MEMORANDUM 1.- Autoridades e instituciones que participan en el sistema financiero mexicano tienen como meta que más personas puedan tener acceso a una cuenta en donde guardar su dinero, una tarjeta para hacer pagos o un crédito que les ayude a incrementar su patrimonio, pero el acceso tiene un costo: más de 12 mil comisiones, de acuerdo con información oficial. La Política Nacional de Inclusión Financiera del actual gobierno tiene un objetivo concreto: fortalecer el bienestar de las personas y empresas en México al fomentar el acceso y uso de productos y servicios financieros formales que satisfagan sus necesidades, bajo una regulación adecuada y esquemas de protección robustos. Entre los principales propósitos de la actual administración está promover el ahorro formal y a largo plazo, así como el uso de los productos de captación como herramientas de administración de recursos, además de facilitar el acceso al financiamiento formal, especialmente el productivo, en condiciones adecuadas para empresas y personas. En la práctica, llegar al sistema financiero está acompañado de una larga lista de cobros, que no son nuevos ni ocultos, pero con el tiempo ha ido cambiando. De acuerdo con el Banco de México (BdeM), en 2019 el sistema financiero tenía registradas más de 16 mil comisiones y para 2025, el registro oficial contabilizaba poco más de 12 mil 500. Esa reducción en el número de comisiones no elimina su peso dentro del sistema. Aun con menos registros que hace seis años, las cifras del banco central muestran que los cobros siguen presentes en prácticamente todos los productos financieros que se ofrecen en el país por parte de bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) o instituciones de tecnología (fintech). Cuentas de ahorro, tarjetas, créditos personales, para autos, hipotecarios, financiamientos para empresas y servicios digitales forman parte de un mismo entramado que combina acceso con cargos específicos. El último informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del Banco de México indica que hasta octubre de 2025 –último dato disponible– había un total de 12 mil 687 comisiones en un total de mil 707 productos. En 609 productos de depósito (como cuentas de ahorro) se tiene registro de 7 mil 914 comisiones, de las cuales nueve son recurrentes. En 347 productos de consumo no revolvente –que agrupa los financiamientos para la adquisición de bienes de consumo duradero, personales, de nómina y automotores– hay un total de 826 cargos y dos son recurrentes. De acuerdo con los datos, en 190 productos de consumo revolvente –tarjetas de crédito–, hay 2 mil 153 comisiones y nueve son recurrentes En 305 productos de crédito hipotecario existen mil 28 comisiones (tres recurrentes); en 361 préstamos empresariales hay 361 cargos (uno recurrente), y en 137 productos de instituciones de tecnología financiera –fintech– hay 405 comisiones (dos recurrentes). “Los productos de depósito y las tarjetas de crédito (conocidas como productos revolventes al consumo) son los que tienen asociados un mayor número de comisiones, en promedio. Ello obedece a que tienen diversas funcionalidades de pago y servicios asociados”, señala el BdeM en su informe. En 2018, antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sistema financiero mexicano se tenía registro de 21 mil 196 comisiones y para 2019 disminuyeron hasta las 16 mil 957, en 2020 aumentaron a 17 mil, en 2021 disminuyeron a 16 mil 103, en 2022 se tuvo registro de 15 mil 477, en 2023 de 15 mil 26 y en 2024 de 12 mil 704. Durante el gobierno de AMLO, hubo una propuesta lanzada por Ricardo Monreal que tenía como fin reducir el número de comisiones que cobran los bancos a sus usuarios, con el argumento de que más de 30 por ciento de sus ingresos provenían de estos cargos. En ese momento, el entonces Presidente dijo a los directivos de la banca que no cambiaría las reglas del juego y no los iban a obligar a reducir las comisiones, pero estas deberían bajar por cuestiones de competencia.

