Ultiman a balazos a menor de 15 años en la localidad Mesillas, municipio de Yanga; Reportan más de 50 personas desaparecidas y reclutamiento forzado de grupos delictivos en Isla, Rodríguez Clara, José Azueta y Chacaltianguis, triángulo piñero de Veracruz MEMORANDUM 1.-
Un menor de 15 años de edad identificado como Jesús "N", fue privado de la vida de varios impactos de bala cuando caminaba en la periferia del campo deportivo de la localidad Mesillas, municipio de Yanga. El homicidio provocó la movilización de cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como de emergencias y rescate, además de autoridades de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba. De acuerdo con los reportes, habitantes de la comunidad alertaron a las autoridades a través del 911, sobre un ataque armado en contra de un menor de edad en la periferia del campo deportivo. Tras el alertamiento, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Naval de la Secretaría Marina (SEMAR), además de paramédicos de Protección Civil y Agrupación SAMUV, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales tras haber recibido varios impactos de arma de fuego. La escena del crimen fue resguardada por las autoridades policiales y acordonada con cinta amarilla preventiva, siguiendo el protocolo de cadena de custodia. Más tarde, personal de la Fiscalía Regional de Justicia con Peritos Forenses y policías ministeriales tomaron conocimiento, realizaron las diligencias correspondientes, recogieron y aseguraron varios casquillos percutidos de arma de fuego e iniciaron una carpeta de investigación por homicidio. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO Regional6 del Ejido San Miguelito, de Córdoba, para la necropsia de ley….MÁS DE 50 personas han desaparecido en 2025 en los municipios de Isla, Rodríguez Clara, José Azueta y Chacaltianguis, zonas productoras de piña que enfrentan violencia sistemática. De acuerdo con registros de la Fiscalía, las víctimas son jóvenes y trabajadores de distintos oficios cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años; se sospecha que grupos criminales los reclutan por la fuerza. Marcos Joseph Márquez Medina, de 19 años, desapareció el 8 de septiembre de 2024 en Isla mientras visitaba la casa de un amigo. Su familiar Rosalía afirmó que un comando encapuchado se lo llevó. Marcos trabajaba en Tuxpan como chofer de carga y aspiraba a convertirse en productor piñero. Según el análisis de la Fiscalía, su desaparición podría estar vinculada al atentado sufrido por el ex candidato del PRD a la alcaldía de Isla, Santos Islava Alvarado, el mismo mes. A pesar de la activación de una ficha de búsqueda, las investigaciones permanecen estancadas y tampoco hay indicios de su paradero. Edwin Uscanga Aguilar, de 26 años, desapareció el 14 de abril mientras visitaba a su familia. Los vecinos señalaron que no respondió llamadas ni mensajes tras salir de la vivienda. Su familiar, identificada como Mariana, explicó que la Fiscalía mantiene una ficha de búsqueda sin avances. Según los registros locales, Edwin era empleado en mantenimiento de hogares y no presentaba antecedentes delictivos. La familia teme que haya sido obligado a integrarse a actividades criminales. Mariano Iván Mayoral Bautista, de 28 años, es otro caso reciente. Salió de madrugada de su domicilio el 9 de marzo y no regresó. Verónica, familiar directa, dijo que la Fiscalía mantiene una carpeta abierta, pero los detalles sobre la desaparición son limitados y el seguimiento escaso. La familia participa en un colectivo local de búsqueda y denuncia vigilancia de presuntos criminales desde la desaparición. De acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios identifican al grupo Los Piña como el actor principal en el sur de Veracruz. Liderado por los hermanos Alberto y Jacinto Rodríguez, grupo que ha empleado violencia extrema para consolidar control territorial. Afirman que ese grupo tiene pugnas intermitentes con el otro presunto grupo criminal denominado Los Chivos. Según reportes locales, incluyen asesinatos brutales, extorsión, tráfico de migrantes, huachicol y venta de metanfetaminas. Desde 2018 ha habido un incremento notable en desapariciones de personas vinculadas a seguridad, ganadería, producción de piña y comercio local. El patrón de violencia incluye desapariciones selectivas, reclutamiento forzado y amenazas