MEMORANDUM 1.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, manifestó que la iniciativa de reforma electoral sea dada a conocer este miércoles por todos los actores políticos que involucra la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y que se conozca cómo se construyó esta propuesta, para que dé certeza, porque si no hay consenso para que se apruebe se pueden “generar riesgos”. Tras acudir a la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde comentó el libro ‘Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro’, de la autoría de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 1997. Bátiz García comentó su beneplácito, desde la función del Tribunal Electoral, que hubiera una Comisión Presidencial para la redacción de esta iniciativa, “porque ello conlleva que hay una visión de estado en lo que se está realizando”, porque aseguró que él no conoce la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de reforma electoral. “Lo importante es, uno, saber cómo se dio este trabajo que tiene desde que se puso en contexto, que sería una comisión presidencial la que se le encargaba esto. Lo deseable es que sea una reforma dinámica, sea una reforma discutida, sea una reforma analizada, dialogada y que sirva para consolidar a las instituciones, el trabajo de nuestras instituciones, pero sobre todo que manifiesten la voluntad de la ciudadanía”. Debe cambiar fecha de la segunda etapa de la elección judicial de 2027, reitera. Bernardo Bátiz refrendó su convicción de que la aprobación de una eventual reforma electoral tiene que establecer un cambio de fecha para la participación ciudadana en las urnas de la segunda etapa de la elección de los cargos a jueces de Distrito y magistrados de Circuito en junio de 2027, que empataría con los comicios intermedios en México, con 17 gubernaturas por renovar y 31 congresos locales. “Desde hace algunos meses yo me manifesté al respecto que considero que es una medida no solamente viable, sino útil para la organización electoral. Yo creo que en la experiencia sería útil, se dice que lo que se busca con esta reforma también son las disminuciones de costos. Habría que compaginar una cosa con otra, porque también es importante darle oportunidad a las áreas de organización electoral que puedan desenvolverse, desempeñar lo mejor que se pueda para que la ciudadanía no tenga equívoco salir a votar”.

25 de Febrero de 2026 / 19:02:16

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MEMORANDUM 2.- El pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrascó en un debate por términos poco claros o sin definición precisa con los que legisladores crean las leyes, lo que impide reforzar las sanciones, sobre todo para servidores públicos, y fue el caso para determinar los alcances del castigo a funcionarios que fomenten, de diversas formas, el delito de terapias de conversión. Tras un debate extenso para destrabar el término ‘doméstico’ en cuyo ámbito se obligue a redirigir una preferencia sexual, el pleno de ministros resolvió que no es inconstitucional que se destituya o inhabilite, incluso se lleve a prisión a la persona servidora pública que imparta, aplique, obligue o financie prácticas destinadas a obstaculizar, restringir o menoscabar la orientación sexual e identidad o expresión de género de una persona. La ministra Yasmín Esquivel apuntó que la ambigüedad en la redacción de las leyes vulnera el principio de taxatividad en materia penal, al no ofrecer un parámetro claro y preciso sobre el alcance de la conducta sancionada. El máximo tribunal del país declaró la validez de la “destitución e inhabilitación” y “cargo o comisión o cualquier otro de carácter público”, que se establecen en el artículo 326 Bis del Código Penal de Chiapas para aplicar sanciones adicionales a personas servidoras públicas que alienten el menoscabar la orientación sexual e identidad o expresión de género de una persona. “Esas expresiones son compatibles con la Constitución Política Federal, pues remiten a la noción jurídica de persona servidora pública prevista en el propio ordenamiento penal y permiten individualizar las sanciones cuando estas conductas se cometen en el ejercicio de funciones públicas”, expuso Yasmín Esquivel. La ministra votó en favor también de validar la expresión “doméstica”, al considerar que alude al ámbito del hogar y constituye una agravante razonable cuando existe una relación de esa naturaleza entre quien comete la conducta y la víctima, en atención a la especial situación de vulnerabilidad que puede generarse en ese contexto. En contraste, se invalidó la frase “o similar”, referente a los cargos o comisiones públicos, al estimar que su ambigüedad vulnera el principio de taxatividad en materia penal, al no ofrecer un parámetro claro y preciso sobre el alcance de la conducta sancionada. La Corte reafirmó que las conductas que buscan anular o afectar la orientación sexual o identidad de género de las personas pueden ser objeto de una respuesta penal reforzada, siempre que las personas legisladoras utilicen términos claros, definidos y acordes con el principio de legalidad. Sin embargo, esta ambigüedad no es más que una estrategia legal para impedir que se refuerce el alcance de la justicia contra servidores públicos, principalmente.

25 de Febrero de 2026 / 18:30:21

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MEMORANDUM 3.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alerta que no es el momento de impulsar una reforma electoral pues resulta riesgosa e inoportuna ante los momentos delicados que vive el país en materia de seguridad, violencia, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derecho. Opina que la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos, cuando lo verdaderamente relevante es atender los desafíos que enfrenta el país. “Ante este panorama, el país necesita estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división”, indica. Este martes la presidenta Sheinbaum envió su iniciativa de reforma electoral que plantea desaparición de los senadores plurinominales, reducción del financiamiento público a partidos, así como al INE entre otras cosas. Al respecto, el organismo empresarial recalcó que a todo este escenario se suma el impacto directo en la inversión y el crecimiento económico que se registra en el país. “La confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad”, estableció Cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones –agregó--incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos. La Coparmex destaca que este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea. El sector empresarial reconoce que el modelo electoral es perfectible, pero ha demostrado su relevancia como uno de los pilares del desarrollo democrático nacional. En ese sentido consideró que en la actualidad México enfrenta un contexto distinto donde por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo. Por ello, la Coparmex recalcó que la reforma electoral debe respetar cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos universalmente: Autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con independencia real, capacidad operativa suficiente y una estructura profesional y confiable de carácter permanente y no improvisada. Pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país. Fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas de competencia. Inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política y el surgimiento de nuevas fuerzas. Certeza jurídica, con reglas claras, estables y previsibles.

25 de Febrero de 2026 / 18:06:34

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