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Xalapa, Ver.-
Miss Universo 2025 no solo fue un certamen de belleza si no que destacó actos ilícitos, donde cada vez hay más implicados; En una sola operación de contrabando de mercancías, la organización criminal encabezada por Jacobo Reyes León, de la cual formaba parte el empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, también copropietario del concurso Miss Universo, introdujo ilegalmente al país tres toneladas de tabaco vía aérea, refiere la orden de aprehensión librada por delitos contra la salud, delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas. El mandamiento judicial fue librado por un juzgado federal con sede en el estado de Querétaro; Rocha Cantú obtuvo un criterio de oportunidad que le permite ser testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) y no ser puesto a disposición de la justicia federal, a cambio de entregar información útil para sancionar a los miembros de la banda. De acuerdo con el mandamiento judicial, la operación de contrabando de tabaco fue detectada por el gobierno federal el 8 de mayo de este año, cuando en una intervención telefónica se descubrió que el grupo delictivo, además de robar combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), traficar armas y drogas, también invadía y se apropiaba de inmuebles con apoyo de autoridades y notarios en varias entidades del país. En el documento se menciona que durante una intervención de comunicaciones privadas, autorizada por un juez federal, se obtuvieron conversaciones entre integrantes de la organización criminal, en las cuales se menciona que el la fecha referida “Sergio Abraham Lara Paz se comunica con (un miembro no identificado), y le menciona que le habló El Chino porque ya va a llegar la mercancía, que si la pueden desaduanar con él”. Lara Paz comentó que los embarques se realizarán cada dos semanas, “ya sean juguetes, cigarros, tenis... de todo. Es mercancía de China. Ahorita se bajaron 400 cajas de cigarro; necesito que se bajen las tres toneladas y media y las desaduane (sic)” el desconocido. La indagatoria detalla diversas conversaciones y documentos obtenidos durante cateos realizados en el estado de México, en la capital del país, en Querétaro, Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y otras entidades en las que controlan diversas empresas de seguridad privada que les sirven de fachada para traficar armas de fuego y movilizar sus cargamentos de contrabando y combustibles robados de ductos de Pemex. Según la orden judicial emitida por el juez Rodrigo Rosales Salazar el 15 de noviembre, además de vender el combustible robado a empresas establecidas, también se comercializaba en las gasolineras propiedad de Raúl Rocha Cantú. En el reporte de investigación 816, fechado el 10 de mayo, se señala que los líderes de este grupo criminal vendían armas y cartuchos a los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepitoñ; también controlaban empresas de seguridad privada, en su calidad de directores, como fue el caso de Valbon y Dinámica. En el mandamiento judicial se menciona: “Balvon tiene varias razones sociales como Segurimex, Balvon, Dinámica, Setrosec, GPR. Con cualquiera se dedicaba a montar pólizas”. Como parte de las operaciones para realizar actividades de lavado de dinero y ocultar el origen de bienes inmuebles, se menciona que se recopilaron indicios en una computadora asegurada en un cateo. En un archivo “se advierte un contrato de compraventa de acciones con garantía prendaria y venta de inmueble con reserva de dominio, donde aparecen como vendedores, entre otros, Sergio HP y Sergio M, y como comprador BSE Combustibles, representada por Raúl Rocha Cantú”. En otros reportes relacionados con el tráfico ilícito de combustibles, “se advierte un archivo en formato PDF en el que se aprecia un acuerdo hecho a mano el 17 de abril de 2024, en San Pedro, Monterrey, del que se deprende lo siguiente: primer acuerdo, obligación de Pedro/Daniel: proveduría de 3 millones 600 mil galones de diésel, puestos en Nuevo León, Aguascalientes (sic)”. La indagatoria también contiene informes de la Secretaría de la Defensa) que confirman la detección de armamento utilizado por los custodios de las empresas de seguridad.
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