Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en medio de una severa crisis de inseguridad y fuerte presencia de grupos delictivos: expertos MEMORANDUM 1.- En un contexto marcado por una severa crisis de inseguridad, una descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada y a unas semanas del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno federal implementa el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, mientras a escala nacional, en septiembre de 2025, 63.0% de la población de 18 y más consideró vivir inseguro en su ciudad, en Morelia, 76.0% de la gente se sentía insegura y en Uruapan 82.6%. A escala de entidad federativa esta cifra es de 80.9%. Si bien en Uruapan bajó la percepción de inseguridad respecto de junio de 2025, cuando 89.5% se sentía inseguro, el indicador se encuentra por encima del promedio nacional. En tanto, la incidencia delictiva, es decir, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, en 2024 se ubicó en 23,819 y es la cifra más alta desde 2017. La extorsión se ubicó en 2024 en 4,346 delitos por cada 100,000 habitantes. En este caso los registros indican que es el menor de los últimos 15 años. Entre 2014 y 2016, eran superiores a 9,000. El Inegi calcula que, en 2024, el costo de la inseguridad y el delito en hogares ascendió a 10,000 millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 7,643 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. De igual forma, se estima que en 2024, en Michoacán se denunció 9.6% de los delitos, y de esos el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 67.2% de los casos. La cifra oculta en el estado corresponde a 93.6% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Por otra parte, actualmente, 51.9% de la población del estado confía en la policía estatal, 52.2% en la policía preventiva municipal y 52.4% en los jueces. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Michoacán hay 7,337 personas en esa situación. En este contexto, buena parte de la inseguridad se explica por la descomunal presencia de organizaciones de la delincuencia organizada. De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Michoacán es escenario de una hiperfragmentación de grupos de la delincuencia organizada, lo que ha ocasionado la coexistencia de 17 organizaciones de diferentes tamaños. Explicó que en los 113 municipios que integran la entidad hay presencia de al menos una organización. El reconocido investigador llamó la atención sobre que muchas de esas organizaciones tienen entre sus actividades ilegales la extorsión en distintas modalidades, lo cual afecta a prácticamente todas las actividades económicas. El hecho de que haya muchas bandas criminales coexistiendo ha generado que muchas de ellas se inmiscuyan en asuntos políticos de distintas maneras, desde financiamiento de campañas electorales, compra de votos, asesinar aspirantes y candidatos a puestos de elección popular, así como operadores políticos. En el ámbito político, Alberto Guerrero Baena, Consultor especializado en políticas públicas en materia de seguridad y movimientos sociales, destacó que el hecho de que el gobierno estatal y la mayoría de los municipales son surgidos de Morena, no garantiza que vaya a haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Primero, porque no ha existido jamás y, luego, porque al interior de ese partido político hay una serie de grupos confrontados. El grupo político del senador, Raúl Morón Orozco y exaspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado; el diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy; el diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, son figuras importantes de la facción dominante en Michoacán y está confrontado con el que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien tuvo que tejer una serie de alianzas desde 2021 para ganar la gubernatura, por ejemplo, con el grupo del exdiputado federal, Carlos Torres Piña. Al inicio de la actual administración, Torres Piña fue nombrado secretario general de Gobierno, luego fue impulsado como candidato a la presidencia municipal de Morelia, pero perdió frente al PAN y regresó a la secretaría de Gobierno y posteriormente, en julio de 2025, fue designado por el Congreso como Fiscal General del Estado de Michoacán. Como se recordará, en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbó la candidatura a la gubernatura de Raúl Morón Orozco, por lo que entró al relevo el actual gobernador quien ahora impulsa como posibles candidatas al gobierno estatal a la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladiz Butanta Macías; a la secretaria de Educación, Gabriela Desireé Molina Aguilar y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Fabiola Alanís. En