Sipinna anuncia que abrirá línea telefónica para hacer efectiva la obligación de padres biológicos a proveer alimentación MEMORANDUM 1.- Luego del fallo “histórico” de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) anunció que en breve abrirá una línea telefónica de orientación en el proceso de hacer efectiva la obligación de padres biológicos a proveer de alimentación desde el nacimiento de niñas, niños y adolescentes. Sipinna, a cargo de Lorena Villavicencio Ayala, aplaudió que el pleno de ministros del máximo tribunal del país haya resuelto un amparo directo en revisión en favor de una madre de familia que reclamó el derecho de su hija al reconocimiento de la paternidad biológica y el pago de la pensión alimenticia. La dependencia de protección del interés superior de la niñez destacó que el derecho a la alimentación es imprescriptible, irrenunciable y una obligación de orden público como lo mandata la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. “Ante cualquier duda vinculada con esta sentencia de la Corte (SCJN) se brindarán asesorías a través de una línea telefónica”, indicó. Sipinna felicitó a la SCJN por la resolución del Amparo Directo en Revisión 7178/2024, fallo de gran relevancia para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en lo relativo al interés superior de la niñez y al derecho humano a recibir alimentos desde el nacimiento. “No existe pretexto alguno para que los niños tengan satisfechas sus necesidades básicas y alimentación. En próximas semanas Sipinna se sumará con un programa de asesorías a través de una línea telefónica y dará seguimiento a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales. Sipinna es la guardiana y garante del ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes y cumplirá con su mandato”, aseguró. El pasado miércoles, el pleno de ministros resolvieron un juicio familiar promovido por una madre en representación de su hija, en el que se solicitó el reconocimiento de paternidad y el pago de pensión alimenticia, incluyendo alimentos retroactivos. Ante la ausencia del padre biológico y con el fin de facilitar el acceso a servicios de salud y asegurar la subsistencia de la niña, el abuelo materno la reconoció de manera solidaria y cubrió sus necesidades básicas. Posteriormente, se declaró judicialmente la filiación biológica y legal con el padre, quien se negó a cubrir los alimentos retroactivos. Al conocer del asunto, la Suprema Corte identificó una problemática constitucional central, consistente en determinar si, en los casos en que una niña o niño fue reconocido por un abuelo u otro familiar por solidaridad y como parte de una red de apoyo, resulta constitucionalmente procedente exigir al padre biológico y legal el pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento, o si dicha condena debía considerarse improcedente por generar un supuesto doble pago. Sipinna destacó que la Corte resolvió que sí es procedente condenar al padre biológico y legal al pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento. Estableció que el derecho de alimentos tiene su origen directo en la filiación biológica, no en el reconocimiento registral, y que se genera desde el nacimiento de hijas e hijos. Reafirmó que se trata de un derecho imprescriptible, irrenunciable y de orden público, con una clara dimensión de derecho humano, estrechamente vinculada al artículo 4º constitucional y a la Convención sobre los Derechos del Niño. En el debate, el Alto Tribunal explicó que el reconocimiento realizado por el abuelo materno debe entenderse como parte de una red de apoyo familiar, común en contextos de ausencia del progenitor y vulnerabilidad de la madre, y que dicha solidaridad no sustituye ni extingue la obligación alimentaria del padre biológico. De igual forma, precisó que no existe incompatibilidad de paternidades ni un doble pago, ya que las obligaciones asumidas por el abuelo y el padre no son contrapuestas, sino que convergen en un mismo fin: garantizar el desarrollo integral de la niña. Para Sipinna, esta resolución constituye un criterio trascendental para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al dejar claro que ningún arreglo familiar solidario puede justificar la evasión de la responsabilidad parental, y que el derecho a los alimentos debe interpretarse siempre desde el interés superior de la niñez, como principio rector del orden constitucional y convencional mexicano.
