Por cacería migratoria de Trump, México es un país de asilo; dos tercios de solicitantes desean quedarse a vivir aquí MEMORANDUM 1.-
En contrasentido a la tendencia que hoy se enfrenta en muchas naciones del hemisferio –marcada por una dura línea antimigratoria de Washington–, México ofrece nuevas oportunidades a las personas refugiadas, admitió el exrepresentante en nuestro país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Giovanni Lepri, quien ahora encabeza la oficina del organismo en Colombia. Destaca que “En estos años, México se ha vuelto un país de asilo. Realmente ha brindado a personas refugiadas una segunda oportunidad, la posibilidad de reconstruir su vida.” En entrevista con motivo del fin de su gestión al frente de esa oficina, Lepri realizó un balance de la política de asilo del país a partir de dos visiones: por un lado, destacó la posibilidad que brinda de integración y autonomía, y no sólo el reconocimiento, a los refugiados gracias a una histórica política encaminada en ese sentido. Al mismo tiempo, advirtió, México aún encara el reto de consolidar una política pública “estable, sostenible y efectiva” que responda a las necesidades de las personas en movilidad de diversas nacionalidades y que han huido de sus lugares de origen por amenazas, violencia o persecución. “Es como el vaso medio lleno y medio vacío”, indica. En el primer caso, destaca que en años recientes se ha visto la llegada de miles de personas en movilidad a la frontera sur de México, que vienen sin nada, a las que se han sumado otras por la norte, debido a los cambios en la política migratoria y de asilo dictada por Donald Trump. “Y en meses logran ser autónomas, tener los hijos escolarizados, acceso a un trabajo formal y ser parte de una comunidad que los recibe y los integra. Eso no es tan común”, pues en otros países del continente no existe una política que vaya en ese sentido. Sin embargo, visualizó también el “vaso medio vacío” porque esas oportunidades se deben consolidar mediante la construcción de una “política de Estado eficaz, con base en cambios legislativos, que se reflejen en planes de desarrollo y en una definición de atribuciones para las instituciones públicas a fin de que el sistema de asilo sea sostenible y de largo plazo”. En este contexto, señaló que la representación de esa agencia en México es la más grande de América Latina, aun cuando este año tuvo una reducción en sus capacidades de manera drástica por una caída presupuestal de 60 por ciento a raíz de los recortes a la ayuda humanitaria internacional del gobierno de Trump, que se prevé continuarán. “No hay ningún aspecto de la operación del Acnur en México que no haya sido impactado por los recortes de este año. Hemos cerrado cinco oficinas y no porque alguna no fuera necesaria, todas lo eran, pero no había otra opción.” Afirma que la postura de la Casa Blanca ha generado “turbulencias internacionales”, por lo que el multilateralismo “está en crisis”. De ahí la importancia de construir una política de asilo sólida. Destaca que en 2026 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tendrá un aumento considerable en su presupuesto: mientras en 2025 tuvo 47.8 millones de pesos, el próximo ejercicio fiscal dispondrá de más de 109 millones. “Es un paso, un progreso”. Se dijo en sintonía con lo expresado hace unos días por la titular de la Comar, Xadeni Méndez, quien durante un foro en Ginebra, Suiza, afirmó que la protección internacional no termina cuando una persona es reconocida como refugiada. Por el contrario, ese paso es el comienzo, y el proceso realmente concluye cuando el Estado receptor brinda las condiciones para la integración y autonomía del solicitante. Lepri destacó la importancia de que México mantenga su voluntad de diálogo y de apertura hacia el exterior, así como la acogida a quienes necesitan de la protección internacional, debido a que la movilidad y la necesidad de apoyo continúan en el hemisferio, al grado de que el número de solicitudes ante la Comar en 2025 se mantuvo muy similares al del año anterior (cerca de 80 mil).
