Gobierno de Trump agradece a México el envío de 37 integrantes de cárteles mexicanos; es el segundo que hace Sheinbaum MEMORANDUM 1.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció al Gobierno de México su apoyo y confirmó que el martes por la noche tomó bajo custodia a 37 fugitivos mexicanos que enfrentan una variedad de cargos criminales federales en todo el país, incluidos cargos relacionados con narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tráfico de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y varios delitos de tráfico de drogas. En un comunicado el departamento señaló que: “Entre los fugitivos puestos bajo custodia estadunidense se encuentran prolíficos contrabandistas de personas, violentos traficantes de armas y presuntos miembros de peligrosos cárteles de la droga, incluidos aquellos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel del Noreste (CDN, anteriormente Los Zetas) y el cártel del Golfo (CDG), así como otras organizaciones de narcotráfico, como La Línea y la antigua organización Beltrán-Leyva”. La fiscal general Pamela Bondi declaró: “Este es otro logro histórico en la misión de la administración Trump para destruir a los cárteles. Estos 37 miembros de los cárteles, incluyendo terroristas del cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadunidense en territorio estadunidense”. “Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadunidense”, añadió. El director de la Oficina Federal de Investigaciones, (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, resaltó el trabajo incansable y las alianzas del FBI entre Estados Unidos y México, y aseguró que “continuarán trabajando para detener a estos cárteles de la droga, traficantes de armas y terroristas que traen crimen, drogas y armas de fuego a las calles y vecindarios de nuestras ciudades”. “La importancia de esta transferencia es innegable. Treinta y siete fugitivos fueron trasladados de México a Estados Unidos para enfrentar la justicia por presuntos delitos que han propagado la violencia, amenazado la seguridad pública y devastado familias”. El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, agradeció al Gobierno de México su apoyo y añadió que la DEA seguirá impulsando, junto con sus socios estadunidenses e internacionales, “el desmantelamiento de estos cárteles terroristas, la interrupción del suministro de fentanilo y la salvación de vidas estadunidenses”. Los 37 capos fueron llevados a Nueva York, Houston, Pensilvania, San Diego y San Antonio en 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. Como condición central del acuerdo de entrega, ninguno de los trasladados será sometido a la pena de muerte, en apego al Tratado de Extradición entre ambos países. No es la primera vez que el gobierno encabezado por Sheinbaum entrega a narcotraficantes a EE UU, el envío más reciente de los 37 hombres coincidió con el aniversario del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Entre algunas de las personas enviadas que Estados Unidos considera objetivos prioritarios están Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", quien es señalado como líder regional del Cartel del Noreste, una célula de Los Zetas; Juan Pedro Saldívar Farías, el “Z-27"; Ricardo Cortés Mateos, conocido como "El Billetón", fungía como operador financiero del Cártel del Golfo"; Luis Alfonso Navarro Quezada, "Pez", de "Los Hermanos Bonques", afines al CJNG; Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, del “Cártel del Pacífico”; Heriberto Hernández Rodríguez, también apodado el "Negrolo", líder del "Cártel del Noreste"; Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de "Los Beltrán Leyva". El envío ocurre en un contexto de presión de Estados Unidos para frenar el narcotráfico y reforzar la persecución penal de líderes criminales.
