Desaparición del FONDEN en 2020 dejó a los estados sin recursos inmediatos en tiempos de catástrofes naturales MEMORANDUM 1.- En un mundo donde los fenómenos naturales son inevitables, la forma en que una sociedad responde y se recupera de estos eventos está ligada a las decisiones políticas tomadas en tiempos de calma que deben priorizar la protección y seguridad de las poblaciones más vulnerables. Invertir en la prevención para desastres y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. En México, esas decisiones han tenido consecuencias perjudiciales, un ejemplo de ello, es la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este fondo, creado en 1996, tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y entidades de la administración pública federal en tiempos de catástrofes naturales. El FONDEN desempeñaba un papel vital para la población afectada, al suministrar auxilio y asistencia, con su activación mediante declaratorias de emergencia o desastre. A pesar de su importancia, en 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y a la disminución de los ingresos del Sector Público, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil. Así, sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 35 mil 140 millones de pesos al cierre de 2020. En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó la desaparición del FONDEN como fideicomiso, y eliminó sus normativas de funcionamiento. A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 mdp y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó. Para 2023, se aprobó un presupuesto de 17 mil 980 millones de pesos -con un recorte de 21% al primer semestre del año, equivalente a 3 mil 761 mdp- y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se proyecta un total de 17 mil 985 millones de pesos. Con la extinción del FONDEN como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones. Además, como si de un mal preludio se tratara con respecto a las terribles noticias que se tienen sobre el estado de Guerrero, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales. La extinción del fideicomiso ha marcado un cambio significativo en la gestión del dinero destinado a la respuesta ante desastres naturales en México y las medidas propuestas parecen indicar una falta de comprensión fundamental sobre la urgencia de proteger a la población y prepararnos adecuadamente para enfrentar los desafíos de los eventos catastróficos, que en su mayoría son inesperados. Hasta junio pasado, del Fondo de Desastres Naturales, el gasto federal autorizado sumaba 8,896.9 millones de pesos, de los cuales 3,321 millones se destinaron a cobertura a infraestructura pública; 2,192 millones para carreteras y transporte; 1,127 a infraestructura educativa; 103 millones para atención de emergencias y 2,151 millones a contratación de esquemas de transferencia de riesgos. De los 3,321 millones de pesos destinados a cobertura a infraestructura pública, se repartieron entre 10 estados: Veracruz, 1,475.7 millones; Guerrero, 960.9 millones; Baja California 286.2 millones; Michoacán, 171.8; Oaxaca, 142.9; Baja California Sur 117.0 millones; Chiapas, 66.9; Colima, 65.2; Nuevo León, 30.1 y Puebla, 4.9. De los recursos para programas sociales dispersados a través del Banco del Bienestar, 241 millones fueron por concepto del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. ¿Cómo es posible que en un país propenso a fuertes fenómenos naturales no tengamos una planeación eficiente y recursos para hacer frente a posibles desastres? Las noticias hablan de inundaciones devastadoras, incendios forestales descontrolados y tormentas cada vez más intensas. No podemos negar que los efectos del cambio climático se han acentuado en nuestro mundo, dejando un rastro de desastres naturales que nos recuerdan, de manera brutal, que la naturaleza es una fuerza inquebrantable. Nuestras políticas están desconectadas de las necesidades reales de las personas. Así las cosas, la protección de los mexicanos no debería ser una opción, sino una obligación.
