Presentan organizaciones civiles campaña para visibilizar labor de personas defensoras y periodistas, recuerdan a Digna Ochoa asesinada hace 24 años MEMORANDUM 1.- Organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Espacio OSC) presentó la campaña “Proteger la Dignidad”, junto con su micrositio web sobre normatividades estatales de protección, con el fin visibilizar la labor de personas defensoras y periodistas, promover su reconocimiento, garantizar su labor y fortalecer la solidaridad social. Durante el lanzamiento, Elia Ochoa Plácido, hermana de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa, señaló que el asesinato de la activista ocurrido en octubre de 2001 sigue en la impunidad. Por ello indica que esta iniciativa defiende los derechos humanos y la labor de los periodistas independientes del país. Externó. "Digna fue una mujer valiente, aguerrida, siempre luchó, a pesar de las circunstancias que estuvo pasando siempre miró hacia adelante. A pesar de todos los riesgos, amenazas y hostigamientos, ella se mantuvo de pie. Su ejemplo nos recuerda que defender derechos humanos es un acto de valentía y de profundo compromiso con la justicia y la vida digna de todas las personas". Recordó que al igual que Digna muchas personas defensoras y periodistas han perdido la vida de la fecha siguen en la impunidad. "Este contexto nos lleva a hacer flexión sobre los riesgos y construir iniciativas que protejan la vida de quienes defienden los derechos y la libertad de expresión". Hizo un llamado a la acción, a la responsabilidad colectiva y a la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo, así como honrar la memoria de Digna y de todas las personas defensoras que han perdido la vida. "También es nuestro que compromiso defender los derechos no debe costarle la vida a nadie y el protegerlos es nuestra democracia y nuestra dignidad como sociedad". Al respecto, Paola Pacheco, de Espacio OSC y Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz) expresó que la campaña busca cambiar la narrativa, romper con los discursos criminalizan o desacreditan a quienes defienden derechos llamándolos "injerencistas, enemigos del Estados, terroristas o simplemente contrarios, "y reconocernos como lo verdaderamente que somos tejedores de paz, esperanza y comunidad". OSC indicó que en el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras y periodistas en México es grave y persistente, pues según documentación de organizaciones de derechos humanos, desde 2016 al menos 177 personas defensoras y 88 periodistas han sido asesinadas por su labor, de las cuales 104 ejercían la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio lo que corresponde al 59 por ciento de los asesinatos. Señala que estos asesinatos se suman otros ataques como criminalización, difamación, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas y desplazamiento forzado. Pero además, refirió que pese a la existencia de 15 marcos normativos estatales y 5 acuerdos o decretos que crean instancias de protección a nivel local, estas no han logrado disminuir la violencia ni mejorar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el periodismo. A la fecha, no se ha consolidado una política pública integral ni a nivel federal ni a nivel estatal que aborde las causas estructurales de la violencia. Por ello, insistió que la campaña “Proteger la Dignidad” y su micrositio web contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de protección.
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Peligro latente desde hace 4 años tras socavón de 10 metros de profundidad en la privada El Durazno, en San Andrés Tlalnelhuayocan; Por falta de pruebas, liberan a Rolando Olivares, exalcalde de Martínez de la Torre, quien fue detenido por fraude MEMORANDUM 2.- Cuatro años después del deslizamiento de tierra que dejó un socavón de aproximadamente diez metros de profundidad en la privada El Durazno, en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, el peligro sigue latente. Las familias afectadas denunciaron que viven ante el temor constante de perder sus hogares. Y es que, el pasado lunes, un nuevo desgajamiento incrementó la alerta de los pobladores. Fidel Hernández Jiménez, de 70 años, dijo que observa cada día cómo la tierra se acerca más a su vivienda: “ya solo queda un metro entre mi casa y el derrumbe”, lamenta. En su hogar viven siete personas, incluidos tres menores de edad: “me dicen que me salga, pero a dónde me voy”, señaló, recordando que Protección Civil le advirtió del riesgo tras la caída de un árbol cercano. Los vecinos han solicitado en repetidas ocasiones la construcción de un muro de contención y la canalización adecuada de las aguas pluviales, pero aseguran que sus llamados han sido ignorados por las autoridades municipales. En 2021, un deslizamiento de tierra abrió una grieta de más de 10 metros de profundidad y, recientemente, otro desgajamiento agravó el riesgo para las familias que viven a su alrededor. “Esto se está agravando mucho y no podemos hacer nada nosotros solos”, afirmó el septuagenario, quien ha invertido de su propio bolsillo en tuberías para desviar los escurrimientos. Las familias afectadas demandaron que se realicen inspecciones geológicas urgentes y que se tomen medidas concretas para evitar una tragedia. Mientras tanto, viven en