| FLORENCIO PÉREZ RAMÍREZ |
| Florencio Pérez Ramírez |
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| 2026-04-29 /
11:33:04 |
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| La joya envenenada: México en el banquillo interamericano Reforma judicial, CIDH y el salvamento político de Claudia Sheinbaum |
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Florencio Pérez R.
Lo que comenzó como una crisis constitucional en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado en Washington su último refugio de legalidad. Contrario a la percepción de que la Reforma Judicial de 2024 era un capítulo cerrado, el expediente se ha reabierto de par en par ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), configurando una de las confrontaciones diplomático-jurídicas más complejas entre México y el Sistema Interamericano en décadas.
De la alerta sistémica al litigio formal
Desde finales de 2024, el Poder Judicial mexicano ha librado una batalla que ha trascendido sus propias fronteras. El punto de inflexión ocurrió el 12 de noviembre de 2024, durante el 191.° Período de Sesiones de la CIDH: un frente común integrado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), organizaciones de juzgadoras y organismos civiles como México Evalúa e Impunidad Cero presentó una denuncia formal. El objetivo no fue solicitar una reparación individual, sino visibilizar ante la comunidad internacional el "riesgo sistémico" que la reforma representa para la independencia judicial.
Tras esa primera etapa de incidencia política, el conflicto escaló a una fase jurídica de mayor sofisticación, articulada en dos momentos sucesivos:
• Mayo de 2025: Un grupo de 14 jueces y exjueces federales, con el respaldo técnico del Cyrus R. Vance Center for International Justice, presentó una petición formal ante la CIDH exigiendo una "reparación integral" por violaciones a los derechos laborales y convencionales derivadas de la reforma.
• Febrero de 2026: El magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, asistido por el mismo centro de litigio internacional, presentó una nueva petición documentando violaciones específicas surgidas del proceso de elección popular de magistrados previsto en el nuevo esquema.
El estado procesal: un emplazamiento inevitable
El 20 de enero de 2026, la CIDH notificó formalmente el inicio del trámite de estas peticiones. El hecho no es menor: la Comisión no suele dar curso inmediato a la mayoría de las quejas que recibe. Al admitirlas, el organismo reconoció que los alegatos —que denuncian una politización sistemática de la judicatura mexicana— presentan una apariencia de veracidad que merece ser investigada a fondo. Con ese acto, la Comisión envió un mensaje inequívoco: la Reforma Judicial no es una "decisión soberana incuestionable", sino un proceso sujeto al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos.
Con un plazo perentorio de tres meses —prorrogable por un mes adicional— para que el Estado mexicano formule su respuesta, México ha entrado en una cuenta regresiva donde la retórica política ya no es suficiente: se requiere solvencia técnica ante un organismo que ha sido, históricamente, el árbitro final de la salud democrática de la región. Si el gobierno no logra acreditar el respeto a los principios de independencia judicial, la Comisión procederá a emitir un Informe de Fondo con recomendaciones de carácter vinculante.
La profundidad de este proceso radica en que no se disputa por puestos, sino por la naturaleza del Estado de derecho. El argumento central de los peticionarios es que la reforma ha instaurado un "poder leal" en lugar de uno independiente, bloqueando de facto los mecanismos internos de control constitucional —como el amparo—, y trasladando así el litigio al único foro que aún puede contenerlo: el interamericano.
Si la CIDH, o en última instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictamina en contra de México, las repercusiones serían de alcance tectónico:
• Deslegitimación de origen: Una resolución adversa pondría en entredicho la legalidad de los jueces electos bajo el nuevo esquema, generando una zona de incertidumbre jurídica sobre cada sentencia dictada por ese cuerpo.
• Garantías de no repetición: Las sentencias interamericanas no se limitan a indemnizaciones económicas. La Corte tiene la facultad de exigir ajustes estructurales que obligarían al Estado a reformar su diseño institucional para armonizarlo con los tratados internacionales suscritos.
El INE institucional, la "reforma de la reforma": el pragmatismo del centro
En ese contexto, la propuesta del Instituto Nacional Electoral de posponer la segunda ronda de elecciones judiciales —del año 2027 al 2028— no debe leerse como una concesión democrática ni como un ajuste técnico menor. Es un movimiento de ajedrez dictado por la necesidad de supervivencia política, condicionado tanto por el desgaste interno del proceso como, de fondo, por el emplazamiento formal de la CIDH.
Tras el desgaste acumulado por la propia ejecución de la reforma, el oficialismo advirtió que mantener la apuesta por la "elección popular a cualquier costo" se había convertido en un agujero negro de capital político. Retrasar el proceso al 2028 cumple tres funciones estratégicas simultáneas:
• Transición operativa: Permite que la nueva dirigencia de Morena, encabezada por Adriana Montiel-Hernández, tome el control total del aparato antes de enfrentar una elección de alto riesgo.
• Blindaje técnico: Otorga el tiempo necesario para implementar filtros de perfil y candados operativos que aseguren, cuando llegue la votación, que el gobierno tenga el control de sus variables, evitando que la elección sea capturada por facciones locales y poderes fácticos.
