PJF rechaza abrir proceso penal por tortura en agravio de Luis Ángel Bravo, exfiscal de Veracruz MEMORANDUM 1.- Al no acreditar los presuntos abusos, el Poder Judicial de la Federación rechazó abrir el proceso penal por la presunta tortura de la que fue víctima el exfiscal general de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras, cuando estuvo preso en el Penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Los magistrados determinaron que las condiciones en las que vivió en el penal fueron las propias de cualquier prisión. En 2019, el exfiscal general de Veracruz denunció supuestos hechos de tortura, señalando a los exdirectivos del penal Raúl Platón del Cueto y Gabriel Jiménez Ramírez, así como al entonces fiscal general, Jorge Winckler. Aunque dijo que nunca fue golpeado, entre los presuntos malos tratos acusó que era torturado porque se le obligaba a tomar sus alimentos encerrado en su celda, solo podía salir treinta minutos al día, y había una cámara específica que le apuntaba a él todo el tiempo por lo que tenía que hacer sus necesidades fisiológicas frente a la misma. Refirió que fue castigado por una publicación de Facebook con la que se indicaba que tenía un teléfono celular, dormía en una cama de cemento con una minicolchoneta, que no tenía agua caliente y que el tamaño de su celda era pequeño, lo que limitaba su movilidad, ocasionándole un problema en la espalda. Refirió que todas estas condiciones tenían un esquema de intimidación cuya finalidad era obligarlo a incriminar al exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Por lo anterior, Óscar Hernández Carmona, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, ordenó a la Fiscalía Especializada para la investigación de Delitos de Tortura Zona Centro Xalapa, solicitara órdenes de aprehensión en contra de los señalados. Sin embargo, estos promovieron amparos, mismos que fueron concedidos y ratificados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Los magistrados determinaron que no pueden considerarse como actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión, las condiciones en que la persona quejosa se encuentra privada de la libertad, cuando son inherentes o connaturales a la prisión misma. Y que las condiciones de la estancia donde estuvo ubicado el quejoso, su cama, su colchoneta, el agua que no era caliente, su comida, la vigilancia y demás, son aspectos que, dentro de lo razonable, no pueden considerarse como tratos crueles e inhumanos, sino que se trata de una circunstancia inherente a la prisión misma, de manera que cuando esa medida se encuentra justificada, al tener como consecuencia los efectos derivados de la restricción de la libertad, no puede obligar a que se lleve a cabo en condiciones distintas, pues ello implicaría exigir tratamientos de privilegio, cuya pretensión no tiene fundamento legal ni racional. Así las cosas.
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Denuncian madres buscadoras amenazas telefónicas desde ladas extranjeras, en especial de Reino Unido MEMORANDUM 2.- De acuerdo con Rosalía Castro Toss, integrante del Colectivo Solecito, ladas extranjeras de Reino Unido marcan y amenazan a madres que buscan a sus hijos en el estado de Veracruz. La mañana de ayer sábado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista marchó con más mujeres para exhibir la situación que atraviesan desde hace un par de años atrás. "Somos la voz de ellos, vamos a marchar, vamos a hacer un pase de lista, vamos a ponerles unas flores que realicé con mucho amor. Va a ser algo diferente, todo por ellos", aseguró. Previo a la movilización, la madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011 en el puerto de Veracruz, lamentó el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de su hija. "Solo buscamos a nuestros hijos, no buscamos culpables, queremos justicia y verdad. Si seguimos en eso, las siguientes somos nosotros, por eso tenemos que cuidarnos", afirmó. Con este crimen, dijo que colectivos del país las contactaron para emitir un pronunciamiento al respecto, mismo que -adelantó- firmarán como muestra de solidaridad y continuidad a las acciones que realizan para encontrar a sus familiares desaparecidos. "No estamos haciendo daño, estamos recuperando el daño que ellos hicieron y todavía que estemos en peligro ¿En qué país vivimos?". Al ser cuestionada sobre las amenazas a las madres buscadoras en Veracruz, la integrante del colectivo Solecito respondió que sí han ocurrido y que, por temor a más intimidaciones, evitan dar detalles de la situación. Rosalía Castro refirió que las amenazas hacia ellas, como buscadoras, se enfocan en que le paren o les pasará algo grave. Además, que organizaciones gubernamentales les ofrecen seguridad pero la rechazan por desconfianza. "No sabes si el que te va a resguardar te va a poner (...) Es algo muy delicado y solo una o dos nos comentan. No todas quieren hablar de ese tema y mucho menos publicarlo. Todo es amenaza telefónica, por decir te amenazan de Reino Unido, esa es la lada pero hay que ver la ubicación", sostuvo. La madre buscadora agregó que lo único que hacen, como ella, es encomendarse a Dios y seguir rastreando dónde estará su familiar desaparecido. Así las cosas.
