Todas las dependencias muestran subejercicios en los pagos respecto al presupuesto programado para 2025 MEMORANDUM 1.- A un mes del cierre del año fiscal, las dependencias federales habían dejado de pagar 124 mil 377.3 millones de pesos del presupuesto que tenían programado para noviembre de 2025, prácticamente uno de cada 10 pesos de los que debían ser entregados hasta ese momento para servicios, sueldos e inversiones. Salvo Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que en el último tramo del año pasado se encontró al centro de las negociaciones con organizaciones de campesinos, todas las dependencias muestran subejercicios en los pagos respecto al presupuesto programado. De acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 11 meses del año pasado en la Sader se habían pagado 121 mil 772.8 millones de pesos, 67.9 por ciento más de lo que estaba programado hasta esa fecha y también por encima de los 74 mil 992 millones de pesos que de inicio tenía la dependencia programado para todo 2025. En contraste, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) había comprometido casi todo el presupuesto que tenía asignado hasta noviembre, pero pagado sólo 54.6 por ciento. Con subejercicios también por encima del promedio, se encuentran Presidencia e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respectivamente, con 67.2 y 71.5 por ciento de gasto pagado respecto al previsto. Lo mismo que Mujeres, con 76.6 por ciento; Seguridad y Protección Ciudadana, 79.6 por ciento; Salud, 81.3 por ciento, Cultura, 84.2 por ciento, Defensa Nacional, 85 por ciento; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 87.9; Marina, con 88.1 por ciento y Hacienda y Crédito Público con 88.5 por ciento. Eso sólo en lo que hace al gasto pagado en los ramos administrativos en un año que en sí mismo vio recortes o nulos crecimientos en el presupuesto de las dependencias, de cara a reducir el déficit público que las finanzas públicas heredaron de la pasada administración. En el acumulado a noviembre, el déficit público –medido por los requerimientos financieros del sector público (RFSP)– ascendió a un billón 168 mil millones de pesos, 19.9 por ciento por debajo del billón 404.5 mil millones de pesos que alcanzó en el periodo comparable de 2024. De hecho, al cierre de 2024, el déficit público –que muestra la diferencia entres lo ingresos y los gasto– todavía se disparó a un billón 935.8 por ciento, casi medio billón de pesos en un solo mes y pasó a representar 5.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Para 2025 se dejó a la administración actual la carga de reducir esa brecha a 3.9 por ciento. Sin embargo, pese a recortes y “reasignaciones”, Hacienda aumentó el estimado de este indicador a 4.3 por ciento. Según las proyecciones de Hacienda se espera que, una vez dados a conocer los resultados de las finanzas públicas para 2025, que se publicarán el 30 de enero, los RFSP alcanzarían un billón 559.9 mil millones de pesos, un ajuste de más de 131 mil pesos más respecto al paquete económico original.
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Comisiones, barrera persistente para la inclusión financiera en México; nadie quiere pagar de más MEMORANDUM 2.- Autoridades e instituciones que participan en el sistema financiero mexicano tienen como meta que más personas puedan tener acceso a una cuenta en donde guardar su dinero, una tarjeta para hacer pagos o un crédito que les ayude a incrementar su patrimonio, pero el acceso tiene un costo: más de 12 mil comisiones, de acuerdo con información oficial. La Política Nacional de Inclusión Financiera del actual gobierno tiene un objetivo concreto: fortalecer el bienestar de las personas y empresas en México al fomentar el acceso y uso de productos y servicios financieros formales que satisfagan sus necesidades, bajo una regulación adecuada y esquemas de protección robustos. Entre los principales propósitos de la actual administración está promover el ahorro formal y a largo plazo, así como el uso de los productos de captación como herramientas de administración de recursos, además de facilitar el acceso al financiamiento formal, especialmente el productivo, en condiciones adecuadas para empresas y personas. En la práctica, llegar al sistema financiero está acompañado de una larga lista de cobros, que no son nuevos ni ocultos, pero con el tiempo ha ido cambiando. De acuerdo con el Banco de México (BdeM), en 2019 el sistema financiero tenía registradas más de 16 mil comisiones y para 2025, el registro oficial contabilizaba poco más de 12 mil 500. Esa reducción en el número de comisiones no elimina su peso dentro del sistema. Aun con menos registros que hace seis años, las cifras del banco central muestran que los cobros siguen presentes en prácticamente todos los productos financieros que se ofrecen en el país por parte de bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) o instituciones de tecnología (fintech). Cuentas de ahorro, tarjetas, créditos personales, para autos, hipotecarios, financiamientos para empresas y servicios digitales forman parte