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XALAPA.- El próximo 20 de noviembre más de 20 organizaciones que integran la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (Anics) anunciaron que realizarán una concentración en el Zócalo capitalino, para exigir al gobierno federal que se discuta una iniciativa ciudadana de reforma al 27 constitucional en la que proponen una decena de “cambios clave” para el campo mexicano. Concretamente plantean el reconocimiento “explícito” de la propiedad social para ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas, así como revertir la dependencia agroalimentaria provocada por reformas neoliberales impulsadas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, señala José Jacobo Femat, integrante de la coordinación política de la asamblea. En conferencia de prensa, recuerda que en 1992 se hicieron reformas al artículo 27 de la Constitución, que permitieron el despojo de bienes nacionales, ya que eliminó la prohibición de venta de ejidos y tierras comunales, además de que impide a los pequeños y medianos agricultores tener políticas públicas adecuadas para impulsar el desarrollo productivo del campo mexicano. Explica que los campesinos “no tienen derechos agrarios”, ya que no son tomadas en cuentas las decisiones que se toman en las asambleas, por parte de las autoridades. Además, subrayó que existe un “vacío legal” porque el campesino no tiene herramientas para defender sus derechos, ya que el Código Agrario, que sería para defender la propiedad social, fue derogado hace 33 años. Macario Hernández, también representante de la Anics, menciona que la iniciativa ciudadana también propone revertir las privatizaciones del agua y garantizar su administración pública y colectiva. Además, indica que se requiere el fortalecimiento de la clase agraria –constituida por 5.5 millones de titulares de derechos agrarios– como garante de la soberanía alimentaria. Asimismo expuso que se plantea la creación de una comisión nacional de producción y de abasto de alimentos para coordinar políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria. Los integrantes de las organizaciones campesinas opinaron que que en el marco de la revisión y eventual renegociación del TMEC, debe cancelarse el capítulo agrario ya que ha traído consecuencias negativas a la producción nacional.
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