Es imposible rastrear 36% de las armas incautadas en México en el ultimo año, algunas presentan números de serie alterados o borrados MEMORANDUM 1.- En el último año se rastrearon 18 mil 249 armas confiscadas en México; sin embargo, en 36 por ciento de los casos fue imposible identificar al comprador inicial, según los datos más recientes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los reportes de la ATF indican que esta situación se debe a diversos problemas, como números de serie alterados o borrados; armerías y distribuidores con los que no se puede establecer contacto porque cesaron su actividad; o solicitudes de rastreo enviadas por las autoridades mexicanas que no cuentan con la documentación completa. Esta limitante es crítica, ya que el sistema eTrace de la ATF representa la única herramienta técnica con la que cuentan las autoridades mexicanas para intentar reconstruir la ruta del tráfico de armas que llegan a manos de criminales en el país. La efectividad del rastreo ha mejorado en comparación con 2019, año en el que no se podía identificar al comprador inicial en casi la mitad de los expedientes, es decir, 49.8 por ciento de los casos. No obstante, las 6 mil 572 armas sin comprador identificado en los rastreos correspondientes a 2024 continúan favoreciendo a las redes de tráfico. El informe detalla la hegemonía del mercado estadunidense en el arsenal recuperado. Del total de 25 mil 884 armas enviadas a rastreo por México en el año reciente, 70.5 por ciento tuvo su origen en Estados Unidos. De estas, 13 mil 4 armas fueron fabricadas directamente en suelo estadunidense, mientras otras 5 mil 245 fueron importadas legalmente a Estados Unidos desde terceros países antes de ser introducidas de manera ilícita a México. Además de los problemas de identificación, los datos indican que los traficantes han introducido al país armas con mayor potencia de fuego en los años recientes. Mientras la recuperación de revólveres ha disminuido, el aseguramiento de rifles ha aumentado de forma significativa. En 2019, los rifles representaban 27 por ciento del total de armas confiscadas y rastreadas (5 mil 811 unidades); para 2024, esta proporción se elevó a 37.5 por ciento, con 9 mil 696 rifles asegurados en un año. Las pistolas, no obstante, se mantienen como el arma más frecuente y representan cada año cerca de 50 por ciento de los artefactos incautados y rastreados. Ante este panorama, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron recientemente la “Misión Firewall: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego. Esta estrategia promete un “nivel de colaboración sin precedente”, con objetivos como facilitar la expansión del uso de eTrace y de tecnología de imágenes balísticas en los 32 estados de la República Mexicana. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a aumentar las inspecciones y las investigaciones bilaterales para combatir el tráfico ilícito en la frontera y lograr más enjuiciamientos de presuntos traficantes.
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En gobierno de AMLO desaparecieron 59 activistas ambientales; en algunos casos no hay ni registros oficiales MEMORANDUM 2.- Pese a que en el sexenio pasado se habló de una pacificación en el país, gracias a la estrategia de “abrazos, no balazos”, de 2020 a 2024, en el país se documentaron 59 desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio durante el cumplimiento de su labor, informó el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís. Las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y entre los implicados en las agresiones se encuentran policías y autoridades estatales o municipales, así como empresas privadas, grupos de la delincuencia organizada y paramilitares. Sobre este tema, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, Gabriella Citroni, destaca el hecho de que no haya registros oficiales, lo que ocasiona que no haya políticas públicas diseñadas específicamente para atender este problema, y las existentes, dijo, son a menudo insuficientes para garantizar la protección de los activistas. Comenta: “En el caso de este grupo de población, hay una tasa de impunidad casi absoluta en todos los países por tratarse de un crimen extremadamente complejo, porque la investigación es complicada debido a la pluralidad de los perpetradores”. Pero además, agregó, quienes defienden los recursos naturales son extremadamente vulnerables, están estigmatizados y enfrentan violencia por su actividad de proteger el medio ambiente, lo que lleva a amenazas y criminalización. “Eso crea una situación de desconfianza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y disminuye la atención e indignación de la sociedad por defender la tierra”, lamentó. Alanís indica que entre los factores de riesgo identificados en el tema de las desapariciones se encuentra la instalación de megaproyectos sin garantizar los derechos de acceso a la información ni la participación del público en las tomas decisiones ambientales en favor de la población y la comunidad. Expresó: “Las desapariciones y otras agresiones ocurren principalmente donde se encuentran territorios indígenas. Lugares donde usualmente se pretende instalar megaproyectos debido a la disponibilidad y estado de conservación de los recursos naturales”. El activista