Denuncian presunta corrupción, abuso de poder, extorsión y acoso sexual en el Cereso La Toma; piden intervención de la gobernadora
MEMORANDUM 3.- Mediante un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, un grupo identificado como “La sociedad cansada de la inseguridad” denunció presuntos actos de corrupción, abuso de poder, extorsión y acoso sexual al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes. En el documento, los denunciantes acusaron de manera directa al custodio Fidel Langle Sánchez, alias “Fito”, a quien señalan de presuntamente coludirse con internos que, aseguran, mantienen el control del penal. De acuerdo con el señalamiento, se estarían realizando cobros de hasta 60 mil pesos a personas privadas de la libertad a cambio de privilegios, como habitaciones privadas y el uso de teléfonos celulares. Entre los casos señalaron que se encuentra el de un interno identificado como “Jorge de Zona 2”, quien presuntamente gozaría de tratos preferenciales dentro del reclusorio. De igual forma, el escrito afirma que se exigiría un “cobro de piso” diario a personal de custodia para conservar su fuente de empleo. De manera particularmente grave, el documento denuncia que custodias mujeres serían víctimas de presunto acoso sexual, amenazas de cambio de reclusorio y castigos arbitrarios, incluyendo el encierro temporal en casetas de vigilancia, como medida de presión en caso de negarse a las exigencias. También se menciona la presunta participación de otra persona identificada como “el Mosco”, lo que, según los denunciantes, ha generado un ambiente de temor, inseguridad y corrupción dentro del penal. Ante este panorama, los firmantes solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para investigar los hechos, sancionar a los responsables y restablecer el orden y la legalidad en el Cereso La Toma, al considerar que la situación representa un riesgo tanto para el personal como para la seguridad de la sociedad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos. Los denunciantes reiteraron su llamado a que se haga valer la ley y se atienda lo que consideran como una crisis de inseguridad y corrupción al interior del centro penitenciario. Así las cosas.