• Gestión de la presión internacional: La admisión de la petición por parte de la CIDH le provee al ala pragmática del gobierno el argumento técnico necesario para justificar ante su propia militancia un "ajuste de tuercas" sin reconocer públicamente la crisis.
El retraso no implica cancelar la reforma; implica institucionalizar el control sobre ella.
La reforma judicial como epicentro de la tormenta perfecta
Para comprender por qué el centro del poder ha comenzado a maniobrar con tal urgencia, es necesario ver la película completa. No se trata de un ajuste técnico aislado; se trata de un movimiento de supervivencia ante una convergencia de crisis que amenaza con desmantelar al régimen desde sus cimientos:
• El frente judicial internacional: Las declaraciones de grandes capos —desde Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán hasta "El Vicentillo" y la inminente extradición de "El Jardinero"— nutren expedientes en Estados Unidos que ya apuntan a las altas esferas de Morena.
• La presión diplomática de Washington: El duro discurso del embajador de Estados Unidos en Sinaloa —"sin seguridad, certeza jurídica y combate a la corrupción, no hay inversión"— y el reciente artículo en The New York Times sobre acciones judiciales inminentes contra altos funcionarios mexicanos son el preludio de un acorralamiento judicial de alcance transnacional.
• El caso Fernando Farías Laguna: La detención en Argentina del exfuncionario vinculado al huachicol fiscal derivó, de manera intempestiva, en la ampliación de cargos a presunto narcotráfico y corrupción por la FGR. Las investigaciones transnacionales están aislando políticamente a los liderazgos morenistas y forzando a la Presidenta a una gestión de crisis permanente.
• La tormenta del T-MEC: La renegociación del tratado bajo la sombra de una administración Trump beligerante y las presiones diplomáticas sobre el costo institucional de la reforma judicial configuran el terreno donde se juega la economía nacional.
• El desquebrajamiento interno: La tendencia decreciente en las encuestas de popularidad de Morena se combina con el distanciamiento silencioso de sus aliados históricos —PT y PVEM—, que han comenzado a calcular su propio costo político ante el deterioro del proyecto; y el costo de aprobar dicha reforma.
• El relevo en la dirigencia de MORENA: La llegada de Adriana Montiel a la conducción de Morena no es casual; es la apuesta por la "operación técnica" y el control férreo para evitar que los grupos de poder regionales terminen de fragmentar lo que queda de la “cohesión interna”.
En todo este marco, la reforma judicial, concebida para blindar al régimen, funciona hoy como el mayor reflector de su ilegitimidad.
La "reforma de la reforma": operación de salvamento
Cuando el INE abre la puerta a retrasar la segunda ronda de elecciones judiciales hasta 2028 y la CIDH mantiene el expediente abierto contra el Estado mexicano, no coincide por azar técnico, ni es una claudicación ideológica: es el centro de gravedad de una operación de salvamento político de alto nivel, de salvamento del Estado.
La apuesta de Claudia Sheinbaum y Adriana Montiel es precisa: blindar la reforma para salvar el régimen. Al diferir el calendario electoral, buscan el tiempo necesario para purgar operadores señalados por la justicia internacional, implementar filtros que impidan que la elección popular sea capturada por facciones que el centro ya no controla; y evitar que la CIDH emita una sentencia condenatoria que obligaría a revertir todo el proceso.
La reforma judicial se ha convertido así en el faro que, en lugar de iluminar el camino del "segundo piso" de la transformación, deja al descubierto las grietas del primero. México no solo está bajo el escrutinio de la CIDH; está bajo el escrutinio de un orden geopolítico que ya no está dispuesto a ignorar la erosión de sus instituciones.
La Reyna, la Torre o el tablero
El estado mexicano se encuentra en una encrucijada sin precedentes. Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como expresión de la soberanía popular, el Sistema Interamericano la interroga como una erosión sistemática de los derechos humanos. El banquillo de San José ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad procesal que pondrá a prueba, una vez más, la disposición del Estado mexicano para someterse al escrutinio internacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una disyuntiva clara: el control centralizado o el caos descentralizado. Si no logra ejecutar el ajuste (la "reforma de la reforma") para apaciguar las aguas internacionales, el desprestigio de su sistema judicial será el preámbulo de una crisis de gobernabilidad mucho más profunda.
La reforma judicial fue concebida como la joya de la corona de la Cuarta Transformación. En el tablero actual, se ha convertido en la pieza que, de no moverse con absoluta precisión, podría costar el tablero entero, no solo el judicial, sino el político.
Estamos presenciando el choque entre la voluntad de un Ejecutivo que intenta centralizar el Poder para sobrevivir y una realidad geopolítica que no acepta la versión oficial. Esta es, en última instancia, una cuestión de Estado, mientras que la inteligencia del Morenismo, atrapada en su propia narrativa tribal, aún no parece advertirlo y menos aún, por supuesto, entenderlo.
Florencio Pérez R.
29 de abril de 2026
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