FGR asegura durante un cateo más de 11 mil 900 litros de gas l.p., dos tanques y un autotanque en Tuxpan; Familiares de internos denuncian presunta extorsión y abusos en el penal de Papantla MEMORANDUM 1.-
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, informó que solicitó y obtuvo una orden de cateo en un predio ubicado en el municipio de Tuxpan. El operativo se ejecutó como parte de las diligencias realizadas por el Ministerio Público Federal (MPF), dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en un terreno ubicado en las inmediaciones de la carretera a la Barra Norte, del citado municipio. Durante el cateo, las autoridades aseguraron aproximadamente 11 mil 931 litros de gas L.P., el cual estaba distribuido en 58 tanques cilíndricos, dos tanques de almacenamiento, en un autotanque, una estación de carburación con cámara de medición, un andén de llenado de cilindros y un inmueble. La investigación fue efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar. Durante el operativo, las autoridades detuvieron a una persona identificada como Juan “N”, quien fue puesto a disposición del MPF, el cual continúa con las diligencias de ley para resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional. A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Con estas acciones la FGR reafirmó el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx.... LAS DENUNCIAS contra custodios del Centro Penitenciario de Papantla, ahora por presuntos actos de extorsión y maltrato hacia familiares de personas privadas de la libertad, siguen a la orden del día. De acuerdo con los testimonios, una mujer originaria de la comunidad de Polutla denunció que, para poder ingresar a visitar a su hijo, custodios ubicados en el exterior del penal le habrían exigido el pago de mil pesos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, no se le permitiría el acceso. La misma denunciante señaló que, además del cobro indebido, el personal de seguridad incurrió en malos tratos, incluyendo la manipulación agresiva de las pertenencias que llevan los familiares durante los días de visita. Estas acusaciones se suman a otros señalamientos recientes sobre posibles abusos por parte de elementos estatales adscritos a la IV Región, encargados de la custodia en el centro penitenciario. De igual forma, los inconformes indicaron que el director del penal, Rolando Pacheco Guzmán, presuntamente no ha intervenido para frenar estas conductas. Por lo anterior, hicieron un llamado a la Dirección de Asuntos Internos para que investigue a fondo los hechos y, en su caso, se sancione cualquier irregularidad.
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México y otros 15 países de la OEA llaman a fortalecer mecanismos que frenen tráfico ilícito de armas; reiteran llamado a construcción de la paz MEMORANDUM 2.-
México y otros 15 países solicitaron fortalecer la cooperación regional para frenar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, al advertir que este fenómeno alimenta la violencia, debilita las instituciones y afecta de manera particular a las comunidades más vulnerables del hemisferio. En una sesión del Consejo General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con motivo del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el representante de México ante el organismo hemisférico, Alejandro Encinas, presentó una declaración suscrita por Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Granada, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay, que reiteraron su “firme compromiso con la construcción de la paz, la seguridad regional y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. El documento subraya que la proliferación ilegal de armas constituye “un desafío transnacional que requiere respuestas coordinadas, integrales y sostenidas entre los países del hemisferio”, debido a que este fenómeno “no solo alimenta la inseguridad, sino que también debilita las instituciones, obstaculiza el desarrollo y afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables”. Los países firmantes señalaron que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre los efectos del tráfico ilícito de armas en el incremento de la violencia, la delincuencia organizada y la pérdida de vidas humanas, y destacaron la necesidad de atender las fuentes de abastecimiento ilegal, así como las vulnerabilidades específicas de los Estados de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, reiteran su compromiso con los instrumentos regionales e internacionales en la materia, incluida la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, y llamaron a fortalecer los mecanismos de cooperación y el intercambio de información para “rastrear, controlar y reducir el flujo ilegal de armas”. “En este día interamericano, hacemos un llamado a la corresponsabilidad de todos los países de la región para atender las causas estructurales del tráfico ilícito de armas y reforzar las capacidades institucionales”, señaló Encinas al dar lectura al posicionamiento conjunto. En la misma sesión, el consultor jurídico alterno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ángel Reyes Moncayo, destacó la relevancia de la opinión consultiva emitida el pasado 5 de marzo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad de los Estados frente al tráfico ilícito de armas. Recordó que el tribunal regional estableció que este fenómeno “constituye, además de un problema de seguridad humana, una cuestión vinculada a la garantía de los derechos humanos”, lo que implica obligaciones concretas para los Estados en materia de regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas. Añadió que la Corte subrayó la necesidad de garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas y de fortalecer la cooperación internacional, al advertir que “ningún Estado puede enfrentar este fenómeno por sí solo”. Reyes Moncayo sostuvo que la opinión consultiva representa “una brújula para la acción colectiva y una guía clara para avanzar hacia una sociedad en paz”, al tiempo que reiteró el llamado de México a construir respuestas compartidas entre gobiernos, empresas y sociedad civil para frenar el tráfico ilícito de armas en la región.
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Desmantelan red de huachicol en México, cae líder de grupo delictivo y 13 personas más; Harfuch muestra que si está trabajando MEMORANDUM 3.-
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa de la desmantelacion de una de las principales redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos, producto de una investigación y operaciones simultáneas de siete meses que en distintas entidades. En conferencia de prensa conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch destacó que las acciones permitieron la detención de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas su líder Mauricio “N”, alias “El Burras”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También se aseguraron combustibles, vehículos, armamento, dinero y equipo especializado; también identificó un esquema delito de lavado de dinero mediante al menos 10 empresas fachada y prestanombres. “Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, expuso. De acuerdo a lo informado, las investigaciones derivan de operativos previos, como el de junio de 2025 en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, donde fue detenido el líder criminal, Cirio Sergio “N”, y 31 integrantes más. Tras ello, indica, surgió una nueva célula que tomó el control del negocio ilícito, operando a través de al menos 10 empresas gaseras utilizadas como fachada. Mediante cateos en 20 inmuebles en el Estado de México e Hidalgo, se logró la captura de siete integrantes clave, incluido el líder Mauricio “N”, alias “El Burras”, así como operadores logísticos, financieros y dueños de gaseras. También se aseguraron, además, más de 100 mil litros de Gas LP, decenas de pipas, autotanques, tractocamiones, armas, droga, dinero y equipo tecnológico, además de clausurar una toma clandestina. Esta organización tenía capacidad para extraer hasta 1.5 millones de litros semanales y operaba en varios municipios del centro del país, utilizando ductos de Pemex y una red de distribución ilegal para introducir el combustible al mercado formal. En paralelo, García Harfuch señaló que en otras operaciones en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México permitieron la detención de siete personas más, incluyendo Héctor Iván” N”, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel en varios estados. Estas acciones se suman a decomisos históricos, como el aseguramiento en 2025 de 10 millones de litros de diésel y un buque en Tamaulipas, que evidenciaron el uso de documentación falsa y la participación de empresas y funcionarios en la cadena ilegal. En conjunto, destacó que estas redes han generado ganancias ilícitas millonarias y afectaciones graves a la economía nacional.
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