ICC México alerta sobre riesgos de la reforma a la Ley Aduanera y propone una agenda de modernización equilibrada MEMORANDUM 1.- La historia se vuelve a repetir ahora, la Cámara de Comercio Internacional de México (ICC por sus siglas en inglés) hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar con detenimiento la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, al considerar que cualquier ajuste legal debe buscar un equilibrio entre la seguridad, la recaudación y la competitividad internacional de México. Advierten que en su diseño actual hay riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones sobre todo del nearshoring. Se subrayó que hay contradicciones con compromisos internacionales, ya que algunas disposiciones son incompatibles con el T-MEC y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, lo que expone a México a controversias internacionales. La ICC México con sus comisiones de expertos reconocen los esfuerzos del Ejecutivo por modernizar el sistema aduanero, pero también, advierten, que una reforma apresurada y punitiva puede terminar afectando la recaudación, la inversión y el empleo. México necesita aduanas modernas, ágiles y confiables, que sean un aliado del desarrollo y no un obstáculo, por lo que en la International Chambero f Commerce solicitan una reforma construida a partir del diálogo amplio, escuchando a la iniciativa privada y adoptando estándares internacionales que fortalezcan nuestra competitividad. Se resaltó que el comercio exterior es el motor de la economía mexicana al representar más del 36 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y sostener uno de cada cinco empleos, además de generar casi una cuarta parte de la recaudación tributaria del país. Expertos de ICC México reconocen que la propuesta de reforma - presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de septiembre-, contiene avances valiosos en materia de digitalización y control tecnológico. No obstante, en su diseño actual la referida propuesta de reforma plantea riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave, especialmente en el contexto del nearshoring, puesto que entre los puntos más sensibles destacan: Sobrerregulación y duplicidad de requisitos, debido a que la iniciativa concentra responsabilidades excesivas en los agentes aduanales, imponiéndoles obligaciones que rebasan sus facultades y aumentando el riesgo de suspensión o cancelación de patentes. Incremento de costos y tiempos, ya que con los nuevos procesos, verificaciones adicionales y aranceles de hasta 50 por ciento para ciertos bienes encarecerían las operaciones de importación y exportación, afectando sectores estratégicos como el automotriz, químico, farmacéutico y de alta tecnología, así como un impacto en la competitividad regional, ya que la sobrerregulación podría restar atractivo a México frente a otros países que hoy disputan inversiones derivadas del nearshoring. Ante tal panorama, los expertos de la ICC México enfatizaron que lejos de oponerse a la modernización, consideran que es indispensable fortalecer a las aduanas y combatir el contrabando bajo una visión integral y facilitadora. La propuesta es lograr una digitalización integral, no burocratización, impulsar la Ventanilla Única de Comercio Exterior como plataforma central, evitando duplicidades y promoviendo trámites electrónicos simples y seguros. Gestión de riesgos moderna, con la adopción de un modelo de inspección basado en perfiles de riesgo y certificación de operadores confiables, en línea con las mejores prácticas internacionales, distribuir las obligaciones entre importadores, exportadores, transportistas y agentes aduanales, evitando sanciones desproporcionadas a intermediarios. Asimismo, señalaron la importancia de contar con una política arancelaria coherente, que se revisen los incrementos de tarifas a la luz de estudios de impacto, para no encarecer insumos esenciales que afectan la producción nacional.
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Magisterio definirá su esquema de evaluación en consulta que se llevará a cabo escuela por escuela MEMORANDUM 2.- En una consulta pública nacional, el magisterio definirá el esquema con el que quieren ser evaluados, para que nunca más se lesione derechos humanos de las y los maestros, y que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), informa el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo. Al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado Carrillo precisó que esta consulta se llevará a cabo escuela por escuela, a partir de este mes con el fin de permitir que el magisterio reflexione y debata sobre las mejores alternativas para fortalecer la relación con la autoridad educativa, y cuyos resultados se darán a conocer entre marzo y abril de 2026. Delgado Carrillo explica que “Con base en esos datos se elaborará un nuevo marco jurídico que responda a las verdaderas necesidades del personal docente, superando las limitaciones y deficiencias del modelo anterior, y se refrenda el compromiso por el respeto a los derechos laborales de las y los maestros, lo que representa un pilar de la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha definido a la educación como el corazón de la Cuarta Transformación”. El encargado de la política educativa de México destacó los avances durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, de quien destacó su real compromiso con la educación en todos los niveles, y advirtió que la escuela no es mercancía. Es un derecho humano, y éste debe ser garantizado por el Estado. “Nuestra Presidenta está forjada en el sector educativo de múltiples maneras. Desde niña, cuando sus padres participaron activamente en el movimiento estudiantil de 1968, comprendió el peso de la educación popular. De adolescente se unió al movimiento de los rechazados, luego de ingresar al CCH Sur y ver que muchos de sus compañeros de generación habían quedado excluidos. De joven adulta fue lideresa en el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 y defendió la educación pública contra quienes querían mercantilizarla y ponerle precio”, dijo el funcionario. Mario Delgado recordó que actualmente el Programa de Becas para el Bienestar beneficia a más de 13 millones de niñas, niños y jóvenes, con una inversión sin precedentes de 133 mil millones de pesos. El funcionario sostuvo que con la ampliación de la Beca Universal Rita Cetina se busca alcanzar un padrón de 20 millones de beneficiarios, garantizando que todas y todos los estudiantes de educación primaria tengan acceso a este apoyo. “La educación es un derecho, no un privilegio, y nuestro deber es garantizar igualdad de oportunidades”, enfatizó. Finalmente, Mario Delgado aseguró que el rumbo de la política educativa está definido: consolidar a México como una república educadora, humanista e incluyente, donde el magisterio sea el motor del cambio y la juventud el rostro del futuro. El líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio la bienvenida al secretario de Educación y destacó que con su comparecencia se fortalece el diálogo republicano entre poderes. Señaló que los planteamientos expuestos permitirán diseñar y construir el futuro de la patria en materia educativa. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada María de los Ángeles Ballesteros García, afirmó que comparecer ante la Cámara no es un trámite, sino un acto de rendición de cuentas frente al pueblo de México. Subrayó que el intercambio de visiones con el titular de la SEP se realiza en un momento histórico, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la educación en el centro del proyecto de nación.
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Ley de Amparo compromete la confianza de los inversionistas, advierten IP; oposición alerta de violación a la Constitución MEMORANDUM 3.- Al igual que los partidos de oposición, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alerta que la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México pues limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo. Advierte sobre una serie de “puntos críticos” de esta reforma y calificó como grave el artículo transitorio que se aprobó por la mayoría oficialista de último momento, donde se establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. “Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, indica. Por ello, llamó a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo. En un posicionamiento señala que “México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho y sostener la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar la justicia, la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”. El organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Álvarez, recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional por lo que consideró que cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo. Gracias a este instrumento, agregó, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. La central patronal reconoció los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias, pero advirtió una serie de restricciones en lo que se aprobó que afectan a ciudadanos y empresas. Ejemplificó la figura del interés legítimo colectivo donde explicó que sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. Indica que si un ciudadano o un negocio que busca detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato. En cuanto a la materia de suspensión del acto reclamado, la Coparmex alertó sobre la rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. “En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias”, estableció. Otro punto crítico –agregó--es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana. Dice que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta. “Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, explicó
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