explica que la participación conjunta de múltiples agresores, incluyendo autoridades, empresas privadas y el crimen organizado, incrementa el riesgo para los defensores del medio ambiente y el territorio, ya que dicha colusión origina una violencia estructural y generalizada que hace más difícil la protección de los ecologistas. Coincidió en que la falta de acceso a la justicia contribuye a que continúen ocurriendo desapariciones de activistas ambientales, pues al sufrir agresiones y denunciar, no obtienen medidas de protección adecuadas ni eficientes o incluso no acuden antes las autoridades por la impunidad imperante. “La insuficiencia de investigación en las desapariciones ya ocurridas favorece que dichas agresiones sigan ocurriendo. Falta una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema, y de coordinación institucional para la atención y cumplimiento de las medidas de protección controladas por el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas”, comenta. Alanís agregó que “entre los impactos que causan las desapariciones encontramos la desarticulación del movimiento de defensa, lo que funciona como un mensaje intimidatorio en contra de los demás integrantes o activistas”.
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Gobierno federal y Sonora presentan plan integral tras derrame tóxico a más de una década de lo ocurrido por parte de la empresa minera grupo México MEMORANDUM 3.- El gobierno federal y el de Sonora, dieron a conocer que el programa de remediación del río Sonora, tras el derrame de desechos tóxicos ocurrido en 2014, y confirmaron que ya comenzaron a pagarse las indemnizaciones de los trabajadores mineros, de las viudas y de sus familias, una vez concluida la huelga en Cananea. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa de remediación ambiental y social asciende a 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales 70 por ciento fueron entregados por la empresa minera Grupo México, 22 por ciento por el gobierno federal y 8 por ciento por el gobierno del estado. Esto es, con el acuerdo alcanzado con la empresa, ésta entregará mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019; el gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora con 180 millones de pesos. Adelantó que comenzarán a realizarse las tareas especializadas y detalló que, en materia de justicia ambiental, el establecimiento de mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado. En materia de agua, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua del río Sonora, con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real. Asimismo, se comprará equipo nuevo, se prevén tareas de mantenimiento y se destinará personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. También, la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras en operación. En materia de salud, el IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en hospital regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Además, se abrirá un centro para la salud renal con servicios de necrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados. “El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo y esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico”, indicó. A su vez, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocasionado por Buenavista del Cobre, del Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca del Río Sonora, afectó a 20 mil personas de Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures. “Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable, daños a la economía local, porque se dedicaban también a las actividades agropecuarias”, expuso. En el rubro ambiental, se contaminaron suelos, agua superficial y subterránea, presencia de metales pesados y sustancias tóxicas con grandes afectaciones a la flora y a la fauna del lugar por presencia de arsénico, plomo, cobre, zinc que fueron encontrados en el ganado, en los carnívoros, en los roedores y en las aves. Indica que, después de un diálogo que inició en noviembre con la empresa, el gobierno del estado y distintas áreas del gobierno se logró un convenio para incluir todas las demandas de la población. El acuerdo consiste en que el hospital comunitarios e Ures se convertirá en hospital general, con lo cual se aumenta el número de camas y quirófanos, contará con una unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, una antigua demanda de las comunidades para verificar su salud. Habrá también un laboratorio especializado en metales pesados y un monitoreo sanguíneo permanente, que operará IMSS Bienestar. En materia de agua, se construirán 16 potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, la recuperación de 6 potabilizadores fuera de operación, que ya existen pero que no están funcionando, y la operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por 5 años. Y en remediación de suelos, se hará un diagnóstico de toda la ribera del río para confirmarlos sitios contaminados. “Hay mecanismos de remediación con evidencia técnica y científica. Se disponen de los sedimentos en celdas que se confinan y finalmente se hace un monitoreo y la restauración ambiental de toda la zona”. La inversión en todos estos rubros será de mil 500 millones de pesos, detalló.
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