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Jueces sin rostro representan un síntoma de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad sin sacrificar derechos, Alertan especialistas
MEMORANDUM 1.- Regulación de jueces sin rostro podría generar graves riesgos de inconvencionalidad, violaciones al debido proceso y una eventual oleada de nulidades, alertaron académicos, litigantes y expertos en materia judicial, durante los foros para analizar la propuesta sobre personas juzgadoras con identidad reservada en casos de delincuencia organizada. Durante el ejercicio convocado por la Comisión de Justicia, del Senado se advirtió que la iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales podría convertirse en un “parche legislativo” si no se integra a una reforma integral del sistema de justicia penal. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, subrayó que la identidad reservada de los jueces ya fue incorporada por el Constituyente, por lo que el debate no es si existe o no, sino cómo regularla sin romper la coherencia del sistema penal. Advirtió que proteger solo a jueces de control o de enjuiciamiento resulta insuficiente, ya que en los procesos por delincuencia organizada también intervienen jueces de amparo, tribunales colegiados e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Si la lógica es evitar presiones o riesgos, la protección tendría que extenderse a todos los operadores, no solo a algunos”, señala. Desde una perspectiva crítica, la penalista Mariana Cruz Castro sostuvo que la figura es inconvencional desde su origen, al contravenir estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el derecho a ser juzgado por un juez competente, imparcial y previamente identificado. Recordó los precedentes de Perú y Colombia, donde los juicios con jueces sin rostro derivaron en sentencias anuladas y condenas internacionales. “Reservar la identidad del juez coloca al imputado en estado de indefensión y rompe el equilibrio procesal”, afirmó, al tiempo que propuso fortalecer primero los mecanismos de protección existentes para juzgadores antes de avanzar hacia el anonimato judicial. El investigador Alberto Enrique Nava Garcés fue más contundente al señalar que los jueces sin rostro representan un síntoma de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad sin sacrificar derechos. Comparó el escenario con una “pesadilla kafkiana”, en la que el justiciable no sabe quién lo juzga ni bajo qué condiciones. Añadió que organismos como México Evalúa han rechazado esta figura por fomentar opacidad y debilitar la confianza en la justicia. Por ello, llamaron al Senado a integrar este debate en una reforma integral, cuidadosamente evaluada y alineada con estándares constitucionales y convencionales.
Productores de camarón acusan competencia desleal, esta llegando producto ilegal ecuatoriano, piden apoyo del gobierno
MEMORANDUM 2.- Representantes del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón (Conpac) denunciaron ingreso ilegal de este producto ecuatoriano al país, por lo que solicitaron al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, integrar una estrategia para la regeneración de la industria camaronera y los empleos que fomenta, afectados -indicaron- por la competencia desleal que representa dicha situación. En un comunicado, Conapesca informa que ambos sostuvieron una mesa de trabajo interinstitucional, coordinada por Salgado, tras la manifestación de los productores afuera de las oficinas centrales de la Comisión el pasado 29 de enero. Funcionarios de distintas dependencias del gobierno federal acordaron iniciar acciones para fortalecer la competitividad del sector, el consumo interno y el comercio internacional, así como para combatir el contrabando de camarón. Asimismo, se creó el compromiso de reforzar las medidas de sanidad para garantizar la inocuidad en los alimentos que produce el sector acuícola. Salgado refrendó el compromiso instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, de atender de forma directa a pescadores y acuacultores para conocer de primera mano sus necesidades y crear líneas de trabajo en conjunto para resolver de forma real sus problemáticas. A la reunión acudieron funcionarios de Conapesca; de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación, Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad, Agencia Nacional de Aduanas, Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Llaman a prevenir la violencia desde su origen, en los hogares, antes de que se normalice en las escuelas y se expanda a las comunidades
MEMORANDUM 3.- Con el Pacto para Poner Fin a Toda Forma de Violencia, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) llama a autoridades municipales a involucrarse contra los factores negativos que provocan que la violencia doméstica que envuelve a menores de edad no sólo no salga de casa, sino que no se geste. Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva de SIPINNA, encabezó en Atizapán de Zaragoza el Foro Estatal “Familias Sostenibles y Escuelas Positivas en el Estado de México”, donde convocó a presidentas y presidentes municipales, autoridades educativas y actores sociales a asumir una tarea impostergable: prevenir la violencia desde su origen, en los hogares, antes de que se normalice en las escuelas y se expanda a las comunidades, porque, indicó, este problema, el de la violencia, se alimenta de tres carencias que se entrelazan y se potencian: carencia de tiempo, carencia de afecto y carencia económica. La exdiputada local y federal por la CDMX explica que jornadas laborales extensas y traslados prolongados reducen la convivencia familiar y debilitan la detección temprana de señales de alerta en niñas, niños y adolescentes. Indicó que la pobreza de afecto deteriora los vínculos y sustituye el diálogo por gritos, humillación o castigos y la precariedad económica incrementa el estrés, la incertidumbre y la tensión cotidiana, elevando el riesgo de dinámicas de maltrato. Expresa: “La violencia familiar no es un asunto doméstico, es un problema público que se reproduce en el acoso escolar, en la violencia contra las mujeres y en la fragmentación del tejido social. Y si no atendemos la causa, seguiremos persiguiendo consecuencias”. Durante su intervención, Villavicencio advierte que México enfrenta uno de los padecimientos sociales más profundos como lo es la violencia que se aprende y se hereda. Reitera que una proporción significativa de madres y padres que ejercen violencia en el hogar fueron violentados durante su infancia, lo que confirma un círculo intergeneracional que debe romperse con políticas preventivas, no con discursos. Sin embargo, Villavicencio enfatizó que la crianza positiva no significa ausencia de autoridad, sino autoridad responsable: límites con respeto, comunicación efectiva, habilidades socioemocionales y empatía. Añadió que organismos internacionales han exhortado a los Estados a implementar programas de educación parental y que la evidencia muestra que fortalecer el diálogo familiar es una palanca concreta para combatir la “pobreza de afecto”. Por ello, llamó a que los municipios adopten agendas locales que recuperen el tiempo de calidad, reconstruyan el vínculo afectivo y fortalezcan la estabilidad material. Destaca que se impulsa el Pacto para Poner Fin a Toda Forma de Violencia como una hoja de ruta concreta para coordinar esfuerzos entre poderes públicos, órdenes de gobierno, escuelas, sociedad civil, sector privado y comunidades. “Este Pacto no es declarativo. Es un compromiso vivo para prevenir, atender y romper el ciclo intergeneracional de la violencia. Porque las niñas, los niños y las adolescencias necesitan respuestas hoy: deben saber que no están solas ni solos”, concluyó.

 

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