Niega Sheinbaum que su gobierno haya recibido de Salinas Pliego o sus representantes legales 'algo que diga' que va a pagar sus adeudos MEMORANDUM 1.- De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno no ha recibido de parte de Ricardo Salinas Pliego o de sus representantes legales “algo que diga” que va a pagar sus adeudos antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los nueve casos que tiene del empresario, y con lo cual obtendría descuentos que establece el Código Fiscal de la Federación. La mandataria también señaló que aún no hay fecha para que reciba a los acreedores del presidente de Grupo Salinas, pero “sí se va a tener una reunión como había comentado”. Los casos que la Corte tiene son por un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos, y tres de esos juicios “ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia”, aseguró. En la mañanera del pueblo, Sheinbaum aseguró que si el empresario decide pagar antes de que llegue la resolución de la Corte “puede tener los descuentos establecidos en el Código Financiero, de multas” y otros, dentro del marco legal. Manifestó que otros casos del empresario aún no han llegado a la Corte. “Están en juicios de otros niveles… en tribunales colegiados, algunos en tribunal administrativo”, pero de aprobarse la nueva Ley de Amparo, los casos con estos recursos legales serían más cortos. La mandataria destacó que “son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario, o de alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el Servicio de Administración Tributaria. No es de un día a otro, sino que es un proceso que se lleva… y también depende de la empresa”, aseguró. Por otro lado, Sheinbaum Pardo consideró que el Tribunal de Disciplina Judicial debería contar con “un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces” que actúen mal y ratificó que muy pronto enviará sus propuestas para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presidente cambia en noviembre, y para tribunales agrarios. Serán “personas honestas, con trayectoria”, además de que el Congreso debe nombrar a los auditores “para poder revisar qué tipo de gastos se están haciendo”. Concluyó que propuso al Senado ratificar a Andrea Marván como presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio porque “ha hecho un buen trabajo”.
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PEF 2026 requiere 'reingeniería' a fondo para atender búsqueda de personas, lucha contra la corrupción y transparencia MEMORANDUM 2.- Participantes en un foro de parlamento abierto organizado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados alertaron que los recortes en los fondos de diversos organismos, en el marco de una política de austeridad, pueden debilitar a los mecanismos encargados de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese tenor, advirtieron que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se necesita una “reingeniería” a fondo para atender las necesidades más urgentes en temas como la búsqueda de personas desaparecidas, la lucha contra la corrupción, la transparencia o la reinserción social de quienes estuvieron privados de la libertad. Durante la reunión de trabajo, Emanuel Jiménez García, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), alertó que una de las áreas que trabajan con más carencias en materia de personas desaparecidas es la del personal forense, debido a que sólo existen unos 15 mil peritos en todo el país, lo que resulta insuficiente para estudiar los más de 72 mil cuerpos que permanecen en las morgues sin identificar. Destacó la importancia de que en el proyecto de PEF 2026 no disminuyan los subsidios de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pues de ella dependen a su vez los fondos de las comisiones locales, y que se garanticen recursos para tener protocolos homologados de búsqueda y de investigación. En el mismo sentido, Virginia Garay, presidenta de la asociación civil Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, alertó que de 2023 a 2024 aumentó 5.3 por ciento el número de cuerpos sin identificar en las salas forenses. Pese a ello, la CNB recibiría el año próximo fondos por apenas un millón 214 mil pesos, contra los 23 mil 493 millones de pesos de la Guardia Nacional. De igual forma, se reducirían 0.7 por ciento los fondos de subsidios para las comisiones locales de búsqueda de personas desaparecidas, lo que se traduce en una cantidad insuficiente para la localización de cada una de las víctimas. Anaid García Tobón, experta en temas de gobierno y asuntos públicos, advirtió por su parte que tampoco se están garantizando los recursos necesarios para el combate a la corrupción, pues cinco de las seis instituciones gubernamentales dedicadas a este tema sufren recortes, mientras que el único aumento ocurriría por la fusión entre el Órgano de Administración Judicial y la agencia que investiga delitos al interior de éste. Incluso, la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sufriría una caída presupuestal el próximo año de 2.1 por ciento, lo que “compromete sus capacidades para cumplir con la investigación de servidores públicos” presuntamente involucrados en irregularidades. Afirmaron que un fenómeno similar ocurre con la nueva política gubernamental de transparencia y acceso a la información, a través del organismo Transparencia para el Pueblo, que sólo recibirá 25 millones de pesos para realizar su labor, contra los mil millones de pesos anuales que tenía en promedio el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que implica una caída de 98 por ciento en los recursos destinados a ese ámbito. Así las cosas.