de un mismo entramado que combina acceso con cargos específicos. El último informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del Banco de México indica que hasta octubre de 2025 –último dato disponible– había un total de 12 mil 687 comisiones en un total de mil 707 productos. En 609 productos de depósito (como cuentas de ahorro) se tiene registro de 7 mil 914 comisiones, de las cuales nueve son recurrentes. En 347 productos de consumo no revolvente –que agrupa los financiamientos para la adquisición de bienes de consumo duradero, personales, de nómina y automotores– hay un total de 826 cargos y dos son recurrentes. De acuerdo con los datos, en 190 productos de consumo revolvente –tarjetas de crédito–, hay 2 mil 153 comisiones y nueve son recurrentes En 305 productos de crédito hipotecario existen mil 28 comisiones (tres recurrentes); en 361 préstamos empresariales hay 361 cargos (uno recurrente), y en 137 productos de instituciones de tecnología financiera –fintech– hay 405 comisiones (dos recurrentes). “Los productos de depósito y las tarjetas de crédito (conocidas como productos revolventes al consumo) son los que tienen asociados un mayor número de comisiones, en promedio. Ello obedece a que tienen diversas funcionalidades de pago y servicios asociados”, señala el BdeM en su informe. En 2018, antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el sistema financiero mexicano se tenía registro de 21 mil 196 comisiones y para 2019 disminuyeron hasta las 16 mil 957, en 2020 aumentaron a 17 mil, en 2021 disminuyeron a 16 mil 103, en 2022 se tuvo registro de 15 mil 477, en 2023 de 15 mil 26 y en 2024 de 12 mil 704. Durante el gobierno de AMLO, hubo una propuesta lanzada por Ricardo Monreal que tenía como fin reducir el número de comisiones que cobran los bancos a sus usuarios, con el argumento de que más de 30 por ciento de sus ingresos provenían de estos cargos. En ese momento, el entonces Presidente dijo a los directivos de la banca que no cambiaría las reglas del juego y no los iban a obligar a reducir las comisiones, pero estas deberían bajar por cuestiones de competencia.
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Una de cada 5 niñas en AL se casa antes de los 18 años: ONU; México es el décimo país con el mayor número de mujeres adolescentes casadas o juntadas MEMORANDUM 3.- En América Latina y el Caribe, una de cada cinco niñas contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años, estableció el estudio Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa). A nivel global, México se coloca como el décimo país con el mayor número absoluto de mujeres adolescentes que se casaron o unieron antes de cumplir la mayoría de edad, y el segundo en la región, de acuerdo con cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Asimismo, se estima que 10.4 millones de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de los 18 años, y que de ellas, 4 por ciento lo hicieron antes de cumplir quince. Para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas, en México se han realizado diversos esfuerzos en materia legislativa y política pública: la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, que estableció 18 años como edad mínima para el matrimonio; las reformas en 2019 al Código Civil Federal, que eliminaron las dispensas y excepciones, y la tipificación en el Código Penal de la cohabitación forzada de personas menores de 18 años en 2023. A ello se suma la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescentes; sin embargo, la problemática ahora se ha trasladado a las uniones informales o de hecho, alertó Unicef. Puntualizó que lo anterior ocurre especialmente en zonas rurales y en algunas poblaciones indígenas. Esta semana se informó del caso de la niña Deisy, oriunda de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien tuvo graves afectaciones por la gestación y el parto ya que su cuerpo no tenía el desarrollo anatómico requerido para ello. El caso de maternidad infantil generó rechazo entre agrupaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia, que consideraron que la maternidad forzada persiste en México, y que “la gestación en la infancia es tortura y es violencia”. El estudio detalla que las uniones tempranas se vinculan a embarazos infantiles y adolescentes, violencia de género, deserción o no asistencia a la escuela (70 por ciento de las niñas en esa condición no asisten al colegio), pobreza, limitación de oportunidades, migración y trabajo infantil. Unicef enfatiza que los estados con mayor número de adolescentes en unión temprana son Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla; precisa que, aunque hubo una leve disminución de 3.2 por ciento entre 2014 y 2023, el fenómeno sigue presente. Advierte que las niñas y adolescentes tienen mayor o menor protección dependiendo del estado en dónde vivan; por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán no han armonizado su Ley Estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre la edad mínima para contraer matrimonio.
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