12 de Enero de 2026 / 19:03:19

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MEMORANDUM 2.- En América Latina y el Caribe, una de cada cinco niñas contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años, estableció el estudio Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). A nivel global, México se coloca como el décimo país con el mayor número absoluto de mujeres adolescentes que se casaron o unieron antes de cumplir la mayoría de edad, y el segundo en la región, de acuerdo con cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Asimismo, se estima que 10.4 millones de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de los 18 años, y que de ellas, 4 por ciento lo hicieron antes de cumplir quince. Para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas, en México se han realizado diversos esfuerzos en materia legislativa y política pública: la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, que estableció 18 años como edad mínima para el matrimonio; las reformas en 2019 al Código Civil Federal, que eliminaron las dispensas y excepciones, y la tipificación en el Código Penal de la cohabitación forzada de personas menores de 18 años en 2023. A ello se suma la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescentes; sin embargo, la problemática ahora se ha trasladado a las uniones informales o de hecho, alertó Unicef. Puntualizó que lo anterior ocurre especialmente en zonas rurales y en algunas poblaciones indígenas. Esta semana se informó del caso de la niña Deisy, oriunda de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien tuvo graves afectaciones por la gestación y el parto ya que su cuerpo no tenía el desarrollo anatómico requerido para ello. El caso de maternidad infantil generó rechazo entre agrupaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia, que consideraron que la maternidad forzada persiste en México, y que “la gestación en la infancia es tortura y es violencia”. El estudio detalla que las uniones tempranas se vinculan a embarazos infantiles y adolescentes, violencia de género, deserción o no asistencia a la escuela (70 por ciento de las niñas en esa condición no asisten al colegio), pobreza, limitación de oportunidades, migración y trabajo infantil. Unicef enfatiza que los estados con mayor número de adolescentes en unión temprana son Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla; precisa que, aunque hubo una leve disminución de 3.2 por ciento entre 2014 y 2023, el fenómeno sigue presente. Advierte que las niñas y adolescentes tienen mayor o menor protección dependiendo del estado en dónde vivan; por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán no han armonizado su Ley Estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre la edad mínima para contraer matrimonio.

12 de Enero de 2026 / 18:32:17

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MEMORANDUM 3.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) pone a disposición de las autoridades la transferencia de tecnología, así como estrategias y protocolos de contención, erradicación y respuesta en materia de ciberseguridad, así como estrategias y protocolos de contención, erradicación y respuesta en materia de ciberseguridad en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Eleazar Aguirre Anaya, científico del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación (CIC) del Politécnico, destaca que eventos de gran magnitud como el Mundial de Futbol exigen cambios en los protocolos de ciberseguridad, así como una actuación proactiva y una preparación integral para estar listos antes, durante y después del evento. Si bien, precisa que hay una coordinación entre los tres países organizadores de la Copa, México, Estados Unidos y Canadá, para garantizar esta protección digital, desde las universidades se puede brindar apoyo al país para fortalecer este rubro. Explica que la ciberseguridad comprende cuatro momentos: la preparación de estrategias ante posibles vulneraciones para su atención; la contención de los eventos, con el fin de evitar que sus efectos se extiendan; la erradicación y, por último, aprovechar el conocimiento adquirido para anticiparse a futuros incidentes, lo que se conoce como ciberresiliencia. El investigador indica que se requiere un amplio grupo de expertos para garantizar la seguridad informática, al menos 12 tipos de especialistas en ciberseguridad, de acuerdo con la European Union Agency for Cybersecurity. Entre ellos, especialistas en monitoreo, gestión de vulnerabilidades, contención y respuesta inmediata a incidentes, controles y definición de estrategias de resiliencia. A nivel regional, enfatiza, México está dando un paso al frente en materia de ciberseguridad con el apoyo de universidades, centros de investigación y dependencias gubernamentales. Se trata de fortalecer redes de colaboración para la atención de problemas prioritarios y proteger datos personales y de derechos humanos.

12 de Enero de 2026 / 18:05:28

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