Cuitláhuac compró con cash en 2023 dos terrenos y una camioneta por 1.1 millones de pesos, cantidad mayor a su salario total de un año MEMORANDUM 1.- Aunado a que en el Congreso de la Unión, diputados federales exigieron que el Gobierno de México retire a Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - de la administración pública, hasta que se esclarezcan las acusaciones sobre el presunto desvío de más de 1 mil 600 millones de pesos durante su sexenio, de acuerdo con la declaración patrimonial que presentó al asumir su nuevo cargo federal en febrero de 2025, el morenista y actual titular del Cenagas realizó en 2023 tres adquisiciones de contado que superaron en conjunto 1.1 millones de pesos, cantidad mayor a la suma de sus ingresos anuales como titular del Poder Ejecutivo estatal. La información oficial muestra que, durante su gestión, García Jiménez desembolsó 413 mil 568 pesos por un terreno, 200 mil pesos por otro lote y 520 mil pesos por una camioneta Ford Ranger XLS modelo 2022. Todos los pagos fueron hechos de contado, sin créditos de por medio. El registro patrimonial refiere que, en ese mismo año, el entonces gobernador reportó ingresos netos por un millón 5 mil pesos, cifra inferior al monto de las compras efectuadas en un solo ejercicio fiscal. Según una investigación de Reporte Índigo, el 28 de marzo de 2023, García Jiménez adquirió un terreno de 155 metros cuadrados por 413 mil 568 pesos. El documento establece que el transmisor de la propiedad fue el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Más adelante, el 26 de octubre de ese año, el mandatario veracruzano pagó 200 mil pesos por otro terreno, de 650 metros cuadrados, cuya venta fue realizada por una persona física. Antes de esas operaciones, el 5 de febrero de 2023, García compró una camioneta Ford Ranger XLS, modelo 2022, por 520 mil pesos. En su declaración patrimonial, Cuitláhuac García reportó como única fuente de ingresos su sueldo como servidor público, que ascendió a 1 millón 5 mil pesos netos durante 2022. El funcionario señaló no contar con inversiones, cuentas bancarias, deudas, negocios, sociedades, participaciones empresariales ni otras fuentes de ingresos. También declaró no tener otros bienes inmuebles o muebles más allá de los mencionados. Los documentos oficiales muestran que en todos los apartados de posibles ingresos adicionales —actividad industrial, comercial, financiera, consultoría o servicios profesionales— el exgobernador marcó “cero”. Sin embargo, en el mismo año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de recursos federales transferidos a Veracruz en 2023, por un monto global de 3 mil 598 millones de pesos. De ese total, la ASF atribuyó mil 724 millones de pesos a presuntos desvíos del gobierno estatal encabezado por García, 620 millones a municipios y 1,253 millones a otros entes públicos de la entidad. Las observaciones quedaron asentadas en la “Matriz de Datos Básicos” de la Cuenta Pública 2023, que coincide temporalmente con las adquisiciones patrimoniales del hoy funcionario federal. El 14 de mayo de 2025, legisladores del Partido Acción Nacional solicitaron que García Jiménez fuera separado de su cargo como director del Cenagas para enfrentar los señalamientos derivados de las observaciones de la ASF. Ricardo Anaya, coordinador de senadores panistas, acusó que existe un “pacto de impunidad” para proteger al exmandatario de Veracruz pese a los desvíos señalados. Así las cosas.