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Detienen a dos sujetos tras reporte de presunta privación ilegal de la libertad en Martínez de la Torre; Reportan como desaparecido a menor de 12 años de edad, en Córdoba MEMORANDUM 2.-
Dos personas fueron detenidas y trasladadas a los separos de la comandancia municipal de Martínez de la Torre luego de una fuerte movilización policiaca registrada en el libramiento de esa ciudad, tras el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad. De acuerdo con los reportes, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en el libramiento de Martínez de la Torre, a la altura de la calle Niños Héroes, en la colonia Rodríguez Cano, luego del reporte de un posible caso de privación ilegal de la libertad. El aviso generó la respuesta de las corporaciones de la Policía Municipal, Policía Estatal y elementos de la Defensa, quienes aseguraron la zona para verificar la situación y resguardar a las personas involucradas. Como resultado del operativo, dos sujetos fueron detenidos cuando viajaban a bordo de una camioneta Ford Raptor, con placas de circulación XP 3477 B del estado de Veracruz. La unidad fue asegurada por las autoridades como parte de las diligencias iniciales. Los detenidos fueron trasladados a los separos de la comandancia de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se determina su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. El incidente se registró a las afueras de una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada en la esquina del libramiento con la calle Niños Héroes, punto que fue acordonado de manera preventiva durante las labores policiales. La presencia de fuerzas estatales y federales reflejó la coordinación interinstitucional para atender hechos que pudieran representar un riesgo para la seguridad pública. Durante varios minutos, la circulación en la zona se vio parcialmente afectada debido al despliegue de unidades oficiales. Las autoridades informaron que el caso continúa en proceso de investigación y que será en las próximas horas cuando se determine la situación legal de los detenidos, conforme a los testimonios y pruebas recabadas…UN MENOR de solo 12 años de edad, originario del municipio de Córdoba, fue reportado como desaparecido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, luego de que perdió toda comunicación con su familia desde ayer domingo 28 de diciembre. El adolescente fue identificado como José Emmanuel Rivera Hernández, de complexión delgada, nariz recta y boca chica, con labios delgados como señas particulares. Además, cuenta con una estatura aproximada de 1.46 metros, ojos café oscuros, tez morena clara y cabello castaño oscuro, corto y crespo. Debido a que temen por su integridad física ya que podría ser víctima de la comisión de un delito al ser un menor de edad, la familia interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Especializada en Atención a Personas Desaparecidas con sede en Córdoba, para agilizar su búsqueda. De igual forma, solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general de Córdoba y la región de Las Altas Montañas para cualquier información que ayude a dar con el paradero de José Emmanuel sano y salvo.
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Demandas de jubilados BUAP superan los 100 millones desde 2015, piden intervención de Sheinbaum para darle claridad al tema MEMORANDUM 3.- Más de 250 trabajadores pensionados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han interpuesto demandas para reclamar a esa institución un aumento salarial pendiente desde hace una década, el otorgamiento de vivienda y la aplicación del fondo de ahorro. Desde 2015 han exigido una nivelación salarial del 4.6 por ciento del que fueron excluidos, luego de que aumentara 8 por ciento a mil 300 empleados: “A los demás, casi 8 mil trabajadores, nos excluyeron. A nosotros nos dieron nada más 3.4 de incremento. De esos afectados, entre académicos y administrativos, sólo 500 demandaron. Algunos han fallecido, otros se desistieron y quedamos 250 que seguimos en lucha por más de 100 millones de pesos de adeudo”, dice en entrevista Rogelio García Conde, integrante de la Comisión de Jubilados. El alza salarial pendiente ha sido demandada en los expedientes del Segundo Tribunal Laboral de Puebla D-5/96/2015, acumulados D-5/118/2015, D-5/107/2019: “100 millones de pesos no son nada comparados