Elección judicial 2027: el INE deberá enfrentar campañas ‘negras’ en TikTok y Face; donde más se informan de la elección MEMORANDUM 1.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se dice ser una institución sólida, capaz de enfrentar retos, en 2027 enfrentará la entrega de resultados de la segunda etapa de la elección del Poder Judicial de la Federación. En suma, tiene bajo su responsabilidad dar luz verde a candidaturas que surjan de la evaluación del Senado y por la fiscalización de los recursos económicos para las campañas, incluso ‘negras’, desde TikTok o Facebook. A seis meses de los primeros comicios para elegir a jueces, magistrados y ministros, un total de 881 cargos federales, el INE-UNAM presentan en la 39 edición de la FIL el libro “Las estrategias y candidatos a la SCJN en redes sociales”, que centra y alumbra el éxito de las campañas de quienes hoy ocupan uno de los nueve lugares del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La obra resalta que las personas de 50 años irrumpieron en las plataformas de TikTok y Facebook para conocer a los aspirantes y sus propuestas en impartición de justicia. “Fueron también campañas electorales pedagógicas”. “TikTok y Facebook fueron plataformas en donde ocurrió gran parte del debate que acompañó el proceso electoral de este año para el Poder Judicial, para la renovación del Poder Judicial. ‘Campañas negras’ que dieron origen a los procedimientos que ahora se siguen en el INE para evitar que se ponga en riesgo la equidad en la contienda. Pero ahora con el uso de las tecnologías, el impacto es en tiempo récord y mayúsculo. Los desafíos de control, de transparencia, de fiscalización van a ser mayúsculos en 2027 para que esto se convierta en una democracia de calidad”, expresaron Eloy Caloca Lafont, Yanic Pérez Verti, José Alberto Pérez de Acha, quienes comentaron los aportes de este libro tras la elección judicial. Los académicos resaltaron que como parte del éxito de las candidaturas a la SCJN fueron las fórmulas, que unos candidatos, a través de esas redes sociales, se dio apoyo a las 63 candidaturas a magistrados. “Lo que encontramos es que es una elección donde hay diversidad, hay personas que no eran oriundas u originarias de la Ciudad de México y participaron, que habían hecho su carrera judicial al interior de la República Mexicana, que provenían del sector privado, de asociaciones civiles, de causas de la sociedad civil, y no precisamente de la función pública. pero Esperemos que en un futuro y en próximas elecciones se abra aún más la participación para abogadas y abogados, juristas, defensores de derechos humanos, defensores de la migración, de temas de energía, tecnología, medio ambiente, que sí hubo participación en esta elección, pero seguiremos ampliando esa diversificación”. Sin embargo, de cara a 2027, el reto también es que los usuarios de TikTok y Face, que son la mayoría de jóvenes, voten, porque ese grueso no fue a las urnas en junio pasado. “No necesariamente el más popular en TikTok fue el que ganó, y eso fue muy relevante, tuvo muchos followers, pasará a la historia como una campaña exitosa, pero no pasó al Poder Judicial. Hubo casos en que hubo coincidencia, pero no fue en la mayoría de los casos. En 2027 será una elección totalmente distinta, obviamente van a contender otros o los mismos por estos otros más de 20 mil cargos de elección popular, porque es mucho más claro cuando hablamos de elección nacional, porque conocemos a las y los ministros de la corte, pero este esfuerzo se dio en muchísimas arenas”, expresó Rosa María Bárcena Canuas, en representación del INE.
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Lanzan la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la Educación Básica y Media Superior MEMORANDUM 2.- Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA), presentaron la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la educación básica y media superior, que reconoce la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un elemento indispensable para evitar el abandono escolar. De acuerdo a lo informado, la estrategia está dirigida a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria de 42 mil 975 planteles, así como a más de 5.4 millones de jóvenes de bachillerato de 21 mil 175 centros escolares. Ambas dependencias distribuirán en los planteles públicos y privados de secundaria y bachillerato materiales educativos y organizarán actividades escolares, campañas informativas, orientación integral y la entrega de kits de gestión menstrual a nivel nacional. La iniciativa, impulsada por las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR) de la Ssa, coloca en el centro a quienes estudian en estos niveles educativos, con el fin de garantizar que todas las estudiantes vivan su menstruación sin discriminación, con acompañamiento, información y condiciones dignas. En el Centro Cultural Carlos Pellicer, en la alcaldía Xochimilco, durante la presentación para Educación Media Superior, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora, destacó que la Estrategia responde a la necesidad de abrir conversaciones libres de estigmas y asegurar que ninguna adolescente deje de asistir a clases por incomodidad o vergüenza. Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSSR) de la Secretaría de Salud, Teresa Ramos Arreola, indicó que la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna se construye bajo los principios del humanismo mexicano, y con perspectiva de género.