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Desaparición del FONDEN en 2020 dejó a los estados sin recursos inmediatos en tiempos de catástrofes naturales MEMORANDUM 3.- En un mundo donde los fenómenos naturales son inevitables, la forma en que una sociedad responde y se recupera de estos eventos está ligada a las decisiones políticas tomadas en tiempos de calma que deben priorizar la protección y seguridad de las poblaciones más vulnerables. Invertir en la prevención para desastres y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. En México, esas decisiones han tenido consecuencias perjudiciales, un ejemplo de ello, es la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Este fondo, creado en 1996, tenía como objetivo proporcionar apoyo a los estados y entidades de la administración pública federal en tiempos de catástrofes naturales. El FONDEN desempeñaba un papel vital para la población afectada, al suministrar auxilio y asistencia, con su activación mediante declaratorias de emergencia o desastre. A pesar de su importancia, en 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y a la disminución de los ingresos del Sector Público, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil. Así, sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 35 mil 140 millones de pesos al cierre de 2020. En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó la desaparición del FONDEN como fideicomiso, y eliminó sus normativas de funcionamiento. A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 mdp y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó. Para 2023, se aprobó un presupuesto de 17 mil 980 millones de pesos -con un recorte de 21% al primer semestre del año, equivalente a 3 mil 761 mdp- y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se proyecta un total de 17 mil 985 millones de pesos. Con la extinción del FONDEN como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones. Además, como si de un mal preludio se tratara con respecto a las terribles noticias que se tienen sobre el estado de Guerrero, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales. La extinción del fideicomiso ha marcado un cambio significativo en la gestión del dinero destinado a la respuesta ante desastres naturales en México y las medidas propuestas parecen indicar una falta de comprensión fundamental sobre la urgencia de proteger a la población y prepararnos adecuadamente para enfrentar los desafíos de los eventos catastróficos, que en su mayoría son inesperados. Hasta junio pasado, del Fondo de Desastres Naturales, el gasto federal autorizado sumaba 8,896.9 millones de pesos, de los cuales 3,321 millones se destinaron a cobertura a infraestructura pública; 2,192 millones para carreteras y transporte; 1,127 a infraestructura educativa; 103 millones para atención de emergencias y 2,151 millones a contratación de esquemas de transferencia de riesgos. De los 3,321 millones de pesos destinados a cobertura a infraestructura pública, se repartieron entre 10 estados: Veracruz, 1,475.7 millones; Guerrero, 960.9 millones; Baja California 286.2 millones; Michoacán, 171.8; Oaxaca, 142.9; Baja California Sur 117.0 millones; Chiapas, 66.9; Colima, 65.2; Nuevo León, 30.1 y Puebla, 4.9. De los recursos para programas sociales dispersados a través del Banco del Bienestar, 241 millones fueron por concepto del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. ¿Cómo es posible que en un país propenso a fuertes fenómenos naturales no tengamos una planeación eficiente y recursos para hacer frente a posibles desastres? Las noticias hablan de inundaciones devastadoras, incendios forestales descontrolados y tormentas cada vez más intensas. No podemos negar que los efectos del cambio climático se han acentuado en nuestro mundo, dejando un rastro de desastres naturales que nos recuerdan, de manera brutal, que la naturaleza es una fuerza inquebrantable. Nuestras políticas están desconectadas de las necesidades reales de las personas. Así las cosas, la protección de los mexicanos no debería ser una opción, sino una obligación.
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