MEMORANDUM 1.- Al referirse a la organización de vecinos que realizan rondines y detienen a presuntos delincuentes en municipios conurbados como Emiliano Zapata y Coatepec, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, acusó que los ayuntamientos sí identifican las zonas con mayor incidencia delictiva en sus municipios; “sin embargo, en muchos casos no presentan denuncias formales, lo que limita la intervención institucional”. Es decir, de acuerdo con el diputado morenista, la culpa es de los municipios. Desde Xalapa, el legislador sostuvo que la falta de reportes oficiales impide activar mecanismos de coordinación más amplios en materia de seguridad pública. Bautista Hernández señaló que estos escenarios deben ser atendidos por autoridades municipales mediante coordinación regional, sin trasladar la responsabilidad a la ciudadanía. El diputado local explicó que cuando la inseguridad rebasa a una sola demarcación, los alcaldes deben llevar el tema a la Mesa de la Paz, donde participan instancias de los tres órdenes de gobierno. “En la Mesa de la Paz se discuten esos temas; hay personal de inteligencia en todos los distritos que monitorea los índices delictivos y ahí se definen estrategias”, aseguró. Como antecedente, recordó lo ocurrido en la congregación de Las Trancas, en Emiliano Zapata, donde los pobladores formaron un grupo de vigilancia comunitaria ante el aumento de robos. También señaló hechos en Pacho Viejo, Coatepec, donde pobladores retuvieron y golpearon a personas acusadas de robo antes de la intervención policial. El diputado local puso como ejemplo la actuación del ayuntamiento de Cosoleacaque, cuyo alcalde informó directamente a la gobernadora Rocío Nahle sobre la situación de violencia en la zona sur, lo que derivó en el reforzamiento de operativos por parte de la Guardia Nacional en municipios cercanos. Bautista Hernández destacó que, aunque la ley contempla la figura del mando único para que el estado asuma el control de la seguridad pública, actualmente se privilegia la coordinación entre fuerzas estatales y federales. No obstante, insistió en que para activar mecanismos formales es indispensable que existan denuncias, pues advirtió que cuando las autoridades locales saben quién delinque o dónde operan puntos de droga y no lo reportan, “se vuelven cómplices”. Así las cosas.

15 de Febrero de 2026 / 22:44:08

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MEMORANDUM 2.- Aunque en diciembre de 2022 el juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó un amparo a Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte, y señaló que seguía vigente la orden de captura en su contra dictada en mayo de 2018, además de que la Fiscalía General de la República litigaba su entrega a autoridades mexicanas, la ex presidenta del DIF Estatal obtuvo asilo en Reino Unido, por lo que ya no será extraditada a México para enfrentar las acusaciones de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF Estatal. Funcionarios del gabinete de seguridad confirmaron que la justicia británica decidió dar asilo a la ex esposa de Duarte de Ochoa. En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster en Inglaterra avaló su entrega a México para enfrentar la acusación penal, pero la defensa de Macías Tubilla interpuso nuevos recursos contra su traslado a México. De acuerdo con la defensa, entre los argumentos esgrimidos ante los tribunales británicos se destaca que su proceso de extradición estaba viciado, pues el delito del que se le acusó habría prescrito y la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo habría comunicado a la justicia ante la cual se presentó la solicitud de entrega. De igual forma, aunque Macías perdió en primera instancia el juicio contra su extradición, se detuvo debido a la interposición de un recurso fuera del proceso de entrega a México y del cual el gobierno británico no informó hasta agosto del año pasado de manera detallada a la cancillería. La ex esposa de Duarte de Ochoa, quien fue detenida inicialmente en octubre de 2019 en Londres, fue liberada tras pagar 150 mil libras esterlinas para enfrentar en libertad condicional su juicio de extradición. Según la acusación de la Fiscalía de Veracruz en su contra, en su calidad de presidenta del DIF de Veracruz, Macías Tubilla entregó recursos de manera indebida a empresas inexistentes. Las autoridades consultadas señalaron que la defensa de Karime Macías solicitó el asilo y lo habría obtenido tras considerar que la acusación se sustentó únicamente en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte, quien habría hecho los señalamientos bajo tortura. Por otro lado, habría que recordar que la pena de 9 años de cárcel en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa concluye el próximo 14 de abril, fecha en la cual será llevado ante un juez, quien le dirá que su sanción ha concluido y ordenará su liberación de prisión. Sin embargo, aunque dicho proceso habrá de cumplirse, el ex gobernador podría no alcanzar la libertad, debido a que enfrenta un nuevo proceso penal, ahora por el delito de peculado en agravio de la Tesorería Federal por un monto de 5 millones de pesos. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, tras haber cumplido su sentencia, Javier Duarte debe quedar en libertad, salvo que alguna autoridad lo requiera, o bien, cuenten con otra orden de aprehensión o tenga alguna medida cautelar de prisión preventiva. Es precisamente ésta última opción la que enfrenta el exgobernador veracruzano, quien recibirá su orden de liberación, pero al mismo tiempo podría quedarse en prisión. Será el próximo martes 17 de febrero, cuando se celebre la audiencia de vinculación a proceso en contra del exmandatario. En caso de resolverse el auto de vinculación y mantener vigente la medida precautoria de prisión preventiva, entonces permanecerá encerrado por lo que dure su nuevo proceso. Otra opción poco probable es que Javier Duarte sea vinculado a proceso y se le modifique la medida precautoria, y pudiera ser enviado a arraigo domiciliario, aunque todo apunta a que permanecerá en prisión. Así las cosas.

