En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta: Mier Velazco, ante solicitud de EU de aprehensión y extradición de Rubén Rocha... ve vacios legales MEMORANDUM 1.- Ante la solicitud de Estados Unidos de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado, el morenista, Ignacio Mier Velazco, destacó que cualquier solicitud de extradición debe cumplir, sin excepción, con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos, pues no basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico. Indica: “La colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. No basta el señalamiento público ni la difusión de información sin sustento jurídico; se requieren solicitudes formales, debidamente fundadas y acompañadas de elementos de prueba suficientes”. El legislador morenista reitera que en México vivimos en un Estado de derecho y la colaboración entre Estados no admite presiones ni actuaciones fuera de los cauces institucionales. “En México la soberanía nacional no se negocia, ni se subcontrata, se respeta”, recalca. La cooperación internacional –agrego--debe basarse en la confianza, la legalidad y el respeto mutuo entre Estados, evitando prácticas que vulneren la confidencialidad de los procedimientos o comprometan la integridad de las instituciones. En un mensaje que compartió en redes sociales, el senador se refirió a la solicitud de aprehensión y extradición de diversas personas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Explicó que cualquier solicitud en materia de extradición debe atenderse conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes aplicables y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, incluyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cumpliendo sin excepción con los requisitos legales, probatorios y procesales establecidos. Opinó que el Estado mexicano, tiene la obligación de garantizar el debido proceso, proteger los derechos humanos y respetar las disposiciones constitucionales, lo que incluye las relativas a la inmunidad procesal de las personas servidoras públicas. “Que quede claro, México mantiene su disposición para cooperar con los Estados Unidos y con la comunidad internacional; sin embargo, tal como lo ha sostenido la Fiscalía General de la República, esta cooperación se realizará únicamente a partir de solicitudes formales, legalmente sustentadas y dentro del marco jurídico nacional”, agrega. Fuera de estos cauces, --aseveró-- cualquier actuación carece de validez jurídica y es contraria al Estado de derecho.
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Desde hace 102 años se celebra el Día del Niño cada 30 de abril en México, con ello se busca crear conciencia sobre la importancia de garantizar condiciones dignas para la infancia MEMORANDUM 2.- Cada 30 de abril, México celebra el Día de la Niña y el Niño, una fecha dedicada a reconocer los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de la infancia. Dicha celebración surgió después de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó a crecer la preocupación internacional por las condiciones de vida de la infancia. En 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, considerada uno de los primeros documentos internacionales enfocados en garantizar protección y bienestar para las niñas y niños. Décadas más tarde, en 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países establecer un Día Universal de la Infancia para promover la fraternidad y los derechos infantiles. Actualmente, la ONU y organismos como UNICEF reconocen el 20 de noviembre como el Día Mundial de la Infancia, ya que en esa fecha se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y posteriormente la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado internacional que establece derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección y la participación de las niñas y niños en la sociedad. La relevancia de esta fecha va más allá de las celebraciones escolares o recreativas. Organismos internacionales y autoridades mexicanas señalan que el Día del Niño sirve para recordar que las niñas y niños son sujetos de derechos y que los gobiernos, instituciones y sociedad tienen la responsabilidad de protegerlos frente a problemáticas como la pobreza, la violencia, la discriminación, la explotación laboral y la falta de acceso a educación y salud. Además, la conmemoración busca visibilizar la situación de la infancia en el mundo y fomentar políticas públicas enfocadas en su bienestar. Según UNICEF, esta fecha también funciona como un llamado global para escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes y promover entornos seguros que permitan su desarrollo físico, emocional y social. En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril desde 1924. De acuerdo con información oficial del Gobierno de México y del Consejo Nacional de Población, la fecha fue impulsada durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón y por el entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, luego de que el país adoptara la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, la conmemoración busca crear conciencia sobre la importancia de garantizar condiciones dignas para la infancia mexicana.
