CNDH e INPI buscan que se garantice a personas indígenas privadas de la libertad intérpretes y traductores durante sus procesos penales MEMORANDUM 1.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades penitenciarias de diversos estados, además de varias defensorías públicas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) sostuvieron mesas de trabajo para garantizar que las personas indígenas privadas de la libertad tengan servicios de intérpretes y traductores durante sus procesos penales, al igual que para la instrumentación de acciones que protejan su derecho a la identidad cultural. Asimismo, para el emprendimiento de medidas conjuntas para la salvaguardia de sus derechos, de manera particular el acceso a una defensa técnica intercultural; así como la promoción de beneficios de preliberación o libertad anticipada. Se informa: "Lo anterior, considerando que de acuerdo con el Inpi existen intérpretes y traductores sólo en 22 estados del país, así como con un fondo destinado a la excarcelación de personas indígenas en reclusión”. Indica que las autoridades penitenciarias que participaron en la mesa fueron de las entidades de Chiapas, estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Detalla que en una segunda etapa, también de manera conjunta, se realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social en las cuales se identificó la instrumentación “de buenas prácticas" por parte de las autoridades monitoreadas, tales como la difusión institucional a través de materiales audiovisuales e impresos, como lonas, trípticos y cartulinas, sobre el régimen disciplinario, así como de los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, en las lenguas indígenas predominantes en el centro penitenciario. Igualmente, la existencia de documentación institucional en la lengua indígena de mayor habla en la región; la incorporación de personal hablante de la lengua indígena de la región y su capacitación para fungir como traductores certificados; y la certificación de una persona privada de la libertad como intérprete, a partir de un convenio institucional con una universidad estatal. En materia de salud con enfoque intercultural, el funcionamiento de huertos de plantas medicinales dentro de los centros penitenciarios, con registro de uso; así como la instrumentación de un protocolo para la solicitud de medicina tradicional y otro para regular el ingreso de plantas medicinales o ungüentos conforme a sus usos y costumbres. También, la realización de visitas domiciliarias por parte del personal de las áreas técnicas, a fin de brindar información a las familias sobre la situación jurídica y los requisitos para que acudan a visitar a las personas privadas de la libertad. Asimismo, se observó que, de manera excepcional y bajo condiciones de seguridad previamente establecidas, se permite el acceso de familiares fuera del horario habitual por lapsos breves y en áreas controladas del centro penitenciario. En algunos casos se ampliaron los horarios de visita y se extendió el acceso a familiares hasta el tercer grado de parentesco, como medida para favorecer la reinserción social y la preservación del vínculo familiar. La CNDH señala que observa necesario el impulso de una campaña de concientización efectiva sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad; además de las herramientas y mecanismos a las que tienen derecho para una debida defensa, sin dejar de lado la instrumentación de una estrategia reforzada por parte de las autoridades corresponsables en la materia conforme a una perspectiva intercultural.
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Atención: Prerregistro en línea del programa Vivienda para el Bienestar 2026 vía Conavi cierra el 15 de marzo de 2026 MEMORANDUM 2.- El acceso a la vivienda en pleno 2026 se ha convertido en una de las principales preocupaciones para personas jóvenes que buscan acceder a una casa (así como personas mayores en la misma condición). Es en este contexto que el programa Vivienda para el Bienestar 2026, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), abrió su proceso de prerregistro en línea, pero con una fecha límite que muchos solicitantes aún no conocen. Conavi ha establecido que el prerregistro del programa Vivienda para el Bienestar 2026 se puede realizar únicamente hasta el próximo 15 de marzo de 2026. Este trámite exclusivo por internet permite al solicitante explicar su intención de participar y formar parte de la base de datos que será evaluada para la asignación de apoyos. El proceso está dirigido a los usuarios que cumplan con los siguientes requerimientos: Ciudadanos mexicanos mayores de edad. Familias con ingresos bajos o medios. Personas que no cuenten con vivienda propia. Personas que requieran mejorar o ampliar su vivienda actual. El prerregistro —que se realiza en línea— exige datos personales, información socioeconómica, además de la relación familiar y, en su caso, documentación que respalde la situación que motivó la solicitud. Al completar el prerregistro, las familias quedan en una base de datos que, posteriormente, será revisada por Conavi y otras dependencias correspondientes, quienes evaluarán la elegibilidad con base en criterios socioeconómicos, ubicación geográfica, vulnerabilidad y otras variables que definen la prioridad de atención.
