Cae el dictador Nicolás Maduro; EU ataca a Venezuela y lo captura junto con su esposa Cilia Flores ex presidenta de la Asamblea Nacional MEMORANDUM 1.-
Cayó el dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Y es que la madrugada de este viernes, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró a través de una publicación de Truth Social, que Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, quienes fueron "sacados" del país sudamericano. “Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Más detalles seguirán. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, indicó en su publicación. Estados Unidos no ha realizado una intervención tan directa en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega. El propio gobierno de Venezuela denunció la madrugada de este sábado que Estados Unidos perpetró una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos” en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y la Guira y declaró el “estado de conmoción interior” en todo el territorio de la república bolivariana. Al filo de las 2:00 horas se escucharon detonaciones y fue confirmado un ataque con drones en el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas. Adicionalmente, hubo bombardeos en Higuerote y Charallave, estado Miranda. Se escucharon sobrevuelos de aviones en toda Caracas. Se activaron los mecanismos de defensa antiaérea en la capital. Este tres de enero fue atacado el Puerto de La Guaira, en la costa central de Venezuela. Se escucharon detonaciones y fue confirmado un ataque con drones en el Puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas. Adicionalmente, hubo bombardeos en Higuerote y Charallave, estado Miranda. Se escucharon sobrevuelos de aviones en toda Caracas. Se activaron los mecanismos de defensa antiaérea en la capital. Los ataques se perpetraron a lo largo de la costa central del país y en algunos puntos de la capital como el Fuerte Tiuna, la mayor base militar de la capital, la sede de la Policía Nacional Bolivariana (El Helicoide) y la base aérea Francisco de Miranda, una instalación aérea que en otro tiempo sirvió como base principal de la Aviación pero que actualmente funciona mayormente como aeropuerto civil. El gobierno de Venezuela confirmó ataques de Estados Unidos en Caracas, La Guaira y Miranda. “La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”, se lee en comunicado oficial publicado por el canciller Yván Gil en redes sociales. Agregó: “Venezuela denuncia que el acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”, reza el texto. “Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle”, dice el comunicado del gobierno. El gobierno bolivariano llamó a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. Informó que el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Además, Gil informó que Venezuela elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el secretario general de dicha organización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Moviminento de los No Alineados, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense. El gobierno anunció que el presidente Nicolás Maduro “ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación”. En Venezuela fue declarado el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, “para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha
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Libertad de expresión está por encima de todo y, cuando esté en riesgo, Segog puede activar el mecanismo federal de protección: Sheinbaum ¿será? MEMORANDUM 2.- Como un manotazo sobre la mesa fue interpretado el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse al caso del periodista veracruzano que fue acusado de terrorismo, así como de otros comunicadores que enfrentan procesos penales en distintas entidades del país. Y es que, la mandataria federal advirtió que para el gobierno federal, la libertad de expresión está por encima de todo y, cuando esté en riesgo, la Secretaría de Gobernación puede activar el mecanismo federal de protección. Al ser cuestionada sobre el caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, a quien la Fiscalía de Veracruz buscó procesar por el delito de terrorismo —acusación que posteriormente fue desestimada—, la mandataria federal sostuvo que, aunque las fiscalías estatales son autónomas, el Gobierno federal puede solicitar la intervención de la SEGOB cuando se trate de proteger el ejercicio periodístico. “Las fiscalías estatales son autónomas. Sin embargo, mi opinión y nuestra opinión como gobierno es que por encima de todo está la libertad de expresión”, aseguró la presidenta tras ser interrogada por investigaciones penales que involucran a comunicadores y ciudadanos. Sheinbaum Pardo explicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que, de considerarlo necesario, active el mecanismo de protección y establezca contacto con los periodistas involucrados o, en su caso, que éstos soliciten apoyo de manera directa. “Le pedí a la secretaria de Gobernación que si es necesario que el mecanismo de protección a periodistas (…) se pueda extender esta atribución a la protección de los periodistas que están acusados”, sostuvo. La mandataria federal destacó que la libertad de expresión debe prevalecer, sin que ello excluya la posibilidad de que un periodista responda ante la ley si cometió un delito. “Claro, si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona. Pero si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de expresión, siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”, sostuvo. Durante “la mañanera del pueblo”, Sheinbaum también fue consultada sobre el caso del periodista poblano Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en Puebla. La presidenta reiteró que la guía de actuación del Gobierno federal es la protección a la libertad de expresión, aun cuando las fiscalías conserven su autonomía. Por último, sobre la detención de una ciudadana en Michoacán por publicaciones en redes sociales contra un funcionario, la presidenta dijo no tener conocimiento previo del caso y señaló que será revisado, al tiempo que reiteró que el mecanismo federal puede intervenir si así lo solicitan las personas involucradas. Así las cosas.
