Damnificada reporta muerte de un bebé durante inundaciones en el municipio de Álamo; Denuncia Antorcha Campesina presunto secuestro de integrante del Comité Estatal, en Úrsulo Galván MEMORANDUM 1.- Según el testimonio de una mujer de la colonia Guanajuato, municipio de Álamo, entre las víctimas mortales de la inundación en ese municipio, se encontraría un bebé, cuyo cuerpo no habría sido rescatado a tiempo y comenzó a ser devorado por zopilotes. A través de un video que circula en redes sociales se ha difundido el testimonio de una de las mujeres damnificadas quien dio a conocer la muerte de un bebé que horas después habría sido rescatado por los Topos de la Ciudad de México. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado ni desmentido esta situación. Tampoco se ha revelado la identidad del pequeño o su familia. El testimonio ha conmocionado a la población de ese municipio del norte del estado, donde se registraron varias víctimas mortales durante la inundación del pasado 9 y 10 de octubre…LA TARDE de este miércoles se reportó el presunto secuestro del ingeniero Honorio Piña Mina, integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina, en el municipio de Úrsulo Galván. De acuerdo con lo informado por la agrupación, los hechos se registraron alrededor de las 2:00 de la tarde cuando tres sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo gris sacaron por la fuerza al ingeniero Piña Mina de su casa-oficina, ubicada en la colonia Tecomatlán del citado municipio, sobre el tramo que conduce de la cabecera municipal hacia la zona turística de Chachalacas. Antorcha Campesina señaló que esta situación se registra a pocos días de celebrarse el aniversario del trabajo antorchista en el municipio, donde se realizaría una concentración y un evento político-cultural, por lo que no descartan que el ataque tenga motivos políticos. “Exigimos la urgente intervención del Gobierno de Veracruz y de la Fiscalía del Estado para que den con el paradero de nuestro compañero dirigente y lo encuentren sano y salvo”, indicaron los integrantes del Movimiento Antorchista. De igual forma, señalaron que una comisión acudiría este miércoles, a las 6 de la tarde, al Palacio de Gobierno en Xalapa, con el objetivo de solicitar audiencia con autoridades estatales.
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Un 63% de las personas con diabetes padecen depresión o ansiedad a causa de la enfermedad, necesaria atención psicológica MEMORANDUM 2.- Las personas que viven con diabetes mellitus, además de cuidar su salud física, también deben enfocarse en atender su salud emocional, ante una enfermedad que bien manejada permite llevar una vida completamente normal, pero que de alguna manera no deja de generar ansiedad en estos pacientes. Esto, debido a que con base en información de la Federación Internacional de Diabetes (FID), se ha encontrado que hasta un 63 por ciento de las personas con diabetes afirman que el miedo a desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes afecta su bienestar, en tanto que hasta un 36 por ciento experimenta ansiedad relacionada con la diabetes, al tiempo de que un 28 por ciento encuentra difícil mantener una actitud positiva respecto a su condición. Para cientos de personas que viven con una enfermedad que es difícil de comprender, máxime si en sus etapas iniciales es asintomática y debido a ello, las personas no sienten o no consideran que estén enfermas, lleva que con el tiempo, cuatro de cada cinco personas experimenten agotamiento por diabetes y tres de cada cuatro hayan experimentado ansiedad, depresión y otro problema de salud mental debido a su diabetes. Además, se ha identificado que hasta un 75 por ciento de las personas que viven con esta enfermedad, confesaron que les gustaría recibir más apoyo para su bienestar emocional y mental por parte de quien les brinda atención médica. En este sentido, Mariana Buss, gerente médica para embecta Latinoamérica, resaltó que vivir con diabetes puede llegar a ser un verdadero desafío, pero nadie dimensiona ni sabe realmente qué tanto, hasta que lo experimentan en carne propia. Es fundamental, expresó, reconocer las preocupaciones de estos pacientes, para crear consciencia del impacto que tienen en el control y manejo de su condición, por lo cual, cobra mayor relevancia adoptar introducir hábitos que ayuden a mantener el equilibrio emocional y físico del paciente. Al respecto, ejemplificó, dedicar unos minutos al día a la meditación o mindfulness puede ayudar a bajar los niveles de estrés y ansiedad, sobre todo, subrayó, antes y después de la inyección de insulina, lo que ayudará a que haya una mejor disposición para seguir el tratamiento, porque no se trata sólo de aplicar una inyección, sino de sostener un tratamiento que puede ser emocionalmente desgastante. Otra práctica, es la terapia psicológica o consejería profesional: “hablar con un especialista permite procesar miedos, frustraciones y encontrar estrategias personalizadas para seguir adelante” y favorecerá la motivación y evita decisiones impulsivas que afecten la salud.
