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Veracruz, sexto lugar nacional con mayor número de personas inscritas en Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el estado de Veracruz registra 127 personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias por incumplir con el pago de pensiones destinadas a sus hijas e hijos. La cifra ubica a la entidad entre los estados con mayor número de casos en el país. Según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en México existen 6 mil 318 personas incorporadas a ese padrón, luego de que una autoridad judicial determinó el incumplimiento de la obligación alimentaria y ordenó su inscripción formal en el registro. Las estadísticas nacionales colocan a Aguascalientes en el primer lugar con mil 285 casos; seguido del Estado de México con mil 75; Michoacán con 714; Oaxaca con 219, y Zacatecas con 211. Con 127 personas inscritas, Veracruz se ubica después de esas entidades en el sexto lugar con mayor número de registros acumulados. El padrón incluye únicamente a personas cuya omisión en el pago de la pensión alimenticia fue acreditada mediante un proceso judicial. La incorporación al registro ocurre cuando un juez determina el incumplimiento y ordena formalmente la inscripción de la persona deudora. Al respecto, el DIF nacional señaló que el registro no presenta un desglose por sexo, por lo que no es posible identificar cuántas de las personas inscritas son hombres o mujeres. La información disponible se limita al número total de casos registrados por entidad federativa y al total nacional de personas incorporadas. La dependencia informó además que 237 personas han sido retiradas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en el país después de regularizar su situación y cumplir con las obligaciones establecidas por la autoridad judicial. La salida del padrón se realiza únicamente cuando se acredita el cumplimiento de la resolución correspondiente. La inclusión en el registro genera efectos administrativos para quienes aparecen en él. Entre ellos se encuentra la imposibilidad de obtener el Certificado de No Deudor Alimentario, documento que en distintos estados del país ha comenzado a solicitarse para la realización de trámites oficiales, entre ellos la expedición o renovación de licencias de conducir. De acuerdo con el DIF nacional, la exigencia de ese certificado ha derivado en la emisión de 437 mil 204 constancias durante los primeros meses del año en todo el país. La institución señaló que no dispone de un desglose que permita identificar cuántos de esos documentos fueron expedidos en Veracruz. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue creado como un mecanismo para garantizar el cumplimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir sustento. Cada inscripción en el padrón implica que una autoridad judicial determinó previamente la existencia de incumplimiento en el pago de la pensión. Sin embargo, organizaciones civiles han señalado que el procedimiento para lograr la inscripción de una persona deudora puede prolongarse debido a los procesos judiciales requeridos para acreditar la omisión en el cumplimiento de la obligación alimentaria. Así las cosas.
Reconoce funcionaria del Congreso local rezago de 199 municipios en la entrega de documentos financieros
MEMORANDUM 2.- Aunque la fecha límite es el 30 de abril, Alma Leticia Patiño Gabriel, secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado, informó que, con corte al 28 de febrero, la recepción de documentos ha sido mínima. Si bien evitó señalar directamente a los entes omisos, señaló que "es hora y fecha que al día de hoy, te doy el último corte del 28 de febrero, hemos recibido 13 de 212. Entonces, todavía falta; tienen ellos el plazo hasta el 30 de abril", puntualizó. Más allá de la dilación en la entrega, la Secretaría de Fiscalización precisó que hay anomalías recurrentes en la integración de los estados financieros. Manifestó que el principal problema radica en el "desaseo" de las balanzas de comprobación, donde se acumulan saldos de años anteriores que no han sido debidamente solventados. "Muchas veces lo que detectamos es que en sus balanzas de comprobación tienen una balanza un poquito muy sucia. ¿Por qué? Porque traen muchos saldos de ejercicios anteriores. y el contralor muchas veces no hace el trabajo de seguimiento a ese tipo de saldos", afirmó. Una vez recibidas las cuentas, el Congreso del Estado activa un protocolo de fiscalización que inicia con la verificación de los requisitos técnicos contenidos en la guía oficial. Posteriormente, la documentación se remite a la Comisión de Vigilancia, la cual se encarga de turnarla al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para el inicio de las auditorías externas. Patiño Gabriel aclaró que, mientras el Congreso supervisa la información financiera del ejercicio en curso, el ORFIS actúa de manera posterior. "Nosotros, el Congreso, hace las observaciones del ejercicio presente y el ORFIS lo que hace es la auditoría de un ejercicio posterior; por ejemplo, ellos van a auditar apenas el 2025", destacó. Los ayuntamientos rezagados tienen hasta el próximo 30 de abril para regularizar su situación ante el Poder Legislativo, antes de que el proceso pase a las instancias auditoras correspondientes. Así las cosas.
Lamenta sacerdote creciente inseguridad en el sur de Veracruz que ha obligado a familias y comerciantes a abandonar la ciudad
MEMORANDUM 3.- En la otra cara de la moneda de la problemática social de la entidad, el presbítero de la Catedral de San José, Donaldo Antonio Blanco, lamentó que la creciente inseguridad en el sur de Veracruz está obligando a familias y comerciantes a abandonar la ciudad para buscar refugio en otros estados del país. El sacerdote católico señaló que la violencia y delitos como la extorsión, el secuestro, los asesinatos y los robos han generado un clima de temor entre la población, situación que ha llevado a varios feligreses a tomar la difícil decisión de emigrar para poder vivir con mayor tranquilidad. El presbítero explicó que la Iglesia ha sido testigo de cómo diversos negocios han tenido que cerrar sus puertas y familias completas han dejado la ciudad tras haber sido víctimas de la delincuencia o por el temor de convertirse en blanco de algún delito. “Cuántos fieles nuestros no han tenido que emigrar a otros estados donde haya un poco más de seguridad para poder estar bien. Hemos visto cómo cierran muchos negocios o familias que han sufrido por el secuestro y se tienen que ir, y eso es lamentable”, aseguró. Donaldo Antonio Blanco reconoció que esta situación genera un profundo dolor en la comunidad, ya que muchas personas se ven obligadas a dejar su patrimonio, su trabajo y su entorno con tal de salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos. Ante este panorama, la Iglesia exhortó a generar acciones de seguridad en la ciudad y garantizar condiciones que permitan a las familias vivir sin miedo. Destacó que la solución a esta problemática también requiere de la participación activa de la sociedad, por lo que la Iglesia continuará trabajando desde su ámbito en la formación de valores y la evangelización de niños, adolescentes y jóvenes. Por último, Donaldo Antonio Blanco reiteró que, además de exigir mejores condiciones de seguridad, es necesario fortalecer la unión entre los ciudadanos y mantener la oración para que la paz regrese a la ciudad.

 

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