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Dice Demoscopia Digital que Rocío Nahle registra una aprobación del 58.8 por ciento, para ubicarse en el lugar 13 a nivel nacional. Vaya alivio
MEMORANDUM 1.- De acuerdo con la más reciente medición de Demoscopia Digital, la gobernadora Rocío Nahle García registra una aprobación del 58.8 por ciento entre los veracruzanos, posicionándose como una de las mandatarias estatales con mayor respaldo a nivel nacional. Con estos indicadores, Nahle García se ubica en el lugar 13 del ranking nacional de gobernadores mejor evaluados correspondiente a diciembre de 2025. Los analistas señalan que este resultado no sólo refleja una tendencia ascendente en la aceptación ciudadana de su administración, sino que también marca un punto de inflexión respecto a mediciones previas y que hoy reflejan los resultados y acciones positivas del gobierno. En noviembre pasado, por ejemplo, su nivel de aprobación se ubicó en 56.2 por ciento, lo que sugiere que las políticas públicas implementadas y el manejo de las prioridades gubernamentales han logrado conectar con la población. El repunte en la evaluación positiva de la mandataria coincide con diversos reportes sobre el desempeño financiero del estado, entre ellos la reducción de la deuda pública en 42 por ciento, así como con el periodo del Informe de Gobierno, el fortalecimiento de la inversión en materia de seguridad, la captación de más de 4 mil millones de dólares en inversiones, el crecimiento del empleo, la aplicación de programas sociales y el impulso a la infraestructura carretera. De este modo, en el umbral de 2026, la administración estatal entra en una etapa en la que mantener y consolidar este respaldo ciudadano será clave para el avance de los proyectos y reformas en curso, así como para fortalecer la credibilidad pública de su gestión.
Veracruz, entre las tres entidades con más feminicidios de niñas y adolescentes registrados en México en la última década
MEMORANDUM 2.- Vaya caso, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el estado de Veracruz figura entre las tres entidades del país con más feminicidios de niñas y adolescentes registrados en México en la última década, entre enero de 2015 y noviembre de 2025. Durante ese periodo se contabilizaron 884 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años a nivel nacional. De ese total, el Estado de México concentró 145 casos, mientras que Veracruz y Jalisco registraron 68 cada uno, lo que implica que tres de cada diez feminicidios de menores ocurrieron en estas tres entidades. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes en México. En el mismo periodo de 2024 se habían reportado 73 casos. La comparación muestra una reducción anual. Con esos registros, en 2025 se documentó un feminicidio de mujeres menores de 18 años cada cinco días y medio, frente a uno cada cuatro días y medio en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante 2025, los estados con mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes fueron el Estado de México, Jalisco y Tabasco. En el comparativo interanual, Tabasco, Coahuila y Sonora mostraron los mayores incrementos entre 2024 y 2025. En el acumulado de diez años, Veracruz se mantiene de forma constante entre las entidades con mayor número de casos. De los 884 feminicidios registrados entre 2015 y noviembre de 2025, 131 fueron cometidos con arma de fuego. Otros 140 con arma blanca. El resto corresponde a otros medios no desagregados en el registro citado. Además de los feminicidios, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 106 homicidios dolosos de mujeres de 0 a 17 años en México. Al sumar ambos delitos, el número total de asesinatos de niñas y adolescentes en el país asciende a 164 casos en 2025, frente a 180 registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa una disminución de 8.9%. Entre los feminicidios registrados en 2025 se encuentra el de Haitari Nexlin, de 17 años, localizada sin vida en Tamaulipas tras ser reportada como desaparecida. También el de las tres hermanas menores de edad halladas muertas en el estado de Sonora, junto con su madre. Ambos casos forman parte del registro nacional citado.
Denuncian presunta corrupción, abuso de poder, extorsión y acoso sexual en el Cereso La Toma; piden intervención de la gobernadora
MEMORANDUM 3.- Mediante un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, un grupo identificado como “La sociedad cansada de la inseguridad” denunció presuntos actos de corrupción, abuso de poder, extorsión y acoso sexual al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes. En el documento, los denunciantes acusaron de manera directa al custodio Fidel Langle Sánchez, alias “Fito”, a quien señalan de presuntamente coludirse con internos que, aseguran, mantienen el control del penal. De acuerdo con el señalamiento, se estarían realizando cobros de hasta 60 mil pesos a personas privadas de la libertad a cambio de privilegios, como habitaciones privadas y el uso de teléfonos celulares. Entre los casos señalaron que se encuentra el de un interno identificado como “Jorge de Zona 2”, quien presuntamente gozaría de tratos preferenciales dentro del reclusorio. De igual forma, el escrito afirma que se exigiría un “cobro de piso” diario a personal de custodia para conservar su fuente de empleo. De manera particularmente grave, el documento denuncia que custodias mujeres serían víctimas de presunto acoso sexual, amenazas de cambio de reclusorio y castigos arbitrarios, incluyendo el encierro temporal en casetas de vigilancia, como medida de presión en caso de negarse a las exigencias. También se menciona la presunta participación de otra persona identificada como “el Mosco”, lo que, según los denunciantes, ha generado un ambiente de temor, inseguridad y corrupción dentro del penal. Ante este panorama, los firmantes solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para investigar los hechos, sancionar a los responsables y restablecer el orden y la legalidad en el Cereso La Toma, al considerar que la situación representa un riesgo tanto para el personal como para la seguridad de la sociedad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos. Los denunciantes reiteraron su llamado a que se haga valer la ley y se atienda lo que consideran como una crisis de inseguridad y corrupción al interior del centro penitenciario. Así las cosas.

 

 

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