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Departamento de Estado de USA ordena analizar implicaciones jurídicas de intervención militar en México contra los cárteles MEMORANDUM 2.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado a su área legal que analice las implicaciones jurídicas que justifiquen una intervención militar en México contra los cárteles de la droga, en lugar de evaluar marcos legales mexicanos relacionados con ataques. La administración de Donald Trump busca evaluar los marcos legales tanto nacionales como internacionales que podrían respaldar una acción militar fuera del territorio estadounidense en el contexto del combate al crimen organizado transnacional. Hasta el momento no se ha informado sobre una decisión formal ni sobre acciones concretas derivadas de este análisis. Este movimiento se produce en medio de un pronunciado clima de tensión tras una reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro, lo que ha generado debate sobre la legalidad de acciones extraterritoriales. La instrucción legal coincide con declaraciones del presidente Trump, quien en una entrevista con Fox News anunció que su gobierno “empezará a atacar por tierra a los cárteles” tras haber reducido en gran medida el flujo de drogas por mar, calificando a estos grupos como una amenaza persistente para la seguridad de Estados Unidos. Trump afirmó que los cárteles “dirigen México” y vinculó el narcotráfico con decenas de miles de muertes en su país, sin detallar cómo ni cuándo se ejecutarían las acciones terrestres. La idea ha generado un fuerte rechazo en México, donde se considera una violación de la soberanía nacional. En Estados Unidos, legisladores demócratas también se han opuesto a acciones militares unilaterales sin la autorización del Congreso, y se ha pedido al Secretario de Estado que se comprometa a no llevar a cabo tales acciones. Trump afirmó que estas medidas podrían implicar una mayor participación estadounidense si las autoridades mexicanas no logran contener la actividad de los cárteles, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado que se ha puesto en contacto con funcionarios estadounidenses clave para abordar estas preocupaciones de seguridad. México podría parecer un objetivo lógico para lo que Trump llama su batalla contra las drogas ilegales. Es el principal productor de fentanilo con destino a Estados Unidos y el corredor principal para la cocaína de Colombia. Eso lo convierte en un actor mucho más importante en el comercio mundial de drogas que Venezuela. Sin embargo, la descripción de Trump del mundo del tráfico mexicano no concuerda con la realidad de cómo operan estas organizaciones criminales, según analistas de seguridad y expertos académicos. La mayoría de los viejos cárteles se han fragmentado. Alrededor de 400 grupos criminales de diferentes tamaños operan en todo el país, dijo Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, un grupo consultor mexicano que monitorea las organizaciones armadas. Los mayores grupos de narcotráfico se han vuelto más sofisticados, con numerosas partes interconectadas. El más poderoso, el Cártel de Jalisco, está compuesto por alrededor de 90 organizaciones, aseguró Guerrero —un aumento respecto a las 45 de hace solo unos años. “Esta fragmentación ha significado que se necesite una estrategia más compleja y sofisticada para debilitarlos y desmembrarlos”, explicó el especialista. Las organizaciones de tráfico se han convertido en redes económicas complejas con una gran base de consumidores, más parecidas a corporaciones multinacionales que a los tradicionales grupos terroristas, dijo por su parte Benjamin T. Smith, historiador y autor de “The Dope: the Real History of the Mexican Drug Trade”. Cada vez más, buscan controlar territorios e imponer “impuestos” a casi todos en su zona de influencia. Eso incluye tanto a negocios legales, como los cultivadores de aguacate, como a traficantes de drogas y migrantes que van hacia Estados Unidos. Quienes no pagan, se arriesgan a ser asesinados. Lo que hace que la seguridad del país sea particularmente desafiante es que “nadie tiene el control firme, ni los cárteles ni el Gobierno”, dijo Falko Ernst, investigador sobre el crimen organizado en México. En algunas áreas, como la Ciudad de México, el Gobierno tiene la ventaja. En otras, mandan los grupos armados. Informes recientes detallan un clima de creciente tensión, la administración Trump sopesa medidas contundentes para combatir el narcotráfico y la violencia relacionada con las drogas que se extienden a Estados Unidos, con atención bipartidista en el Congreso y advertencias sobre complejidades legales y diplomáticas destacadas por ambos países. En tanto, las autoridades mexicanas destacan la cooperación en materia de seguridad existente con Estados Unidos y el éxito en el desmantelamiento de laboratorios de drogas, mientras que los funcionarios estadounidenses insisten en la urgencia de tomar medidas más contundentes como parte de una “Doctrina Monroe” más amplia que afirma el liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental.
