Directores y docentes de la UPAV se manifiestan y bloquean la calle de Enríquez, en Xalapa, para exigir que les paguen trimestres caídos MEMORANDUM 1.- Decenas de directores y maestros de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), provenientes de diferentes partes del norte, centro y sur del estado, se manifestaron y bloquearon todos los carriles de la calle de Enríquez frente al palacio de gobierno, en Xalapa, en demanda de una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García, para que les explique el decreto que anunció a principios de 2025, que ya está por terminar y no saben de qué se trata. Mauricio Tapia afirmó que hasta el momento han desconocido a la parte directiva y buscan saber qué va a pasar con los docentes. “Necesitamos que nos asegure nuestros derechos laborales”, reclamaron. De igual forma, recordaron que la gobernadora anunció que ya se habían hecho los pagos, lo que no se apega a la verdad, “hicieron unas pequeñas dispersiones lo que fue en los municipios de Xalapa y Veracruz, hasta el momento se nos debe a 300 docentes y directores; ya van tres periodos y un año el adeudo, nosotros nos ajustamos a lo que diga el gobierno, somos respetuosos de la ley”, sostuvieron. Los manifestantes señalaron que ellos han tenido reuniones con el rector de la UPAV, “y nos ha apoyado, las decisiones que han hecho actualmente han sido efectivas, más no han sido completas, han sido decisiones a medias”. Por último, los docentes y directores señalaron que desde la llegada del rector en el mes de enero de este año empezaron a dejar de pagar, “empezaron los problemas, pedimos que no se metan con el salario de los docentes”. Los manifestantes portaban cartulinas con varias consignas alusivas a sus peticiones de que ya se les paguen los trimestres que les adeudan. Debido a la protesta se registró un fuerte tráfico vehicular en el primer cuadro de la ciudad.
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Durante las vacaciones decembrinas, fallece menor ahogado en Poza Azul, en Otates, municipio de Actopan; FGR localiza e inhabilita toma clandestina de huachicol en Ciudad Isla MEMORANDUM 2.- Durante el periodo vacacional decembrino, un menor de edad perdió la vida luego de introducirse al cuerpo de agua conocido como Poza Azul, ubicado en la localidad de Otates, municipio de Actopan. De acuerdo con los reportes, el rescate del cuerpo se realizó con apoyo del Escuadrón Nacional de Rescate (ENR). Testigos de los hechos señalaron que un grupo de aproximadamente seis personas, entre jóvenes y menores de edad, acudió al sitio con la intención de pasar una tarde recreativa. Sin embargo, el menor se ahogó y su cuerpo quedó atorado en el fondo de la poza, alimentada por una cascada con una caída superior a seis metros. La víctima era originaria del municipio de Jilotepec. Los vecinos de Otates solicitaron auxilio al número de emergencias 911 y al sitio acudieron elementos del ENR, Protección Civil y Policía Municipal de Actopan. En las labores participaron al menos 15 rescatistas, quienes trabajaron durante cuatro horas hasta localizar el cuerpo sin vida. Las acciones de rescate iniciaron alrededor de las 16:00 horas del domingo 28 de diciembre de 2025 y concluyeron cerca de las 20:00 horas. Posteriormente, al sitio arribaron elementos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo. Pobladores de Otates informaron que desde hace años han solicitado al ayuntamiento de Actopan la colocación de letreros de advertencia alrededor de la Poza Azul, a fin de alertar sobre la profundidad y los riesgos del sitio. Señalaron que, pese a estas peticiones, no se han instalado medidas preventivas, y que en ese lugar se han registrado fallecimientos de adultos, adolescentes y menores de edad. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en cuerpos de agua naturales, especialmente durante periodos vacacionales, y a atender las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes….A TRAVÉS de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que con la autorización de un juez, se llevó a cabo un cateo en Ciudad Isla, mediante el cual se localizó e inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburo (huachicol) en dicho municipio, sin embargo, no se reportan personas detenidas. Es así que la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo de un juez federal la autorización para la ejecución de una orden de cateo, como parte de las investigaciones realizadas por el delito de alteración de ductos, previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se informó que la carpeta de investigación dio inicio en atención a una denuncia por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la que informaba que, en el poblado Nuevo Potrero, municipio de Ciudad Isla, hubo un alertamiento de baja presión de un ducto, relacionado con una toma clandestina de combustible. El operativo de cateo se realizó con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en un inmueble en el municipio de Ciudad Isla, en donde se inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburo. De igual forma, las autoridades de la FGR lograron el aseguramiento de 20 metros de manguera de una pulgada, tres válvulas de diferentes pulgadas, así como dos reducciones de dos a una pulgada, por lo que fue inhabilitada para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. En el lugar de los hechos, se contó con el apoyo de personal de seguridad Física de dicha empresa petrolera y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar. Lo asegurado quedó a disposición del MPF, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, para ejercer en su momento acción penal contra quién o quienes resulten responsables.
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Se incrementa número de migrantes varados sin papeles en México, a causa de políticas migratorias de Trump: OIM MEMORANDUM 3.-
Tras el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos el número de personas migrantes que se han visto obligadas a permanecer en México por periodos prolongados sigue en aumento. Sin embargo, en su mayoría esta población no cuenta con un documento que legalice su situación en territorio mexicano, de acuerdo con una encuesta levantada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De un total de 548 extranjeros, 80 por ciento indicó que tenía más de medio año en el país, mientras entre abril y mayo este sector representaba 62 por ciento. Asimismo, en el último sondeo, 72 por ciento afirmó que no contaba con un permiso de estancia y 26 por ciento mencionó que había intentado regresar a su país, sin éxito. Las personas migrantes encuestadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad de México, y Tapachula, Chiapas, en su mayoría son originarias de Venezuela (26 por ciento), Honduras (17 por ciento), Cuba (12 por ciento), Haití (11 por ciento), Guatemala (7 por ciento) y Colombia (6 por ciento). De acuerdo con la encuesta, el 68 por ciento tiene intenciones de permanecer en México, 22 por ciento de regresar a su país, 3 por ciento de continuar su viaje a Estados Unidos y 6 por ciento de mudarse a otra nación. En cuanto a quienes tienen intención de regresar a sus países, la encuesta mostró que el motivo es por reunificación familiar, por la falta de empleo en México o los ingresos insuficientes, la no regularización migratoria, la dificultad de adaptarse al país y la inseguridad. La información de la OIM, con base en un trabajo realizado entre septiembre y octubre de 2025 en albergues, centros de asistencia, campamentos informales y puntos de entrada al país, arrojó que 77 por ciento de los viajeros inició su travesía migratoria desde su país de origen, mientras el resto lo hizo desde una tercera nación. Las principales razones para salir de sus hogares fueron las condiciones socioeconómicas (51 por ciento), la inseguridad y la violencia (39 por ciento) y razones políticas (22 por ciento). También, los bajos salarios (11 por ciento), la falta de oportunidades laborales (10 por ciento), la reunificación familiar (8 por ciento) y el limitado acceso a servicios (5 por ciento). Si bien 59 por ciento dijo que su destino al iniciar su viaje era Estados Unidos y 34 por ciento México, sus decisiones cambiaron por los trámites de entrada de migración, el cambio de políticas migratorias de Estados Unidos –tras la llegada del presidente Donald Trump en enero de 2025–, el miedo a la deportación, el costo del viaje, por el cuidado a la salud, el tiempo de viaje y la reunificación familiar.
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