Por Omar Zúñiga
En 1997, el 18 de marzo hace 29 años, académicos de la Universidad Veracruzana conformaron la Asociación Civil Teocalli para poder adquirir un terreno de 13 mil 580 metros cuadrados (casi las 1.5 hectáreas), en lo que hoy es la calle Agustín Lara, de la colonia Badillo, pegadito Las Ánimas, en Xalapa.
Desde ese mismo año, el entonces propietario inicial y a quien se le compró el predio, Héctor Frutis Montes de Oca, por diferencias con su comprador Rafael Hakim Aburto (quien a su vez vendió el terreno a Tecoalli), “ordenó” la invasión del predio que él mismo había vendido.
Desde entonces, esta asociación de los hoy jubilados, adultos mayores todos (incluso varios de sus integrantes originales han fallecido) no han visto la suya para poder tomar posesión y construir sus viviendas, que son su patrimonio, ya en el invierno de sus vidas.
El proceso legal, por razones desde entonces incomprensibles, los han llevado por caminos misteriosos que han colocado a estos jubilados a tener la propiedad, legal pero no la posesión (el terreno fue invadido). Así de complicado e incomprensible como lo está usted leyendo.
Quienes hoy tienen invadido este terreno tienen la ventaja de la corrupción que existe, en distintos ámbitos, pero sobre todo, señalan al Poder Judicial de Veracruz.
Los afectados señalan a Julio Castro como el directamente responsable de todo este embrollo legal y de estar operando en notarías y en el Tribunal Superior de Justicia y quien tiene invadido el terreno en cuestión.
Explican que han tenido varios abogados, pero todos los han engañado; sin embargo llama poderosamnte la atención el penúltimo despacho que los representó, cuya titular fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia y cuya identidad piden se conserve en reserva, por temor -justificado- a represalias.
Sin embargo, bajo la batuta de esta persona y aprovechando sus nexos y conocimiento desde adentro en el TSJ, mediante engaños, chicanadas y tácticas dilatorias, los jubilados fueron guiados directamente al que ella buscaba fuera un camino sin retorno al despeñadero.
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Estas tácticas dilatorias llegaron a tal grado, que los jubilados no “pudieron ser” notificados de una acción legal en su contra, que los tiene hoy en un impasse grave, pues bajo el argumento y a pesar de que su domicilio es ampliamente conocido, nunca les avisaron, ni siquiera a través de su asesoría legal, la ex magistrada en cuestión.
Por esta causa fueron declarados “en rebeldía” y perdieron un juicio que seguramente ganarían, sin poderse defender.
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Hoy en día piden la intervención de la gobernadora Rocío Nahle y del secretario de Gobierno Ricardo Ahued, pues el compromiso que han mostrado contra el Cartel Inmobiliario, los mueve a pensar que ellos mismos pueden ser apoyados por las más altas autoridades de la entidad, que se han manifestado contra estas injusticias, sobre todo en tratándose de catedráticos universitarios que perdieron su patrimonio, que actualmente alcanza un valor comercial superior a los 60 millones de pesos.
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Teocalli AC, de profes jubilados, adultos mayores, tienen la escritura, legal por supuestom que los avala como los legítimos propietarios del predio de la calle Agustín Lara.
Esta es la razón por la que es realmente incomprensible que las autoridades judiciales no fallen en su favor.
El llamado que hacen ellos también es dirigido a la magistrada presidenta del TSJ, Rosalba Hernández, proveniente de la cultura del esfuerzo, que sabe lo que se sufre para ganar un salario e ir construyendo un patrimonio familiar y se sensibilice con ellos para identificar y actuar conta esos malos servidores públicos que han ido edificando esta farsa faraónica.
Ya hay nombres y apellidos en todo esto y sería un buen principio actuar en consecuencia.
Pero también está este grupo de jubilados que han creído y siguen creyendo en las instituciones de Veracruz, para que se les haga justicia.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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