Desde la Presidencia con AMLO y con Sheinbaum hubo una campaña de desprestigio contra el PJF, dicen exministros; Norma Piña reaparece en la UNAM MEMORANDUM 1.-
La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández afirmó que la reforma judicial se puede revertir con educación cívica y jurídica de la sociedad, y tras afirmar que llegaron jueces menos preparados producto de la elección judicial dijo que “el ciudadano común va a sentir el cambio de que no se no sean juzgadores con carrera judicial”. En su primer acto público, en un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -en el que también reapareció el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo-, Piña Hernández reconoció que podrían pasar al menos 10 años para que pueda haber una reconfiguración en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y, aunque dijo que es algo que va a tardar, llamó a defender “una justicia de calidad” para el país. Externó: "Yo, sinceramente, he estado pensando qué se puede hacer para revertir. Para mí es básica la educación de todos. Seguimos en México sin saber diferenciar entre poder judicial local y poder judicial federal, entre policías y fiscales. La mayoría de los mexicanos no tiene esa conciencia, y no necesaria, o ese conocimiento, y no necesariamente porque no tengan cierto grado académico, porque a lo mejor si ustedes les preguntan a un químico o un ingeniero, tampoco lo sabe”. Piña Hernández, extitular del PJF (2023-2025) señaló que en México hubo una “tormenta perfecta” contra la independencia judicial, refiriendo diversos factores políticos que debilitaron en pocos meses lo que en otros países ha tomado años, principalmente, expresó, “la sobrerrepresentación electoral” a favor de Morena y aliados, que permitió modificar la Constitución y a su criterio alterar el equilibrio entre poderes, así como el diseño de mecanismos que vulneran la autonomía del Poder Judicial, como la elección política de jueces y magistrados o la creación de tribunales disciplinarios bajo control externo. Defendió también que, aunque " durante su gestión hizo “todo lo que estuvo en nuestras manos” para defender la independencia judicial. En su participación, el ministro Jorge Pardo Rebolledo atribuyó que desde la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum hubo una campaña de desprestigio contra el PJF a una narrativa oficial construida tras el desagrado del gobierno con ciertas resoluciones de la Suprema Corte. Afirmó que los ataques comenzaron contra la Corte, pero después se extendieron a todo el Poder Judicial bajo el argumento de una supuesta corrupción generalizada, sin que existan procedimientos o sanciones que lo acrediten. A su juicio, la verdadera causa fue el malestar político por fallos que no favorecieron al Ejecutivo o al Legislativo. De acuerdo con Pardo, los jueces no representan al pueblo ni a intereses políticos, sino que están llamados a resolver controversias concretas con objetividad, imparcialidad, independencia y honestidad. Advirtió que un juez que busca el aplauso popular no cumple con su deber, pues su función implica inevitablemente dejar insatisfecha a una de las partes. “Van a quedar muchas personas insatisfechas con este nuevo sistema (judicial) y este nuevo enfoque”, advierte.
Finalmente, señala que la estrategia de presentar al Poder Judicial como un enemigo del pueblo tuvo efectos difíciles de revertir, porque apeló a emociones y no a razones jurídicas. Piña Hernández afirmó que los poderes judiciales independientes siempre han sido incómodos al poder, razón por la que con la reforma judicial se creó una “tormenta perfecta” para cooptar a la institución.