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Gobiernos ahora se dedican a desprestigiar el trabajo de la prensa con dinero del erario público; EU, Reino Unido, Argentina, China, Rusia al igual que México tienen su 'Quién es quién en las mentiras' MEMORANDUM 3.- En el último lustro varios gobiernos han mostrado su poca tolerancia a la libertad de prensa y con el fin de limpiar constantemente su imagen crearon oficinas que operan bajo el derecho de réplica del Estado, con dinero del erario público y con las que con mensajes de “fake news” buscan reprobar el trabajo de la prensa, prueba de ello es la sección “Quién es quién en las mentiras” que impulsó Andrés Manuel López Obrador en 2021 y con el objetivo es estigmatizar a los medios. Este mismo formato fue retomado por el gobierno del argentino Javier Milei, quien creó el pasado 6 de febrero la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA). Varios países han implementado mecanismos gubernamentales con cargo al erario público para confrontar o “desmentir” la narrativa de la prensa bajo el argumento de que combaten la desinformación. Uno de los países que ha echado mano de esta herramienta para tratar de equilibrar las críticas de los medios es Estados Unidos, que recientemente lanzó el portal oficial Media Bias, con la que busca exponer lo que consideran “fake news”, una copia del “Quién es quién en las mentiras” que impulsó López Obrador en el 2021 y que carecía de legalidad al utilizar la tribuna de sus conferencias matutinas para informar lo que él quería que se supiera, mientras lanzaba una cacería contra periodistas que exhibían la incapacidad de oficinas de gobierno. La Casa Blanca lanzó en diciembre de 2025 el “Portal de Sesgo Mediático”, que incluye una lista de periodistas, medios de comunicación y artículos que considera tendenciosos contra la Administración Trump. Otras naciones que también encontraron en una oficina contra los medios, donde el objetivo es refutar sistemáticamente noticias que el Estado clasifica como falsas son Reino Unido y China. Reino Unido estableció la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), que le otorga al gobierno la capacidad de controlar conversaciones y penalizar contenidos, lo que ha generado preocupación por una posible “censura digital” y amenazas a la libertad de expresión, afectando cómo los medios comparten información. De China, el modelo de gigante asiático se encamina al control de los medios de comunicación, ya que no sólo tiene periódicos y medios digitales para desmentir a la prensa crítica, sino que “su control sistémico se rige por ser la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 113 casos documentados de comunicadores detenidos, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF). En la misma lista aparecen Rusia y Malasia, cuyos gobiernos echan mano de portales web y leyes específicas que penalizan y desmienten información considerada “falsa” por las autoridades. Venezuela no puede quedare fuera de esta lista negra, ya que a través del Ministerio de Comunicación mantiene una narrativa constante de ataque a los medios críticos al régimen represor a lo que denominan “dictadura mediática”. Artículo 19 resalta que actualmente varios gobiernos han adoptado sistema de ataque a los medios que critican o exhiben la inoperatividad de dependencias gubernamentales. Asimismo, destaca que en democracias, la prensa responde ante la ley por difamación tras un juicio, sin embargo, estas oficinas que satanizan el trabajo de la prensa suelen aplicar un juicio sumario mediático sin derecho a la defensa previa del periodista. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras refiere que estas oficinas creadas para refutar las investigaciones de los medios suelen generar controversia, ya que, a decir de organismos internacionales y tribunales, estos entes del gobierno pueden convertirse en instrumentos de estigmatización contra periodistas que exhiben incapacidades de los gobiernos.
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