MEMORANDUM 1.- El extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF), faltas graves de mantenimiento en inmuebles, carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional, como son impresoras y escáneres, y que estuvo en riesgo el que no se cubriera el sueldo de 50 mil trabajadores durante la primera quincena de septiembre, por lo que el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, Ya dio vista de ello a la Contraloría. Estamos “frente a un hecho histórico, se están extinguiendo en el Poder judicial las personas e intereses que se creían intocables. Aquellas redes internas que solo protegían y servían a unos cuantos y que desconocían las demandas de las personas juzgadoras y de la base trabajadora”, afirmó Vargas Solano al rendir su primer informe de labores (que abarca los primeros 100 días al frente del OAJ). El funcionario señaló que detectaron, entre otros problemas, un déficit de recursos financieros por casi 14 mil millones de pesos; una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación entre las distintas áreas del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior ante los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), representantes del Congreso de la Unión y de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El presidente del OAJ afirmó que las anomalías detectadas iban en “detrimento de la impartición de la justicia federal”, ya que se puso en evidencia “que no se contaba con un tabulador de pago vigente, pues el extinto Consejo de la Judicatura decidió que el anterior tabulador feneció el 31 de agosto de 2025, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 50 mil trabajadores a nivel nacional en la primera quincena de septiembre”. En su mensaje indicó que “no se habían generado los estudios jurídicos presupuestales y financieros, a fin de determinar la situación de las personas que señala el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial relativa al pago ahí previsto”, es decir los pagos para aquellos jueces y magistrados que decidieron competir en el proceso electoral de junio pasado, o que renunciaron a sus cargos con motivo de la elección judicial. Expuso que en materia de archivos judiciales, encontraron “un serio problema sobrecarga de expedientes en espacios destinados para labores jurisdiccionales, falta de depuración de archivos para su transferencia, y depósitos documentales con una ocupación cercana a 98 por ciento de la capacidad instalada”. Ante el cúmulo de anomalías, en las primeras semanas de septiembre el OAJ “determinó tomar una serie de acciones a fin de corregir a la brevedad errores, fallas y omisiones del extinto Consejo de la Judicatura Federal en materia de remuneraciones. Se creó un tabulador de salarios para el personal del OAJ y del TDJ, incluyendo los cargos que no existían antes de la reforma judicial, afectando a los niveles 12 al 11 de la estructura orgánica”, y aseguró que los niveles 12 al 34 de la plantilla laboral no se vieron afectado en ninguna de sus prestaciones laborales. Refirió que con este nuevo tabulador se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para quienes ocupan los principales niveles tabulares y al personal de nuevo ingreso. Expuso que en “102 días de actividades, el OAJ ha sentado las bases de un sistema judicial capaz de responder a las exigencias de un país en constante evolución, gracias a una estructura depurada, renovada y fortalecida”, en donde “la separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas” y se esto se realiza a través de una gestión responsable de los recursos públicos. Un punto relevante en el documento denominado Primer Informe de Labores, es lo relativo a que la “Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (CSPJF) está modificando el Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023-2026; el Protocolo de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones; el Procedimiento sistemático de operación en caso de disturbio, manifestación o toma de instalaciones; la Guía para la elaboración de planes operativos de seguridad y Formato de registro de datos para elaborar el plan operativo de seguridad; el Protocolo para la Atención de Emergencias; el Procedimiento de seguridad en caso de agresión con arma de fuego en inmuebles administrados por el OAJ, así como la normatividad para la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad y los avisos de privacidad de las medidas de seguridad para los inmuebles del OAJ y personas que los ocupan o visitan”.

13 de Diciembre de 2025 / 13:00:35

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MEMORANDUM 2.- Sharon Albornoz, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Veracruz, exhortó a los usuarios a poner atención al pagar con tarjeta bancaria en las tiendas físicas, ya que han recibido reportes de casos en los que sin querer se autorizan cobros superiores a los del producto o servicio que recibieron. Refirió que es importante verificar que la terminal no tenga ningún dispositivo diferente a lo común y que el monto que se va a autorizar sea el correcto. Señaló que han recibido alrededor de 3 casos de personas que autorizaron cargos superiores a los contemplados. “Importantísimo hay que verificar cuál es la cantidad que el vendedor está marcando en esta terminal; hemos recibido casos de usuarios que señalan que ellos autorizaron o ellos pensaron que autorizaban un cobro por un ejemplo de 400 pesos y al momento de que ven su estado de cuenta resulta que no fueron 400 sino 4 mil puede ser un error de dedo, puede ser un error intencional", expresó. La funcionaria señaló que es importante que se ponga atención al pagar porque al poner el NIP el banco entiende que se consiente la compra. "Una vez que nosotros autoricemos y pongamos el NIP en el banco entiende que estamos consintiendo esa compra entonces al momento de verificar el estado de cuenta y ver que la cantidad que autoricen no son 400 sino 4 mil entonces eso le causa una afectación al usuario". Refirió que en estos casos se puede hacer una reclamación, pero es muy difícil que el banco la acepte, se tiene que reclamar al proveedor que es el que puso mal la cantidad. Además, aconsejó pedir siempre el comprobante del pago, ya que es útil en caso de una reclamación.

13 de Diciembre de 2025 / 12:30:19

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MEMORANDUM 3.- La cloaca que rodea al propietario de la franquicia Miss Universo apenas comienza a emerger. Y es que Jacobo Reyes León, identificado como el líder del grupo delictivo del cual forma parte el empresario y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, solicitó la protección de la justicia federal para no ser detenido por los delitos de tráfico de armas, narcotráfico, robo de hidrocarburos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y contrabando y comercialización ilícita de combustibles transportados desde Estados Unidos y Guatemala a territorio nacional. Al solicitante de amparo ante un juzgado federal se le impuso una prevención para que “dentro del plazo de tres días (…) comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta. Ello con la finalidad de cerciorarse que él mismo fue suscrito efectivamente por la parte agraviada, dado que la firma constituye la manifestación de voluntad”, refiere el acuerdo publicado este viernes en el sistema del Órgano de Administración Judicial (OAJ). Reyes León es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Raúl Rocha Cantú entre los líderes de la organización delictiva, de acuerdo con el contenido de la causa penal 495/2025, iniciada por un juzgado federal con sede en Querétaro. De acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación (PJF), en las investigaciones de la FGR se menciona que Jacobo Reyes León, también es socio de un hombre identificado como Jorge Alberto Alberts, en “la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México llamada Valvón Servicios Integrales, quienes utilizan la citada empresa de seguridad para lavar dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y Cártel Jalisco Nueva Generación, además de que utilizando el giro de la empresa, facilitan la compra y venta de armas, remarcan las armas y venden”. En 2021 Jacobo Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, y según las investigaciones “en Huehuetoca, Estado de México, tiene un centro de distribución de 'huachicol', desde donde coordina las actividades delictivas de la organización criminal". El juicio de amparo fue presentado el pasado 25 de noviembre y se le dio entrada dos días después, pero este viernes se determinó imponer la prevención de comparecencia ante el órgano que desahoga el expediente a fin de corroborar que el recurso fue presentado por él o bien que el escrito presentado sí fue firmado de manera autógrafa. Los datos del juicio presentado, refieren que Reyes León solicitó la protección de la justicia federal para que no se cumplimenten “actos privativos de libertad”, sin especificar que existe un mandamiento judicial que ordena su aprehensión desde el pasado mes de noviembre.

13 de Diciembre de 2025 / 11:54:59

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