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En lo que va de 2025 se han registrado en México 12 tormentas tropicales y 14 huracanes, con saldo de más de 158 mil personas afectadas MEMORANDUM 2.- Aunque dicen los abuelos que el 4 de octubre, con el cordonazo de San Francisco, termina la temporada de lluvias, y los meteorólogos refieren que el 30 de septiembre concluye el año hidrológico, este año, como en los recientes, en pleno octubre sigue lloviendo en gran parte del país y los daños se siguen acumulando. En lo que va de 2025 se han registrado en México 12 tormentas tropicales y 14 huracanes, los cuales han dejado un saldo de más de 158,000 personas afectadas. Tan solo hasta el 1 de septiembre pasado, el gobierno federal había reportado un gasto de más de 5,576 millones de pesos para apoyar a las personas afectadas. De acuerdo con información del gobierno federal, este año se dispone de un presupuesto de 19,430 millones de pesos para atender emergencias. Sin embargo, a pesar de que este año se han registrado 3.8% más lluvias que en el promedio anual de 1991 a 2020, el Diario Oficial de la Federación no registra que se hayan emitido declaratorias de desastre. En 2024 se emitieron dos declaratorias de emergencia y una de desastres por lluvias, y las pérdidas se calcularon en más de 14,000 millones de pesos. De acuerdo con el coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Fabian Vázquez Romaña, hasta el 7 de octubre pasado, en el litoral del Océano Pacífico se registraron las tormentas tropicales Alvin, Mario, Cosme, Dalila, Ivo y Juliette; los huracanes Barbara, Octave, Gil, Henriette y Lorena, que fueron categoría 1 y Narda y Priscilla que fueron categoría 2; Flossie que fue categoría tres y Erick y Kiko, categoría cuatro. En tanto, del lado del Atlántico, se formaron las tormentas tropicales Andrea, Barry, Chantal, Fernand y Jerry, el huracán Imelda que fue categoría dos, así como los huracanes Gabrielle, categoría cuatro, además de Erin y Humberto categoría cinco. Las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional indican que del 1 de enero al 5 de octubre de 2025 se registraron 653.6 milímetros de precipitación, lo que representa 3.8% arriba del promedio anual para el mismo lapso registrado entre 1991 y 2020, según el subgerente del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandro Jair García Jiménez. Según el especialista, la mayor parte de las lluvias han caído en territorios de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, así como en algunas regiones de Michoacán y Colima y Nayarit. Ha finalizado ya el año hidrológico 2024-2025 (que fue del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) y se acumularon 742.2 milímetros de precipitación que, si se comparan con los registros de la climatología de 1991 a 2020, que es de 747.6, “se trata de un comportamiento normal”, según el experto. Los registros indican que en septiembre de 2025 llovió 12.6% más que el promedio histórico en ese mes. El problema para quienes han resultado damnificados por las severas inundaciones que se han registrado en diferentes regiones del país es que en ciertas zonas ha llovido más que en otros años. Es lo que los expertos llaman anomalías y este año se han concentrado en las porciones centro y centro norte del país, concretamente en la Ciudad de México, oriente del Estado de México, sur de Hidalgo, Morelos, Puebla, norte de Oaxaca, Zacatecas, algunas franjas de San Luis Potosí y del sur de Tamaulipas. Según el gobierno federal, de octubre a agosto de 2025, hasta agosto ocurrieron cuatro fenómenos naturales relevantes que dejaron un saldo de 158,586 personas afectadas por desastres ocasionados por fenómenos naturales. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, del 1 de octubre de 2024 al 13 de julio de 2025, esa dependencia aplicó el Plan DN-III-E en 992 eventos, mediante el despliegue de 51,368 militares y 4,002 vehículos en beneficio de 169,123 personas. Por las fuertes lluvias registradas en los municipios de Reynosa, Río Bravo y Matamoros, en el estado de Tamaulipas, los días 27 y 28 de marzo de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 599 militares, 40 de la Guardia Nacional, 310 vehículos y una cocina comunitaria que repartió 4,079 raciones calientes. Fueron repartidas 690 despensas; 1,975 personas fueron evacuadas a áreas seguras; se retiraron 2,043 metros cúbicos de lodo, escombros, basura y tierra de calles y avenidas, 32 árboles y ocho postes de luz; 37 viviendas fueron desazolvadas, y se distribuyeron 12,316 paquetes de enseres domésticos, en coordinación con la Secretaría de Bienestar. Por su parte la Marina, envió a la zona del 28 de marzo al 3 de abril, 110 marinos con equipo especializado en seis vehículos que brindaron auxilio en 158 viviendas, recolectaron 1.5 toneladas de basura y proporcionaron atención médica a 22 personas. A mediados de junio se formó el huracán Erick en el Océano Pacífico, el cual tocó tierra la madrugada del 19 junio en Pinotepa Nacional, Oaxaca, generando inundaciones y deslaves. Del 19 al 30 de junio de 2025, Sedena desplegó a la región de la costa oaxaqueña 3,641 militares y 5,991 efectivos de la Guardia Nacional, una cocina móvil, tres células de intendencia para la distribución de 14,826 raciones calientes; 1,321 despensas y 1,544 litros de agua embotellada; una planta potabilizadora con la que se distribuyeron 13,380 litros de agua; unidades de maquinaria pesada, utilizadas en el desazolve de 567 viviendas, cuatro escuelas, retiro de 713 árboles, 84 postes de luz y 1,353 metros cuadrados de escombro; 26 tramos carreteros fueron reparados, además del establecimiento de siete albergues en los que se alojaron 210 personas. En Guerrero desplegó 4,590 militares y 7,286 efectivos de la Guardia Nacional, para la distribución de 17,336 raciones calientes, 1,600 despensas y 6,400 litros de agua embotellada; se desazolvaron 527 viviendas y 58 escuelas; con el empleo de maquinaria pesada se llevó a cabo el retiro de 870 árboles, 933 metros cuadrados de escombro y 72 postes de luz; 11 tramos carreteros fueron reparados y se establecieron 29 albergues en los que se brindó alojamiento a 1,591 personas. Por otra parte, la Armada de México puso en marcha el Plan Marina para atender y auxiliar a la población afectada en Guerrero y Oaxaca. Del 18 al 30 de junio de 2025 fueron desplegados 6,229 elementos navales, tres brigadas de respuesta a emergencias con 14 equipos especializados en 114 vehículos, 28 embarcaciones y tres aeronaves. Distribuyeron 6,754 despensas y 157,228 litros de agua en beneficio de 11,285 familias de 36 localidades. Brindaron 833 atenciones médicas; auxiliaron a 234 personas, y coordinaron una evacuación médica y 105 traslados a albergues. Despejaron 371 vialidades; removieron 228 árboles; apoyaron a 57 viviendas afectadas; recolectaron 32 toneladas de basura y entregaron 800 lonas. El gobierno de Guerrero solicitó al gobierno federal la declaratoria de desastre para ocho municipios con daños severos en la Costa Chica. En esa región Erick dejó 1,428 viviendas dañadas, 107 derrumbes, tres puentes colapsados y 176,000 usuarios sin luz en la Costa Chica. El gobierno de Oaxaca planteó también solicitar al gobierno federal declaratoria de desastre. Las lluvias dañaron más de 11,600 viviendas y comercios de 16 municipios de la región Costa, en donde se han contabilizado 1,650 hectáreas con daños, de las cuales, 750 son de papaya, 150 de plátano, 300 de limón, 350 de palma de coco y 100 de mango. Tan solo en papaya se cuantifica el daño en más de 200 millones de pesos. En Quintana Roo, del 22 al 30 de junio de 2025, la Marina desplegó 4,145 elementos que atendieron a la población afectada por la Onda Tropical 7; brindaron 25 atenciones médicas y entregaron 731 despensas, trasladaron una brigada de respuesta a emergencias, 89 vehículos, 23 embarcaciones, tres aeronaves y seis equipos especializados. Del 29 de junio al 12 de julio de 2025, en Tamaulipas y Veracruz, 4,372 elementos navales brindaron apoyo a 756 familias de seis localidades afectadas por la tormenta tropical Barry mediante la entrega de 3,902 despensas, 2,676 litros de agua, 329 atenciones médicas, el auxilio de 2,174 personas; 30 traslados a albergues y el despeje de 71 vialidades con el respaldo de dos brigadas de respuesta a emergencias, 61 vehículos, 18 embarcaciones, seis aeronaves y seis equipos especializados. La