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Al menos 635 mujeres se encontraban en cárceles de Veracruz entre 2020 y el primer semestre de 2025, 45 de ellas embarazadas MEMORANDUM 3.-
En las cárceles de Veracruz se encuentran al menos 635 mujeres, las cuales representan solo el 7.47% de la población penitenciaria total, pero enfrentan condiciones graves de insalubridad, violencia sexual y aislamiento indebido. Reportes independientes destacan un "agujero negro" de abusos que el sistema penitenciario estatal ignora pese a promesas oficiales de mejora. Estas vulnerabilidades violan derechos humanos básicos y obstaculizan cualquier proceso de reinserción social. Veracruz alberga a reclusas en centros como los de Papantla, Xalapa y Coatzacoalcos, donde el hacinamiento general alcanza niveles críticos con más de 8 mil personas privadas de libertad en 17 instalaciones. Aunque las cifras varían, la minoría femenina sufre espacios inadecuados sin áreas para cocina, comedor o talleres específicos. Muchas conviven con hijos menores, agravando la falta de higiene y atención médica. Tan solo entre 2020 y el primer semestre de 2025, 45 mujeres embarazadas han estado recluidas en los centros penitenciarios de Veracruz, según datos de la autoridad estatal. De esos 45 embarazos, 43 llegaron a su conclusión. El documento de transparencia no aclara si los partos ocurrieron dentro o fuera de los centros, ni si hubo complicaciones médicas. Tampoco se detalla si hubo traslados hospitalarios, protocolos o seguimientos posteriores. El dato existe como resultado final: la gestación terminó. El informe incluye una respuesta sobre la situación civil: las 45 mujeres embarazadas reportadas tienen pareja o están casadas. No se aclara si se trata de un estado civil legal, de una relación previa reconocida por la autoridad o de una categoría administrativa utilizada por el sistema penitenciario. Solo dos mujeres ingresaron ya embarazadas. En los 43 casos restantes, el embarazo comenzó durante la estancia en prisión. Ninguna de las mujeres embarazadas fue clasificada como indígena. El informe no explica los criterios utilizados para esta identificación ni si se trata de un registro administrativo. En ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado deficiencias, como dormitorios deteriorados y ausencia de personal médico suficiente. En revisiones previas, se identificaron violaciones sistemáticas a los derechos de género en penales veracruzanos, sin avances significativos en años recientes. Las agresiones sexuales representan una amenaza constante, con casos confirmados que involucran a custodios y otros internos, según expertos en materia penitenciaria. El aislamiento indebido y la segregación arbitraria agravan el sufrimiento psicológico, dejando a las mujeres en condiciones de "infierno diario" pese a su baja proporción poblacional. Las prácticas contradicen estándares constitucionales de separación por género y trato digno. Medios locales describen entornos insalubres con plagas, alimentación deficiente y falta de productos higiénicos básicos, lo que expone a enfermedades crónicas sin atención oportuna. La burocracia prefiere omitir estos problemas, incluso ante quejas formales ante la CNDH. Las internas tienen derecho a ejercer su maternidad libre de discriminación, con acceso a información reproductiva y separación gradual de hijos, pero la realidad es opuesta. Lo anterior, a pesar de que normas nacionales exigen acciones afirmativas para igualdad en educación, trabajo y salud, incluyendo libertad de orientación sexual sin estigmas. De acuerdo con diagnósticos de la CNDH, en Veracruz, la ausencia de locutorios, talleres y actividades recreativas impide su desarrollo personal y familiar. Los expertos urgen enfoques feministas e interculturales para revertir desigualdades estructurales, como cómputo de tiempo en prisión preventiva y acceso a sentencias rápidas. Sin embargo, el rezago judicial prolonga estancias injustas, afectando particularmente a mujeres de origen indígena o con discapacidades. A su vez, activistas han destacado la necesidad de becas para reinserción post-prisión y cartillas de derechos accesibles. Además, la población reclusa femenina demanda transparencia sobre su situación jurídica y ejecución de beneficios como libertad anticipada.
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