tanto, el senador Raúl Morón Orozco construye nuevamente su postulación para las elecciones de 2027. Para Alberto Guerrero Baena, lo relevante es el arraigamiento de la gobernanza criminal en diferentes regiones de la entidad. Los cárteles se han incrustado en las estructuras de los gobiernos municipales como las que controlan los padrones de comerciantes, obra pública desde donde articulan un esquema de negocio criminal que se suma a sus otras actividades ilícitas. El problema es que ante la debilidad institucional los presidentes municipales pueden hacer poco ante las organizaciones criminales que ejercen la extorsión y violencia de diversos tipos, incluidas las ejecuciones. Por otra parte, destacó que el Plan Michoacán que ha comenzado a implementarse en esa entidad, se diseñó desde el centro del país, es decir, desde el gobierno federal y no desde el estado, que es el que padece la difícil situación de inseguridad. En su opinión, si se tratara de un plan de acción producto de un trabajo de inteligencia adecuado, implementarían acciones de seguridad fortalecidas con acciones de inteligencia financiera para cortar el flujo de recursos económicos hacia las organizaciones criminales. Para el académico, el plan que se implementa hoy es un cúmulo de los planes anteriores: El "Operativo Conjunto Michoacán", puesto en marcha por el presidente Felipe Calderón; el "Plan Michoacán", impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y el "Plan de Apoyo Michoacán", que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Combina un amontonamiento de fuerzas armadas, pero tiene dos problemas, primero no se sabe cuánto tiempo se van a quedar y, segundo, la sola presencia no va a acabar con la delincuencia organizada. Por otra parte, subrayó que a lo largo y ancho del territorio estatal se viven diferentes realidades, las cuales tienen que ver con una serie de particularidades que hacen difícil que prospere una sola estrategia para generar condiciones de seguridad. Una cosa son las expresiones de violencia y los factores que las generan que se ven en municipios como Uruapan, Zamora o Morelia y otra lo que ocurre en otras regiones de la entidad. En ese aspecto, el académico Víctor Sánchez Valdés, afirmó que tal como ocurrió con la implementación de los anteriores planes Michoacán, lo que puede ocurrir es que en lo inmediato seguramente sí habrá una disminución de la incidencia delictiva, pero lo realmente importante es que se desarrollen capacidades institucionales locales que permitan generar condiciones de seguridad duraderas, como el fortalecimiento de las policías e instancias de procuración e impartición de justicia. Destacó que para que eso ocurra, primero es necesario limpiar los cuerpos policiacos y, en general las instituciones actuales de la influencia de grupos delictivos. Recordó que cuando salieron del estado las fuerzas federales enviadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en su “Plan Michoacán”, se fueron fortaleciendo las facciones que surgieron de Los Caballeros Templarios ganando los espacios que dejaron libres las fuerzas armadas. “Un error que no podemos volver a cometer es pensar que una vez que supuestamente limpien la zona no van a resurgir organizaciones u otras no van a tomar los espacios que se dejarán libres”, concluyó.
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Nueve de las 10 Afores que operan en el país reducirán la comisión que cobran a usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro en 2026 MEMORANDUM 2.- Con excepción de PensiónISSSTE, nueve de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) que operan en el país reducirán la comisión que cobran a los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por el manejo de sus recursos en 2026. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las administradoras disminuirán su tarifa de 0.55% a 0.54%. En el SAR hay 69.1 millones cuentas (dato a septiembre), de las cuales 66.6 millones son manejadas por las nueve afores que cobrarán menos a los usuarios a partir del próximo año. De este modo, la comisión promedio del SAR se reducirá de 0.547% a 0.538% de 2025 a 2026. Es decir, por cada 1,000 pesos que tienes en tu cuenta para el retiro, el costo de administración será de 5.38 pesos. ¿Qué es la comisión de las afores? Es el porcentaje anual del saldo de tu cuenta individual que se cobra por administrar, resguardar e invertir tus ahorros para el retiro. Las empresas del sector usan estos recursos para cubrir sus gastos operativos, como el personal, la tecnología y la publicidad, y para realizar inversiones que generen rendimientos para los trabajadores. En 2022 se puso en marcha un tope a estas tarifas que cobran las afores, tras la aprobación de