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Pareciera que todos los días se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, dice Mark Carney, destaca amenazas constantes de aranceles; evitó nombrar a Trump MEMORANDUM 2.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advierte que el orden internacional basado en reglas atraviesa una ruptura profunda, provocada por hegemonías que ya no respetan tratados ni acuerdos multilaterales cuando éstos limitan sus intereses estratégicos. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, señaló que el mundo ha dejado atrás una “ficción cómoda” en la que las normas internacionales garantizaban previsibilidad y cooperación. Destacó que las grandes potencias han comenzado a utilizar herramientas económicas —como aranceles, integración comercial, infraestructura financiera y cadenas de suministro— como mecanismos de presión y coerción, debilitando a las instituciones multilaterales que durante décadas sirvieron de marco para la resolución de conflictos. En este contexto, dijo, las reglas se aplican de forma selectiva y la lógica de la fuerza vuelve a imponerse en las relaciones internacionales. Ante este escenario, el primer ministro canadiense afirmó que los países de poder intermedio no son actores pasivos y deben actuar con mayor honestidad y coordinación para construir nuevas alianzas que defiendan la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. Advirtió que la alternativa —un mundo fragmentado en bloques y “fortalezas”— sería más inestable, más desigual y menos sostenible. En su discurso inició diciendo que en este momento crucial que atraviesan Canadá y el mundo y pareciera que “todos los días se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden internacional basado en reglas se desvanece, que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Al destacar que las instituciones multilaterales en las que las potencias intermedias han confiado —la OMC, la ONU, las COP—, la arquitectura misma de la solución colectiva de problemas, están bajo amenaza. Como resultado, muchos países están llegando a la misma conclusión: deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro. Este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. “Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y hay otra verdad: si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores para perseguir sin restricciones su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo serán cada vez más difíciles de replicar”. Las hegemonías no pueden monetizar indefinidamente sus relaciones. Los aliados diversificarán para cubrirse ante la incertidumbre. Buscarán seguros, aumentarán opciones para reconstruir su soberanía —una soberanía que antes se sustentaba en reglas, pero que cada vez más se anclará en la capacidad de resistir presiones—. Quienes están en esta sala saben que esto es gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene un costo, pero ese costo de la autonomía estratégica, de la soberanía, también puede compartirse. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que cada quien construya su propia fortaleza. Los estándares compartidos reducen la fragmentación. Las complementariedades generan beneficios de suma positiva. La pregunta para las potencias intermedias como Canadá no es si debemos adaptarnos a la nueva realidad —debemos hacerlo—. La pregunta es si nos adaptamos simplemente levantando muros más altos, o si podemos hacer algo más ambicioso. En su largo discurso no mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump, pero señaló: “Cuando negociamos solo de forma bilateral con una hegemonía, lo hacemos desde la debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros por ser los más complacientes. Eso no es soberanía. Es la representación de la soberanía mientras se acepta la subordinación”. “En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí por el favor, o unirse para crear un tercer camino con impacto”, indica. No debemos permitir que el auge del poder duro nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las reglas seguirá siendo fuerte, si decidimos ejercerlo juntos, agrega.
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Nueva Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; podría derivar en su liberación o en la confirmación de la condena MEMORANDUM 3.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió volver a atraer el caso de Mario Aburto Martínez, esta vez para resolver de manera definitiva si fue correcto el marco legal aplicado en la sentencia de 45 años de prisión que recibió por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, al tratarse de un magnicidio. La decisión del máximo tribunal podría derivar en su liberación o en la confirmación de la condena. Con una votación de seis a dos, y después de que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue declarara impedida para intervenir en el asunto, la Corte decidió este miércoles ejercer su facultad de atracción del amparo directo 104/2021, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). En contra, fueron las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa. Con ello, la Corte resolverá “¿cuál es el parámetro para analizar un procedimiento penal sobre magnicidio bajo el sistema penal tradicional a efecto de garantizar los derechos del quejoso (Aburto) y de la víctima?”. El caso fue revivido en 2023, después de que un tribunal colegiado concedió un amparo a Mario Aburto y anuló la sentencia dictada en 1994, que le impuso 45 años de cárcel. En esa resolución se ordenó emitir un nuevo fallo con base en el Código Penal de Baja California —que prevé una pena máxima de 30 años, ya cumplida— y no en el Código Penal Federal, bajo el cual fue condenado originalmente. La FGR impugnó esa determinación y llevó el asunto ante el alto tribunal. En octubre de 2024, la entonces Primera Sala dejó sin efectos el amparo, sin pronunciarse sobre el fondo del caso, y ordenó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito reponer el procedimiento, incluyendo el llamado a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares de Colosio Murrieta, y la práctica de las diligencias necesarias para dictar una nueva resolución. A pesar de lo anterior, ningún familiar del excandidato presidencial, asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, se presentó ante la autoridad judicial. En consecuencia, la resolución del amparo directo 104/2021 se fijó para el 9 de diciembre; sin embargo, la sesión no se llevó a cabo, ya que ese mismo día el ministro presidente, Hugo Aguilar, admitió la solicitud de atracción promovida por la FGR y ordenó al tribunal colegiado abstenerse de emitir fallo mientras la Suprema Corte determinaba si asumía el caso. Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra manifestó su impedimento para intervenir en la discusión y resolución de ambas solicitudes, debido a que durante casi nueve años fue titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha área tuvo a su cargo la investigación penal relacionada con el homicidio de Luis Donaldo Colosio, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y Afroamericanas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado. Destacó que si bien la ley reconoce la autonomía e independencia de las personas agentes del Ministerio Público, también recordó que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía atribuye a los titulares funciones de dirección y coordinación. Por razones de ética e imparcialidad judicial, declaró formalmente su impedimento y solicitó al Pleno se le dispense de intervenir en la discusión sobre la atracción, dejando el planteamiento a consideración del órgano colegiado. Su solicitud fue aprobada por unanimidad.
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