Dice embajador de EU que relación bilateral se construye con base en respeto, cooperación, coordinación y colaboración MEMORANDUM 1.- El pasado viernes, el canciller Juan Ramón De la Fuente se comunicó vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. En la conversación expresó la oposición de México al propuesto impuesto del 3.5 por ciento sobre las remesas que envían los migrantes mexicanos desde EU. De la Fuente destacó la dependencia vital de miles de familias mexicanas a estos envíos y calificó la medida como inaceptable. En este contexto, el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, publicó este sábado un mensaje en la red social X en el que subrayó que la relación bilateral se construye “con base en respeto, cooperación, coordinación y colaboración”. Un día después de la conversación telefónica entre el canciller y el secretario de Estado, en la que se abordaron temas centrales de la agenda común, el enviado de la Casa Blanca aseguró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario Rubio, su gobierno trabaja "24/7 con México para fortalecer la relación México-EU, con base en respeto, cooperación, coordinación y colaboración". Como parte de la estrategia diplomática, legisladores mexicanos viajarán a Washington la próxima semana para discutir este tema directamente con sus homólogos estadunidenses. A su vez, Rubio reconoció los avances de México en migración y seguridad, particularmente en el combate al tráfico de armas. El Departamento de Estado de EU informó que la llamada buscaba impulsar prioridades de seguridad compartidas, incluyendo la seguridad fronteriza, el desmantelamiento de cárteles y la promoción de la seguridad económica en Norteamérica. Ambos funcionarios acordaron intensificar la cooperación bilateral para el bienestar de ambos países.
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Sistemas de pensiones en México absorben el 23 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación MEMORANDUM 2.- De acuerdo con el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, perito valuador de sistemas de pensiones y dictaminador de planes de pensiones, en México existen más de 1,000 sistemas de pensiones financiados con recursos públicos, todos ellos diferentes y la mayoría descapitalizados. Entre todos consumen 23% del presupuesto de egresos de la federación. Entre otros, destacan el que sirve para pensionar a trabajadores del sector privado que cotizaron en el IMSS; el que pensiona a los trabajadores del IMSS (que no es igual al anterior); el que pensiona a los que cotizaron en el ISSSTE; el que es para las Empresas Productivas del Estado como Pemex y CFE; ISSFAM; Pensión del Bienestar; Pensión del Bienestar para Adultos Mayores; los esquemas estatales; el de municipios; los de los poderes judiciales; el del banco de México; los de las policías y los de la banca de desarrollo y fuerzas armadas. El experto refirió que hay tres grandes grupos de pensionados en el país. El primero, lo integran los que no están afiliados a sistemas de pensiones contributivas y representan alrededor de 55% de la Población Económicamente Activa. Son alrededor de 35 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social contributiva. Solo tienen acceso a la Pensión del Bienestar. El segundo lo integran los afiliados al IMSS y representa alrededor de 33% de la Población Económicamente Activa. Éste se divide además en dos grupos que son los que ingresaron a trabajar antes de 1997 y los que ingresaron después de ese año, que son los que están en el sistema de cuentas individuales de las Afores, en donde los trabajadores reciben de pensión lo que ahorraron. El especialista dijo que hasta antes de la reforma de 2020 las pensiones del IMSS no iban a superar el 25% del sueldo del trabajador lo cual constituía un problema social gravísimo. En 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual, si tienen 65 años de edad, los trabajadores se pueden pensionar con el equivalente al 100% de su salario siempre y cuando no exceda 16,777 pesos mensuales que es el salario promedio registrado en el IMSS. Funciona como un complemento al monto de la pensión que otorga el IMSS. Además, hay un tercer grupo que lo integran los servidores públicos y trabajadores universitarios que representan alrededor de 12% de la Población Económicamente Activa. Hasta antes de las reformas de pensiones se les pensionaba cumpliendo entre 25 y 30 años de servicio, sin importar la edad con el equivalente a 100% de su último sueldo. De acuerdo con el actuario, en 2015 el gobierno federal destinaba a pensiones 589,238 millones de pesos, cifra que se incrementó a 1.19 billones en 2020 y este 2025 serán dos billones 139,007 millones de pesos que equivalen a 23% del presupuesto. Incluye todo tipo de pensiones. El especialista dijo que esa enorme diversidad complica implementar una política de seguridad social eficiente. Además, modificar cada uno de esos esquemas tiene una complejidad política muy grande. Por otra parte, refirió que las principales causas de descapitalización del sistema de pensiones son el incremento de la esperanza de vida (actualmente es de 76 años), decremento en la tasa de natalidad, la inexistencia de normatividad para la creación de reservas; el reconocimiento de antigüedad; tasas bajas de interés; insuficiencia de aportaciones y la inexistencia de sueldo regulador. El especialista dijo que es necesario crear un grupo interdisciplinario de expertos que analice los temas económicos, políticos, sociales y jurídicos relacionados con todos los sistemas de pensiones que operan en el país, que rescate los aciertos de cada uno de ellos, corrija sus deficiencias y proponga soluciones para cada uno de ellos y resuelva el problema financiero y social que representan. “No es posible que el problema financiero más grave que tenemos como federación no lo atienda nadie hoy en el Ejecutivo”, con todo y que representa 23% del presupuesto federal”, señaló. En su opinión, debería haber una secretaría de seguridad social que marque la política pública en la materia, con poder político y económico para reclamar que se hagan las cosas. Además, es necesario contar con una ley marco nacional que, cuidando autonomías, rija todos los sistemas de pensiones del país y ponga los techos mínimos y máximos de las prestaciones que pueden ofrecer. No es posible que un cabildo de un municipio apruebe pensiones a los 10 años de servicio sin importar la edad, indicó.
