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Siguen brotando irregularidades en la UPAV y apuntan a gestión de Cuitláhuac; varios actores enfrentarían responsabilidades
MEMORANDUM 1.- La irregularidades administrativas y financieras al interior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) siguen brotando y remiten a gestiones anteriores a la llegada de la actual administración estatal, es decir, a los tiempos del ex gobernador Cuitláhuac García. Prueba de ello es que nuevos datos apuntan a responsabilidades concretas en el manejo de recursos y presunto daño patrimonial, así como a una nueva línea de investigación sobre la participación de exfuncionarios y una Asociación Civil ligada a la gestión de la institución educativa. De acuerdo con la documentación difundida, parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de la UPAV incluye oficios y solicitudes formales de información entre exrectores y autoridades educativas vinculadas con los recursos de la institución, lo que ha permitido trazar una línea de posibles responsabilidades sobre las operaciones financieras de la universidad. Entre los documentos que han circulado figura un oficio fechado el 2 de enero de 2025, firmado por el entonces rector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez, en el que asegura no contar ni poseer información contable o financiera solicitada por su sucesor en la rectoría. Ese oficio respondía a una petición de Sergio Torres Mejía, quien solicitó datos sobre ingresos, gastos, cumplimiento fiscal y legal, así como gestión administrativa derivada del convenio entre la UPAV y la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., con fecha 30 de diciembre de 2024. La investigación también menciona que la Asociación Educación es Primero AEP, A.C., firmó originalmente un convenio de colaboración con la UPAV en diciembre de 2018, el cual fue modificado en julio de 2022 para extender sus efectos hasta enero de 2027, con el objetivo declarado de apoyar actividades educativas, según los documentos consultados. Otro anexo del convenio indicó que la asociación presentaba un adeudo de más de 42 millones 710 mil pesos, pasivo que fue absorbido por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, EDAL Asociación Civil, que se comprometió a supervisar y apoyar financieramente a la universidad. El caso UPAV forma parte de una mayor revisión del manejo de recursos públicos en entidades fiscalizables en Veracruz, donde auditorías y procesos de solventación han identificado presuntos daños patrimoniales por miles de millones de pesos en distintos organismos. La titular de la FGE local, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha informado que la investigación sobre la gestión de los recursos de la UPAV aún continúa y que varios de los actores documentados podrían enfrentar responsabilidades legales una vez que concluya el proceso de integración de evidencias. Este caso se suma a otras investigaciones y acciones en torno a la UPAV, incluida la detención reciente de exdirectivos por presunto desvío de cerca de 800 millones de pesos y la confirmación de auditorías internas a la institución por la Contraloría General del Estado. La divulgación de estos documentos y avances en la investigación se da en un contexto en el que la comunidad educativa —entre alumnos, docentes y administrativos— ha expresado incertidumbre por la irregularidad en pagos, nombramientos y la situación operativa de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que atiende a decenas de miles de estudiantes en el estado.
Cárceles de Pacho Viejo y Amatlán concentran el mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos: CEDH
MEMORANDUM 2.- Tras sus recorridos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Veracruz, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, informó que se detectó que Pacho Viejo y Amatlán concentran el mayor número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Durante su comparecencia ante legisladores del Congreso local, la funcionaria explicó que varias observaciones siguen en trámite, ya que algunas se resuelven de manera rápida, mientras que otras requieren más tiempo debido a la falta de presupuesto o infraestructura. Refirió que la CEDH también intervino durante el motín registrado en el penal de Tuxpan el 2 de agosto del año pasado, participando desde el primer momento en las acciones para restablecer el orden, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). De igual forma, fue cuestionada sobre los hechos ocurridos en Totalco, municipio de Perote, en junio de 2024, donde tras un desalojo por parte de la ahora extinta Fuerza Civil murieron los hermanos Jorge y Alberto Cortina. En ese caso, señaló que la Comisión reconoció como víctimas a seis personas; tres ya cuentan con registro estatal y las otras siguen pendientes debido a que no han acudido personalmente a realizar el trámite. La funcionaria recordó que se emitió un posicionamiento por el uso de la fuerza por parte de elementos de la SSP, y que la recomendación correspondiente continúa en proceso de atención. Por último, afirmó que la capacitación constante es la principal herramienta para evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos, tanto en dependencias estatales como en ayuntamientos.