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Sufren “una muerte civil” los desterrados de Nicaragua al llegar a México o a otros países MEMORANDUM 3.-
Tener una nacionalidad para alguien que ha sido despojada de la propia significa no sólo contar con un pasaporte o una identificación para gestionar la vida con normalidad. “Significa existir en el mundo”, como define una de las muchas personas de Nicaragua que viven en esa condición en México. “Significa no ser apátrida”. Existen dos tipos de desterrados por la dictadura Daniel Ortega-Rosario Murillo: los nicaragüenses “apátridas de jure”, que tienen algún documento, por ejemplo, el pasaporte con el que salieron el día en que fueron expulsados de Nicaragua “para siempre”. Si caduca no pueden renovarlo. Y los “apátridas de facto”, cuya vida es más complicada aún. Viven fuera de su país –que sigue siendo su país–, pero sin documento alguno y sin la posibilidad de volver a su tierra. Si buscan en cualquier plataforma digital de Nicaragua o archivo oficial, por ejemplo, el registro civil para obtener su acta de nacimiento o el seguro social, el sistema les devuelve una leyenda: “not found”. “Es como una muerte civil”, comenta alguien que está en ese limbo. En México no es posible determinar cuántos hay. Algunos desempeñaron roles importantes durante los años revolucionarios de Nicaragua y fueron blanco de persecución del orteguismo por disentir con la deriva autoritaria y dinástica que tomó el sandinismo oficial desde 2018. Cuando en 2023 se produjo el destierro masivo de presos políticos –entre los que se encontraban figuras relevantes como Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, el periodista Félix Madariaga, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro (hijos de la ex presidenta Violeta Barrios)–, la instrucción del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue: “Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos: asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”. No hay cifras ni nombres precisos del destierro nicaragüense en México porque muchos prefieren el anonimato; aún tienen familia y vínculos cercanos en su país y ha sido frecuente el acoso de la policía sandinista contra ellos. Más de una veintena han solicitado asilo al gobierno mexicano. Entre ellos hay políticos de oposición, líderes sociales, defensores de derechos humanos e informadores. En el año reciente se ha reducido el nivel de interlocución con la cancillería, los trámites son lentos y la única respuesta que obtienen es que “toman nota” de su solicitud. El 3 de diciembre se anunció la formación del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades y el arranque de la campaña Por una Navidad sin Presos Políticos en Nicaragua, medida que fue saludada y agradecida con mensajes vía digital por la poeta Gioconda Belli, quien expresó que después de estos años tan duros que ha vivido esta población trashumante, “necesitamos más que nunca la solidaridad, que es la ternura de los pueblos”. Los coordinadores del comité, los ex diputados locales mexicanos Nancy Cárdenas y Luis Arias, aseguraron que harán gestiones y “apretarán” su interlocución con las autoridades en nuestro país, en particular con Jorge Velasco, encargado de despacho de la cancillería, y con la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, “para acelerar el otorgamiento de refugio” a los nicaragüenses que lo han solicitado. De acuerdo con el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, el régimen Ortega-Murillo ha reprimido a centenares de ciudadanos con la “privación arbitraria de nacionalidad”, la prohibición de entrar a su país, la negativa a emitir pasaportes o cualquier documento oficial, además de la instalación de un fuerte aparato de espionaje digital que vigila a estos desterrados y a sus familias. El régimen de Managua ha confiscado los bienes y posesiones de los perseguidos políticos, incluso sus pensiones y ahorros, por lo que en su mayoría viven en el extranjero sin medios de sustento. El destierro y la pérdida de su ciudadanía es arma usada por la dupla Ortega-Murillo para suprimir cualquier disidencia, primordialmente contra antiguos militantes, milicianos y funcionarios sandinistas que pasaron a representar la oposición de izquierda al régimen. “Con nosotros hay una saña especial”, reconocen quienes en los años revolucionarios fueron compañeros de lucha de quienes ahora detentan el poder. En la Nicaragua del orteguismo-murillismo, de 2018 a la fecha han sido asesinadas 355 personas por razones políticas, según el grupo de expertos de la ONU. Han sido encarceladas más de 5 mil. Seis presos han muerto bajo custodia del régimen, entre ellos el general en retiro Hugo Torres, ex miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Humberto Ortega, hermano del presidente y mantenido por él mismo en prisión domiciliaria hasta su deceso. En los últimos cuatro meses, otros tres presos políticos también murieron en la cárcel. A mediados de este año se detectó un nuevo patrón represivo, un endurecimiento que ha llevado al asesinato de tres opositores en el exterior (entre ellos Roberto Samcam), el arresto de presos políticos que ya habían sido liberados y asesinatos dentro de los penales. De más de 200 mil nicaragüenses que han salido del país por persecución política, centenares han pedido asilo o refugio principalmente a Costa Rica. Pero también a España, Estados Unidos y Guatemala.
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