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Documentos revelan casos de agentes de la DEA coludidos con el narcotráfico, además se han visto involucrados en escándalos sexuales con prostitutas MEMORANDUM 3.- La Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha enfrentado escándalos de corrupción y complicidad con el narcotráfico desde sus propias filas, revelaron documentos obtenidos en 2024 por The Associated Press, que mostraron una corrupción estructural entre los agentes de la DEA en países donde la agencia tiene presencia. En julio de 2024, miles de documentos secretos de las fuerzas del orden analizados por Ap ofrecieron una visión inédita de una cultura de corrupción entre los funcionarios, quienes transformaron las turbias operaciones de lavado de dinero de la agencia en una búsqueda mundial de lujos, consumo excesivo de alcohol y sexo ilícito. Entre los casos más mediáticos que ayudaron al registro de esta estructura corrupta se encuentra el del agente José Irizarry, condenado a 12 años de cárcel tras confesar a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en 2020, que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y de pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y trabajadoras sexuales. En entrevistas con Ap, el funcionario afirmó que varios de sus colegas –incluidos elementos federales, fiscales e informantes–, participaron en su esquema de corrupción, parte de lo que llamaban Equipo América, a través de tres continentes. “Tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió. Irizarry señaló que sus actos corruptos fueron resultado de darse cuenta de que la guerra antinarcóticos era una farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”, recogieron nuestros corresponsales David Brooks y Jim Cason (https://shorturl.at/zoAbM). Otro caso fue el de Paul Campo, un ex agente de alto nivel de la DEA, y un asociado, quienes fueron acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por Washington como organización terrorista extranjera. Campo, de 61 años y originario de Virginia, se retiró de la agencia en 2016 tras una carrera de 25 años, para enfrentar cuatro cargos federales relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años. Ambos funcionarios acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el cártel y convirtieron alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda para el grupo, señaló la acusación. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les aseguraron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos por alrededor de 5 millones de dólares y serían beneficiados con una parte de las ganancias. Asimismo, se ofrecieron a facilitar la compra de drones comerciales y armas de grado militar para el cártel. Los documentos mostraron también una conversación de WhatsApp en la que un grupo de agentes bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje”, a costa del gobierno y los contribuyentes, en la que intercambiaban imágenes de sus conquistas sexuales y bromeaban sobre “violación anal forzada”. Uno de los agentes que participaba en el chat fue acusado de ese mismo delito en España. La detención en 2018 de George Zoumberos, acusado de obligar a una mujer de 23 años a tener sexo anal en un hotel de Madrid, generó gran preocupación en los más altos niveles de la DEA. El caso concluyó con la desestimación de los cargos y una amonestación al agente. Fiscales federales, en un ejemplo más, acusaron a David Macey, un destacado abogado defensor de Miami, de orquestar una conspiración de soborno a dos ex supervisores de la DEA a cambio de información confidencial que, según las autoridades, ponían en riesgo los casos y a los investigadores. Otro más, el de Joseph Bongiovanni, quien, tras dos décadas de colaboración con la agencia, usó su placa de la DEA para proteger a amigos que se convirtieron en narcotraficantes en Nueva York. Fue sentenciado a cinco años de prisión. En 2015, varios agentes de la dependencia antidrogas participaron en “fiestas sexuales con prostitutas” pagadas por miembros de los cárteles colombianos, reveló CBS News. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA supo, a través de agentes de la policía colombiana, que varios elementos solicitaron servicios sexuales y habían incurrido en otras faltas de conducta. Siete de los 10 agentes acusados admitieron los señalamientos y fueron suspendidos por periodos que oscilaron entre dos y 10 días. Uno de ellos fue absuelto de toda culpa. Bajo este contexto, a principios de enero de 2026 el juez federal en Nueva York Alvin K. Hellerstein acusó, sin presentar pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. El mandatario fue secuestrado el 3 de enero en una operación ilegal del Pentágono contra Caracas.
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