Al señalar que se acabó la trasparencia, PAN demanda que IMSS se someta a auditorías externas
MEMORANDUM 2.- El legislador panista y secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, demandó que el IMSS tenga auditores externos, ya que afirmó que desde que desapareció el Seguro Popular, se perdió la transparencia y la fiscalización de los recursos para la salud. Mediante un comunicado, el diputado panista aseguró que, con una tarjeta informativa, el IMSS-Bienestar intenta minimizar que su auditor externo se abstuvo de emitir una opinión sobre los estados financieros de 2025 por no contar con evidencia suficiente. Por lo que resaltó que ahora pretende utilizar la propia falta de información que impidió concluir la auditoría para sostener que no se acreditó fraude o daño patrimonial. En otras palabras, considera que basta con obstaculizar la fiscalización para después alegar que no existen elementos para demostrar irregularidades. “El IMSS-Bienestar tiene la obligación de contar con registros completos y documentación comprobatoria. Es terrible que el organismo no explique por qué no pudieron verificarse cuentas por cobrar, inventarios y deudas con proveedores; por qué sus registros de ingresos presentaron deficiencias; por qué la información se entregó fuera de plazo”. Indica: “Tampoco aclara la falta de evidencia sobre los casi 27 mil millones ejercidos por encima del presupuesto original de 2025. El IMSS-Bienestar debe someterse a auditorías externas, independientes y periódicas, y corregir las irregularidades encontradas en su gestión, en lugar de descalificar a quienes revisan su manejo de los recursos públicos”. El diputado albiazul afirmó que no se trata únicamente del dictamen de un despacho privado, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había documentado en 2024 deficiencias de control interno, pagos improcedentes, falta de inventarios, bienes sin destino acreditado y más de 2.2 millones de pesos pendientes por aclarar. Además, identificó pagos a 3 mil 155 trabajadores en 51 niveles no autorizados, omisiones en la aplicación de penalizaciones a proveedores y un subejercicio superior a 25 mil millones de pesos. Las irregularidades sí están documentadas. Lo que todavía no se conoce es su alcance completo, precisamente porque el organismo no ha entregado información suficiente para evaluar su operación. Barba Ramírez resalta que el Seguro Popular permitía conocer cuántas personas estaban afiliadas, qué enfermedades se cubrían, cuánto dinero correspondía a cada entidad, en qué se utilizaban los recursos y cuántos casos de enfermedades catastróficas eran financiados. Sin embargo, detalló que con el INSABI y ahora con el IMSS-Bienestar, ese esquema fue sustituido por una promesa general de gratuidad, sin padrones claros, indicadores verificables ni reglas financieras. “Prometieron gratuidad, pero hoy no pueden demostrar con claridad cuántas personas atienden, qué tratamientos financian ni cuántos pacientes permanecen sin atención. “También disminuyó la transparencia sobre las enfermedades graves, el Fondo de Salud para el Bienestar y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA. Los estados sostienen que ya no deben informar sobre recursos que dejaron de administrar, mientras que la Federación concentra el dinero sin publicar información suficiente y comparable. El resultado es que nadie se hace responsable dentro del IMSS-Bienestar”, agrega.