Seis veracruzanos buscan un lugar como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral MEMORANDUM 1.- Luego de que la Cámara de Diputados abrió la convocatoria para renovar tres plazas, un total de seis destacados veracruzanos buscan un lugar como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En ese tenor, para el órgano máximo en la organización de elecciones en el país, más de 500 personas de todo México presentaron sus documentos. En la depuración al final sólo 395 cumplieron con los requisitos y pasaron a la siguiente etapa, que será la de presentar un examen de conocimientos. Los aspirantes. Entre quienes pasaron a la siguiente etapa están el ex consejero del OPLE y actual director de Asuntos Jurídicos del INE, Juan Manuel Vázquez Barajas. El ex magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y actual magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Martínez. También el ex magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y actual asesor en el Senado de la República, Javier Hernández Hernández. La única mujer veracruzana que aparece es la actual magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada. Otro inscrito más, es el recién nombrado director ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, Jesús Octavio García González. El último que también logró pasar a la siguiente etapa es el actual secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha.
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Revelan organizaciones civiles que derrame de hidrocarburo en el Golfo de México inició en el mes de febrero en un ducto de Pemex MEMORANDUM 2.- A contracorriente de la narrativa oficial, organizaciones civiles denunciaron que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México inició en el mes de febrero en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se ocultó. A través de un comunicado, las organizaciones Geocomunes, Greenpeace México, A.C., Leave it in the Ground Initiative (LINGO) Nuestro Futuro, A.C. RG - Asesoría Legal, Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), entre otras, acusaron que hay evidencia que el derrame inició en febrero y no en marzo. De acuerdo con el comunicado: “La evidencia hoy disponible muestra que el derrame en el Golfo de México comenzó desde febrero y no en marzo, como sostuvo públicamente el gobierno federal. Del 7 al 14 de febrero de 2026, el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, permaneció sobre el ducto “OLD AK C” de PEMEX, mientras imágenes satelitales mostraban una gran mancha de petróleo en la zona. Lejos de alertar a tiempo, las autoridades salieron casi un mes después, cuando el derrame llegó a las costas, a hablar de un buque no identificado y de chapopoteras naturales. La evidencia disponible desmiente esa versión. No se trata sólo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias: las comunidades costeras no fueron alertadas ni preparadas para el arribo del hidrocarburo, mientras el derrame avanzaba hacia playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca. Hoy se sabe que el derrame actual del Golfo de México no comenzó en marzo de 2026, cuando aparecieron los primeros reportes en playas de Veracruz y Tabasco. Empezó desde inicios de febrero, en torno a un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de diámetro, y alcanzó una magnitud que vuelve inverosímil cualquier alegato de desconocimiento”. Con base en la investigación realizada por algunas de las organizaciones firmantes, desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto. El 7 de febrero llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. Durante los siguientes ocho días permaneció sobre el ducto OLD AK C, una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas. En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 km². También se observaban, el 13 de febrero, embarcaciones de apoyo realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua. Luego se retiraron. Lo que no ocurrió fue una alerta pública inmediata. Semanas más tarde, a inicios de marzo, ese hidrocarburo derramado comenzó a arribar de manera sostenida a las costas de Tabasco, Veracruz y, posteriormente, Tamaulipas. Para el 21 de marzo ya se documentaban 630 kilómetros de litoral afectados, prácticamente toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con 51 sitios reportados con presencia de chapopote, impactos sobre playas, manglares, fauna y medios de vida comunitarios. Esta secuencia revela algo más que una respuesta insuficiente. Muestra que hubo conocimiento temprano del vertido, intervención operativa en la zona y, pese a ello, una decisión de no alertar públicamente. La prueba más clara de ese ocultamiento es que, después de actuar en el sitio desde febrero, las autoridades no informaron a las comunidades ni al país y semanas después, presentaron el desastre como si apenas comenzara. En su conferencia de prensa del pasado 26 de marzo de 2026, las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell. La pieza central de esa versión era clara: sembrar la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural. La evidencia hoy disponible desmiente esa narrativa. Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales. No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido. Y esa falsedad importa por una razón sencilla: no fue inocua. El “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas” (PNC) del Gobierno Federal, obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. Ocultar la fuente y omitir al responsable no solo viola la lógica del Plan: también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado. Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida. Lo que ocurrió no puede reducirse a un problema de comunicación. Hay responsabilidades legales y políticas. ¿Quién decidió no informar públicamente desde febrero sobre un vertido de gran magnitud en torno a la infraestructura petrolera de Pemex? ¿Quién decidió desplazar la atención hacia marzo y hacia supuestas causas naturales? ¿Quién responderá por las comunidades que no fueron alertadas a tiempo y por los ecosistemas afectados? La población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad. Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades. Exigimos al Grupo Interinstitucional conformado por Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que informen públicamente y sin evasivas: 1. Desde cuándo conocían el vertido, qué ocurrió en febrero sobre el ducto OLD AK C y qué acciones tomaron desde ese momento. 2. Qué infraestructura, empresa o entidad identifican como responsable, con qué sustento técnico y cómo harán efectivo el principio de que quien contamina paga. 3. Qué documentos generaron conforme al PNC, incluido el aviso inmediato, la evaluación del incidente, la modelación de trayectoria, los mapas de áreas sensibles y los escenarios de riesgo. 4. Qué medidas concretas de contención, restauración, monitoreo, indemnización y reparación integral se aplicarán en costas, manglares, lagunas, arrecifes y comunidades afectadas. 5. Qué estudios de impacto ambiental se han ya realizado; y 6. Si ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables. Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió. Organizaciones firmantes: Alianza Mexicana contra el Fracking, Amigos del Río San Rodrigo, CartoCrítica, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Conexiones Climáticas, CORASON Defensa del Territorio, Engenera AC, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Geocomunes, Greenpeace México, A.C. Leave it in the Ground Initiative (LINGO), Nuestro Futuro A.C., RG - Asesoría Legal, Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C. y Wildlands Network Programa México.
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Un juez condenó al ex director de Periciales, Gilberto A, por el caso del policía hallado en barranca La Aurora en el Gobierno de Duarte MEMORANDUM 3.- Un juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Xalapa dictó fallo condenatorio contra el exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto A. G., por un delito vinculado con la desaparición de personas relacionado con el caso de la barranca de La Aurora, ocurrido durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. La resolución fue emitida este martes 31 de marzo en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, dentro de la causa penal J-104/2024, derivada de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016. El juez de enjuiciamiento, Roberto Santos Maldonado Morales, determinó que se acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario por el delito vinculado con la desaparición de personas en agravio del policía David Lara Cruz. Luego del fallo condenatorio, el órgano jurisdiccional fijó para el 8 de abril de 2026 a las 15:00 horas la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. El caso se remonta a enero de 2016, durante la administración estatal encabezada por Javier Duarte de Ochoa, cuando fueron localizados restos humanos en la barranca de La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata. De acuerdo con documentos integrados a investigaciones ministeriales, el 19 de enero de ese año fueron hallados restos de 19 personas en ese sitio. Entre las víctimas se encontraba David Lara Cruz, policía estatal de Veracruz, quien el 12 de enero de 2016 acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para presentar evaluaciones de control y confianza. De acuerdo con los testimonios incluidos en el expediente, el agente salió de su domicilio para acudir a esas evaluaciones y posteriormente habría sido detenido por compañeros de la misma corporación, sin que existiera registro oficial de su detención. Días después se informó a su familia que su cuerpo había sido localizado en la carretera rumbo a Alto Lucero. Sin embargo, documentos de la carpeta de investigación refieren que el cadáver había sido encontrado previamente en la barranca de La Aurora junto con otros restos humanos. La investigación señala que, tras el hallazgo de los cuerpos, el entonces director de Servicios Periciales fue notificado del hecho. Con base en la información contenida en el expediente, el funcionario habría instruido realizar el levantamiento de los cuerpos localizados en la barranca, pero reportar oficialmente solo el hallazgo de seis cadáveres. También se documentó que, pese a que el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante dactiloscopía, se ordenó trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para reportar ese sitio como el lugar de su hallazgo. El proceso judicial fue seguido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización que señaló que el caso busca esclarecer la forma en que fue registrado oficialmente el hallazgo de los cuerpos. “Durante años, la familia ha exigido verdad sobre lo ocurrido tras la desaparición forzada y sobre lo que pasó después: la localización seguida de ocultamiento, prolongando la incertidumbre”, aseguró la organización.
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