una reforma al sistema pensionario, un hecho que fue criticado y considerado como un riesgo para el ahorro de los trabajadores, ya que las administradoras, al tener menos recursos para operar, podrían sacrificar la calidad de su servicio. De 2008 a 2021, antes de dicha reforma, la media de las comisiones que cobran las afores pasó 1.929% a 0.808%, lo que significó un descenso a una tasa anual promedio de 6.5%, destacó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. A su vez, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) expuso —en un informe— que la reducción de las comisiones asegura que un mayor porcentaje del dinero de los trabajadores se invierta efectivamente para su futuro, sin ser erosionado por altas tarifas administrativas. Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló a través de un análisis que esta disminución aumentaría la cantidad de recursos ahorrados por los trabajadores en el largo plazo, lo que les permitiría acceder a una pensión mayor, al menos en un primer momento. Al respecto, la Consar informó que la disminución de las comisiones para 2026 permitirá un ahorro adicional para los trabajadores de 6,900 millones de pesos, que sumará un ahorro total de 214 mil millones de pesos al 2031. Si consideramos que hay 66.6 millones de cuentas en las nueve empresas que bajarán los costos tarifarios a sus clientes, el beneficio promedio de los 6,900 millones de pesos es de 104 pesos, aproximadamente. En 2024, las afores registraron ingresos por comisiones de 34,800 millones de pesos, 9.4% más que un año antes. Así quedarán las comisiones en 2026: Azteca 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Banamex, 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Coppel 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Inbursa 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Invercap 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Principal 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Profuturo, 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; Sura 2025: 0.55%, 2026: 0.54%; XXI Banorte, 2025: 0.55%, 2026: 0.54%, y PensiónISSSTE, 2025: 0.52%, 2026: 0.52%.
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Actividad de fábricas estadunidenses registró en noviembre el menor crecimiento en 4 meses debido a aranceles MEMORANDUM 3.- Una mala señal el hecho de que la actividad de las fábricas estadunidenses haya registrado en noviembre el menor crecimiento en cuatro meses, ya que el aumento de los precios debido a los aranceles sobre las importaciones frenó la demanda, lo que provocó una acumulación de bienes sin vender que podría obstaculizar el crecimiento de la economía en general. En ese tenor, S&P Global reportó el pasado viernes que su índice PMI manufacturero de Estados Unidos cayó de 52.5 puntos en octubre a 51.9 este mes. Una lectura por encima de 50 indica crecimiento en el sector manufacturero, que representa 10.2 por ciento de la economía. Pese a ello, el presidente Donald Trump ha defendido sus aranceles generalizados como necesarios para ayudar a reactivar el sector manufacturero. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PMI manufacturero se situara en 52.0 puntos. La medida de la encuesta de nuevos pedidos recibidos por las fábricas cayó de 54.0 en octubre a 51.3 en noviembre, mientras que el inventario fue el más alto en la historia de la encuesta. “Los fabricantes comunicaron una preocupante combinación de ralentización del crecimiento de los nuevos pedidos y un aumento récord de las existencias de productos terminados”, aseguró Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence. “Esta acumulación de inventarios sin vender apunta a una menor expansión de la producción fabril en los próximos meses, a menos que se reactive la demanda, lo que a su vez podría repercutir en un menor crecimiento de muchas industrias de servicios”. Sin embargo, aún no ha habido repercusiones, ya que la actividad empresarial ha vuelto a repuntar este mes. El índice compuesto de producción PMI de Estados Unidos, que recoge los sectores manufacturero y de servicios, aumentó de 54.6 en octubre a 54.8. Las empresas de servicios compensaron la desaceleración del sector manufacturero, y el PMI subió a 55.0 desde 54.8 en octubre. La medición de los nuevos pedidos recibidos por las empresas aumentó a 55.0 frente a 53.6 del mes pasado. S&P Global observó una notable mejora de la confianza de cara al año que viene, que atribuyó a las expectativas de más recortes de las tasas de interés, al final de un cierre del gobierno de 43 días, así como a la “menor preocupación por el entorno político y a las esperanzas de un mayor apoyo político a las empresas”.
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