Accidentes en carretera federal 123 Orizaba-Zongolica derivan del deficiente material usado en los trabajos de re encarpetado y microaglomerado, denuncian MEMORANDUM 1.- Debido a que se han reportado numerosos accidentes en la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica, presuntamente derivados del deficiente material utilizado en los trabajos de reencarpetado y microaglomerado, el diputado federal por el Distrito XVIII de Zongolica, Jonathan Puertos Chimalhua, informó que el próximo miércoles a las 13 horas se llevará a cabo una audiencia con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para atender la problemática de esta vía de comunicación. El legislador explicó que la carretera 123 es una vía federal estratégica que cuenta con ramales y carreteras alimentadoras, por lo que su estado impacta directamente a múltiples municipios de la sierra de Zongolica. “Estamos atendiendo el tema de infraestructura desde el ámbito federal, porque es fundamental para el desarrollo y la seguridad de la región”. El diputado federal señaló que los trabajos iniciaron en el mes de mayo, abarcan del kilómetro 2+400 al 12+400, donde se aplicó una etapa de microaglomerado, mientras que del kilómetro 2+400 hasta Zongolica hubo tres etapas adicionales de mantenimiento profundo, que incluyeron el escarificado de cinco centímetros y la colocación de una nueva carpeta asfáltica del mismo espesor. En estas labores participaron cuatro empresas constructoras distintas. No obstante, reconoció que en el tramo del kilómetro 7 al kilómetro 10 se han dado derrames, derrapes y accidentes, situación que fue denunciada recientemente por transportistas de carga pesada de la región, entre ellos integrantes de los Camioneros de las Altas Montañas, UCAM, 400 Plumas y Transportes Adelas. Por lo anterior, el diputado federal aseguró que se estableció contacto inmediato con el gremio transportista, particularmente con Juan Lara, representante de los camioneros de Zongolica, para iniciar el diálogo con la SICT. Como resultado, se concretó la audiencia del pasado miércoles, a la cual también fueron invitados alcaldes de municipios beneficiados por esta vía, como Tequila, San Andrés Tenejapan, Los Reyes, entre otros. “El tramo más afectado es el de San Andrés Tenejapan, pero esta carretera beneficia a toda la Sierra de Zongolica; por aquí transitan la educación, la salud, los medicamentos y el comercio. Es un paso obligado para muchas comunidades”. Puertos Chimalhua aclaró que su actuación ha sido institucional y descartó protagonismos políticos. Dijo que, al tratarse de una carretera federal, es la SICT la responsable del mantenimiento y supervisión de las obras, así como de exigir a las constructoras el cumplimiento de los contratos, incluidos seguros y la atención a posibles vicios ocultos. Por último, el diputado federal hizo un llamado a la ciudadanía y a los transportistas a extremar precauciones al circular por esta vía, debido a la geografía accidentada de la región, así como a las condiciones de neblina, humedad y frío que se presentan en esta temporada.
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De 2018 a la fecha, al menos 25 alcaldes han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos de homicidio y extorsión MEMORANDUM 2.- Vaya caso, con la detención del exalcalde morenista de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto Ventura de la Paz, ocurrida minutos después de concluir su mandato, suma una cadena de capturas de presidentes municipales y exediles que, de 2018 a la fecha, alcanza al menos 25 casos por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como homicidio y extorsión. De acuerdo con un recuento difundido por el diario Reforma, las detenciones se han concentrado principalmente en el Estado de México y Puebla, con seis casos cada uno, seguidos de Chiapas, con cuatro, y Jalisco, con dos. Con relación a la filiación partidista, ocho de los detenidos militaban en Morena; cuatro en el PRI; cuatro en Movimiento Ciudadano; tres en el PRD; y uno en cada uno de los partidos PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México. El caso de Atoyac, Veracruz, se registró el 1 de enero, cuando Ventura de la Paz salió del Palacio Municipal de Atoyac tras concluir su periodo y perder el fuero constitucional. Minutos antes, el ex edil publicó en redes sociales: “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de presidencia”. La detención más reciente fue la del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024 y fue detenido por extorsión y presuntos vínculos con un Cártel de la delincuencia que lleva el nombre de Jalisco. En el mismo recuento, el medio señaló que una de las acciones de mayor alcance contra autoridades municipales fue la Operación Enjambre, desplegada en noviembre de 2024, que derivó en la detención de las alcaldesas María Elena Martínez Robles, de Amanalco, y María del Rosario Matías Esquivel, de Santo Tomás, ambas en el Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos. Al respecto, las organizaciones Data Cívica y México Evalúa advirtieron en el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado en 2024, responde a una estrategia de los grupos criminales para “aliarse o atacar” a autoridades municipales con el objetivo de controlar la esfera política, regenerar esquemas de protección informal, acceder a recursos públicos y regular el acceso al poder. Ese estudio reportó que entre 2018 y 2023 se registraron mil 373 eventos de violencia político-criminal, de los cuales 31 por ciento se dirigieron contra alcaldes. El 60 por ciento de los ataques tuvo un desenlace letal y 77 por ciento de las víctimas perteneció al ámbito municipal, de acuerdo con los datos citados por Reforma. El diario también documentó que un día antes de la detención del alcalde de Tequila fue capturado Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, Puebla, electo por la coalición Morena-PT, acusado de extorsión, robo de mercancía, distribución de droga y portación de armas de uso exclusivo. El edil permanecía prófugo desde nueve meses antes, cuando un cateo en su domicilio derivó en el aseguramiento de drogas y armas de fuego. En ese contexto, se informó que la estrategia del Gobierno federal se ha enfocado en la captura de servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas y en la contención de filtraciones internas que permitan fugas. El 16 de enero, Omar García Harfuch informó que la Operación Enjambre había derivado en la detención de 60 funcionarios públicos, y al 5 de febrero la cifra ascendía a 67, entre ellos presidentes municipales y mandos de seguridad. De ese total, se han obtenido 18 sentencias condenatorias, según el balance citado por el diario. Entre ellas se encuentra la de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, sentenciada en diciembre a 70 años de prisión por el homicidio de un síndico municipal. El recuento incluyó además la detención de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, vinculados a Movimiento Ciudadano en Puebla, detenidos en marzo de 2025 por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como la posterior aprehensión de Ramiro González Vieyra, ex alcalde priista, en mayo del mismo año, tras permanecer prófugo. También se documentó el caso de Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, alcalde de Apulco, Zacatecas, por Movimiento Ciudadano, desaforado y detenido en julio de 2025 por presunto nexo con el Cártel de la delincuencia surgido en Jalisco, así como el nombramiento de un sustituto, Israel Ramírez Íñiguez, quien, según el recuento, “acostumbraba posar como sicario en redes sociales”.