una espera angustiante, con la esperanza de que alguien escuche su llamado antes de que sea demasiado tarde, pues las lluvias recientes han reblandecido aún más el terreno, aumentando el riesgo de colapso. Así las cosas…. AL NO encontrarse pruebas contundentes que acreditaran su participación en los hechos denunciados, luego de varias semanas, Rolando Olivares Ahumada, exalcalde de Martínez de la Torre, fue puesto en libertad por una jueza del Centro de Justicia Penal Regional de San Luis Potosí, quien determinó la no vinculación a proceso por los delitos de fraude en concurso real y ataque peligroso. La decisión se tomó durante la audiencia celebrada el pasado 7 de octubre, donde se constató que las acusaciones en su contra carecían de sustento. Olivares Ahumada fue detenido el pasado 30 de septiembre por elementos de la Policía de Investigación de San Luis Potosí, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juez de Control y del Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, bajo el expediente RI/SLP/EXP-1165/2025. La orden se derivó de denuncias presentadas por Antonio Zumaya Ahumada, quien acusó a Olivares Ahumada de fraude y de un supuesto ataque peligroso ocurrido en mayo de 2025. Durante la investigación, los abogados del exalcalde señalaron presuntas violaciones a sus derechos fundamentales y al debido proceso, al evidenciarse múltiples irregularidades en la carpeta de investigación. Entre éstas, destacaron que Olivares Ahumada nunca fue notificado formalmente de la denuncia ni se intentó recabar su versión de los hechos, además de no realizarse diligencias para verificar cámaras públicas o privadas que pudieran respaldar las acusaciones del denunciante. El expediente indica que, según la supuesta víctima, el 2 de abril de 2023 se habría acordado con Olivares Ahumada la venta de 180 toneladas de limón (lima persa) a entregar en Martínez de la Torre a un precio de 40 pesos el kilo, con pago de contado. Posteriormente, el denunciante afirmó que el 30 de mayo de 2025 Olivares Ahumada lo habría perseguido y disparado en varias ocasiones en San Luis Potosí; sin embargo, las investigaciones realizadas por la Fiscalía no lograron comprobar la versión de la víctima, ni vincular al exalcalde con el incidente. Por su parte, los abogados del exalcalde anunciaron que podrían emprender acciones legales por la falsedad de la denuncia, así como por las anomalías detectadas en la integración de la carpeta de investigación, señalando que estos actos pusieron en riesgo la reputación y libertad de Olivares Ahumada sin justificación legal. La libertad de Olivares Ahumada se suma a la constancia de que no existen procesos abiertos ni investigaciones pendientes en su contra, dejando clara su absolución total. Así las cosas.
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Trabajadores del IMSS Bienestar mantienen cerradas oficinas centrales tienen un año sin recibir pago de bonos y prestaciones MEMORANDUM 3.- Trabajadores de IMSS Bienestar de Guerrero mantienen cerradas las oficinas centrales del organismo en Ciudad de México, ya no quieren más engaños. Demandan, para 10 de ellos, la obtención de plazas de base y afirman que, en representación de alrededor de mil 500 empleados, exigen el pago de bonos y prestaciones que no han recibido desde 2024. Mientras que las autoridades exigen la entrega de las oficinas para poder iniciar el diálogo con los empleados, los inconformes aseguran se mantendrán en el inmueble ubicado en la colonia Guadalupe Inn. El problema, señalaron los inconformes, es que “ya estamos cansados de que nos traigan a las vueltas. Tenemos minutas con compromisos firmados por los funcionarios en enero, febrero, abril, mayo y julio”, sin que a la fecha se hayan atendido sus peticiones. Por eso, dicen, “no se le puede creer a la jefa de Relaciones Laborales, Carol Argelia”, quien planteó esa condición para “escucharnos. Eso no es posible, lo que queremos son soluciones a lo que ellos ya conocen”. Cuando las autoridades atiendan las demandas, “por lo menos con un compromiso firmado, entonces entregamos el edificio”. IMSS Bienestar informó en una tarjeta informativa sobre su disposición al diálogo con los trabajadores “para escuchar y atender sus inquietudes”. Indicó que el lunes mantuvieron “varias horas de diálogo y los trabajadores aceptaron participar en una mesa de trabajo” hoy martes a las 7 de la mañana. Pero a la hora indicada, “decidieron suspender su participación y colocaron nuevamente el candado en las oficinas ubicadas en Gustavo E. Campa número 54”. Con respecto a la demanda de basificación, IMSS Bienestar informó que los 10 trabajadores que no han tenido este beneficio porque no cumplen con los requisitos que marca la ley. Ellos, por su parte, advierten que tal incumplimiento es por fallas en el sistema de IMSS Bienestar, pues tienen más de 10 años de antigüedad como trabajadores de la salud en Guerrero. El organismo público descentralizado responsable de la prestación de servicios médicos para personas sin seguridad social, indicó que los empleados también han planteado la destitución de la coordinadora estatal, pero para eso, se requiere que interpongan una queja ante el Órgano Interno de Control y se realicen las investigaciones correspondientes.
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