Batean el primer intento de Hugo Aguilar por revisar resoluciones de la anterior Corte, andaba cayendo en la ilegalidad MEMORANDUM 1.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una propuesta del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz que, a consideración de sus compañeros ministros, abría la puerta a que se puedan impugnar sus propias sentencias, es decir, un asunto ya juzgado por el alto tribunal; ahora si lo dejaron solo. Aguilar Ortiz presentó un proyecto en el que calificó de “ilegal”, por no haberse seguido el procedimiento correspondiente, el voto de calidad que en 2024 emitió el entonces presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, y que permitió otorgar el primer amparo a empresas privadas que tumbó la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Hago énfasis en que en la anterior integración, en este caso de la sala, de la segunda sala, se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de importancia en la vida pública de nuestro país y en el funcionamiento de la industria eléctrica”, indica Aguilar. La resolución del proyecto declaraba “infundado” el recurso por carecer de efectos prácticos, ya que las sentencias se cumplieron, la LIE fue abrogada y la Primera y Segunda salas de la Corte desaparecieron. Sin embargo, una mayoría de seis ministros votó por declarar “improcedente” el recurso de la Presidencia de la República, pues al declararlo “infundado” significa aceptar que es procedente impugnar sentencias de la Corte. “La consecuencia última de reconocer la procedencia del recurso de reclamación contra la emisión del voto de calidad equivale a reconocer la posibilidad de impugnar la sentencia, dado que en caso de ser fundados los agravios el asunto se revisitaría para una nueva votación con la oportunidad de cambiar el sentido del fallo”, señala el ministro Irving Espinosa Betanzo. La ministra Lenia Batres Guadarrama, quien prepara un proyecto para responder la consulta a trámite sobre si la Corte puede revisar sentencias de sus extintas salas, afirmó este jueves que el recurso de reclamación no procede contra un voto de calidad, pues este no es un acto de trámite, sino una decisión sobre el fondo del asunto. “Estaríamos abriendo, de consentirlo, la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado en todos los asuntos”, expresó. La ministra Herrerías se pronunció en contra del proyecto, al considerar que el acto impugnado no era un acuerdo del presidente de la Segunda Sala, sino una sentencia colegiada de la misma, por lo que el recurso de reclamación no resultaba procedente. En tanto, el ministro Giovanni Figueroa consideró improcedente el recurso, pues la Ley de Amparo sólo permite la reclamación contra acuerdos de trámite emitidos por la presidencia de un órgano jurisdiccional, no contra votos de calidad, que forman parte de la sentencia. “La resolución que se emita en el recurso de reclamación no podría tener el alcance de dejar sin efecto el voto emitido por la por una ministra o por un ministro al resolver un asunto, para instruirle que emita uno nuevo, pues ello además de que no tiene, pues fundamento legal alguno, vulneraría diversos principios constitucionales como los de seguridad jurídica y cosa juzgada”, expresó. Aguilar Ortiz buscó aclarar su propuesta con un matiz, al señalar que se enfoca en no reconocer un acto procesal ilegal. “No se tiene la pretensión de revisar (la sentencia), pero sí atajar arbitrariedades. Este es un poco el sentido, mandar el mensaje que no hay una parte del sistema que no pueda ser revisable, porque si, entonces, el voto de calidad se emite y no no se puede entender como un acto procesal, sino como parte de la decisión, pues entonces hay un reducto del sistema que no puede ser, este, objeto de control”, replicó.
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Tres estadounidenses llevan casi tres años en una celda de Poza Rica en prisión preventiva y acusan haber sido víctimas de tortura; Planta huachicolera ubicada en Perote operaba con permisos de Semarnat desde 2010 bajo la fachada de una empresa ambientalista MEMORANDUM 2.-
Procesados en 2022 durante el gobierno de Cuitláhuac García por los delitos de privación ilegal de la libertad física y contra las instituciones de seguridad pública, tres ciudadanos estadounidenses llevan casi tres años sin sentencia, en una celda del Centro de Reinserción Social de Poza Rica. La abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano, reveló que los detenidos fueron torturados por agentes estatales y dentro del penal. Denunció que, además de los golpes, sufren cobros para acceder a comida, medicinas o visitas familiares. Por lo anterior, Morales Solano presentó una denuncia por incumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Acusó que no se ha aplicado el Protocolo de Estambul, procedimiento que obliga a realizar dictámenes médicos y psicológicos a posibles víctimas de tortura. Según la abogada, fueron golpeados durante su detención en noviembre de 2022 para obligarlos a declarar. Desde entonces, permanecen en prisión preventiva. “Desde mayo de 2024 dimos vista a la Fiscalía sobre los hechos, pero no se ha iniciado investigación alguna”, aseguró. “Este mes cumplen tres años sin sentencia, debido a las omisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia”, acusó la abogada. La ley federal exige que cada estado cuente con una Fiscalía especializada en tortura, independiente de la FGE. Veracruz, según la defensora, incumple esa obligación. “Existe una Fiscalía, pero depende directamente de la Fiscalía General, lo que contradice la independencia establecida en la Ley”, refirió. La abogada expuso que, pese a que la normativa ordena iniciar el protocolo de investigación en casos de posible tortura, la dependencia estatal no lo ha hecho. Los exámenes médicos y psicológicos —que deberían documentar las lesiones físicas y emocionales de los detenidos— siguen pendientes. Morales Solano aseguró que esta inacción constituye una omisión legislativa y ha llevado el caso ante los tribunales federales. “Interpusimos