argueta, vinculado a un cártel de Jalisco cuyo líder fue asesinado recientemente. Dos civiles también murieron en el tiroteo y se investiga su presunta participación en los hechos. Argueta "tuvo en su momento vínculos con esa estructura sinaloense, por lo cual recibió conocimiento y tratamiento especializado para poder venir a organizarla acá en este sector", declaró a periodistas Wilber Mayes, director de comunicación de la policía. El jefe del cartel, por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en febrero pasado. Las autoridades hondureñas no han confirmado si Argueta se encontraba en la vivienda allanada, donde los agentes fueron atacados a tiros, secuestrados y posteriormente asesinados en un poblado cercano a la frontera con Guatemala. Dos hondureños procedentes del lugar del ataque fueron localizados en un hospital de la población guatemalteca de Puerto Barrios, donde permanecen custodiados por autoridades bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal. Tras el revés en Omoa, el gobierno suspendió el jueves al director y otros dos altos mandos de la división antipandillas, al señalar que el operativo no siguió los "protocolos de legalidad". El jueves de madrugada, un comando armado asesinó a 19 personas en una finca de Trujillo, una población bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan tierras de una empresa privada para la explotación de palma africana, además de disputarse rutas del narcotráfico, según las autoridades. La escalada de violencia se produjo luego de que el Congreso de Honduras aprobara el lunes una reforma que autoriza a los militares a participar en tareas de seguridad pública, endurece las penas por extorsión y permite catalogar a cárteles y pandillas como organizaciones terroristas.

 

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