Ley de Amparo compromete la confianza de los inversionistas, advierten IP; oposición alerta de violación a la Constitución MEMORANDUM 1.- Al igual que los partidos de oposición, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alerta que la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México pues limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo. Advierte sobre una serie de “puntos críticos” de esta reforma y calificó como grave el artículo transitorio que se aprobó por la mayoría oficialista de último momento, donde se establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. “Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, indica. Por ello, llamó a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo. En un posicionamiento señala que “México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho y sostener la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar la justicia, la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”. El organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Álvarez, recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional por lo que consideró que cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo. Gracias a este instrumento, agregó, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. La central patronal reconoció los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias, pero advirtió una serie de restricciones en lo que se aprobó que afectan a ciudadanos y empresas. Ejemplificó la figura del interés legítimo colectivo donde explicó que sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública. Indica que si un ciudadano o un negocio que busca detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato. En cuanto a la materia de suspensión del acto reclamado, la Coparmex alertó sobre la rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. “En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias”, estableció. Otro punto crítico –agregó--es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana. Dice que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta. “Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, explicó
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Adán Augusto realizó múltiples aportaciones diarias a Morena, en 2023 dio 1.8 millones; Ricardo Monreal es otro de los mayores donadores, mientras AMLO solo dio unos 300 pesos MEMORANDUM 2.- Quien diría que Adán Augusto López era tan generoso o al menos con su partido ya que durante las campañas internas de Morena en 2023, dio 1 millón 897 mil 740 pesos como aportación, al poco tiempo de dejar su cargo como secretario de Gobernación; entretanto, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, engalanando la austeridad que tanto promovió, únicamente aportó 365 pesos en efectivo al instituto político que fundó. De acuerdo a documentos del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), consultados por LA CRÓNICA, los recursos fueron entregados por el ex gobernador de Tabasco al partido guinda en concepto de especie, a través de distintas operaciones realizadas los días del 19 al 30 de junio, además del 1 al 31 de julio, así como del 1 al 27 de agosto. Tan solo, en un lapso de casi tres meses, Adán Augusto realizó múltiples aportaciones diarias a Morena, las cuales iban de cifras testimoniales, tan menores como los 90 pesos, hasta números superiores a los 100 mil pesos, como una aportación de 375 mil 840 pesos entregada al partido el 9 de agosto de 2023. En total, el ex titular de la Segob, que renunció al cargo el 16 de junio de aquel año, para registrarse como aspirante presidencial, hizo 200 aportaciones económicas al partido guinda durante 70 días, en un promedio de 2.8 operaciones por día. En comparación, su paisano, López Obrador, hizo una aportación en todo el año, acontecida el 31 de enero, por 365 pesos en efectivo. Morena obtuvo 2 millones 10 mil pesos de aportaciones de su militancia en 2023, de los cuales, 1.8 millones de pesos, equivalentes al 89.5 por ciento del total, provinieron de Adán Augusto, quien quedó en tercer lugar en la contienda morenista, por debajo de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quien resultó electa como presidenta el año siguiente. El segundo mayor donante del partido guinda el año antepasado, fue Ricardo Monreal, quien aportó 112 mil 158 pesos en especie el 2 de noviembre de 2023, mientras que Mario Delgado y Alejandro Esquer, secretario de AMLO, hicieron una aportación en efectivo, cada uno, de 365 pesos, cifra idéntica a la del entonces titular del Ejecutivo. Tal vez estas aportaciones tengan que ver con la arrogancia y seguridad con la que se maneja Adán Augusto, actualmente sumido en la polémica.
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Sheinbaum pide respeto a la Constitución tras aprobación del Senado para que Ley de Amparo sea retroactiva MEMORANDUM 3.- Los senadores de la 4T aprobaron la reforma a la Ley de Amparo con al menos 15 cambios a la propuesta original. Sin embargo, aprobaron una reserva que, según la oposición, la convierte en retroactiva, violando la Constitución. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que el Senado incluyera en la Ley de Amparo un transitorio de retroactividad, lo que está prohibido por la Constitución, y exigió respeto para la Carta Magna. En conferencia matutina, la mandataria federal indicó que le corresponderá a la Cámara de Diputados revisarlo, y si decide mantenerlo, “tiene que dejar claro que queda a salvo la retroactividad establecida en la Constitución y a que se refiere ese transitorio para que no haya ningún problema en la aplicación de la ley”. Recordó que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que envió “no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y ese cambio establezca las condiciones para contratos previos u otras acciones”. Dijo que en las leyes “no puede haber retroactividad y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio que dice que a partir de que se apruebe la ley, lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. “Desde mi punto de vista no era necesario poner ese transitorio, ¿para qué se pone?” manifestó al aclarar al mismo tiempo que no es abogada. Sheinbaum Pardo aseguró que con la Ley de Amparo, la Constitución no se modifica y citó tres de los principales cambios: reducción de tiempo en tribunales para que se puedan resolver más rápido los casos comerciales y de deudas fiscales. Ante presunción de lavado de dinero no procede la suspensión ante congelamiento de cuentas, sino hasta que se resuelve de fondo y cuando hay la aplicación de una resolución de la Corte, no puede haber suspensión inmediata, sino hasta proceso final y “si otorga la suspensión un juez, (el deudor) tienen que depositar en garantía lo que debe al fisco”. Entonces, “no tengo conocimiento de por qué el Senado o la comisión del Senado incorporó este transitorio; desde mi punto de vista tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, tienen que seguir con las leyes anteriores porque ya es un procedimiento previo, no hay retroactividad en las leyes”. Los temas son “los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado; si es un nuevo amparo, pues entonces se aplícala nueva ley. Ese es mi punto de vista, pero ahora que vaya a la Cámara de Diputados tendrán que revisar”. Mencionó que hoy en el gabinete de seguridad le preguntó a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, “y me dijo pues que iban a revisar”. Aquí, sostuvo, “es un asunto de garantizar la no retroactividad, como establece claramente la Constitución, más allá de si se consultó o no”.
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