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Denuncia ciudadano a Rocío Nahle por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, omisión de auxilio y deber legal de protección y delitos cometidos por servidores públicos por negligencia que deriven en daño o riesgo a la vida o integridad de terceros MEMORANDUM 3.- Un ciudadano residente de Xalapa identificado como Juan Hernández Salazar, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Rocío Nahle García, “en su carácter de servidora pública de alta jerarquía en el Estado de Veracruz, responsable de la coordinación y supervisión de políticas de seguridad, protección civil y auxilio ciudadano”, por negligencia en el ejercicio de sus funciones y/o lo que resulte, con fundamento en los artículos 8, 17, 20 apartado C y 109 fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 131, 132, 133, 134 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 319, 320, 323, 324 y correlativos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”. La denuncia refiere que entre los días 6 y 9 de octubre de 2025, se registraron lluvias torrenciales en la zona norte del Estado de Veracruz, que ocasionaron desbordamientos de ríos, deslaves y anegamientos severos, particularmente en el río Cazones, afectando principalmente a los municipios de Poza Rica, Álamo Temapache, Tihuatlán, Cazones de Herrera, El Higo, Texcatepec y Zacualpan. Sin embargo “a pesar de los reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los avisos preventivos emitidos desde el 6 de octubre, la autoridad estatal no activó oportunamente los protocolos de emergencia ni emitió órdenes de evacuación inmediata, lo que derivó en pérdidas humanas y materiales de gran magnitud”, sostiene el denunciante. En su denuncia, refiere que, de acuerdo con reportes de medios nacionales y locales, al menos 37 municipios fueron afectados. “En Poza Rica, las colonias Morelos, La Quebradora y Fraccionamiento Chapultepec quedaron cubiertas por lodo; viviendas con daños estructurales, muebles y vehículos arrastrados por la corriente. En El Higo, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec y Zontecomatlán se registraron 46 comunidades incomunicadas”. Afirma que las inundaciones duraron más de 72 horas, con colapso de muros, pérdida total de enseres domésticos, documentos personales y vehículos. “Cifras oficiales indican 32 fallecidos y 14 personas no localizadas; reportes periodísticos elevan el número a 34 muertos y 14 desaparecidos. A nivel nacional se estiman más de 100 000 viviendas dañadas, siendo Veracruz el estado más afectado”, sostiene. En ese tenor, con relación a las omisiones y responsabilidad de la denunciada, Hernández Salazar afirma que ella tenía el deber jurídico de prevenir y atender contingencias en materia de protección civil; Coordinar las dependencias estatales y municipales para garantizar la seguridad de la población; Emitir alertas y avisos oportunos a la ciudadanía y Facilitar el acceso a la ayuda humanitaria sin condicionamientos ni manipulación política. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue tardía y desorganizada; Se obstaculizó el ingreso de ayuda ciudadana para monopolizar la distribución bajo logos oficiales; No se activaron mecanismos de alerta temprana, ni se realizó evacuación oportuna. “Estas omisiones, conforme a lo dispuesto en los artículos 319 y 320 del Código Penal de Veracruz, configuran el delito de ejercicio indebido del servicio público, y, en su caso, abuso de autoridad y delitos por omisión con resultado lesivo o de riesgo, previstos en los artículos 323 y 324 del mismo ordenamiento. Hernández Salazar afirma que los hechos podrían constituir los delitos de: 1. Ejercicio indebido del servicio público (art. 319 CP Veracruz); 2. Abuso de autoridad (art. 320 CP Veracruz); 3. Omisión de auxilio y deber legal de protección (arts. 323 y 324 CP Veracruz) y 4. Delitos cometidos por servidores públicos por negligencia que deriven en daño o riesgo a la vida o integridad de terceros. Todo ello en relación con los artículos 109 y 134 de la Constitución Federal y 21 de la Constitución del Estado de Veracruz, que imponen a las autoridades la obligación de salvaguardar la vida, la integridad y los bienes de los gobernados. El denunciante aporta diversas pruebas, tales como: 1. Documental oficial: Comunicado “Despliegue de atención inmediata en zonas afectadas por el desbordamiento del Río Cazones”, 10/oct/2025 (Gobierno del Estado). 2. Periodística: Reportaje “El Río Cazones vuelve por Ricardo…” (El País, 14/oct/2025). 3. Periodística: Artículo “Inundaciones en Veracruz: en estos cinco municipios murieron y desaparecieron las víctimas” (La Silla Rota, 16/oct/2025). 4. Listas de municipios afectados: N+ (17/oct/2025). 5. Reporte de víctimas: Latinus (18/oct/2025). 6. Fotográfica y audiovisual: Imágenes y videos de colonias inundadas en Poza Rica (OEM/Diario de Xalapa, 14 oct/2025). 7. Testimonial: Se ofrecerán declaraciones de damnificados y voluntarios que presenciaron la falta de respuesta inmediata y la manipulación de la ayuda. Por lo anterior, Hernández Salazar pide que: 1. Se admita la denuncia y se inicie la carpeta de investigación correspondiente. 2. Se practiquen los actos de investigación siguientes: Requerimiento de bitácoras de Protección Civil Estatal y Municipal; Informe técnico de CONAGUA y CFE sobre los niveles de alerta; Declaración de la denunciada y servidores públicos involucrados; Inspección ocular y peritaje en las zonas afectadas; Preservación de evidencia digital (publicaciones, videos, mensajes). 3. Se dé vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 4. Se reconozca mi calidad de denunciante y coadyuvante del Ministerio Público.
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