un juicio de amparo por esta omisión, y ya tenemos el informe justificado del Congreso”. Morales Solano manifestó que sus defendidos han sido castigados por denunciar las condiciones dentro del penal. Refirió que, tras quejarse por los cobros para acceder a alimentos y medicinas, fueron enviados a celdas de castigo y sometidos a malos tratos. “Se les impusieron internamientos injustos dentro del Cereso”. La abogada ha solicitado en repetidas ocasiones la intervención de la Fiscalía y del Ministerio Público, sin respuesta. “Aunque la ley ordena abrir una investigación por tortura, no se ha realizado ningún dictamen médico ni psicológico”. Mientras tanto, los tres estadounidenses permanecen detenidos sin sentencia. En los expedientes se acumulan las solicitudes y oficios no atendidos. La defensora asegura que las autoridades han fallado en garantizar los derechos básicos de sus representados y que la falta de independencia de las instancias investigadoras perpetúa la impunidad…. LA SECRETARÍA de Marina desmanteló en el municipio de Perote una instalación que funcionaba bajo el nombre Reciclados del Altiplano S.A. de C.V., fachada de una compleja red de huachicol industrial que operaba desde 2010 con permisos ambientales vigentes expedidos por la Semarnat. De este modo, lo que por más de una década se presentó como una planta de reciclaje ambiental resultó ser una refinería clandestina de combustible robado. El proyecto fue registrado hace 15 años por Rafael Salazar Jiménez, quien tramitó ante la dependencia federal un permiso con el supuesto fin de “recuperar hidrocarburos provenientes de aceites lubricantes gastados, diésel contaminado y combustóleo”. En el documento técnico se especifica que los residuos serían transportados en autotanques o pipas con capacidad de entre ocho mil y 10 mil litros, además de tambores de 200 litros para su almacenamiento temporal y “tratamiento ecológico”. Sin embargo, detrás de esa aparente legalidad se escondía una planta de refinación ilegal con maquinaria de destilación, tanques subterráneos, cisternas y un sistema logístico de transporte que permitió la distribución clandestina de combustible durante años. El predio se localiza en la colonia Libertad, una zona señalada en múltiples ocasiones por actividades criminales y robo de tráileres, a escasos 4.2 kilómetros del 111 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. A simple vista parecía una recicladora común, con bardas perimetrales y cámaras de seguridad; por dentro, era una operación encubierta de huachicol altamente estructurada. Durante el operativo federal, los marinos aseguraron 250 mil litros de hidrocarburos ilícitos, 12 pipas, tanques metálicos, bombas industriales y documentos relacionados con la venta y distribución del producto y ocho personas fueron detenidas. De acuerdo con estimaciones de la FGR y Pemex, el golpe económico asciende a más de 247 millones de pesos, afectando una de las principales redes de robo de combustible en la región central del estado. Los vecinos de la colonia Libertad denunciaron desde hace años los malos olores, el humo y la contaminación que salían del predio; en diversas ocasiones solicitaron la intervención de las autoridades ambientales, pero —afirman— “nunca hubo respuesta”, los gases y residuos emanaban de forma constante, mientras camiones y pipas entraban y salían sin control. El sitio ahora permanece asegurado con sellos oficiales y bajo vigilancia permanente de la Policía Municipal. Las autoridades no descartan que esta planta formara parte de una red regional de refinación ilegal, similar a la desmantelada en Las Vigas de Ramírez en agosto pasado, también bajo la fachada de recicladora de residuos peligrosos. El hallazgo dejó al descubierto no solo la magnitud del negocio del huachicol disfrazado de industria verde, sino también las grietas institucionales que permitieron que un proyecto autorizado por la Semarnat funcionara impunemente durante más de una década, en el corazón del altiplano veracruzano.
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Protestan vecinos para denunciar presunta venta irregular de áreas verdes, en Ixhuatlancillo; Fuerzas policiacas realizan cateo con saldo de dos detenidos y el decomiso de cristal y motocicletas, en Minatitlán MEMORANDUM 3.-
Un grupo de afectados realizó una protesta en el lugar donde se construyen unas viviendas, en la colonia Dante Delgado Rannauro, en Ixhuatlancillo, debido a la presunta venta de áreas verdes por parte de encargados del área de Catastro y Jurídico de la actual administración municipal. “Los supuestos dueños dijeron que el ayuntamiento les vendió el terreno, y que cualquier reclamo debía hacerse directamente con las autoridades municipales”, señalaron los manifestantes, quienes aseguraron que no permitirán que les quiten los espacios que estaban destinados para un parque y áreas verdes. Luego de permanecer en el lugar por más de dos horas y no ser atendidos por alguna autoridad, advirtieron que si el próximo lunes no les dan una respuesta, estarían bloqueando la carretera que conduce a los municipios de Orizaba y La Perla. “Queremos que se detenga la obra y se transparente la supuesta venta, no queremos pleito, solo que se respete lo que es de todos”, aseguró el grupo de colonos, quienes acusan a funcionarios municipales de despojo y probable abuso de autoridad…. LA FISCALÍA General del Estado informó que durante un cateo en el municipio de Minatitlán, se realizó el aseguramiento de motocicletas y una sustancia con características similares a las del cristal. De acuerdo con un comunicado emitido por el organismo este viernes 7 de noviembre, el operativo, autorizado por un juez, se realizó en la localidad de Calipan de López, donde se detuvo en flagrancia a Brian Yair “N” y Marcos “N”, quienes, de acuerdo con el debido proceso, fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, para definir su situación jurídica. En el cateo participaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
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