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Exigencia de la CNTE de eliminar la reforma a la ley del ISSSTE, implicaría un costo enorme a las finanzas públicas MEMORANDUM 3.- Para el Coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, Jorge Cano, la exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de eliminar la reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, es fiscalmente insostenible, pues implicaría un costo enorme a las finanzas públicas y tendría efectos regresivos, afirmó. El experto en análisis de finanzas públicas explicó que con la reforma de 2007 se determinó que las personas que comenzaron a cotizar en el ISSSTE, a partir de ese año, tendrían derecho a una jubilación mediante un esquema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Una afore es una institución que se encarga de llevar a cabo la administración de fondos para el retiro de los trabajadores. Su jubilación se haría mediante ahorro individual, por lo que recibirán de pensión lo que ahorrarán antes de su retiro. Hasta antes de esa reforma, lo que había eran las pensiones de beneficio definido, es decir con base en el promedio de su salario en los últimos años y el pago de la pensión era garantizada por el Estado a través de los impuestos de los contribuyentes. El especialista destacó que eso conlleva una gran presión fiscal ya que tan solo el gasto en pensiones de los trabajadores que cotizaron en el ISSSTE antes de 2007 y los que cotizaron en el IMSS antes de 1997 y que son de beneficio definido, en 2024 significaron un gasto equivalente a 4.3% del Producto Interno Bruto, lo cual fue una cifra a la que nunca se había llegado. Y si se consideran las pensiones asistenciales, las del Bienestar, el total del gasto equivale a 5.7% del PIB. Para poner en perspectiva esa suma, dijo que equivale a más del doble de lo que se destina a Educación, que equivale a alrededor de 3% del PIB y más del doble de lo que se gasta en Salud, que equivale a alrededor de 2.7% del PIB o bien prácticamente todo lo que se gasta en pensiones que equivale a su vez a todo lo que se recauda de IVA. Lo complicado es que el gobierno regresaría a garantizar el pago de pensiones. “Implicaría un gran costo a las finanzas públicas, e irremediablemente se tendrían que hacer recortes en otras áreas, como salud, educación o seguridad”. Eso tendría impactos sociales considerables, pues lo que se ha visto en los últimos años es que el incremento en el costo de las pensiones ha implicado estancamiento o reducción en otros gastos importantes. La otra salida sería que se incrementaran sustancialmente los impuestos. Por otra parte, refirió que las gráficas de los datos del gasto público reflejan que desde la transición a las Afores, el ritmo del crecimiento del gasto en pensiones contributivas ha sido menor. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, el pago de pensiones del ISSSTE creció 80%; en el de Enrique Peña Nieto 47% y en el de Andrés Manuel López Obrador 30%. Por otra parte, consideró que congelar en 58 años la edad a la que pueden jubilarse los trabajadores que cotizan en el ISSSTE tendrá un impacto en las finanzas públicas simplemente porque implica pagar pensiones más años, pues tan solo la esperanza de vida en México es de 76 años. Además, tendría un efecto de inequidad, porque las pensiones de los extrabajadores del Estado tendrían mejores pensiones que las de otros sin contar a los que solo tienen acceso a la Pensión del Bienestar porque trabajaron en el sector informal. El especialista refirió que el país no tiene condiciones macroeconómicas para sostener un sistema de pensiones creciente, sobre todo porque la mitad de la población económicamente activa no paga el Impuesto Sobre la Renta, porque trabaja en la informalidad ni aportan cuotas a la seguridad social y eso limita los ingresos del gobierno. Por su parte el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal, perito valuador de sistemas de pensiones y dictaminador de planes de pensiones, llamó la atención en que en 2025 el ISSSTE gastará 401,730 millones de pesos en pensiones; para 2030, 431,340 millones de pesos y para 2040 la cifra llegará a 449,720 millones. Las proyecciones indican que para 2050, cuando surtan efecto las reformas a su sistema de pensiones la cifra baje a alrededor de 358,320 millones de pesos (de 2023) y para 2060 213,520 millones de pesos.
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