MEMORANDUM 1.- El gobierno mexicano debe retomar el debate para la prohibición del uso del glifosato, consideraron expertos en el tema, tras evidenciarse los errores de un artículo que durante 25 años fue el soporte de la agroindustria y de empresarios agrícolas para la defensa del uso de ese plaguicida, el cual carece de independencia y rigor científico. Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, externó: “Cuando hay un estudio tan grave como éste, el más citado, que dice que el glifosato no tiene problemas, ¡y era falso!, hay que tomárselo en serio. México debería prohibirlo”. Este químico es utilizado en el país desde 1980 y está arraigado en las prácticas agrícolas; se aplica sobre todo en la siembra de 35 por ciento del maíz y de 14 por ciento de los cítricos. El resto se destina a sorgo, algodón, caña, aguacate, soya y agave. Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), explica que los productores lo emplean para deshierbar plantíos y reducir sus costos de producción; además, se ha aplicado para la limpieza de caminos. Trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Dupont, entre otras, comercializan el producto, que la Organización Mundial de la Salud señala como posible cancerígeno desde 2015. Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara han documentado la presencia de residuos tóxicos de agroquímicos en el agua, en personas y en la orina de niños y adolescentes. A nivel global, existen más de mil artículos científicos que hablan de los efectos dañinos del glifosato, entre ellos daños a los sistemas renal, hepático, nervioso y reproductivo. El glifosato está estrechamente ligado al cultivo de transgénicos. En el sexenio de Vicente Fox se impulsó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como la ley Monsanto, que entró en vigor en mayo de 2005 y promovió el desarrollo de semillas genéticamente modificadas en beneficio de grandes trasnacionales. En el sexenio pasado, ante la vasta evidencia científica sobre los efectos que podría ocasionar a la salud y al ambiente, el gobierno federal buscó prohibir gradualmente su uso a través de dos decretos presidenciales. Sin embargo, no se logró el objetivo debido a las presiones de la agroindustria y a la falta de remplazos probados para sacarlo de circulación. El 31 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el primero de estos acuerdos, en el que se estableció que el glifosato y otros plaguicidas deberían ser sustituidos de forma progresiva hasta su eliminación total en enero de 2024. El segundo decreto fue emitido en febrero de 2023; sustituyó al anterior y aplazó la prohibición del agroquímico al 31 de marzo de 2024. Además, precisó que se prohibía la importación de maíz transgénico para consumo humano. Sin embargo, cinco días antes de cumplirse la fecha, el gobierno informó en un comunicado que mantendría el uso del glifosato en la agricultura, debido a que hasta ese momento no existía una forma de sustituirlo, que la elaboración de alternativas continuaba en proceso y que se debía salvaguardar la seguridad agroalimentaria. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el 2 de abril de 2024 que, hasta que no se encontrara una sustancia que permitiera remplazarlo, se continuaría con su importación y uso en la agricultura. En 2024, el mercado total de glifosato en México alcanzó un valor aproximado de más de 352 millones de dólares, señala Peter Rosset, profesor retirado de El Colegio de la Frontera Sur, con base en un análisis de una empresa de investigación de mercado. “Prohibirlo sería un golpe económico significativo para la empresa, pero más allá de eso, México sería el país más grande que haya eliminado completamente este producto tan tóxico y alentaría a otras naciones a hacer lo mismo”, subraya. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2019 ingresaron al país 86 mil 449 toneladas de glifosato, importadas por cinco compañías que representan 84 por ciento del mercado mexicano de herbicidas. En 2021 las importaciones cayeron y se introdujeron al país sólo 16 mil 500 toneladas de glifosato formulado (listo para su aplicación) y mil 200 toneladas del herbicida técnico (concentrado). En 2022 se redujeron más, 50 por ciento respecto al año anterior, al pasar a 8 mil 263 toneladas del formulado y 628 toneladas del técnico, de acuerdo con información oficial.

16 de Diciembre de 2025 / 18:00:10

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MEMORANDUM 2.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la próxima inauguración de cinco estatuas de mujeres indígenas en el Paseo de las Heroínas, creado cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, representa un reconocimiento y una revaloración de los pueblos originarios, así como del papel fundamental que han desempeñado las mujeres en estas comunidades. En conferencia matutina, la mandataria destacó que gracias a las mujeres indígenas se han preservado las lenguas originarias, las tradiciones, los valores comunitarios y la producción de textiles en sus distintas modalidades. Precisa que entre las cinco mujeres que serán homenajeadas se encuentra Malintzin, figura históricamente estigmatizada, pero cuya trayectoria debe ser comprendida en su contexto. Señaló que fue una mujer esclavizada que aprovechó sus capacidades para desempeñarse como traductora de Hernán Cortés, papel clave en el proceso de la Conquista. Por otro lado, Sheinbaum informó que, aunque no fue posible aprobar una reforma legal durante el periodo de sesiones del Congreso de la Unión que concluyó recientemente, se prevé que en el próximo periodo legislativo se avale un cambio normativo para incrementar los incentivos a la industria cinematográfica. Indica que esta reforma, comprometida con la actriz Salma Hayek, entraría en vigor a partir de 2026.

16 de Diciembre de 2025 / 17:30:06

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MEMORANDUM 3.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el próximo año con la discusión del proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, que propone mediante dos acciones de inconstitucionalidad invalidar una reforma de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para poder abortar, al considerar que se trata de una medida regresiva. “Hay que decir algo, el aborto ya está despenalizado en México desde 2023”, indicó el ponente en una reunión con la prensa en la sede de la Corte. La declaración del ministro respondió a la crítica al proyecto que hizo el pasado domingo la Arquidiócesis Primada de México, en su editorial Desde la Fe, en el que acusó al máximo tribunal del país de incurrir en un “desprecio por la vida humana”, pues señaló que esta busca la “despenalización total” de la interrupción legal del embarazo, sin tope de gestación. En su argumentación, el togado afirma que la despenalización parcial del aborto no ha eliminado la criminalización, pues persisten investigaciones penales, por lo que solo la despenalización total permitiría regularlo como un asunto de salud, garantizar el derecho correspondiente y marcar un hito en la justicia reproductiva en México. Sin embargo, esto no se incluye en los efectos de la sentencia. El debate deriva de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Presidencia de la República contra la reforma del 23 de septiembre del 2024 al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que redujo dicho plazo. “El proyecto ya está publicado, ustedes lo pueden revisar, está en las listas. Entonces, me remitiría a ellos y bueno, pues como cualquier otro documento, pues cualquier otro proyecto será sometido a la consideración del Pleno”, señala Espinosa. En el acto, la ministra Loretta Ortiz también señaló que, aunque no puede adelantar su postura sobre el proyecto para no quedar impedida de participar en su resolución, recordó que ya hay jurisprudencia de la Corte que avala el plazo de 12 semanas, y señaló que muchos estados del país siguen incumpliendo con dicho criterio. “Científicamente hay una diferencia de 12 a 6 semanas. Cuando están las 12 semanas es el punto exacto cuando se empieza a formar la corteza cerebral, antes teníamos un cigoto. Entonces, por eso se fijó en 12 semanas en la jurisprudencia que tenemos como obligatoria”, dijo. Al respecto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía reconoció que se trata de “un tema, como dicen los colombianos, de los peliagudos complicados y que tienen que ver con cuestiones íntimamente relacionadas con la bioética”. “Nosotros tenemos que ir valorando la constitucionalidad o no de aquella normativa que tiene que ver con aborto dentro de cada entidad federativa”, agregó.

16 de Diciembre de 2025 / 17:00:57

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