Afirma Pemex que playas de Veracruz se encuentran totalmente limpias y se han retirado más de 700 toneladas de materiales y residuos en la región MEMORANDUM 1.- Como parte de una estrategia preventiva instruida por la Presidencia de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene un despliegue operativo en 48 playas del Litoral del Golfo de México. De acuerdo con Miguel Ángel Miranda Mendoza, Subdirector de Seguridad, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Pemex, las playas de Veracruz se encuentran totalmente limpias y señaló que hasta el momento se han retirado más de 700 toneladas de materiales y residuos en la región. “Estamos montando desde muy temprano con la Secretaría de Marina, con los drones de ellos y de Petróleos Mexicanos, dando el estado [de las playas] desde temprano”, explicó Miranda Mendoza al recorrer las diferentes playas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio. Refirió que el operativo no se limita a la zona metropolitana de Veracruz, pues el equipo de Pemex ha realizado recorridos exhaustivos que incluyen puntos estratégicos como: Dos Bocas, Tabasco.
Campeche (Ciudad del Carmen y Champotón).
Coatzacoalcos y la zona norte del estado. Al ser cuestionado sobre el hallazgo de trazas o restos de materiales en la arena, el subdirector destacó que la institución ha mantenido total transparencia en los trabajos de limpieza que se han intensificado durante las últimas semanas. “Estamos generando unos montículos y celdas para disponer correctamente el material; estamos trayendo camiones de todo lo que se trabajó en la semana. No es un trabajo de ayer, es un esfuerzo que venimos realizando ya hace varias semanas y en algunos puntos solo estamos en la etapa de recolección y disposición final”, precisó. Por último, Miranda Mendoza adelantó que estas acciones no son temporales, sino que forman parte de una política de estado que contempla la creación de un Observatorio del Golfo de México, el cual servirá como preventivo y de vigilancia permanente para garantizar la salud ambiental de las costas mexicanas.
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No hay compromiso institucional (…) Hay consejeros anacrónicos” que se oponen al voto electrónico, dice Carla Humphrey MEMORANDUM 2.- La aplicación del voto electrónico en México presenta un avance mínimo. Al respecto solo ha habido cuatro ejercicios para mexicanos en el extranjero y uso de urna electrónica en tres entidades federativas en 30 años de exigencia. En todos los casos los resultados han sido positivos (los sistemas no presentaron fallas estructurales) y, por ejemplo, fue la opción que prefirió el 75 por ciento de los connacionales que votaron en 2024. Sin embargo, persisten las resistencias tanto al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y en la mayoría de los partidos políticos, en un contexto de desconfianza de todos contra todos. En ese contexto, Carla Humphrey Jordan, consejera del INE, lamenta que “no hay compromiso institucional (…) Hay consejeros anacrónicos”. Se trata de la opinión de una de las principales impulsoras de una modernización que permita, entre otros aspectos, dejar de imprimir boletas (más de 600 millones de papeletas en 2024 y otro tanto en 2025), y dar esta opción a grupos que por distintas razones no pueden ir a una casilla el domingo de la jornada electoral. “Vamos tarde. Ha habido foros, análisis y más análisis; invitan a gente, pero el asunto es que no hay compromiso institucional. No hay compromisos reales, solo se presentan documentos en comisiones, se crean grupos de trabajo interinstitucionales, se hacen mesas de diálogo, se reciben observaciones, se cambian los plazos…”, comenta. Pese a órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de estudiar las posibilidades para atender las peticiones de grupos específicos (como personas cuidadoras de enfermos o discapacitados), en el INE no hay gran avance, por lo que, actualmente se prepara la “estrategia institucional del voto electrónico”, cuya base se debió presentar en diciembre de 2024, pero se dio a conocer hasta julio de 2025, apenas en comisiones, y en junio en el consejo general. Humphrey Jordan, actual presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores, dijo que hay “consejerías bastante anacrónicas; todavía tienen dudas de cómo se tiene que votar y cómo salvaguardar todas las garantías para la emisión del voto, en particular de la secrecía”, pese a que cada vez más son plataformas comunes, en especial para la población joven que ya hace todo por la vía electrónica: compras, trabajo, amistad, patrimonio. Menciona que sí hay mecanismos probados para garantizar los factores elementales del sufragio, como la foto “viva”, utilizada en los sistemas financieros. Entre los grupos que se verían beneficiados está el personal de plataformas marítimas y de las fuerzas armadas, muchos de los cuales no han votado nunca porque el día de la elección siempre están de servicio y es muy complicado votar en casilla especiales. De igual manera se busca brindar voto a distancia o anticipado para otros sectores como el personal de salud o de seguridad, que igualmente trabajan los domingos. Para este año, en la elección de Coahuila se usará por primera vez en territorio nacional el voto electrónico – más allá de las pruebas piloto no vinculantes- aunque el ejercicio será muy limitado pues solo será para un grupo específico (personas en situación de postración y sus cuidadores), de manera anticipada al domingo de la jornada comicial. No hay antecedentes de ello pero los consejeros calculan que utilizarían este método apenas unas cuantas personas. Aquí el reto – añadió Humphrey- es que la mayoría son personas adultas mayores, quienes no tienen tanto contacto con la tecnología. “Si bien es un avance, el problema que le veo es que a estas personas en estado de postración, en un 99 por ciento elegirán votar en boleta impresa”. La primera vez que el entonces Instituto Federal Electoral abordó el tema fue a mediados de los años noventa; el primer análisis formal se inició en 1998 y desde entonces continúan los estudios. A nivel local, la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco han tenido esta experiencia, con urnas electrónicas, mientras que para mexicanos en el extranjero se creó un sistema específico “Sivei”, aunque los paisanos tienen tres opciones de sufragio: por internet, postal y presencial – también por internet- en los consulados. En 2021 votaron alrededor de 18 mil mexicanos allende las fronteras – la gran mayoría en Estados Unidos-, y en 2024 se recibieron del extranjero 184 mil 326, en todas las modalidades.
