Denuncian colectivos un patrón de devastación del cofre de Perote que incluye tala clandestina, incendios provocados y explotación irregular de tepezil MEMORANDUM 1.- Al destacar la importancia ecológica del Cofre de Perote, por considerarlo una fuente clave de captación de agua, regulación climática y recarga de acuíferos para la región, integrantes del Frente Contra la Tala Ilegal y en Defensa del Cofre de Perote alertaron sobre el deterioro acelerado de esta zona montañosa, donde aseguran, se ha intensificado la devastación forestal a través de prácticas ilícitas como la tala clandestina, incendios provocados y la explotación irregular de tepezil. De acuerdo con el colectivo, conformado por habitantes, ejidatarios, silvicultores y activistas ambientales, en los últimos años se ha identificado un patrón reiterado en las faldas del Cofre de Perote: primero se registran incendios forestales, posteriormente se retira madera calcinada sin autorización, y finalmente se extrae material pétreo sin contar con permisos ambientales. Esta secuencia, señalaron, no es fortuita, sino parte de un esquema que busca modificar el uso de suelo para facilitar actividades extractivas fuera de la ley. Las comunidades de la región han documentado la pérdida constante de áreas boscosas, consideradas fundamentales para el equilibrio ambiental. Pese a las denuncias presentadas ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la República, el Frente acusó que no existen avances sustanciales en las investigaciones. Entre las irregularidades, señalaron la falta de peritajes especializados, la ausencia de operativos efectivos en campo y la escasa judicialización de los responsables, lo que afirman, ha generado un ambiente de impunidad que permite la continuidad de estas actividades ilegales. Recordaron que el pasado 25 de febrero de 2026 fue clausurada una mina de tepezil por carecer de autorización en materia de impacto ambiental; sin embargo, advirtieron que esta acción aislada no resuelve el problema estructural ni desmantela la red de actores involucrados, que incluye taladores, transportistas, aserraderos e incluso funcionarios omisos o presuntamente coludidos. En ese tenor, el Frente cuestionó la efectividad de los cuerpos de seguridad desplegados en la zona, al señalar que, a pesar de la presencia de corporaciones municipales, estatales, federales y fuerzas armadas, la circulación de madera de procedencia dudosa ocurre de manera cotidiana sin sanciones. Incluso, denunciaron que en algunos casos los cargamentos son escoltados, mientras que las detenciones realizadas no prosperan en procesos judiciales. De igual forma, acusaron trabas institucionales al intentar presentar denuncias, falta de respuesta a oficios ingresados y situaciones de hostigamiento hacia quienes defienden el territorio. A pesar de este panorama, destacaron que la ciudadanía ha impulsado acciones como vigilancia comunitaria, georreferenciación de puntos de extracción ilegal, mesas de diálogo con autoridades y la integración de denuncias con sustento legal, aunque destacaron que estas tareas corresponden al Estado. Advirtieron que la pérdida de cobertura forestal no solo compromete el abasto de agua, sino que incrementa la erosión del suelo, el riesgo de inundaciones y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. Por último, el Frente exigió la implementación de operativos permanentes entre autoridades ambientales y de seguridad, investigaciones que determinen el origen de los incendios, sanciones ejemplares contra responsables incluidos servidores públicos, reparación del daño ambiental y garantías de protección para personas defensoras del medio ambiente. “Defender el Cofre de Perote es proteger el agua, el territorio y la vida”, concluyeron.
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Niegan amparo al duartista Gabriel Deantes y se confirma sentencia que lo condena a pagar 50 mdp como reparación de daño al Estado MEMORANDUM 2.- Como no hay plazo que no se cumpla, un tribunal federal negó el amparo promovido por Gabriel Deantes Ramos, ex funcionario en el gobierno de Javier Duarte, contra la sentencia que lo condenó por enriquecimiento ilícito y que lo condena a pagar 50 millones de pesos como reparación del daño. La resolución fue emitida dentro del amparo directo 62/2024 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que confirmó la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en el tema penal 334/2023. De acuerdo con la resolución, la condena impuesta a Deantes Ramos es de seis años y seis meses de prisión, además del pago de 50 millones de pesos como reparación del daño, monto relacionado con el incremento patrimonial que se le atribuyó. La acusación se originó tras detectarse un aumento patrimonial cercano a 50 millones de pesos que las autoridades consideraron injustificado, derivado de diferencias detectadas en sus cuentas bancarias y pagarés a su favor. Deantes Ramos se desempeñó como secretario del Trabajo, oficial mayor de la Secretaría de Educación y subsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. El expediente señala que el exfuncionario promovió un recurso de revisión contra la ejecutoria dictada el 6 de febrero de este año; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el medio de impugnación dentro del amparo directo en revisión 1465/2026. En el acuerdo fechado el 14 de abril de 2026, el tribunal indicó que el auto de desechamiento “causó estado por ministerio de ley, pues no procede medio de impugnación alguno en su contra”, con fundamento en los artículos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la Ley de Amparo. El documento también señala que el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Veracruz notificó personalmente al quejoso sobre la determinación relacionada con el desechamiento del recurso promovido ante la Suprema Corte. Por último, el tribunal ordenó remitir copia digital del expediente al director de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Poder Judicial del Estado de Veracruz para que se designe un defensor de oficio que brinde asistencia jurídica a Deantes Ramos dentro del juicio de amparo.
