Desaparición del fondo de reparación implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas, advierten colectivos de búsqueda; prácticamente los dejaron en visto
MEMORANDUM 2.- Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas externaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito, sin embargo, se hizo caso omiso a su preocupación. Luego de que el máximo tribunal del país rechazó declarar inconstitucional un artículo de la Ley General de Víctimas, reformado en 2020, como planteaba el proyecto del ministro Giovanni Figueroa, quien argumentó que ya existía una sentencia anterior de la extinta primera sala que reconocía que la reforma había sido regresiva al no garantizar la reparación integral del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos. En un pronunciamiento, Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Espacio OSC, entre otras, señalaron que la decisión de la nueva Corte “implica un grave retroceso” para los derechos de las víctimas, ya que abre la puerta a que “las víctimas vean diluidos sus derechos” en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación. Advirtieron que más grave resulta que la determinación sea adoptada “vulnerando el principio de ‘cosa juzgada’ y la garantía de seguridad jurídica”, al reabrir el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas. Alerta: “La necesaria declaratoria general de inconstitucional del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos”. Insistieron en que la resolución de la SCJN, tomada el martes pasado, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, “las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”. Ante esta problemática, las organizaciones y los colectivos de búsqueda de Sinaloa, Morelos, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, entre otras entidades, instaron a la SCJN a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre “reformas regresivas”. También solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas y que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos. A la vez, Amnistía Internacional se sumó a la preocupación de eliminar la garantía de contar con un presupuesto mínimo y exclusivo para las medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas. Recordó que el país está en un contexto de crisis de derechos humanos que ha dejado como saldo el aumento exponencial en el número de víctimas registradas ante el Registro Nacional de Víctimas. En un pronunciamiento, llamó al Poder Ejecutivo y Legislativo a fortalecer las medidas legislativas y de política pública que garanticen los derechos de las víctimas.