MEMORANDUM 1.- Durante la novena sesión del primer receso, la Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García para reformar el Artículo 230 del Código Penal del estado a fin de ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y los sujetos responsables, además de actualizar la sanción establecida de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA). La Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir la propuesta legislativa a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación. La iniciativa plantea que dicho artículo establecería la imposición de cinco a 15 años de prisión y multa de mil a cinco mil veces el valor de la UMA al que, por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona en cualquiera de las siguientes conductas. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio estatal, de éste hacia el exterior o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O en su caso, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Cuando el agente activo sea servidor público, las sanciones serán aumentadas hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por otro tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La propuesta legislativa expone que el Artículo 230, que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no ha tenido modificación desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2003, mientras que el Artículo 400 Bis del Código Penal federal, en ese mismo periodo, ha sido reformado en dos ocasiones. Agrega que en México las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) están tipificadas como delito grave, porque representan una de las principales amenazas a la estabilidad económica y la seguridad del sistema financiero del país, “al consentir que recursos provenientes de actividades ilícitas se integren a la economía formal bajo la apariencia de legalidad, poniendo en riesgo no solo el orden económico, sino también la seguridad pública y la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales”.

26 de Marzo de 2026 / 22:44:12

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MEMORANDUM 2.- Como parte de su programa anual, la Auditoría Superior de la Federación, ahora bajo la gestión del veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel, programó realizar 16 auditorías al Gobierno del Estado de Veracruz para el presente año. En ese tenor, la ASF habrá de efectuar revisiones al gasto aplicado durante el primer año de la administración de la gobernadora Rocío Nahle García. Las revisiones de referencia son las que se hacen cada año, y en esta ocasión se estableció que serán 16 auditorías entre las cuales se incluyen una revisión integral a los recursos del gasto federalizado transferidos a Veracruz para ser ejecutados en materia de salud. De igual forma sobre cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; distribución de las participaciones federales; distribución del Fondo de aportaciones para el Fortalecimientos de los Municipios. También realizará auditorías de cumplimiento al Fondo de Aportaciones Múltiples; al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; y al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Destaca una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. Además de revisar el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; Participaciones federales a entidades federativas; el programa de agua potable, drenaje y tratamiento; y por último la transferencia de recursos de los subsidios para los organismos descentralizados estatales.

26 de Marzo de 2026 / 22:31:12

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MEMORANDUM 3.- Vaya caso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre operaciones de extorsión y robo de datos ligadas a préstamos "gota a gota" y créditos exprés. Refirió que a través de aplicaciones móviles y suplantación de empresas, redes de fraude aprovechan la necesidad económica de los ciudadanos para imponer deudas impagables o exigir pagos anticipados. El esquema digital inicia cuando los usuarios descargan aplicaciones en sus teléfonos móviles. Los administradores depositan sumas no solicitadas con plazos de cobro de una semana e intereses diarios; si la persona afectada rechaza el dinero o se retrasa, el sistema renueva el crédito de forma automática para inflar la deuda y dar paso a la intimidación. "Al descargar estas aplicaciones autorizamos sin saber que puedan acceder a nuestros contactos, a nuestras redes sociales, a nuestras fotografías. Utilizan estas personas esta información para amenazar al usuario para que pague algo que a lo mejor ni siquiera solicitó", aseguró Sharon Andrea Albornoz Nail, titular de la Unidad de Atención a Usuarios Sur 1 de la Condusef. Refirió que una segunda modalidad de fraude ocurre de forma física en centros comerciales o mediante recomendaciones de terceros. Albornoz Nail dijo que las supuestas financieras ofrecen líneas de crédito sin requisitos ni consultas al historial crediticio, pero exigen a las víctimas transferencias previas bajo el concepto de seguros, fianzas o comisiones por apertura. "Si te piden dinero para darte dinero, es fraude, porque ninguna institución te cobra antes de darte un recurso", aseguró la funcionaria. Como ejemplo, documentó mediante una queja electrónica el caso de un ciudadano que solicitó un financiamiento de 120 mil pesos y pagó 100 mil pesos en supuestas comisiones antes de percatarse del robo. Refirió que la oficina reportó cinco asuntos recientes vinculados a empresas fantasma o aplicaciones extranjeras, además de dos quejas donde sí se logró intervenir contra entidades registradas. Debido a la falta de registro legal de la mayoría de estos extorsionadores, la Condusef carece de competencia para sancionarlos y canaliza a las víctimas a la Fiscalía local o a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Para frenar el daño al patrimonio de la población, la autoridad federal instruyó verificar cualquier oferta de crédito en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres). La herramienta permite comprobar la legalidad de la razón social, números telefónicos y logotipos institucionales antes de firmar contratos o entregar dinero. Así las cosas.

26 de Marzo de 2026 / 22:15:22

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