con los miles de millones que maneja la universidad. Son miserables. Ni nos ve, ni nos oye la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien maneja indiscriminadamente el dinero, y sobre nuestras demandas dice que no somos sujetos porque son autónomos. No solamente maneja el presupuesto federal, sino también el estatal y el generado por recursos propios. Tuvimos que demandar y nos han puesto una serie de trabas porque hay confabulación entre la rectoría y la junta de conciliación número cinco. La decisión salió contra el laudo y nos amparamos. En febrero resuelven esto último”. La anterior no es la única demanda interpuesta. El pasado 19 de agosto, en el expediente laboral 297/2025, los pensionados reclamaron su derecho al fondo de vivienda que la actual administración les ha negado. Rogelio García explica que el caso data de 1980, cuando se fusionó un sindicato entre académicos y administrativos: “Tenemos pactado 5 por ciento del total de la nómina de la universidad para el fondo de vivienda, para construir, para los trabajadores, pero no se ha respetado”. Recordó que cuando Alfonso Vélez Pliego era rector y el secretario general del sindicato el físico Alejandro Salgado Escobar, reconocieron 500 millones de pesos para dicho fondo de vivienda, pero después no llegaban los recursos a la universidad y dispusieron que de ese fondo se pagara el complemento de los salarios, por lo que se prestaron a la BUAP mil 200 millones de pesos. Sin embargo, ésta sólo ha mostrado desinterés: “No quiere reconocer ese adeudo argumentando que no tiene dinero. Acudimos al Infonavit para ver en qué situación se encontraba el fondo y nos dijeron que solamente había 48 millones pesos depositados por la universidad, pero del periodo 2020 a 2024”. “Tenemos calculado que en ese fondo de la vivienda hay entre 13 y 15 mil millones de pesos, y no nos quieren entregar ese dinero; nos dijeron que desconocían el adeudo con los trabajadores. O no saben nada o se quieren hacer los listos”. Añade: “Desde 1992 las diferentes administraciones lo han manejado a su antojo y utilizado para otras cosas. Seguramente lo gastaron o simplemente los rectores anteriores se lo llevaron. Así están las cosas”. La otra demanda tiene que ver con el fideicomiso de jubilaciones y pensiones que la BUAP no les ha entregado: “Teníamos nuestras cuentas individuales en Banjercito, pero la universidad dijo que ese dinero no nos correspondía y lo canalizaron a Bancomer. De ahí, indebidamente, con 48 millones de pesos que teníamos, formó un fideicomiso de jubilaciones y pensiones”. Añade: “Hoy ese fideicomiso tiene 6 mil 300 millones de pesos y es sostenido por nosotros. Primero nos descontaron 3 por ciento y fue subiendo hasta alcanzar 8. Hoy día nos descuentan 4 por ciento y la rectora dice que este año va a aumentar de nuevo la cotización para el fondo de pensiones. Estamos hablando de una cantidad enorme que no lo transparentan porque hay un alto grado de corrupción.” García Conde explica la precariedad económica en que viven los jubilados de la BUAP: “El salario quincenal es de 4 mil 182 pesos, pero muchos compañeros estamos por debajo de esa cantidad porque al momento en que nos jubilamos los salarios estaban acordes... sin embargo, la política de la universidad ha sido ajustarnos a los topes salariales que dicta el gobierno en materia de educación. En este caso fueron entre 3 o 3.4 por ciento. Eso hizo que nuestro ingreso se fuera hacia abajo. Fue el ex presidente López Obrador quien hizo varios aumentos y finalmente no nos los dieron”. Indica que quieren ganar 4 mil 182 pesos a la quincena y no menos: “Por ejemplo, yo estoy 900 pesos abajo del salario mínimo, y así muchos compañeros. En las audiencias con las autoridades de la universidad, la respuesta siempre ha sido la misma. Nos dicen que no tienen dinero. Hay una cerrazón en querer solucionar la problemática de sus trabajadores activos y jubilados”. Para García Conde, investigar y sancionar la corrupción que existe en la BUAP es urgente. “En este momento el gobernador Alejandro Armenta es cómplice de la rectora Cedillo Ramírez. La presidenta Claudia Sheinbaum debería pedir cuentas a Cedillo Ramírez para que presente un informe muy preciso de los recursos económicos con que cuenta la institución, sin aceptar el chantaje de que son autónomas y por eso no rinden cuentas”.
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