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Desapariciones forzadas tuvo su auge cuando gobernaba Javier Duarte en Veracruz; de 7 mil 138 casos, 41.7% ocurrieron entre 2010 y 2016: Federación MEMORANDUM 3.- Reacios a aceptar una realidad que se siente y se respira en el ambiente como algo putrefacto, el Gobierno Federal insiste en que, los casos en los que basa su informe el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) se suscitaron en el periodo 2009-2017, particularmente en cuatro estados: Coahuila, Nayarit y Veracruz, entonces gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Jalisco, por los restos hallados en el Rancho Izaguirre, bajo la administración de Movimiento Ciudadano. Ya no saben cómo echar culpas a la oposición. En el documento de la administración mexicana, el Estado afirma que dichos casos demuestran que “los alegatos se refieren a coyunturas del pasado y no son representativas de las políticas públicas ni de las prácticas institucionales vigentes en México”. Refieren que, algunas organizaciones civiles han documentado que en estas cuatro entidades existió una prevalencia de casos de desapariciones. En Coahuila, por ejemplo, encontraron que entre 2009 y 2016 –con los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira– Los Zetas e integrantes de las fuerzas de seguridad estatales fueron los presuntos autores de “crímenes contra la humanidad”, como desapariciones forzadas, asesinatos y tortura. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en ese estado se reportan 3 mil 683 casos, de los cuales más de 60 por ciento corresponden a esos años. En ese periodo estuvieron al frente de la Fiscalía General del estado Jesús Torres Charles, quien fue señalado de encabezar una red de protección a Los Zetas, según una investigación de la entonces Procuraduría General de la República (extinta en 2019), y Homero Ramos Gloria, quien en 2012 estuvo a cargo de las pesquisas por las desapariciones masivas en el municipio de Allende. Respecto a Nayarit, las organizaciones civiles han señalado que entre 2011 y 2017 el entonces gobernador priísta Roberto Sandoval y el fiscal local Edgar Veytia –ambos procesados por vínculos con grupos delictivos– crearon “una estructura criminal” en la entidad operada por la fiscalía, “mediante la cual se cometieron numerosos crímenes, incluyendo homicidios, tortura, despojos y desapariciones forzadas”. Las cifras del registro nacional arrojan que en esos años se tienen reportados 309 desaparecidos. Sobre Veracruz, agrupaciones de la sociedad civil han denunciado que la violencia y la comisión del delito de desapariciones forzadas tuvo un auge entre 2010 y 2016, cuando gobernaba Javier Duarte de Ochoa, priísta detenido y bajo proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Durante su administración, han referido las ONG, “autoridades estatales fueron acusadas de cometer numerosas violaciones de derechos humanos, además de colusión entre el crimen organizado y funcionarios estatales”. El Registro Nacional señala que de los 7 mil 138 casos de desaparecidos reportados en territorio veracruzano, 41.7 por ciento se suscitaron en el gobierno de Duarte. En ese periodo, el fiscal fue Luis Ángel Bravo Contreras, detenido en 2018 por desaparición forzada, pero actualmente enfrenta su proceso en libertad. En cuanto a Jalisco, las organizaciones destacaron el caso del Rancho Izaguirre, hallado en marzo de 2025 en Teuchitlán, en donde el crimen organizado reclutaba a jóvenes en contra de su voluntad a través de engaños, como falsas ofertas de empleo. Indicaron que dentro de las personas implicadas ya detenidas se encuentran tres mandos de la policía municipal de Tala. Refirieron que las familias buscadoras han denunciado el cúmulo de graves omisiones de la fiscalía jalisciense, a cargo de Salvador González, “que hacen sospechar de una posible colusión con el crimen organizado, dada la falta de voluntad para investigar los hechos”.
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