MEMORANDUM 1.- Stephen Miller, subjefe de gabinete de Estados Unidos, es tan poderoso que algunos de los funcionarios lo llaman “el primer ministro”. Es el arquitecto de la brutal política antimigrante del actual gobierno y, según versiones extraoficiales, está entre quienes proponen ataques militares en México. También se ha convertido en uno de los voceros más confiables del mandatario Donald Trump –lo ha acompañado desde su primer periodo presidencial– y que de manera frecuente explica las medidas más extremas tomadas por el magnate. En México y otras partes de América Latina, Miller es conocido como el hombre en el centro del esfuerzo para deportar a un millón de inmigrantes cada año, y el funcionario que convoca una teleconferencia diaria a las 10 de la mañana para monitorear el progreso de esta campaña. Durante la primera presidencia de Trump, Miller se enfocó casi exclusivamente en la política migratoria, incluida la táctica de la separación forzosa de más de 5 mil niños, algunos bebés, de sus padres como forma de “disuadir” la inmigración de familias y de otras medidas extremas. Ante el fracaso de alcanzar sus metas en ese primer periodo, desarrolló planes para una política aún más agresiva para este segundo periodo, que incluyó no sólo esfuerzos para deportar un millón de persona anualmente, sino también cambios fundamentales en las leyes de migración, la anulación de programas temporales de protección de ciertos extranjeros, limitar visas, anular efectivamente el derecho de asilo, cuestionar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y acciones más agresivas contra los flujos de extranjeros desde México y otros países. “En los primeros meses de este gobierno, Miller, el arquitecto de las políticas antimigrantes y de control fronterizo, y su equipo empezaron a discutir sobre poner en marcha una nueva guerra contra las drogas con ataques a cárteles y supuestos traficantes en México”, reportó The Washington Post en diciembre. Ni el subjefe de gabinete o el presidente han desmentido eso. Aunque el gobierno de Trump giró su atención más al sur con Venezuela, la presión sobre México permanece y reaparece públicamente una y otra vez. Miller, el secretario de Estado Marco Rubio y el “zar” antiterrorismo de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, han hecho mancuerna para promover más acciones militares unilaterales de Estados Unidos, como fue el caso de Venezuela y ahora en otras partes del mundo. Por lo tanto, el subjefe de gabinete ya no sólo está enfocado en la política interna estadunidense, sino cada vez más en la proyección del superpoder que tanto elogia. Miller, de 40 años, creció en California, hijo de padres inmigrantes liberales. Sus antecesores judíos llegaron a Estados Unidos desde lo que entonces era Bielorusia para “escapar de las dificultades económicas y la persecución religiosa con el fin de construir una vida mejor para ellos y sus hijos”, según una historia de la familia encontrada por la revista New Republic. Desde joven, en la preparatoria y la universidad, Miller es recordado como un provocador, haciendo declaraciones cada vez más repugnantes para generar atención. “Yo haré cosas que nadie dirá o hará”, afirmó en un video en la escuela obtenido por The Washington Post.

16 de Enero de 2026 / 15:39:48

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MEMORANDUM 2.- El juzgado primero de distrito en Materia Penal negó de manera definitiva el amparo solicitado por Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, y deberá enfrentar el proceso penal en el que se le acusa de haber desviado más de 61 millones de pesos que debían ser utilizados para el Servicio Integral de Aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (por sus siglas CUIS), en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios en las treinta y dos entidades federativas del país. En la lista de acuerdos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio a conocer la negativa de amparo para el ex funcionario federal, y declaró legal el auto de formal prisión que se dictó en su contra el 15 octubre de 2023, por lo que debe enfrentar un juicio por uso indebido de atribuciones y facultades, con base en lo establecido en el Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos. De esa manera De León Mojarro perdió el juicio de amparo promovido para que se declara el sobreseimiento de la acusación en su contra asegurando que había cambiado la legislación que sanciona la conducta que se imputó. Sin embargo, la resolución de un juzgado federal fue confirmada en revisión "al considerar que el artículo 217, fracción I, inciso d), del Código Penal Federal, vigente en la época de los hechos, por el que se vinculó a proceso al ahora quejoso, y el diverso 114, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, prevén conductas substancialmente diferentes, por lo que no es posible realizar la confrontación y el ejercicio del control difuso de constitucionalidad solicitados". De esa manera se debe llegar a la etapa final del juicio en el que se le señala de haber autorizado la "indebida dicha contratación", ya que las empresas y universidades involucradas en el contrato "no contaban con los recursos técnicos financieros y demás que fueran necesarios, ni tampoco que las actividades comerciales o profesionales estuvieran relacionadas con el objeto del Convenio de Coordinación, ni mucho menos comprobó que haya tenido esta la capacidad técnica, material y humana para la realización del servicio". Por esa razón se le acusa de haber ocasionado "un detrimento a la hacienda pública federal por un importe de 62 millones 877 mil 192 pesos", refiere la lista de acuerdos del OAJ, y la sentencia firmada por el juez primero de distrito Carlos Alberto Rico.

16 de Enero de 2026 / 15:00:49

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MEMORANDUM 3.-Empieza a preocupar a Morena en la Cámara de Diputados que de no generarse los consensos necesarios con el PT y el PVEM al interior de la coalición legislativa de mayoría, la reforma electoral que próximamente enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum no aprobaría incluso no se presentaría. “Sí existe ese riesgo. Si no se logra el acuerdo y el consenso, ¿qué caso tendría que se presentara? Es decir, sí hay esa posibilidad en el Congreso”, admite el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien expresó respetar las declaraciones de su homólogo petista, Reginaldo Sandoval, quien ayer cuestionó la necesidad de la enmienda. Nuevamente, el legislador reconoció que, sin el apoyo de sus partidos aliados, la reforma impulsada por Sheinbaum no podría avanzar, por lo que la propuesta será compartida primero con las dirigencias nacionales del PT y el Verde, para después llevarla a sus bancadas en la Cámara. El exgobernador de Zacatecas reitera su discurso de que no hará comentarios sobre la naturaleza de la reforma o sobre la pertinencia de la misma hasta que no llegue la iniciativa oficial de la mandataria al Congreso, pues por el momento no existe ningún documento acabado, y por ello estaría opinando sobre la “nada jurídica”. De igual forma, dice respetar los señalamientos de crítica o escepticismo de petistas y verdes sobre la enmienda, y consideró que dichas posturas “no son chantajes” ni intentos de “vender caro” su voto en favor de la propuesta presidencial. “Para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados. No son incondicionales ellos”. De forma “tajante, el morenista señaló que “no se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde, esa es mi opinión personal. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue muy sensible en los planteamientos y ella dijo ‘toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos’”, indica. Por otra parte, Monreal admitió que le preocupan los plazos de la eventual aprobación de la enmienda, la cual podría empezar a discutirse hasta la segunda semana de febrero y no en la primera. Sin embargo, indica, “prefiero esto a que la premura nos haga cometer errores o el apresuramiento nos haga cometer errores. Teníamos contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo; que iniciáramos la discusión en febrero, pero en marzo la aprobación de la reforma constitucional, y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara en (los congresos de) los estados”. Desde hace semanas, PRI y PAN adelantaron que no asistirían a los diálogos ni presentarián propuestas sobre la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, al considerar que el proceso nace “viciado”. Por su parte, el diputado priista Erubiel Alonso manifestó su rechazo a la posibilidad de una reforma electoral en los términos de Morena, pues, a su juicio, los guindas “están construyendo una dictadura”.

16 de Enero de 2026 / 14:51:51

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