Justicia para periodistas afectados por violencia en AL tarda décadas: CIDH; México, segundo país más peligroso para ejercer el periodismo MEMORANDUM 1.-
En la mayoría de los casos de violencia contra periodistas en América Latina, incluido México, llegar hasta una sentencia u otras salidas procesales concluyentes y esclarecedoras lleva muchos años, incluso décadas, de investigación. Durante ese tiempo, con excepción de limitadas ocasiones, las víctimas o sus familiares permanecen en una prolongada incertidumbre sobre el devenir de la lucha contra la impunidad, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Destaca también que a la sociedad se le priva del derecho de acceso a la información en el avance de las indagatorias. En 2025, sostuvo, persistió la violencia letal contra periodistas, además de atentados y amenazas: “al menos, 27 fueron asesinados en la región por hechos presuntamente ligados a su labor”. En una guía que lanzó para la documentación de actuaciones para conocer el avance de las investigaciones, la RELE animó a los estados crear de registros sistematizados que den cuenta de la existencia y el contenido de ciertas actividades adoptadas por las autoridades para indagar y judicializar los delitos. Indica que la ausencia de tal mecanismo dificulta que el propio Estado, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos especializados identifiquen los factores que determinan la baja efectividad de esclarecimiento de esta violencia focalizada y de sanción efectiva a sus responsables, “en oposición con las crecientes acciones de victimización registrados en la región”. La RELE expuso que si bien la restricción de acceso a la información de las investigaciones de estos ataques es una excepción legítima al principio de máxima divulgación, eso no significa que todo lo que obre dentro de un expediente o actuación de naturaleza penal sea reservado. Por el contrario, enfatizó, en cada uno de los expedientes hay datos que pueden ser puestos a disposición sin poner en riesgo la indagatoria; por no referirse al contenido de las evidencias o de la teoría del caso, sino a la realización o no de ciertas actividades y diligencias, así como su periodicidad, temporalidad, entre otros. Podrían divulgarse, señala, datos relacionados con la dimensión y las capacidades de los recursos materiales y humanos dispuestos para la investigación, herramientas jurídicas, gerencia y planificación, aspectos sobre la recolección de evidencias, peritajes y estudios especializados, no su contenido. Así, con el fin de sortear las dificultades identificadas, la Relatoría propuso la instrumentación de una bitácora de registro de actividades intermedias, que permita identificar los medios, métodos y actividades desarrolladas. Por el asesinato de nueve periodistas en México durante 2025, asociaciones de defensa de la libertad de prensa alertaron que el periodismo se ve sometido a un asedio "muy preocupante" por la violencia permanente y una impunidad en los crímenes, una realidad que no parará a menos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconozca el problema y reaccione para ponerle freno. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubica este año como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados, asegura su representante en México, Balbina Flores. En entrevista, indicó que la situación es la de una “violencia general que no ha desaparecido”, con cifras "altísimas" en estados como Guerrero, Michoacán o Guanajuato, en donde la mayor parte de los periodistas agredidos trabajaban para medios locales que cubrían cuestiones relacionadas con la seguridad y derechos humanos.
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Profepa va por sanciones por uso de bifenilo policlorados en equipos eléctricos, habrá visitas técnicas en establecimientos comerciales e industriales MEMORANDUM 2.-
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa este año iniciará la aplicación de sanciones y medidas correctivas a quienes continúen utilizando bifenilos policlorados (BPC) en equipos eléctricos, como parte de las labores para la eliminación total de estas sustancias en México. En un comunicado, destaca que estas acciones buscan proteger la salud de la población y prevenir daños al medio ambiente, en apego a la normatividad ambiental nacional y a los compromisos internacionales del país. Explica que en 2026, las visitas de la Profepa tendrán un enfoque de verificación del cumplimiento, con el objetivo de confirmar que los transformadores eléctricos estén libres de BPC. En caso de detectarse incumplimientos, la Procuraduría impondrá las medidas correctivas necesarias para garantizar el manejo y la eliminación ambientalmente adecuados de estos compuestos. La subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de la Profepa, Gabriela Ortiz Mena, indicó: "Tenemos un horizonte claro para la eliminación total de los bifenilos policlorados. Las inspecciones que comenzarán en 2026 también nos preparan para cumplir con el plazo de 2028 establecido en el Convenio de Estocolmo”. Estas acciones dan continuidad al Proyecto Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados (BPC) en México, implementado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya segunda fase concluyó en 2025. Dicho proyecto se desarrolló de 2019 a 2025 y tuvo como objetivo identificar, prevenir y reducir los riesgos a la salud humana y al medio ambiente derivados del uso de BPC, contaminantes orgánicos persistentes regulados a nivel internacional. Durante esta etapa, la Profepa llevó a cabo visitas técnicas con una visión preventiva, que permitieron conocer el estado real de los transformadores eléctricos en el país y sensibilizar a las empresas sobre sus obligaciones conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-2015. Como resultado de este trabajo, la Procuraduría expuso que se capacitó a más de 400 inspectores; se entregaron más de mil 800 kits de identificación de BPC; se realizaron 685 visitas técnicas en establecimientos comerciales, industriales y de servicios; se muestrearon mil 204 transformadores y se registraron mil 303 equipos. Los bifenilos policlorados (BPC) son sustancias tóxicas que se encuentran comúnmente en equipos como transformadores y otros dispositivos eléctricos. Estas sustancias químicas industriales se utilizaron extensamente en diferentes aplicaciones debido a sus propiedades aislantes y estabilidad química, pero con el tiempo se descubrió que son riesgosas para tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por ello, identificar, clasificar, manejar y almacenar adecuadamente los BPCs es fundamental.