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Detienen en CDMX a sujeto acusado de feminicidio registrado en 2014 en Río Blanco; Varón agrede y lesiona con una navaja a integrante de centro de rehabilitación que pretendía trasladarlo a un albergue, en Xalapa MEMORANDUM 2.-
Elementos de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a Michelangelo Antonioni “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de su madre, María del Carmen Juárez Sandoval, ocurrido en 2014 en el municipio de Río Blanco, Veracruz. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el detenido permaneció prófugo durante más de una década y fue localizado en la Ciudad de México gracias a un operativo conjunto del Grupo de Órdenes de Aprehensión de Homicidio y Feminicidio. La orden judicial fue emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia de Huatusco. Según el expediente ministerial, el 7 de mayo de 2014, Lenochka del Carmen Reyes Juárez denunció la desaparición de su madre ante el Ministerio Público de Río Blanco. Durante una inspección en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Benito Juárez de la congregación Vicente Guerrero, la hija percibió un olor fétido y halló rastros de sangre y cabello. Al remover tierra del patio, descubrió un bulto envuelto en una sábana: el cuerpo de María del Carmen Juárez Sandoval, enterrado y parcialmente calcinado. Los vecinos señalaron que la víctima vivía con su hijo Michelangelo Antonioni “N” y la pareja de éste, Jonathan Ulises “N”, a quienes escucharon discutir días antes del hallazgo. Las investigaciones revelaron extrema violencia en el crimen. Las indagatorias establecieron que ambos sujetos golpearon a la mujer con una pala en la cabeza y en otras partes del cuerpo, luego le prendieron fuego y la enterraron en el patio, en un intento por eliminar evidencias. El feminicidio causó indignación en la región por la violencia utilizada. La Fiscalía de Veracruz mantuvo durante años la búsqueda de los sospechosos. En octubre de 2025, Jonathan Ulises “N” fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Era pareja sentimental de Michelangelo y, además, padre del bebé que esperaba María del Carmen, quien se encontraba embarazada al momento de ser asesinada. Con la detención de Michelangelo Antonioni “N”, las autoridades concluyeron una investigación que permaneció abierta por casi 11 años. El detenido fue trasladado al penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso penal. La FGE señaló que ambos sujetos enfrentarán cargos por feminicidio agravado, delito que puede alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Veracruz. La Fiscalía de Veracruz reiteró su compromiso de combatir la impunidad en los delitos de género y aseguró que “los responsables no quedarán impunes, sin importar el tiempo o el lugar donde se oculten”. El feminicidio de María del Carmen Juárez Sandoval dejó consternada a la comunidad rioblanquense y se sumó a los casos de violencia de género que han marcado a la región montañosa central del estado. ….UN INTEGRANTE de un centro de rehabilitación resultó lesionado con arma blanca por la misma persona a la que pretendía apoyar para que atendiera sus problemas de alcoholismo. Los hechos se registraron la madrugada de este jueves, poco después de la medianoche, en la esquina de Circuito Guízar y Valencia con Paseo de las Palmas, en Xalapa, cuando personal del centro acudió al punto para trasladar a un hombre, en presunto estado de ebriedad, hacia un albergue donde recibiría atención para iniciar un proceso de rehabilitación. Sin embargo, al momento en que trataban de asegurar el traslado, el sujeto reaccionó con violencia, sacó una navaja y atacó a uno de los asistentes, provocándole una les…
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SCJN analiza abrir segunda audiencia pública por prisión preventiva oficiosa y arraigo; escucharán a los interesados, ojalá no acaben confrontándolos MEMORANDUM 3.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió su segunda solicitud de audiencia pública, ahora sobre prisión preventiva oficiosa y arraigo, en relación con dos asuntos pendientes ante el alto tribunal: el expediente sobre el acatamiento que debe realizar el Poder Judicial de la Federación (PJF), de la sentencia García Rodríguez y otro vs. México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como un amparo directo vinculado con el mismo caso. El miércoles, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, dio trámite a la solicitud 2/2025, pero anunció que por acuerdo del 13 de octubre pasado del pleno aun no decidirán si abren audiencias sobre el tema, pues esperan hasta que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa presenten los proyectos que resuelven ambos asuntos. La solicitud de audiencia fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, los actores centrales del caso que motivó la sentencia de la Corte IDH, ya que llevan 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados del homicidio de la regidora de Atizapán, estado de México, María de los Ángeles Tamés, ocurrido en 2001. La ministra Ríos González tiene a su cargo la elaboración del proyecto correspondiente al expediente sobre recepción de sentencias internacionales 3/2023, mientras que la ministra Esquivel Mossa trabaja en el amparo directo 5/2025. Los quejosos Daniel García y Reyes Alpízar presentaron impedimentos ante la Corte para solicitar que ambas ministras se aparten de la elaboración y discusión de los proyectos, al considerar que existe riesgo en su imparcialidad y posible conflicto de interés. Si la Corte acepta realizar audiencias públicas sobre estos asuntos, sería la segunda bajo el nuevo mecanismo creado por la actual integración del pleno para escuchar a las partes y a terceros interesados. La primera audiencia con personas con discapacidad se llevó a cabo durante tres días, con casi 90 exponentes y más de 15 horas de trabajo, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que abrió la discusión sobre modificar el criterio con el que la Corte ha invalidado unas 50 normas por falta de consulta previa a ese sector de la sociedad.
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