15 de Febrero de 2026 / 22:30:02

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MEMORANDUM 3.- Luego de la reciente actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, donde se evidencian amplias diferencias entre los registros oficiales, los colectivos de búsqueda expresaron su inconformidad. Y es que, de acuerdo con esa base de datos, entre 2006 y 2024 las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la FGR reconoció solo 630 en el mismo periodo, una diferencia de 4 mil 902 sitios. Este contraste encendió las alertas entre los familiares de las víctimas, quienes decidieron emitir un pronunciamiento respaldado por más de 400 personas y organizaciones sociales dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. En ese tenor, Pamela Benítez, analista de datos de la organización Data Cívica, señaló que estas discrepancias no son aisladas. Como ejemplo, recordó que en 2024 la FGR reportó únicamente 18 hallazgos de fosas en todo el país, mientras que las fiscalías estatales documentaron 786 casos. A nivel nacional, la dimensión del problema sigue creciendo, pues México acumula más de 133 mil personas desaparecidas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra información desde la década de 1950. A ello se suman estimaciones oficiales que apuntan a la existencia de alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar en el país. Ante este escenario, los colectivos insistieron en que la transparencia no es solo una obligación institucional, sino una condición indispensable para avanzar en la verdad, la justicia y la localización de sus seres queridos. Por lo anterior, los colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas en Veracruz y en distintos puntos del país alzaron la voz para exigir transparencia en la información oficial relacionada con fosas clandestinas, cuerpos localizados y prendas encontradas en estos sitios. A través de un posicionamiento dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las fiscalías estatales, y a la Presidencia de la República, el pasado viernes 13 de febrero, los activistas dijeron tener la esperanza de recibir una respuesta pronta y documentada. Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo "Familiares Enlaces Xalapa", explicó que la exigencia central es acceder a cifras reales y verificables que permitan dimensionar la crisis forense y dar continuidad a las búsquedas de manera institucional. “Necesitamos saber la verdad. No queremos información fragmentada ni ocultamientos. Exigimos conocer cuántas fosas existen, qué se ha encontrado y poder revisar las prendas localizadas”, señaló la activista. Delgadillo Romero concluyó que, al menos en el caso de la Fiscalía General del Estado, se les informó que habrá disposición para mostrar las prendas recuperadas y dar a conocer el número de fosas clandestinas detectadas en la entidad, aunque aceptó que aún no hay fechas ni detalles precisos. Así las cosas.

15 de Febrero de 2026 / 22:15:09

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