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Advierte USA a Honduras que cualquier intento de revertir o anular elecciones generales de noviembre de 2025 podría acarrear graves consecuencias MEMORANDUM 3.- Al señalar que cualquier intento de revertir o anular las elecciones generales de noviembre de 2025 podría acarrear graves consecuencias para Honduras, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia contundente ayer sábado sobre la crisis política en el país centroamericano. La declaración se registró en un contexto de elevada tensión tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre, donde más de 3.8 millones de hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, sin que hasta la fecha exista un ganador oficialmente reconocido por todos los sectores involucrados. A través de su cuenta oficial en la red social X, la oficina diplomática estadounidense destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ya realizó una certificación inicial de resultados, aunque estos no han sido publicados de forma definitiva debido a retrasos y obstáculos en el proceso de recuento de votos. El mensaje destacó que la voluntad expresada en las urnas debe respetarse y que cualquier llamado a perturbar el orden público o influir en el trabajo del CNE tendrá consecuencias. Pese a la falta de detalles específicos sobre qué tipo de sanciones o repercusiones podrían aplicarse, la advertencia estadounidense refleja una creciente preocupación por la estabilidad política y la transparencia del proceso electoral hondureño. Washington ha pedido que el proceso especial de escrutinio se inicie “inmediatamente” para clarificar los resultados y avanzar hacia una resolución institucional del conflicto. La elección presidencial hondureña ha estado marcada por irregularidades en la publicación de resultados desde el mismo día de la votación. Informes indican que la plataforma que mostraba el conteo quedó estancada en torno al 80% de los votos y que el CNE enfrentó diversos problemas técnicos y administrativos, que han impedido completar el cómputo general. Este estancamiento ha alimentado acusaciones de fraude y presiones desde distintos sectores políticos. Algunos líderes opositores han denunciado supuestos intentos de manipular el proceso o influir en la voluntad popular, mientras que autoridades electorales sostienen que los retrasos se deben a fallas logísticas y administrativas. En medio de la incertidumbre, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha calificado la situación como una “amenaza” para el orden constitucional y ha denunciado lo que llama intentos de “coup electoral” y de violación de la voluntad popular. Castro afirmó anteriormente que se estaban gestando acciones para alterar los resultados a favor de determinados intereses políticos, lo que ha generado aún más tensión en la sociedad hondureña. En forma paralela, otros actores políticos y organizaciones han enviado mensajes mixtos. Por un lado, existen llamados a respetar la institucionalidad y permitir que el CNE concluya su trabajo sin interferencias externas o internas; por otro, aparecen voces que critican la intervención diplomática de Estados Unidos, considerándola una forma de presión política que podría influir en los resultados o la percepción pública del proceso. La advertencia de Estados Unidos se produce en un contexto regional donde la estabilidad democrática es objeto de atención no solo por parte del gobierno norteamericano, sino también de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y misiones de observación electoral. Estas entidades han instado a las partes involucradas a actuar con responsabilidad y dentro de los marcos legales existentes para evitar confrontaciones que puedan desestabilizar al país. El llamado estadounidense a respetar la voluntad de los votantes prevalece como un mensaje central: la estabilidad política, el respeto por los procesos electorales y la protección de los mecanismos democráticos son elementos fundamentales no solo para Honduras, sino para toda la región. Mientras tanto, la situación electoral sigue en desarrollo. La mirada de la comunidad internacional, y en particular de Estados Unidos, permanece atenta a los pasos que den las autoridades hondureñas para avanzar hacia la claridad de los resultados oficiales y evitar un deterioro mayor de la confianza pública en las instituciones democráticas. Así las cosas.
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