Magistrado de Ciudad Victoria hace uso de su cargo para amenazar a su exesposa con quitarle a su hijo; pese a violencia vicaria el sistema lo respalda
MEMORANDUM 3.-
Oribel Soria Reyes lleva tres años defendiendo la guarda y custodia de su hijo menor de edad, MBCS, quien está diagnosticado con autismo, discapacidad intelectual y auditiva, así como problemas de lenguaje, frente al poder que ostenta su ex marido, el magistrado Samuel Mithzael Chávez Marroquín, de la sala regional del Golfo-Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A pesar de ser víctima de violencia vicaria, ningún agente del Ministerio Público o juez del estado de México ha querido atender su caso, debido al carga que tiene su exesposo. Oribel, quien tiene 50 años y es maestra de primaria de doble turno, explica que desde que se divorció, en 2022, padece vulneración de los principios de imparcialidad, objetividad y protección jurisdiccional, lo cual ha afectado gravemente a su hijo de 15 años, quien, en diversos juicios, ha sido sometido a situaciones de estrés por falta de protocolos adecuados y apegados al interés superior del menor. Su ex cónyuge le ha abierto procedimientos judiciales por alienación parental, guarda y custodia y por falsedad en declaraciones. Dice que la amenazó. “Te voy a quitar a mi hijo, no lo vas a volver a ver, tengo dinero y contactos. Nadie te va a hacer caso”. Dos días después, la acusó de otros presuntos delitos. Oribel recuerda que conoció a su ex marido mediante una aplicación en 2003, su noviazgo duró cuatro años y medio y se casaron el 21 de febrero de 2007, fue cuando se dio cuenta de sus infidelidades. Cuenta que él abandonó el hogar cuatro veces, aunque les había dicho que todos se irían a vivir a Tamaulipas, donde él tendría un nuevo puesto en el Poder Judicial. “La última vez se fue de un día para otro. Me inventó cosas. Le dijo a nuestro hijo que yo no lo quería y que lo había corrido. Decía muchas cosas malas de mi persona, y para entonces yo no sabía que era violencia vicaria”. Al iniciar el divorcio, Oribel se sorprendió porque lo primero que hizo su ex esposo fue pedir la guarda y custodia del menor, aunque ella la tenía provisional: “Declaró un montón de mentiras. Dijo que yo lo había corrido, tomó fotografías de bolsas de ropa. Yo tenía una abogada que no me defendió y creo que se vendió con él porque no demandó pensión compensatoria”. Añade: “El día de la primera audiencia se victimizó y solicitó las convivencias en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), pero yo, de tonta, pedí que se llevaran a cabo por fuera. Fue peor porque empezó a inventarme cosas, como que si el niño estaba flaquito, que llevaba ropa desgastada, que necesitaba dentista. De hecho, mi hijo llegaba muy enojado conmigo y tardaba como dos días en quitarle el malestar. Me puso como mala madre delante de la jueza”. En 2021 el menor fue diagnosticado con autismo: “Estuvo en el diagnóstico, pero dijo que no era autismo y solicitó exámenes. Durante las convivencias lo fue manipulando en mi contra, acusándome de todo tipo de cosas, sin respetar los rituales de mi hijo por su autismo”. Luego apareció la novia del magistrado. “Le decían que ya se iba a vivir con ellos, con los dos hijos de ella y que todos iban a ser una familia. A veces, los dos se iban de fiesta y a mi hijo lo ponían a cuidar al niño chico de la novia, y se quejaba”. Explica que el vinculo hijo-padre se rompió poco a poco debido a la “torpeza” del padre. La jueza Claudia Irasema Cabañas Herrera, del juzgado primero familiar del distrito judicial de Ecatepec, solicitó a ambos progenitores ya no tener contacto entre sí y les dijo que todo iba a llevarse a través del juzgado. “A continuación, él pidió cuentas de lo que costaba mantener al menor. Luego negó que éste tuviese autismo, pero después, como ya no le convino, pidió que se le hiciera un diagnóstico sicológico y que yo fuera a terapia. La jueza Cabañas Herrera le concede todo lo que él pide y a mí me niega todo lo que solicito”. Afirma también que el juez Raúl García Camacho, decimocuarto de distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, le rechaza todos los amparos en los que solicita no se hagan tantos y exhaustivos diagnósticos sicológicos al menor ni se concedan las convivencias de tránsito por las amenazas de su ex marido de no devolversélo. Narra que debido a que su hijo no quería ver a su papá, dejo de llevarlo cinco meses a las convivencias. Luego citaron al menor y salió diciendo que la jueza no lo escuchó y que no le creyó. Salió muy afectado, hasta fiebre le dio, y ahí mismo lo tuvieron que atender en el tribunal. Añade: “Luego, la jueza me regañó diciendo que lo estoy alienando y que mi hijo estaba muy manipulado. La sicóloga del Ministerio Público dice que no tiene autismo, sino síndrome de Asperger, lo que es otra mentira”. Las convivencias de dos horas continuaron en el Cecofam, pero Oribel argumenta que su ex esposo seguía manipulando: “Cualquier cosa que decía mi hijo, la metía al juzgado. Realmente comprendí que no era conveniente que siguiera viendo a su padre. Lo intenté por fuera y luego en el sistema, pero fue inútil. Seguía inventado cosas para quitármelo”. Cuenta que el hombre solicitó reducir la pensión, a pesar de que gana 156 mil pesos mensuales: “Ahorita le quitan 20 por ciento. Su plan es quitarme a mi hijo y la guarda y custodia porque no quiere dar pensión. Le duele mucho el dinero”. Comenta que cuando se ex esposo se convirtió en magistrado la jueza cambió. “En cuanto él le mandó su nombramiento, en automático, ella cambió conmigo y se puso a favor de él”. Oribel afirma que a pesar de haber denunciado a su ex esposo por violencia familiar, la jueza Cabañas Herrera autorizó convivencia de tránsito al padre de su hijo: “Aún cuando tengo medidas de protección y hay una denuncia de violencia, la jueza concede las convivencias y todo, a pesar de que hay una amenaza verbal y por escrito de que se quiere llevar al menor”. Angustiada, demanda que el Poder Judicial comprenda todas las aristas de su caso. “Pido que no me quiten a mi hijo. Tengo miedo de que las convivencias de tránsito se las autoricen, a pesar de que he metido amparos y todos me los ha rechazado el juez de Naucalpan y solicita que me multen. Me han aplicado multas de 10 mil pesos, y ya inventó que estoy violentado al menor. “Es un esquema que usan algunos hombres para no regresar a los hijos después de las convivencias. Es el mismo modus operandi de la violencia vicaria que sufrimos miles de mujeres en México”, subraya.