Revela Orfis que ex alcaldesa morenista de Sayula pretendió pasar como concluida una obra de 2.2 millones sin que se haya realizado MEMORANDUM 1.- Con las pruebas en la mano, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, reveló que el gobierno municipal de la morenista Lorena Sánchez Vargas, en Sayula de Alemán, que concluyó el pasado 31 de diciembre, pretendió pasar como concluida una obra de 2 millones 200 mil pesos sin que se haya realizado, lo que configura un posible daño patrimonial y corresponde a las observaciones que por más de 70 millones de pesos detectó el órgano de fiscalización, tan solo en la cuenta pública del 2024. Se trata de una ampliación de la red eléctrica que debía realizarse sobre la calle Altamirano, entre Miguel Alemán y calle Miguel Hidalgo, en el centro de la cabecera municipal. Aunque los trabajos se iniciaron, el ORFIS en la revisión realizada en el 2025, encontró que tiene faltantes en iluminarias, así como en la estructura de media tensión, un transformador, retenidas y conductores. Aún así la administración de Lorena Sánchez Vargas lo dio por concluida y pagada. Los vecinos exigieron concluir la obra eléctrica y sancionar a los exfuncionarios de Sayula de Alemán. Los dos millones doscientos mil pesos corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), recurso que principalmente se aplica para el mejoramiento urbano en municipios con población indígena, como es el caso de Sayula de Alemán. Los vecinos del sector afectado han pedido el apoyo del gobierno municipal actual para que esa obra se termine y se ejerza alguna acción legal contra quienes administraron el dinero en el cuatrienio anterior.
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Informa FGR que a través de un operativo de la FECOR fue inhabilitada una toma clandestina de 'huachicol' en Atoyac MEMORANDUM 2.- La Fiscalía General de la República (FGR) inhabilitó una toma clandestina de "huachicol" en el poblado Potrero Nuevo del municipio de Atoyac. A través de un documento oficial, el organismo autónomo explicó que en el operativo aseguraron cinco metros de manguera y una válvula, que fue inhabilitada para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Luego del operativo realizado a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ubicada en el estado de Veracruz, se inició una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables. Precisó que el agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron y aseguraron la toma clandestina. "La denuncia dio inicio en atención a una denuncia interpuesta por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la que, en el poblado Nuevo Potrero, hubo un alertamiento de baja presión de un ducto relacionado con una toma clandestina de combustible", refiere el documento. Para la realización del operativo se contó con el apoyo del personal de seguridad física de la paraestatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que dieron apoyo perimetral en la zona. La FGR confirmó que lo asegurado quedó a disposición del MPF, que continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Concluyó que a los presuntos responsables se les podría fincar el delito de alteración de ductos, previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
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Concluye pasarela de aspirantes a CEDH; cuitlahuistas, jueces y abogados acudieron ante el Congreso del Estado MEMORANDUM 3.- El Congreso del Estado concluyó este martes las entrevistas a las 12 personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes comparecieron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. La pasarela incluyó a la exsecretaria del Trabajo en el gobierno de Cuitláhuac García – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, Guadalupe Argüelles Lozano, así como a la actual encargada de despacho del organismo, Minerva Pérez López, jueces, exvisitadores y abogados con experiencia en casos de alto impacto. El primero en abrir la ronda fue David Quitano Díaz, quien ofreció una exposición centrada en su formación académica y trayectoria profesional. Dijo contar con estudios en Derecho, economía, políticas públicas y gobierno, además de un posdoctorado en la Universidad de Bolonia. Aclaró que su aspiración no obedece a la búsqueda de un cargo, sino a un ofrecimiento de servicio. “No vengo, digamos, en busca de un trabajo sino vengo a ofrecer un servicio profesional, humano, técnico”, expresó. Planteó un proyecto basado en la dignidad, la cercanía con las víctimas y la atención prioritaria a personas migrantes y con discapacidad, y sostuvo que la CEDH debe actuar como un órgano autónomo que coadyuve con las autoridades sin subordinación. Hugo Castillo Ortega destacó una trayectoria de más de 15 años en los poderes Judicial y Ejecutivo, así como en organismos autónomos, y recordó su paso por la propia comisión en funciones administrativas. Señaló que concibe los derechos humanos desde un enfoque integral. En su proyecto incluyó capacitación, atención a víctimas, memoria y no repetición, así como la