MEMORANDUM 1.- Como parte de una estrategia para disminuir el costo financiero de pasivos de largo plazo, la gobernadora Rocío Nahle García informó que el Gobierno de Veracruz reestructuró parte de su deuda pública al transferir créditos de Banobras a BBVA, con una reducción en la tasa de interés. La mandataria estatal señaló que el movimiento fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado martes, con lo que una parte de la deuda estatal dejó de estar concentrada en Banobras y pasó a BBVA. “Veracruz tiene una serie de créditos a largo plazo, viene de mucho tiempo atrás, tenemos créditos muy altos y grandes con Banobras; nos cobra intereses muy altos”, señaló. Nahle García explicó que la administración estatal negoció con otras instituciones bancarias hasta concretar el traslado de esos créditos, lo que permitió modificar las condiciones financieras; “estuvimos haciendo renegociaciones con otros bancos, en este caso BBVA y absorbió la deuda de Banobras y los intereses son más bajos”, aseguró. La mandataria estatal señaló que la tasa de interés de esos pasivos pasó de 13 por ciento con Banobras a alrededor de siete por ciento con BBVA; “esa renegociación a nosotros nos conviene; le pagábamos el 13 por ciento (de interés) a Banobras y le vamos a pagar, no sé el 7 por ciento a Bancomer (BBVA)”, aseguró. Refirió que el cambio ya quedó asentado en el registro de Hacienda, que actualizó la institución acreedora y el monto correspondiente. “Esto se tiene que registrar en Hacienda y ayer (martes) registramos en Hacienda el cambio de Banobras a Bancomer. Hacienda ayer lo registra, dice ‘Veracruz va a tener cuatro mil millones de pesos de deuda en Bancomer; el día de hoy (miércoles) Hacienda resta de la deuda lo que teníamos con Banobras”, sostuvo. La gobernadora señaló que esta reestructura se inserta en un plan de mediano plazo para reducir el endeudamiento estatal mediante pagos programados y una reorganización administrativa de los pasivos; “dividimos en documentos para ir haciendo pagos, nosotros nos estamos desendeudando”, expresó. Nahle García señaló que su administración mantiene una política de ajuste del gasto al presupuesto disponible y descartó contratar nueva deuda para financiar obras o programas. “Todas las obras y todo el trabajo que hacemos es adecuando al presupuesto que tenemos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, no me quiero endeudar”, sostuvo. Como parte de esa estrategia, informó que en lo que va del año el estado ha destinado mil 900 millones de pesos al pago de deuda pública, dentro de un programa trazado para cinco años. La mandataria estatal agregó que una disminución en el nivel de endeudamiento también puede reflejarse en una mayor disponibilidad de recursos federales, al reducirse las retenciones sobre participaciones. El planteamiento del Gobierno estatal parte de que la reestructura no implica la contratación de nueva deuda, sino la sustitución de un acreedor por otro bajo mejores condiciones de tasa, con el objetivo de bajar el costo financiero y liberar margen presupuestal para los próximos años. En ese contexto, la gobernadora presentó la operación como una medida de saneamiento financiero sobre obligaciones heredadas de administraciones anteriores, enfocada en disminuir la carga de intereses y avanzar en el pago gradual del pasivo estatal.

