Piden a la nueva Fiscal General del Estado poner orden en la Fiscalía de Xalapa por irregularidades; Lisbeth Aurelia no se manifestado al respecto
MEMORANDUM 2.-
Urgen la intervención directa de la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, en la Fiscalía de Distrito con sede en Xalapa ya que enfrenta una creciente presión interna y externa ante señalamientos que apuntan a presuntas irregularidades cometidas por algunos de sus funcionarios. Distintas voces al interior del propio sistema de procuración de justicia, indican que existen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción relacionadas con presuntos actos ilícitos cometidos por fiscales en activo. Sin embargo, dichos expedientes no habrían avanzado conforme a los plazos y procedimientos habituales, presuntamente por instrucciones internas que habrían frenado su curso. Uno de los casos que ha generado mayor inquietud involucra a Faustino López Ortiz, Fiscal 22, adscrito a la Unidad Integral del Distrito XI, con sede en la capital veracruzana. El asunto se originó tras la detención de tres jóvenes señalados por su presunta participación en el robo de un lote de joyas ocurrido en Xalapa durante 2024. Tras la detención de los tres jóvenes, se inició la carpeta de investigación UAT/1756/2024 en la Unidad de Atención Temprana. La fiscal adscrita a esa área fue acompañada durante la integración del expediente por el entonces responsable del caso, Faustino López, Fiscal 22, quien posteriormente llevó las diligencias ante un Juez de Control, dada la naturaleza del delito. Durante el proceso, familiares de los detenidos comenzaron a denunciar presuntas conductas irregulares. Según estas versiones, el fiscal habría solicitado aportaciones económicas a cambio de mantener una postura menos severa durante las audiencias, con el argumento de “llegar tranquilo” ante el juez y no endurecer su intervención ministerial. Una de las personas señaladas en este relato es la señora Fabiola, madre de uno de los jóvenes detenidos, quien habría entregado una cantidad cercana a los 15 mil pesos, además de que otros familiares habrían aportado montos similares. Todo ello, según su testimonio posterior, con la intención de favorecer un desenlace menos perjudicial para los imputados. A estos señalamientos se sumó un hecho aún más delicado: la presunta solicitud del lote de joyas aseguradas durante la detención. De acuerdo con la versión conocida, los familiares entregaron dichas alhajas al fiscal, bajo la idea de que ello formaba parte de las condiciones para facilitar la situación legal de los detenidos. El caso dio un giro durante la audiencia, cuando las personas afectadas por el robo manifestaron ante el Juez de Control su disposición a llegar a un acuerdo reparatorio con los detenidos, solicitando únicamente el pago de los daños. El juez planteó entonces la posibilidad de un mecanismo alternativo, siempre que ambas partes estuvieran de acuerdo. Fue en ese momento cuando la madre de uno de los jóvenes cuestionó públicamente por qué debía realizar un nuevo pago, si —según afirmó— ya había entregado dinero y bienes al fiscal encargado del caso. La situación generó un momento incómodo en la audiencia y obligó a que, presuntamente, el funcionario devolviera el dinero y las joyas recibidas. Tras estos hechos, y asesorada legalmente, la señora Fabiola presentó una denuncia formal. Así se inició la carpeta de investigación FGE/FRZCX/AUX/001/2024, integrada por 47 fojas útiles, que fue remitida el 14 de enero de 2025 a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por la fiscal Clementina Salazar Cruz, por posibles delitos previstos en el Título XVII del Código Penal de Veracruz. No obstante, a más de un año de haberse iniciado, dicha carpeta permanece sin avances públicos. De acuerdo con información interna, el expediente se encontraría archivado por instrucciones del Fiscal de Distrito, Lauro Erick, quien presuntamente mantiene bajo su protección al fiscal señalado, permitiéndole incluso continuar en funciones en condiciones poco habituales, como la de incluso, utilizar una computadora de su propiedad al recibir denuncias. Este escenario ha encendido alertas dentro del propio aparato de justicia, donde se insiste en la necesidad de una revisión a fondo.