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En 2040 la mitad de la población mexicana tendrá mas de 60 años, es necesaria impulsar programas y políticas públicas desde hoy MEMORANDUM 3.-
A partir de 2030 comenzará una etapa de envejecimiento demográfico avanzado en México, en el que el Consejo Nacional de Población (Conapo) proyecta que el país contará con más personas mayores que las de menos de 14 años. En ese contexto, algunos municipios del país tendrán un desafío mayor en menos de 15 años, como San Pedro Jocotipac, un pequeño municipio situado en la región mixteca de Oaxaca donde la mitad de sus habitantes superarán 72 años para esa fecha. De acuerdo con cifras de Conapo, para 2040 al menos 30 municipios del país, localizados en ocho estados, contarán con una “edad mediana” de 60 años o más, es decir, la mitad de su población estará en ese rango de edades. Este escenario también genera áreas de oportunidad, aunque se requiere planificar y preparar a toda la población, expuso Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (Suiev), de la Universidad Nacional Autónoma de México. Planteó que esos municipios deben ser tomados como guía en sus estados para impulsar programas y políticas públicas que podrán replicarse en otras regiones. Como parte del Catálogo de información sobre proyecciones de la población, mortalidad, envejecimiento y hogares, publicado recientemente por el Conapo, la dependencia difundió un reporte sobre la Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios 1990-2040, en el que detalla la edad mediana de cada demarcación rumbo a 2040, es decir, se trata de una herramienta estadística (distinta a la edad promedio o edad media) que permite una mejor medición en esta materia. Entre la información difundida, se observa que en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua, la edad mediana será de 66 años para 2040, al igual que en Tepache, Sonora. En San Francisco de Borja, Chihuahua, será de 65 años, mientras en San Juan Diuxi y en San Juan Teita, ambos en Oaxaca, será de 64 años. En San Andrés Yaá y en Santa María Apazco, en la misma entidad, será de 63 años. Los que tendrán edad mediana de 62 años son Huejotitán (Chihuahua), Santiago Apoala (Oaxaca), Bacanora (Sonora), Mazatán (Sonora), San Pedro de la Cueva (Sonora) y Mainero (Tamaulipas). En tanto, en el caso de la Ciudad de México, la urbe con mayor población en el país, la alcaldía que llegará a una edad mediana más alta en 2040 será Coyoacán, con 52 años, seguida de Azcapotzalco, con 48. Consultada sobre dichas estadísticas, la coordinadora del Suiev recalcó que la Organización Mundial de la Salud recomienda generar políticas públicas que permitan prolongar lo más posible la aparición de enfermedades crónico degenerativas, lo que va relacionado directamente con el consumo de alimentos que tiene la mayoría de la población. Frente a ello, destacó las medidas encaminadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas. También sostuvo que serán cruciales las acciones para llevar caravanas de atención médica a las localidades, debido a que cada una tiene carencias distintas, o mayor distancia de las capitales o ciudades más grandes. Consideró que serán especialmente relevantes en esas demarcaciones programas como Salud Casa por Casa. Otro de los elementos que se debe atender, explicó, es la erradicación de toda discriminación hacia la población mayor, así como el impulso a espacios de trabajo para las personas cuidadoras como nuevas fuentes de empleo. A la par, subrayó que hay opciones laborales para adultos mayores que pueden incentivar las economías locales. Para Montes de Oca, es crucial no generar visiones apocalípticas por los cambios demográficos e insistió que poblaciones con altos números de personas mayores representan nuevas oportunidades en muchos sentidos. Luego de que en 1990 hubo municipios en los que la edad mediana fue de 13 años, el escenario ya cambió. Para 2000, la edad mediana en el país fue de 22 años, mientras actualmente es de 30.5 años.
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