a familiares, según entrevistas recopiladas por el diario Milenio y análisis de carpetas de investigación. Las víctimas suelen ser jóvenes entre 20 y 30 años, pero también hay empresarios, comerciantes y trabajadores del campo involucrados. Los municipios de Isla, Rodríguez Clara y José Azueta concentran la producción de piña más importante de Veracruz y el país. El crecimiento económico atrajo la atención de grupos delictivos, que combinan extorsión y control territorial con reclutamiento de jóvenes. La Fiscalía reporta que las desapariciones se concentran en estas zonas y se han extendido a Chacaltianguis. Los familiares de las víctimas enfrentan temor constante: muchos no denuncian por represalias, limitando el acceso a información oficial. Aunque se han activado fichas de búsqueda, las familias denuncian lentitud en las investigaciones. Según documentos de la Fiscalía, los protocolos de actuación se han agotado sin resultados concretos. Los testimonios coinciden en que los grupos criminales operan con coordinación territorial y violencia planificada. Las víctimas son seleccionadas con base en su perfil laboral y ubicación. La falta de información concreta y el temor de la población consolidan un clima de incertidumbre y violencia constante en la región. Así las cosas.
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Personas con discapacidad logran que Lenia Batres modifique proyecto de consulta; tras reclamos bajó la guardia MEMORANDUM 2.-
Después de las criticas y reclamos de personas con discapacidad que participaron en la primera jornada de audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre el nuevo criterio que ese tribunal adoptará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a ese sector. El cambio que se perfila en el proyecto responde a la preocupación expresada un día antes por varios de los más de 30 participantes, quienes advirtieron que la propuesta de establecer que las comisiones de derechos humanos y otros actores legitimados solo puedan promover acciones o controversias “a solicitud de las personas con discapacidad”, con al menos 15 firmas, trasladaría a los propios afectados la carga de vigilar todas las leyes que emitan los congresos. Batres Guadarrama externó: "Nos hicieron ver algo que creo que nosotros no habíamos considerado. Se nos está indicando que esto podría generar o verse como una carga adicional para las personas con discapacidad, que ahora tendrían que estudiar cada una de las leyes, estar pensando en ellas o vigilando para poder proceder en contra de cualquier ley que no haya sido consultada con las propias personas con discapacidad. Lo menciono porque lo tenemos registrado y, por supuesto, vamos a intentar atender esta preocupación”. Mostrándose más comprensiva, en el segundo y penúltimo día de audiencias, la ministra Batres se dirigió a otra treintena de personas con discapacidad. Al presentarse, incluso atendió la solicitud de participantes con discapacidad visual y se autodescribió como una mujer “de estatura mediana, pelo chino, casi siempre recogido, y que suele usar con mucho orgullo huipiles mexicanos”. Después, la abogada expuso el tema central de la audiencia: la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que originó el debate sobre la posible modificación del criterio que la Corte ha sostenido durante la última década, mediante el cual ha invalidado automáticamente cerca de 50 normas generales por falta de consulta previa a los sectores sociales afectados. También aprovechó para descartar un conflicto con sus compañeros ministros, luego de que un día antes Giovanni Figueroa Mejía respondiera que la afirmación de Batres —de que la Corte ya abandonó el criterio de invalidez automática de normas por falta de consulta— era únicamente su opinión, ya que el asunto aún está en discusión. Antes de dar la palabra a los participantes, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, hizo puntualizaciones: “Primero, no está en duda que ustedes tienen derecho a la consulta. No está en duda. Segundo, que hay una obligación de consultarlas, tampoco está en duda. Tercero, que es ahí donde la ministra ha ampliado: cuando hay una norma que les beneficia a ustedes, que está en el más alto estándar internacional, ¿en automático se debe invalidar por falta de consulta? Esa es la interrogante que nos genera: si ya sustantivamente es buena, está en el máximo estándar, ¿aun así la anulamos o qué procedería en esos casos?”