MEMORANDUM 1.- Luego de que el discurso de autoridad ha sido pisoteado por funcionarios de la Cuarta trasformación, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que busca eliminar privilegios en el servicio público y reforzar un modelo de gobierno austero. La iniciativa, conocida como “Plan B”, plantea que ningún funcionario pueda percibir un salario superior al de la titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, esta reforma responde a uno de los compromisos centrales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: reducir los excesos en el gasto público y redirigir recursos hacia obras, infraestructura y programas sociales. El dictamen contempla la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos privados pagados con recursos públicos y otras prestaciones consideradas innecesarias. Además, establece una reducción en el número de regidurías y sindicaturas, lo que, según lo aprobado, permitirá generar ahorros que serán destinados a los municipios. Como parte de las medidas, se fija también un tope presupuestal para los congresos estatales equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad, con el objetivo de evitar gastos excesivos y desigualdades. Se estima que estas acciones podrían generar un ahorro cercano a los 4 mil millones de pesos. Sosa Ruiz afirma que la aprobación de esta reforma representa “un paso firme” para reducir desigualdades y garantizar un uso más responsable de los recursos públicos, orientado al beneficio de la población. La legisladora reitera su compromiso de impulsar cambios que fortalezcan la austeridad, la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que el objetivo es consolidar un modelo de gobierno más equitativo y enfocado en el bienestar social.

27 de Marzo de 2026 / 16:44:33

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MEMORANDUM 2.- Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una suspensión definitiva concedida al consorcio turístico de Xcaret al determinar que ninguna empresa privada puede comercializar el patrimonio del Pueblo Maya sin el consentimiento de todas las comunidades. Con ello, la empresa deberá retirar esa simbología de su publicidad y de su sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). “Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación”, expresó: la ministra María Estela Ríos González al defender su proyecto que tumbó la medida cautelar. El debate del Pleno -en el que se reconoció que hubo presiones para frenarlo- se extendió por una hora con 43 minutos, aunque el proyecto de Ríos González sobre un recurso de revisión en incidente de suspensión fue aprobado por siete votos contra dos. Y es que la ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo una férrea defensa por mantener la suspensión a favor de Xcaret, al sostener que la empresa contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo (GCM) mediante un contrato por cinco años y una contraprestación de 15 millones de pesos para el uso y aprovechamiento del patrimonio cultural maya, lo que —afirma— acredita la apariencia del buen derecho sin afectar a la colectividad. Asimismo, cuestionó que, pese a tratarse únicamente de una medida cautelar, el Pleno se adelanta a prejuzgar el fondo del litigio e invalida de facto dicho convenio. Advirtió que retirar la publicidad impactaría de inmediato a la empresa y pondría en riesgo la materia del juicio, mientras que mantenerla no genera un daño concreto. Finalmente, contrastó que proyectos públicos como el Tren Maya utilicen símbolos culturales de la región para promover el turismo, lo que —argumentó— evidencia un trato desigual. “Entonces, yo les pregunto, para la utilización de este emblema, se requiere la autorización de indautor? Ahora, pues se usa el emblema sin la propia autorización de indautor. Su uso fomenta la inversión al turismo”, externó. En respuesta, la ponente rechazó la comparación con el Tren Maya y defendió que no puede equipararse el uso de símbolos culturales entre proyectos públicos y privados, al subrayar que en el primero hubo consulta a comunidades indígenas. “No es posible equiparar el uso de esos símbolos para una empresa privada y para una empresa pública… esa comparación es ineficaz”, afirma. Sostuvo que el contrato de Xcaret con el GCM no acredita el consentimiento de todo el pueblo maya —integrado por mil 21 comunidades en Campeche, Quintana Roo y Yucatán—, aunque aclaró que no se cuestiona la legitimidad del Consejo. Además, justificó que su propuesta se basa en el artículo 2 constitucional y en estándares internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio e identidad, y tras escuchar a todos los interesados, desde la empresa, el GCM, al Indautor y hasta al gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama. La propuesta fue aplaudida por otros togados, como Loretta Ortiz Ahlf, quien comenta: “La felicito por su proyecto, porque necesitó valentía para presentarlo. Es un asunto en el que fue muy —eso es lo que su servidora considera— muy presionada”. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, también reconoció el proyecto, y coincidió que el contrato de transición no fue suficiente para que la empresa lucre con dichos elementos culturales. “Ese es el punto porque el estándar legal y constitucional dice que los pueblos y comunidades, que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa libre e informada, es decir, aún existiendo el contrato, ese contrato tendría que haberse sometido a una consulta previa, libre e informada”, indicó. El conflicto comenzó en 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunció a Grupo Xcaret ante el INDAUTOR por uso indebido de patrimonio cultural; tras imponer medidas para retirar contenidos, ambas partes firmaron un acuerdo y el Consejo se desistió, decisión aceptada el 18 de agosto de 2023. No obstante, otros integrantes del pueblo maya continuaron el litigio. En septiembre de 2024, INDAUTOR ordenó ejecutar las medidas y, ante el incumplimiento, en octubre impuso nuevas órdenes y una multa. La empresa obtuvo una suspensión en febrero de 2025, pero esta fue impugnada en marzo y abril por el Indautor y representantes mayas; tras una revisión adhesiva en mayo, el caso fue atraído por la Suprema Corte en octubre de 2025.

27 de Marzo de 2026 / 16:30:52

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MEMORANDUM 3.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, advirtió que el recorte a salarios y prestaciones de funcionarios electorales, incluido la reforma aprobada en el Senado, podría contravenir la Constitución, debido a que ese tema fue rechazado en la anterior iniciativa de reforma, votada en este mismo periodo de sesiones. Menciona “Es un tema que incluso puede bordar lo inconstitucional (…) porque ya había sido planteado y rechazado”. En entrevista, Humphrey anticipó que el INE deberá realizar un análisis técnico y jurídico para determinar las implicaciones de esta medida, tanto en términos constitucionales como laborales, ya que podría abrir la puerta a litigios por horas extras en un contexto donde, durante los procesos electorales, “todos los días y horas son hábiles”. La discusión del plan B se dio en medio de ajustes de última hora en el Senado, donde finalmente se excluyó la propuesta para adelantar la revocación de mandato a 2027, manteniendo el esquema vigente que la prevé en 2028. La consejera comenta que la revocación antes de la mitad del sexenio generaba inequidades, al impedir que los partidos utilizaran tiempos en radio y televisión para posicionarse. Cuestionada por la elección judicial, advirtió que persisten preocupaciones de fondo, especialmente por la posible concurrencia de la elección del Poder Judicial con los comicios federales y locales. A su juicio, esta coincidencia implicaría una sobrecarga operativa para el instituto y dificultaría que la ciudadanía conozca a las candidaturas judiciales. Explica que, a diferencia de los partidos políticos, quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial no contarían con acceso a tiempos oficiales en medios, lo que limitaría la difusión de sus perfiles en un contexto de alta competencia electoral. La consejera recordó que el propio INE planteó la posibilidad de posponer estos procesos para evitar su coincidencia, pero hasta ahora esa propuesta no ha sido incorporada.

27 de Marzo de 2026 / 16:15:06

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