15 de Abril de 2026 / 22:44:35

Twittear

MEMORANDUM 2.- Una reforma al Código Penal impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, y ya aprobada en comisiones, eleva el castigo máximo a 22 años de cárcel para servidores públicos involucrados en lavado de dinero, además de su destitución inmediata. Lo anterior significa que los funcionarios públicos de Veracruz que presten su nombre o firma para mover dinero sucio podrían pasar más de dos décadas en prisión. El cambio clave en la ley elimina la trampa legal de actuar "a sabiendas". Ahora, la justicia podrá ir tras quienes auxilien o participen en la manipulación de recursos ilícitos aunque lo hagan a través de terceros. En principio, se informó que la reforma persigue a los prestanombres y encubridores que intenten ocultar el origen o el destino de fondos ilegales dentro de la estructura del gobierno. El endurecimiento de la ley en Veracruz coloca a los servidores públicos en un régimen penal más severo que el de cualquier ciudadano común. Además de la pena extendida, la reforma asegura que ningún funcionario sentenciado pueda reincorporarse al servicio público bajo ninguna circunstancia. La iniciativa, remitida el 26 de marzo por la gobernadora y ya aprobada en comisiones, propone cambios en la redacción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para incluir nuevas formas de participación directa e indirecta. El dictamen será sometido a votación en el pleno del Congreso del Estado. Actualmente, el Código Penal de Veracruz establece sanciones de entre cinco y 15 años de prisión para quienes oculten, transfieran o utilicen recursos de origen ilícito. Con la reforma, estas penas se mantienen, pero en el caso de servidores públicos podrían incrementarse hasta en una mitad, lo que eleva el castigo potencial por encima de los 22 años de cárcel, además de contemplar destitución e inhabilitación. La reforma no modifica las sanciones base, sino el alcance del tipo penal. Uno de los ajustes centrales es la eliminación de la condición de actuar “a sabiendas y por cuenta de otra persona”, lo que abre la posibilidad de sancionar conductas realizadas de forma individual o mediante intermediarios. El nuevo marco legal establece que el delito se configura cuando una persona “por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona” en la manipulación de recursos ilícitos. Este cambio amplía la capacidad de persecución penal al incluir esquemas indirectos de participación. Además, se incorpora de forma explícita el encubrimiento activo como conducta delictiva. Esto implica que ocultar o intentar ocultar el origen, destino o propiedad de recursos de procedencia ilícita será considerado parte del delito, incluso sin participación directa en la obtención de los fondos. El dictamen introduce criterios para determinar cuándo un bien o recurso puede considerarse producto de una actividad ilegal. Entre estos elementos, se establece que bastará la existencia de indicios fundados o la imposibilidad de acreditar un origen lícito. Este ajuste reduce la carga probatoria en ciertos casos y permite que las autoridades actúen ante señales consistentes de irregularidad financiera, aun cuando no exista una sentencia previa por el delito que originó los recursos. En términos de multas, la reforma también actualiza el esquema de sanciones económicas. Se mantiene el equivalente a 5 mil unidades, pero se sustituye el cálculo basado en días de salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que reduce el monto aproximado de más de 1.5 millones de pesos a cerca de 565 mil pesos. El endurecimiento de las sanciones para servidores públicos es uno de los ejes de la reforma. La posibilidad de aumentar las penas hasta en una mitad coloca a este grupo en un régimen agravado frente al resto de los imputados. Además de la pena privativa de libertad, el dictamen contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Así se busca limitar la reincorporación de personas sancionadas al servicio público. La inclusión de funcionarios dentro de un esquema de sanción agravada responde a la preocupación por el uso de estructuras institucionales para facilitar la integración de recursos ilícitos en la economía formal. En la exposición de motivos, el documento señala que el lavado de dinero representa un riesgo para la estabilidad económica y la seguridad pública al permitir que recursos de origen ilegal se integren al sistema financiero. Con la ampliación del tipo penal, las autoridades estatales buscan contar con herramientas más amplias para perseguir este delito, especialmente cuando la participación no es directa o se realiza mediante terceros. Así las cosas.

15 de Abril de 2026 / 22:30:03

Twittear

MEMORANDUM 3.- Vaya caso, la Secretaría de Salud federal confirmó que 14 veracruzanos sufren infecciones debido a la larva del gusano barrenador, que se alimenta de tejido vivo, lo que significa que éste ya no solo ataca al ganado en la entidad. De este modo, Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en contagios humanos, apenas por debajo de Chiapas, Yucatán y Oaxaca. A nivel nacional, aunque muchos asocian la plaga con los ranchos, el reporte oficial advierte que el 32% de los contagios ocurrió en zonas urbanas y casi la mitad de los pacientes ni siquiera tuvo contacto con animales. El riesgo está en cualquier herida abierta donde la mosca pueda depositar sus huevos. La plaga ya afecta a aproximadamente entre 10 y 15 municipios del estado. Veracruz suma estas cifras a un acumulado nacional de 229 casos, donde el 72% de las víctimas son hombres. La velocidad del brote preocupa a las autoridades sanitarias porque el salto de lo rural a lo urbano apuntan a que las medidas de control en los ranchos ganaderos no han sido suficientes para frenar la expansión de la larva. La enfermedad, conocida como miasis por Cochliomyia hominivorax en humanos, ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en lesiones de la piel o mucosas. Las larvas emergen y penetran la carne para alimentarse, provocando dolor intenso, inflamación y fiebre. Si no se recibe atención médica rápida para extraer los gusanos y limpiar la herida, la infección puede causar daños graves en los tejidos y complicaciones en todo el cuerpo. La prevención consiste en mantener heridas limpias, evitar exposición a moscas y acudir a atención médica. En el país, 229 casos fueron confirmados, distribuidos en al menos 12 entidades federativas. Veracruz representa el 6% de los casos confirmados. El registro ubica al estado por debajo de Chiapas, que reporta 120 casos, así como de Yucatán con 23 y Oaxaca con 20. Veracruz (14 casos) se sitúa por encima de Guerrero y Quintana Roo, con 12 casos cada uno. Otros estados presentan cifras menores: Campeche y Tabasco reportan 8 casos cada uno, Puebla 5, San Luis Potosí 3, y México y Michoacán 2 casos respectivamente. Veracruz es cuarto lugar nacional en infecciones por miasis. El reporte establece que el primer caso confirmado se identificó en la semana epidemiológica 15 de 2025. Durante 2025 se registraron 164 casos probables y 117 casos confirmados, lo que representa el 71%. Para 2026, con corte a la semana epidemiológica 13, se reportan 189 casos probables y 112 casos confirmados, equivalentes al 59%. El análisis por grupo de edad indica que las personas de 60 años o más concentran el 61% de los casos confirmados. La edad promedio es de 54 años, con un rango entre 12 y 93 años. Salud federal indicó que el 46% de los casos reportó antecedente de contacto con animales, mientras que el 54% no refirió contacto. Entre los casos con exposición, predomina el contacto con caprinos y caninos.

15 de Abril de 2026 / 22:14:35

Twittear