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Cuatro de los diez municipios del distrito judicial de Acayucan no cuentan con Policía Municipal o sus elementos están desarmados por la SSP MEMORANDUM 3.- Vaya caso, en medio de una crisis de seguridad pública y de un alto índice de homicidios, que alcanza ya a más de 30 víctimas por este delito en lo que va del año, cuatro de los diez municipios que conforman el distrito judicial de Acayucan no cuentan con Policía Municipal o sus elementos están desarmados por la propia Secretaría de Seguridad Pública del estado. Además, los avances en materia de equipamiento y regreso de la Policía Municipal son lentos. Los municipios afectados por esta medida son Sayula de Alemán, Acayucan, Soteapan y Oluta, De esos cuatro, Sayula de Alemán es el único que no tiene iniciado el proceso de reclutamiento de elementos, pero la administración pasada destinaba hasta 7 millones de pesos anuales en el contrato de personal temporal para seguridad de la población, los cuales en realidad, eran escoltas de la presidenta municipal, Lorena Sánchez Vargas, de su hermano Eduardo y de otros familiares, así como encargados de cuidar las residencias particulares de la misma autoridad. El municipio sayuleño dejó de tener Policía Municipal desde junio del 2019, luego del homicidio de dos elementos entre ellos, del que era su comandante. Desde entonces, la Secretaría de Seguridad Pública del estado se ha encargado de la labor de prevención del delito y durante el periodo de administración pasado, que fue del 2022-2025, la coordinación entre el gobierno del estado y el municipal, fue disminuyendo al grado de que, el Gobierno local le retiró las patrullas y el apoyo económico a la dependencia y ésta retiró a sus elementos policiacos. Al iniciar el nuevo periodo de gobierno, las patrullas regresaron a manos de la SSP y la Secretaría destinó 80 elementos al municipio sayuleño, reactivando cuarteles como el de Medias Aguas y la comandancia en la cabecera municipal. La estadística de homicidios en lo que va del año señala cuatro personas víctimas de asesinato mediante armas de fuego. Al momento del retiro de la Policía Municipal por parte del gobierno del estado, era alcalde el entonces perredista Fredy Ayala González. Por su parte, en Acayucan han sido víctimas de homicidio calificado 17 personas, en un récord de crímenes sin precedentes. Recientemente el presidente municipal, Raúl David Salomón García, informó que ya se contrataron 14 personas que están en proceso de certificación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y otros 13 que ya tienen su Clave Única de Identificación Policial (CUIP) pero aún no cuentan con armamento. El municipio no cuenta con su propia corporación desde mayo del 2013, cuando el gobierno de Javier Duarte de Ochoa decidió extinguirla, siendo presidenta municipal, la entonces panista, Judith Fabiola Vázquez Saút. Desde entonces, la municipalidad ha estado bajo el cuidado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que tiene en su poder la ex inspección general de policía y la volvió coordinación regional; a su vez han llegado de apoyo policías navales y recientemente, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que realizaron labores de apoyo en materia de seguridad pública, durante el cuatrienio pasado, y se retiraron al iniciar la nueva administración, debido a la falta de firma del convenio que permitió que durante 4 años, que estuvieran en la ciudad 60 elementos de dicha dependencia federal. El gobierno actual asegura tener 13 elementos ya acreditados para ejercer la labor de policía municipal, pero no cuenta con armamento. Posterior a Fabiola Vázquez Saút, gobernaría Marco Antonio Martínez Amador, Cuitláhuac Condado Escamilla y Rosalba Rodríguez Rodríguez, éstos últimos, surgidos del Partido de la Revolución Democrática y rivales políticos de Morena. Durante los 12 años que gobernaron, no pudieron conformar la Policía Municipal. En el caso de Soteapan, a finales de febrero pasado, la veintena de policías municipales que conformaban la corporación municipal fueron desarmados debido a la falta de la CUIP y permiso colectivo para la portación de armas de fuego. Desde entonces, solo un escolta del presidente municipal, Sósimo López Ramirez, cuenta con un arma para la seguridad de éste y eso, porque la persona es un militar en retiro. Recientemente, un elemento de la misma corporación, fue detenido por la Policía Ministerial del estado y entregado a un juez de control en materia penal, por los delitos que le resulten luego de haber hecho disparos con un arma de fuego y haber herido de gravedad a una menor de edad en la cabecera municipal. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha podido restablecer el armamento. Sósimo López Ramírez es presidente municipal emanado del partido Movimiento Ciudadano. En la lista de municipios con registro de homicidios, Soteapan tiene inscrito dos personas que fueron asesinadas con arma de fuego, de un total de 32 que han ocurrido en el distrito judicial de Acayucan durante el 2026. En el caso de Oluta, el pasado 20 de marzo del 2026, la Secretaría de Seguridad Pública del estado retiró las armas de fuego a la Policía Municipal, que gobierna el panista Jesús Manuel Garduza Salcedo. El motivo fue la falta de documentos legales para que los gendarmes pudieran portar ese armamento. El desarme se dio a unas horas de que un elemento de la misma corporación, fuera asesinado en los límites del municipio con el de Texistepec, y que, días antes, fuera amenazado en una cartulina y relacionado con actividades ilícitas. La Policía Municipal tiene como comandante a Leoncio Díaz Ortega, un jefe policiaco que ya estuvo como tal, en el periodo 2014-2017, pero fue destituido por quien ahora es nuevamente presidente municipal, Jesús Manuel Garduza Salcedo, en junio del 2015, luego de una toma del palacio municipal, por parte de ciudadanos que lo acusaron de abuso de autoridad, por haber detenido a la entonces regidora, Clara Lisbeth Alor Hernández. A la fecha, Oluta no tiene registro de homicidios durante el 2026.
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