. Aguilar Ortiz añadió: “Y cuarto, ¿las comisiones nacional y estatales pueden tomar la decisión sin siquiera platicar con ustedes? Esa es la otra interrogante”. En el segundo día de audiencias, que duró alrededor de tres horas y media, prevalecieron posturas en contra del proyecto de Batres, pero por primera vez también hubo expresiones a favor de modificar el viejo criterio de la Corte. “También como parte de la organización civil, respaldamos el nuevo criterio de la Suprema Corte que propone analizar la validez de las leyes sobre discapacidad caso por caso, en lugar de anular automáticamente por falta de consulta previa, partiendo de que los derechos reconocidos por la Constitución y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no requieren ser consultados. Esto no es un retroceso, sino un avance fundamental hacia una inclusión más real”, dijo Juan Jesús Martínez González, de Latido Colibrí, A.C. Pero también hubo posturas enérgicas que afirmaron que todos los legisladores deben estar obligados a consultar a las personas con discapacidad antes de emitir una ley que impacte en su vida. “Está claro que nos tienen que preguntar en las consultas previas desde el principio. Aunque sea perfecta la ley, nos tienen que preguntar. No importa que esté al 100 por ciento, la podemos mejorar al 300 por ciento nosotros”, dijo Sandra Padilla Zaldo. Adriana Gutiérrez, de la asociación Viendotentiendo, criticó de manera enérgica la propuesta de Batres —que podría modificarse— sobre validar el requisito de que solo a solicitud de un mínimo de 15 personas con discapacidad las comisiones de derechos humanos puedan impugnar una ley ante la Corte. “Minimizar el derecho a la consulta como una cuestión adjetiva trae consigo diversos problemas, como una falta de visibilidad real, la reproducción de barreras estructurales, la pérdida de legitimidad democrática por ser una Corte que reduzca nuestra participación, y una regresión en materia de garantía y protección de derechos. Por eso quiero recordarles a las ministras y ministros que no somos objeto de ayuda, somos sujetos de derechos; la consulta a las personas con discapacidad no puede minimizarse a un trámite burocrático más”, expresó.
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Identifican a hombre asesinado en la colonia Colorines de Córdoba, era taxista; Perrito ocasiona accidenta a motociclista en Papantla, el joven requirió atención hospitalaria MEMORANDUM 3.-
Como José Elías, de 32 años, fue identificado el hombre asesinado la noche del martes en la avenida 1 y calle 12 de la colonia Colorines, en Córdoba. El ahora occiso se dedicaba a conducir un vehículo de alquiler y fue asesinado al estar en el interior de su vivienda, por sujetos desconocidos, que le dispararon en repetidas ocasiones, sin mediar palabra. Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, en tanto vecinos del ahora occiso pidieron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar sólo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Finalmente, los socorristas notificaron a las autoridades para que tomaran conocimiento de los hechos, por lo que oficiales acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía Regional, peritos en criminalística y realizaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas e indicios que conduzcan a la captura de el o los responsables del homicidio con violencia....UN TRABAJADOR de la empresa Pollos Pancho resultó lesionado luego de que un perro se atravesara en su camino mientras circulaba en motocicleta sobre la calle Ayuntamiento, en el sector Pozo 4, en Papantla. El percance provocó que perdiera el control y cayera al pavimento. Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, cuando el motociclista, quien se desplazaba en una unidad Italika FT150 color rojo, sufrió heridas en ambas rodillas y no logró ponerse de pie por sus propios medios. Testigos del hecho dieron aviso a sus compañeros, quienes rápidamente acudieron al lugar para auxiliarlo. A pesar de las lesiones, el trabajador decidió no solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia. Fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica del IMSS, donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica.
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