zona del Valle de México es una de las más afectadas por los fuertes aguaceros ocurridos en lo que va del año. Varias ocasiones diferentes colonias han registrado inundaciones, principalmente del oriente de la capital mexicana. Destaca las inundaciones ocurridas el 27 de septiembre cuando se registró la precipitación pluvial más intensa en 34 años, con 91 milímetros de lluvia, equivalentes a 31 millones de metros cúbicos de agua. Las inundaciones afectaron más de 2,000 viviendas de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en colonias como Ejército de Oriente Zona Peñón, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, La Colmena, Santa María Aztahuacán, unidad habitacional Vicente Guerrero y San José. A principios de ese mismo mes se habían registrado alrededor de 47 inundaciones que afectaron alrededor de 270 viviendas de Tláhuac. Hasta agosto, el gobierno de la Ciudad de México había dispersado 2,651 apoyos económicos, con una inversión de 43 millones de pesos, para las familias afectadas por inundaciones en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac. En junio el gobierno de Hidalgo solicitó a la federación declarar la emergencia para acceder a recursos para atender a más de 600 personas que resultaron damnificadas por las fuertes lluvias ocurridas en Mineral de la Reforma. La semana pasada se registraron fuertes lluvias en prácticamente en todo el país, principalmente en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. Tan solo en Veracruz 38 municipios resultaron afectados. En Álamo 5,000 viviendas están afectadas. Durante las últimas horas la tormenta tropical Raymond afectaba Baja California Sur.
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Exhiben a Ramiro López Obrador por la compra en efectivo de 13 ranchos en Tabasco, 8 en el sexenio de su hermano MEMORANDUM 3.- Por tratarse de un patrimonio que difícilmente puede explicarse a partir de su trayectoria pública, José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el centro de una controversia que incluye la compra, en efectivo, de 13 ranchos, ocho de los cuales fueron adquiridos entre 2018 y 2024, periodo que coincide con el sexenio presidencial de su hermano. De acuerdo con registros de transparencia y una investigación del periodista Audelino Macario, el funcionario declaró ser propietario de 13 ranchos que en conjunto superan los 2.7 millones de metros cuadrados, más de 600 hectáreas. Todas, según la investigación, fueron compradas al contado y en efectivo, algo inusual entre servidores públicos, sobre todo cuando se considera que durante ese lapso su único empleo formal fue el de subsecretario de Gobierno en Tabasco, cargo que ocupó por apenas 22 meses. Los documentos revelan que José Ramiro López Obrador habría desembolsado más de nueve millones de pesos en la compra de los 13 ranchos, pagando un promedio de 54 mil pesos por hectárea. Su primera adquisición data de 1992, cuando compró un terreno por 200 mil pesos. A partir de 2010 comenzó una etapa de expansión que se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En 2016 pagó 360 mil pesos por un predio rural y en 2018 sumó otra propiedad por poco más de un millón de pesos. Para 2020 ya había realizado tres nuevas compras, una de ellas por 1.2 millones y otra por 543 mil pesos. En 2023 adquirió su rancho más caro, valorado en tres millones, además de otro terreno por 465 mil pesos. De esta forma, el hermano del expresidente acumuló más de 600 hectáreas de tierras en distintas zonas de Tabasco. Conocido en su estado natal como “Pepín”, José Ramiro López Obrador nació en 1956 en Macuspana, la misma tierra de su hermano Andrés Manuel. Es licenciado en Economía. Fue alcalde de Macuspana entre 2004 y 2006, dirigente del PRD en Tabasco y subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en 2018. Hoy ocupa la Secretaría de Gobierno estatal, un cargo clave en la administración de Morena. Aun con esa trayectoria, los ingresos derivados de sus cargos públicos difícilmente justifican un patrimonio tan amplio. La mayoría de sus compras fueron hechas en efectivo, sin créditos ni intermediarios financieros. Así las cosas.
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