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Duartistas como Arnulfo García, Vicente Benítez y Harry Grappa, entre otros, deberán pagar más de 19 mil 598 mdp por desvíos de recursos MEMORANDUM 2.- Luego de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, que detectó desvíos de recursos en varias dependencias durante la administración del exgobernador Javier Duarte, lo cual fue ratificado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en todas sus instancias, se ordenó el resarcimiento del daño patrimonial y la aplicación de sanciones, que hoy han quedado firmes y corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación ejecutar el cobro. Se trata de créditos fiscales que suman un monto de 19 mil 598 millones 305 mil 329 pesos con 78 centavos. Ante ello, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, ejecutar el cobro a través del embargo de bienes muebles e inmuebles, vehículos, joyas y cuentas bancarias. Entre los funcionarios, a los cuales les pueden embargar su patrimonio para garantizar el pago del daño provocado destaca el extesorero Arnulfo García Fragoso, quien por la cuenta pública 2015 debe resarcir 12 mil 105 millones 439 mil 165 pesos por concepto de indemnización y una sanción de 6 657 millones 991 mil 541 pesos para un total de 18 mil 763 millones 430 mil 706 pesos. También resalta el caso del exoficial mayor de la SEV, Vicente Benítez González, quien por desvíos en dicha dependencia, por concepto de indemnización debe pagar 7 millones 232 mil 709 pesos, más una sanción de 3 millones 997 mil 990 pesos para un total de 11 millones 210 mil 700 pesos. Un caso más, es el del ex secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán quien por la cuenta pública 2016 deberá reintegrar 5 millones 500 mil pesos más una sanción de 3 millones 25 mil pesos para un total de 8 millones 525 mil pesos. El mismo funcionario, también se le detectó desvío de recursos del Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil Sukut, por lo cual deberá reintegrar 2 millones 162 mil 200 pesos y una sanción de un millón 189 mil 210 pesos, para un total de 3 millones 352 mil 410 pesos. De igual forma resalta por el monto, el caso de la ex directora general de Programación y Presupuesto de la Sefiplan, Maritza Mendoza Rocha quien por desvíos de la cuenta pública consolidada deberá pagar una indemnización de 480 millones 213 mil 707 pesos y una sanción de 264 millones 117 mil 539 pesos, para un total de 744 millones 331 mil 246 pesos. También aparecen el ex director del Instituto Veracruzano del Deporte y el ex director administrativo de ese organismo Carlos Sosa Ahumada y José Antonio Ocaña Ronzón, respectivamente, quienes por la cuenta pública 2015 deben pagar un millón 188 mil pesos por concepto de indemnización, más una sanción de 654 mil 400 pesos de sanción. De igual forma por desvíos en la cuenta pública 2016 deben pagar una indemnización un millón de pesos más una sanción de 550 mil pesos para un total de un millón 550 mil pesos. Otros exfuncionarios duartistas a los que también se les determinaron créditos fiscales a pagar son Angélica María Fernández Espinoza y Moisés Domínguez Lagunes, ex jefes de la Unidad Administrativa de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad quienes deben pagar 220 mil 403 pesos y 66 mil 843 pesos, respectivamente. Del Fidrever fueron impuestos a pagar 3 millones 584 mil 914 pesos Armando Cano Andrade y Anell Morales Lozano ex secretario técnico y ex directora administrativo, respectivamente. Otros funcionarios en la misma situación fungieron como exdirectores de los institutos tecnológicos de Jesús Carranza, Naranjos, Las Choapas, Tantoyuca y Álamo Temapache. Así las cosas.
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El ex alcalde de San Andrés Tuxtla Manuel Rosendo Pelayo deberá pagar más de 25 mdp por desvíos comprobados en 2015 MEMORANDUM 3.- Vaya caso, Manuel Rosendo Pelayo, ex alcalde de San Andrés Tuxtla y varios integrantes de su administración municipal, deberán pagar más de 25 millones de pesos por concepto de indemnización y sanción por los desvíos que le fueron comprobados en el ejercicio público 2015 por el Órgano de Fiscalización Superior. En ese tenor, se determinó aplicar un crédito fiscal (cobro) en contra del ex alcalde por un monto de 16 millones 664 mil 16 pesos por concepto indemnización, más 9 millones 165 mil 208 pesos de sanción, para un total de 25 millones 829 mil 225 pesos. Dicho crédito fiscal, fue remitido a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que ésta a su vez pueda ejecutar el cobro mediante embargos de bienes muebles e inmuebles, vehículos, joyas y cuentas bancarias. Durante años, a través de abogados, el ex alcalde intentó echar abajo la determinación del Orfis, pero ya están firmes, pues han sido ratificados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en todas sus instancias. El pago también deberán cumplirlo la ex síndica municipal Alicia Zapata y Scortcia; el ex regidor Juan Carlos Perrotín Cadena; el ex tesorero Álvaro Ramos Villegas y el ex director de Obras Públicas, José Miguel Oseguera Figueroa. Así las cosas.
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