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Revela CEDH que FGE intentó implicar a la madre de un joven desaparecido en el caso, mientras investigación permanecía sin avances durante años MEMORANDUM 3.- Al emitir la Recomendación 79/2025, aceptada por la actual administración de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) señaló que la Fiscalía intentó implicar a la madre de un joven desaparecido en el caso, mientras la investigación permanecía sin avances durante años. El organismo determinó que esa actuación, aunada a dilaciones prolongadas y omisiones en diligencias, constituyó victimización secundaria en perjuicio de los familiares de la persona desaparecida, identificada como V4, y evidenció una falta de investigación con debida diligencia desde el inicio del caso. De acuerdo con el documento, la omisión ministerial no fue esporádica ni circunstancial. “No fue aislada ni momentánea, sino continua”, refirió la Comisión, al advertir que, pese al paso de los años, los hechos no han sido esclarecidos ni se ha identificado a los responsables. El expediente analizado indica que la investigación se inició el 1 de septiembre de 2014, tras la denuncia presentada por la madre del desaparecido. En un periodo de 129 meses revisados, la CEDH documentó 67 meses de inactividad, equivalentes a 52 por ciento del tiempo total, sin avances sustanciales en la indagatoria. La recomendación estableció que, en lugar de que la Fiscalía impulsara de oficio la búsqueda y la investigación, la carga de promover diligencias recayó en los familiares, pese a que en casos de desaparición la actuación debe ser inmediata, continua y con sentido de urgencia. La investigación, aseguró, se fragmentó en el tiempo, con lapsos prolongados sin acciones verificables. La queja que dio origen al pronunciamiento fue presentada en julio de 2018. En ella, la madre denunció retrasos en diligencias básicas y errores en la obtención de información telefónica. Señaló que la Fiscalía solicitó la sábana de llamadas de una línea distinta y que la correspondiente a su hijo fue requerida tres años después de la desaparición. La Comisión corroboró que el número telefónico del desaparecido fue proporcionado a la autoridad desde octubre de 2014, pero la primera solicitud formal de datos se realizó hasta diciembre de 2016, es decir, 26 meses después. Subrayó que ese requerimiento se efectuó fuera del plazo ordinario de conservación de datos, estimado en 24 meses, lo que implicó la pérdida de información relevante para la investigación. El documento también consignó conductas que la CEDH calificó como revictimizantes. Entre ellas, la madre relató que un servidor público le insinuó que ella sabía o había participado en la desaparición de su hijo. Además, refirió exigencias de dinero para supuestas diligencias, como gastos de gasolina, sin que ello se reflejara en avances en la carpeta de investigación. Ante la falta de resultados institucionales, la familia se integró a un colectivo y participó en búsquedas en distintos puntos, mientras insistía ante la autoridad ministerial en la necesidad de reactivar la investigación. La Comisión consideró que estas circunstancias agravaron el daño, al trasladar a los familiares responsabilidades que corresponden al Estado. Con base en estos hallazgos, la CEDH instruyó a la Fiscalía a agotar las líneas de investigación razonables para esclarecer la desaparición, conforme a los protocolos vigentes y en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda. También ordenó abstenerse de cualquier acción u omisión que implique victimización secundaria contra los familiares. La Recomendación 79/2025 incluyó medidas de reparación integral, entre ellas el pago de una compensación a las víctimas indirectas, la vista al Órgano Interno de Control para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos involucrados y la capacitación del personal que intervino en la investigación, con énfasis en análisis de contexto y uso de prueba circunstancial, indiciaria y presuntiva. El pronunciamiento fue emitido el 1 de diciembre de 2025 y figura como aceptado por la Fiscalía General del Estado en el registro público de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. De acuerdo con lo informado por la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se trata de una de las tres recomendaciones que su administración decidió acatar, en contraste con periodos anteriores en los que estos pronunciamientos eran rechazados.
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