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De 2019 a 2025, al menos 29 expolicías y agentes en funciones han sido vinculados por desaparición forzada MEMORANDUM 3.- Durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz – y lo que va de la actual administración estatal, se reportó la detención de 29 policías estatales y municipales, tanto en activo como exelementos, por su presunta participación en desapariciones forzadas. La información obtenida vía solicitudes de transparencia forma parte de un panorama judicial en el que, en ese mismo periodo, se dictaron 36 sentencias condenatorias por delitos relacionados con desaparición. Los registros explican que expolicías estatales y municipales, así como agentes en funciones, han sido vinculados a estos crímenes en distintos años. En 2024, por ejemplo, fueron aprehendidos policías estatales en activo, mientras que en 2019 y 2021 se reportaron detenciones de exagentes. El número de víctimas asociadas varió en cada periodo, con reportes en 2019, 2021, 2023, 2024 y hasta inicios de 2025. El Poder Judicial informó que entre 2019 y 2025 se iniciaron 30 procesos penales por desaparición forzada y 55 por desaparición cometida por particulares, con un total de 41 autos de vinculación a proceso. Con relación a los resultados, se dictaron 36 sentencias condenatorias en juicios orales: 13 por desaparición forzada y 23 por desaparición cometida por particulares. No se emitieron condenas en procedimiento abreviado. En contraste, solo se dio una absolución, vinculada a un caso de desaparición cometida por particulares. En este mismo periodo se libraron 48 órdenes de aprehensión, de las cuales 41 fueron ejecutadas. De igual forma, en lo que va de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha difundido 19 boletines oficiales sobre desapariciones. Tres de los casos concluyeron en sentencias condenatorias con penas de entre 27 y 64 años de prisión, mientras que el resto corresponde a vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión aún en trámite. Ocho de los expedientes se relacionan con desaparición forzada y 11 con desaparición cometida por particulares. Según datos de la organización Red Lupa, el municipio de Veracruz puerto concentra la mayor cifra de desapariciones en la entidad, con 991 casos acumulados hasta mayo de 2025. En el último año se registró un aumento de más de 500 reportes. Le siguen Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos como los municipios con más denuncias. Por su parte, Anaís Palacios, defensora de derechos humanos, afirmó que aunque Veracruz ha homologado la Ley General en Materia de Desaparición y fortalecido protocolos de búsqueda, para las familias los resultados no son visibles. Advirtió que la acumulación de casos sin resolver muestra que los avances legales no se traducen en justicia. “Hay muchísimos casos de larga data de los que no se están teniendo ni localizaciones, ni tampoco la posibilidad de justicia. No solamente no estamos encontrando a las personas desaparecidas, sino que los perpetradores y los culpables siguen allá. Esto lo que está provocando es que haya una acumulación de casos y de cifras, como lo quieran ver las autoridades”, expresó. La activista refirió que la violencia de la delincuencia organizada sigue sin contenerse en la entidad. “La geografía de Veracruz es muy particular. Somos un estado de tránsito, tenemos siete estados colindantes. Creo que el territorio veracruzano tiene tanta extensión que ha facilitado los espacios de ocultamiento. Pero lo más importante es la acción de los grupos criminales, y en Veracruz no hemos parado desde 2010 de contar a los cárteles”, señaló. Palacios destacó que los mecanismos institucionales no han garantizado justicia para las víctimas. “Están diseñados para perpetuar la condición de las víctimas para que no salgan de ahí, y también el tema de la impunidad”. Recordó que, pese a los señalamientos contra el gobierno de Javier Duarte, “en 2025, 10 años después de ese periodo, no se ha podido acreditar lo sucedido. Eso refleja los ocultamientos que aún prevalecen”. Aunque reconoció una mayor empatía hacia las familias, insistió en que la justicia no debe convertirse en una simulación: “Que la justicia no sea una simulación, esas cosas que las familias saben que pueden funcionar, pero que tienen que adoptar otra forma porque el gobierno o el estado les ha dado lo mínimo”. Palacios describió la presencia de fosas clandestinas como parte de la vida cotidiana en Veracruz. “Para mí, eso es vivir en Veracruz: no saber. La fosa significa una posibilidad. Tú hablas de una fosa con alguien que no tiene un familiar desaparecido y te va a decir: ‘Ah, no, qué susto, qué miedo, debe apestar’. Hay muchas opiniones tanto de respeto como aquellas que no”, explicó. Dijo que, ante la falta de información y de investigaciones efectivas, muchas familias terminan viendo en las fosas el único escenario posible de búsqueda. En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Palacios destacó que esta fecha recuerda la obligación del Estado de actuar con seriedad. “Creo que significa el reconocimiento a nivel internacional de que la desaparición no es normal y que es una obligación del Estado prevenir, sancionar, investigar, erradicar. Y la garantía de no repetición de las desapariciones”. Agregó que la utopía para las familias sigue siendo un país donde nadie falte y cada caso sea investigado a fondo. “Todavía no estamos en ese lado en Veracruz ni en el país, todavía no estamos en posibilidades de cumplir eso que señala la Convención Internacional Contra las Desapariciones Forzadas”, aseguró. Por último, Palacios lanzó un llamado a la sociedad para sumarse a la exigencia de justicia. “También es un llamado de atención a los que no lo hemos vivido, de cómo también sumarnos a la exigencia que tienen las familias, de cómo a veces un acto tan simple como no arrancar un boletín de búsqueda puede ayudar a alguien a menos ser olvidado. Es una sociedad a veces dividida, a veces solidaria, a veces callada, a veces muy activa, pero con mucha necesidad de encontrar a los suyos”, concluyó.
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