Hombre de 30 años fallece aplastado por un árbol en comunidad Loma Alta, municipio de Coatepec; Luego de cuatro meses de prisión hombre acusado de secuestro queda en libertad tras comprobarse un caso de homonimia, en Minatitlán
MEMORANDUM 3.- Un hombre perdió la vida tras ser aplastado por un árbol que intentaba derribar, en la localidad Loma Alta, municipio de Coatepec. De acuerdo con los reportes, la víctima fue identificada como Víctor Cortina de aproximadamente 30 años de edad. El hombre realizaba labores agrícolas cuando el árbol que cortaba se desplomó de forma repentina y cayó directamente sobre su cuerpo, provocándole lesiones de gravedad. El incidente se registró cerca de la una de la tarde, cuando Víctor se encontraba trabajando solo en el terreno. Los testigos afirmaron que, tras escuchar el estruendo, pobladores acudieron al sitio y encontraron al hombre atrapado bajo el tronco. De inmediato intentaron auxiliarlo y liberarlo, pero al notar la severidad de las heridas, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Coatepec se trasladaron hasta el lugar y comenzaron las maniobras de atención prehospitalaria. Sin embargo, tras una valoración inicial, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades. Una vez confirmada la muerte, elementos de la policía acudieron al paraje para asegurar el área y preservar la escena. Posteriormente, arribaron peritos y agentes de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo. El fallecimiento fue notificado al Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente para documentar los hechos, aunque todo apunta a que se trató de un accidente durante labores del campo… LA FISCALÍA General del Estado no logró comprobar la culpabilidad de Arturo Soto Medina, de 47 años de edad, por lo que el juez dictaminó su absoluta libertad. Luego de cuatro audiencias canceladas previamente, este viernes 23 de enero se llevó a cabo conforme a Derecho la audiencia de sobreseimiento en el Centro Integral de Justicia del puerto de Veracruz. En dicha diligencia, La sesión, que estaba programada para las 10:30 de la mañana, se realizó con retraso y concluyó al filo de las 17:30 horas, momento en el que se confirmó el fallo favorable para el imputado. Soto Medina fue detenido el pasado 18 de septiembre de 2025 en el municipio de Minatitlán por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS). Desde entonces, permaneció recluido bajo la acusación de secuestro agravado, un delito que la defensa sostuvo desde el principio que él no cometió. Durante más de cuatro meses, sus familiares y abogados lucharon para que se realizara el desahogo de pruebas que finalmente permitió esclarecer la situación jurídica del trabajador municipal. De acuerdo con la defensa, el secuestro que se le imputaba ocurrió el 22 de febrero de 2022 en la zona de Los Pichones, en el municipio de Medellín de Bravo. Sin embargo, durante el proceso se presentaron todas las pruebas documentales y testimoniales que acreditaron fehacientemente que, el mismo día de los hechos, Arturo se encontraba laborando en la localidad de Capoacan, en Minatitlán. Luego del análisis de esta evidencia, la autoridad judicial determinó que se trató de un caso de homonimia, donde el acusado fue confundido con el verdadero perpetrador por tener el mismo nombre. Al concluir la diligencia judicial donde se demostró su inocencia, los familiares de Arturo Soto Medina estallaron de júbilo a las afueras del recinto. Brenda Lisbeth Chávez, esposa del ahora liberado, señaló que finalmente vieron la luz tras la liberación del padre de sus hijos. “Él ya está con nosotros, mis hijos y yo contábamos los días, las horas. Hoy gracias a Dios está libre”, aseguró Chávez, visiblemente conmovida tras la resolución que permite a su esposo regresar a casa y retomar su vida en libertad. La liberación de Arturo Soto Medina resalta la importancia de la exhaustividad en las investigaciones para evitar que casos de homonimia deriven en la vulneración de los derechos humanos.

 

QUINTANA ROO

 

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