Ante proceso penal en su contra, exdirectora de Administración del PJE promueve juicio de amparo para evitar ser detenida
MEMORANDUM 2.- En el contexto del proceso penal que enfrenta por presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones al interior del Poder Judicial del Estado, la exdirectora general de Administración de ese poder, Joana Marlen Bautista Flores, promovió un juicio de amparo contra actos atribuidos al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Coatepec y otras autoridades. Con base en el acuerdo judicial, la demanda de amparo fue presentada contra “la orden de aprehensión, orden de comparecencia, orden de presentación, orden de arresto y orden de arraigo, giradas en su contra”. La promoción del recurso ocurre mientras la exfuncionaria es investigada por la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades detectadas durante su gestión en el Poder Judicial de Veracruz. El caso forma parte de una investigación relacionada con contrataciones presuntamente irregulares dentro del Poder Judicial del Estado. Las indagatorias alcanzan al menos a cuatro exservidores públicos y se refieren a operaciones con cinco empresas y un proveedor señalados por posibles inconsistencias administrativas. En 2024, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, actualmente fiscal general del Estado, informó que se presentaron denuncias por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado. De acuerdo con lo expuesto en ese momento, las irregularidades detectadas corresponderían a presuntos desvíos por alrededor de 50 millones de pesos registrados durante el primer semestre de 2023. Además de Bautista Flores, entre los exfuncionarios señalados en las investigaciones se encuentran Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, quienes se desempeñaron como jefes del Departamento de Servicios Generales. Bautista Flores también enfrenta una sanción administrativa de inhabilitación por 10 años impuesta por el Consejo de la Judicatura del Estado, derivada de las mismas indagatorias sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación dentro del Poder Judicial de Veracruz.