incorporación de derechos digitales. “Nunca va diciendo una persona ‘me violaron mis derechos de primera o segunda generación’, porque estos son materiales académicos”, dijo al responder sobre clasificaciones doctrinales. Minerva Regina Pérez López, encargada de despacho de la presidencia del organismo, destacó su experiencia de más de una década dentro de la comisión y su conocimiento de los procesos internos. Afirmó que su plan busca consolidar a la institución y fortalecer la calidad técnica de las resoluciones. Definió a la CEDH como un órgano cuasi jurisdiccional y defendió que se mantenga la restricción legal para emitir interpretaciones constitucionales. “La atribución de realizar esa interpretación es de los tribunales jurisdiccionales”, señaló, al advertir sobre posibles contradicciones de criterios. Manuel Galeana Morales se presentó como juez penal con más de 15 años de servicio y sostuvo que, desde esa función, ha sido garante de los derechos de víctimas e imputados. Relató su participación en un proceso electoral del Poder Judicial Federal cuya constancia de mayoría fue revocada días antes de asumir el cargo. Durante su comparecencia afirmó que el incremento de quejas contra autoridades refleja un problema de difusión. “Los veracruzanos no saben qué es la Comisión Estatal, para qué sirve”, dijo, y propuso reforzar la presencia institucional y el uso de tecnologías. Félix Manuel Méndez García, con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, expuso los límites de actuación entre los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y sostuvo que la claridad en esas competencias es clave para fortalecer la legitimidad de la comisión. Eduardo Antonio Aparicio Sarquis afirmó conocer la comisión “desde sus entrañas” por su paso como visitador adjunto y por haber impulsado la creación de la unidad de primer contacto. Sostuvo que la función central del organismo es visibilizar las violaciones a derechos humanos, se acrediten o no. “En una recomendación se le está dando voz, nombre a las víctimas directas e indirectas para que el Estado sepa qué ha hecho mal”, expresó, al insistir en que la labor principal es acompañar a quienes acuden a la institución. Diego Iván Zavaleta García, quien se identificó como uno de los aspirantes más jóvenes, señaló que la edad no debe verse como una desventaja. Expuso experiencia en responsabilidades administrativas, transparencia y trabajo con organizaciones civiles, y afirmó que su propuesta busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo. “Concibo los derechos humanos como límites jurídicos que obligan a toda autoridad”, sostuvo, al señalar que la presidencia debe emitir recomendaciones y medidas cautelares para garantizar la no repetición. Jaime Ronzón Ortiz, abogado litigante y docente, centró su intervención en la atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en la brecha entre las leyes y su cumplimiento. “Mientras nosotros estamos aquí sentados hoy en este momento, varias personas, varias víctimas no les están haciendo justicia”, aseguró. Al responder sobre discapacidad, señaló que el reto es que las normas se apliquen y se visibilice a las personas para erradicar prácticas discriminatorias. Juan David Ovando Aguilar puso el acento en la discapacidad y en los estándares internacionales. Refirió que una pérdida auditiva derivada de negligencia médica marcó su vocación y sostuvo que la fuerza de la CEDH no está en la confrontación, sino en la investigación y el seguimiento. “Nunca en la historia de ninguna Comisión Estatal de Derechos Humanos en todo México… una persona con discapacidad ha presidido una comisión”, dijo, al pedir que su postulación sea vista como un paso hacia la inclusión en espacios de decisión. María Andrea García Zavaleta, con más de 30 años en el Poder Judicial, afirmó que su experiencia como jueza puede contribuir a la prevención de violaciones y a la reparación del daño. Sobre el incumplimiento de recomendaciones, sostuvo que, aunque no son coercitivas, debe impulsarse un sistema de seguimiento y visibilización. “Las autoridades están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos en el ámbito de sus competencias”, señaló, al referirse a la reforma constitucional de 2011. Gerardo Veneroso Barrientos relató su participación en casos de alto impacto y propuso abrir canales directos de contacto con la ciudadanía para acercar la comisión. Reconoció no conocer el caso Radilla Pacheco, pero expuso su intervención en la defensa del cantante Gibrán Martiz, asesinado por policías estatales. La ronda cerró con María Guadalupe Argüelles Lozano, exsecretaria del Trabajo durante la administración de Cuitláhuac García. Afirmó que su experiencia en la administración pública le permite comprender la relación entre autoridades y derechos humanos, y sostuvo que la comisión debe mantener autonomía y cercanía con las víctimas. “La defensa de los derechos humanos exige conocimiento del Estado y, al mismo tiempo, independencia frente a él”, concluyó.
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