En México, actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los niveles extremos de violencia MEMORANDUM 1.- De acuerdo con Miguel López Leyva, coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con base en datos del Global Peace Index 2025, el impacto económico global por la violencia alcanzó los dos mil 455 dólares por persona (unos 45 mil 600 pesos mexicanos), es decir experimentó un aumento de 3.8 por ciento respecto al 2024. En ese escenario, al considerar los dominios e indicadores de este índice, México se coloca en el lugar 135 de 136 países evaluados con un puntaje que lo sitúa como un país en un estado de paz bajo. Refirió que en el ámbito regional se ubica en el penúltimo sitio -13 de 14 países evaluados-, solo por encima de Haití y antecedido por Estados Unidos. En México, la actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los niveles extremos de violencia. Se calculó que su impacto económico es de 4.5 billones de pesos, equivalente a 18 por ciento del PIB nacional. En términos per cápita se estima en 33 mil 905 pesos, un ascenso de 3.4 por ciento respecto al año anterior. Fue seis veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud, y más de cinco en educación durante 2024. En el marco de la inauguración del 31 Seminario de Economía Mexicana 2025. Consecuencias económicas del crimen y la violencia en México, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas, el académico señaló que la repercusión económica de la violencia ha aumentado anualmente durante 11 de los últimos 16 años. De igual forma, se reporta una disminución de los promedios de paz en los países del mundo por sexto año consecutivo, así como una tendencia de 17 años de deterioro en la estabilidad. Este índice estima un crecimiento de 438 por ciento en las muertes por conflictos internos en los últimos 17 años. Por ejemplo, en los dos países con mayores costos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), representa un porcentaje mayor a 40 por ciento, pero en los 10 más afectados, el impacto económico rondó el 27.8 por ciento. Estos datos contrastan con los 10 menos perjudicados, en los que el costo de la violencia con respecto al PIB es de 2.5 por ciento. En ese tenor, Global Peace Index ubicó a Centroamérica y América del Norte como la tercera más pacífica del mundo, siendo Canadá la nación más pacífica y Haití la menos. No obstante, en 2024 la zona registró el mayor gasto per cápita por contención de la violencia, en términos militares y de seguridad interna. Al citar la duodécima edición del Índice de Paz México 2025, refirió que en el documento se retrata una ligera mejoría de 0.7 por ciento de la paz en 2024; sin embargo, es menos pacífico que hace una década. Por su parte, el coordinador del Seminario, Jorge Basave Kunhardt, refirió que para los estados de Colima, Guerrero y Morelos hay un daño de más de 30 por ciento de su PIB estatal. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía empresas de todos tamaños en el país destinan de 2 a 10 por ciento de su presupuesto anual en seguridad.
|
Con 133 mil desaparecidos, Estado mexicano debe dar cuentas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU MEMORANDUM 2.- En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este sábado, la Fundación para la Justicia aseguró que aunque entre 2015 y 2025 se ha reconocido oficialmente a 236 migrantes como desaparecidos en México “existe un evidente subregistro”, porque podrían ser más las personas en esa condición que han cruzado desde Centroamérica hasta México, en busca de llegar a Estados Unidos. Prueba de ello es que la organización refirió que ha acompañado a más de 200 víctimas directas, además de recibir decenas de solicitudes de asesorías, de familiares de migrantes desaparecidos de toda la región. Explicó que esta problemática, con más de 133 mil casos, según datos oficiales, lleva “décadas perpetuándose” en el país y trasciende fronteras. Entre las víctimas, están las personas migrantes que a diario son blanco de secuestro, desaparición, reclutamiento forzado y otras formas de violencia extrema en México, denunció. En ese tenor, la fundación consideró que la desaparición de migrantes procedentes de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros, “se da en un contexto de violencia generalizada, impunidad sistemática y macrocriminalidad, donde los perpetradores, muchas veces, actúan con la tolerancia o participación de agentes del Estado”. Por lo anterior, afirmó que el Estado mexicano debe dar explicaciones ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien en abril pasado invocó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. Este instrumento establece que si el CDF recibe información que, a su juicio, contiene “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá presentar la cuestión “con carácter de urgente” a la Asamblea General. “La debilidad institucional, la falta de voluntad política y la ausencia de coordinación entre países de origen y México han impedido que la verdad y la justicia lleguen a las familias para garantizar la búsqueda de sus seres queridos”, aseguró la Fundación. A través de un comunicado, recordó que actualmente está en marcha el proceso de nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Lo anterior representa una oportunidad para materializar una política pública de alcance transnacional en materia de búsqueda e identificación forense de personas migrantes desaparecidas, con participación de los países de origen. “Esperamos que el cambio de titular en la CNB genere avances sustanciales, entre ellos la implementación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada formalmente en el 2021 por acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, pero sin operación hasta la fecha”, aseguró. De igual forma, urgió a garantizar la aplicación de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), aprobados en 2022, por parte de los consulados de México y demás autoridades involucradas, para garantizar el acceso a la justicia, desde los países de origen de las víctimas. Aunque en 2025 se anunciaron reformas en materia de búsqueda tras los hallazgos como el campo de exterminio en el rancho Teuchitlán en Jalisco, en donde se localizaron cientos de zapatos y ropa, la organización afirmó que estas medidas excluyen a la población migrante. Por ello, también demandó una política real de prevención de la desaparición forzada y violencias generalizadas y sistemáticas contra la población migrante, así como reconfigurar el trabajo y estructuras de las fiscalías para garantizar investigaciones integrales, exhaustivas y multidisciplinarias, que incorporen el análisis de contexto, la participación de las víctimas, el abordaje transnacional y de macrocriminalidad. Por último, planteó la creación de los mecanismos extraordinarios necesarios y la aceptación por parte del gobierno mexicano de recibir la asistencia técnica internacional que el país necesita “para enfrentar el flagelo de la desaparición forzada y crisis forense”, concluyó.
|
Tras denunciar amenazas en su contra, pide Alito ser incorporado al Mecanismo de Protección federal de la SEGOB MEMORANDUM 3.- A pesar de que en el pasado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que “a los periodistas hay que matarlos de hambre”, luego del altercado que sostuvo con el senador Gerardo Fernández Noroña y uno de sus colaboradores en el salón de plenos del senado, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección federal de la secretaría de Gobernación, tras denunciar amenazas en su contra. La solicitud de Moreno ha generado polémica, pues dicho mecanismo tiene como objetivo, precisamente, resguardar a periodistas y defensores de derechos humanos que enfrentan agresiones por su labor. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se dará trámite a la petición del dirigente nacional del PRI. Alito Moreno también acusó que la protección de los gobiernos de Morena con las organizaciones criminales, los han convertido en un narco gobierno. Sheinbaum Pardo explicó que, al igual que en otros casos, esta medida debe pasar por un análisis de riesgo para determinar si se justifica la asignación de seguridad. La mandataria destacó que el mecanismo está abierto no solo a políticos y funcionarios, sino también a integrantes de la sociedad civil. La solicitud de Moreno se da luego de un enfrentamiento con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y su colaborador Emiliano González González, a quienes acusó de haberlo amenazado tras un altercado en la Comisión Permanente. En su cuenta oficial de la red social X, el dirigente priista compartió un documento sellado por la Secretaría de Gobernación en el que se identificó como “ciudadano defensor de los derechos humanos”. En su mensaje, acusó intimidación y persecución política: “En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto. No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados”, concluyó.
|
|