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Presupuesto a rubros de seguridad, procuración e impartición de justicia con Cuitláhuac fue de los más bajos del país: INEGI. Por eso la inseguridad
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y su reporte del Informe de Cuentas Corrientes y de Acumulación de los gobiernos Estatales y Locales, en el último año de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - el monto del presupuesto destinado a rubros de seguridad y procuración e impartición de justicia fue de los más bajos en todo el país, confirmando su falta de interés en la entidad. Y es que, en Veracruz apenas se destinó el 26.2 por ciento para seguridad, ni siquiera llegando al promedio nacional que fue de 31.9 por ciento. Con esa cifra, Veracruz ocupó el antepenúltimo lugar, mientras que hubo entidades que destinaron hasta cerca del 40 por ciento de su presupuesto para seguridad. Cabe precisar, que debido a la conformación del Gobierno de Veracruz y que debe soportar el pago de la nómina magisterial, tanto federal como estatal, gran parte del presupuesto se destina a la educación con casi el 60 por ciento. Sin embargo, de igual forma muestra que el tema de la seguridad no fue prioridad para el sexenio anterior, pues resulta evidente una menor disponibilidad de recursos para tareas como la operación administrativa del Gobierno, la atención del sistema de justicia, la seguridad pública, la regulación de actividades económicas y la protección del medio ambiente. En contraste, el gasto en salud y asistencia social representó 14.5 por ciento de los recursos operativos del estado, una proporción cercana al promedio nacional, pero que tampoco compensa la menor asignación observada en áreas como seguridad y justicia.
Juez Federal detiene obra de ampliación de la SIOP por presunta invasión del derecho de vía concesionado a Ferrosur
MEMORANDUM 2.- Lo que faltaba, además del retraso en la obra pública por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, del gobierno estatal, una obra de ampliación carretera en el tramo ferroviario Veracruz–Tierra Blanca fue detenida por orden de un juzgado federal, luego de que se determinó suspender los trabajos por la presunta invasión del derecho de vía concesionado a Ferrosur, Sociedad Anónima de Capital Variable. La medida judicial se dictó luego de que le habrían pedido al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, acelerar la ejecución de infraestructura estatal, tras reconocer lentitud en los procesos de licitación. A esta situación se suma el conflicto con la principal empresa ferroviaria de la región. El diferendo llegó a los tribunales luego de que Ferrosur promovió un amparo indirecto contra actos atribuidos y contra la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La empresa sostuvo que la dependencia estatal autorizó la realización de obras de terracería para la ampliación de una carretera dentro de terrenos que forman parte del derecho de vía bajo su concesión ferroviaria. El juicio se tramita en un juzgado de Distrito con residencia en Boca del Río. En el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional tuvo por acreditado de manera indiciaria el interés jurídico de la empresa ferroviaria, a partir de documentales presentadas, entre ellas “copia certificada del título de concesión, anexos con la descripción de la vía férrea del Sureste, una Carta de Vía con las dimensiones y ubicación del derecho de vía del tramo Veracruz–Tierra Blanca, así como un aviso dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre ocupación sin autorización del área concesionada”, fechado el 23 de octubre de 2025. En su demanda, Ferrosur señaló que la autorización para ejecutar los trabajos de terracería afecta el uso y control del terreno concesionado, al tratarse de una franja destinada a la operación ferroviaria. La empresa señaló que la intervención autorizada por la SIOP se realiza en un espacio que considera reservado a la infraestructura bajo su concesión federal. La definición en el plano cautelar se produjo el 11 de diciembre de 2025, cuando el juzgado concedió la suspensión definitiva por los actos reclamados a la SIOP. La medida se centró en la autorización para la realización o ejecución de obras de terracería vinculadas a la ampliación carretera dentro del derecho de vía concesionado. Con la suspensión, el juzgado ordenó frenar la ejecución de los trabajos en el tramo señalado, en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo.
Protestan trabajadores de salud del CAE por entrega de bono navideño en tarjetas de consumo y exigen el efectivo
MEMORANDUM 3.- Personal del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, advirtieron que podría realizar movilizaciones y cierre de oficinas administrativas, ante el descontento generado por un cambio en la modalidad de pago de bonos otorgados a trabajadores de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). De acuerdo con los reportes, los empleados fueron informados de que las tarjetas en las que se dispersaba un bono económico, y que anteriormente podía retirarse en efectivo en cajeros automáticos, ahora solo podrá utilizarse para la compra de artículos comestibles en cadenas específicas como Chedraui y Grupo Ferche, sin posibilidad de disponer del dinero en efectivo. Por lo anterior, los trabajadores inconformes señalaron que se reunirán en el módulo del hospital y cerrarán la dirección y las oficinas administrativas como medida de presión, al considerar que la decisión afecta directamente su economía y limita el uso libre de una prestación laboral que ya había sido otorgada. Simultáneamente, con cierre de calles y protestas en centros de trabajo, desde clínicas y hospitales, los trabajadores exigieron el pago en efectivo de los 14 mil pesos de su bono decembrino. Los inconformes acusaron que la tarjeta tiene fecha de caducidad de diez días, por lo que lamentaron que de manera unilateral la dependencia haya decidido otorgar el bono en tarjeta Chedraui. El tema fue abordado de manera directa con el secretario de Salud Valentín Herrera Alarcón, a quien trabajadores y representantes sindicales reclamaron la falta de claridad y la modificación repentina en la dispersión del recurso. Durante el intercambio, los empleados cuestionaron por qué no se suspendió desde ayer la dispersión del bono hasta resolver el problema, así como el hecho de que se les haya dado un plazo de apenas 10 días para gastar el dinero, cuando según manifestaron, solicitaron que el tiempo se ampliara hasta por ocho meses. También denunciaron que existen problemas bancarios, ya que a algunos compañeros no se les están entregando cuentas o accesos adecuados, lo que agrava la inconformidad. Durante el reclamo se escucharon varias consignas como “¡Efectivo, efectivo!”, “¡Que paguen la urgencia!” y “Siempre nos han mentido”, reflejando el enojo de los trabajadores. Recordaron que el CAE es una de las principales unidades médicas del estado, por lo que consideran injusto recibir un trato que califican como restrictivo e improvisado. En este contexto, el Sindicato Mexicano de Salud exigió a la gobernadora Rocío Nahle el pago en efectivo de dicho bono, pues recordó que los trabajadores de salud no cuentan con 90 días de aguinaldo.

 

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