Todas las áreas municipales presentan deficiencias, denuncia nuevo edil de Huiloapan; tan mal que no han podido iniciar el cobro del predial MEMORANDUM 1.-
Tras asumir la presidencia municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc, Héctor Omar Urbano Dávila informó que la administración entrante recibió el ayuntamiento en condiciones deplorables, tanto en infraestructura como en operación de servicios públicos básicos, lo que ha complicado el arranque formal de las actividades gubernamentales. Aunque hace menos de un mes su equipo se reunió con la ahora ex edil Lizeth Méndez Rosas. Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de mantener una transición respetuosa y conforme a los lineamientos establecidos por la Ley. Se acordó avanzar en la revisión de cada área operativa, desde finanzas hasta programas sociales, con el fin de asegurar un diagnóstico claro para la administración entrante. Pero ahora el edil indica que prácticamente todas las áreas municipales presentan deficiencias, entre ellas presidencia municipal, Catastro, Salud, Limpia Pública, DIF Municipal, así como espacios públicos como el Auditorio Municipal y las áreas destinadas a Protección Civil. Uno de los problemas más graves detectados corresponde al servicio de recolección de basura, ya que el municipio cuenta con tres camiones recolectores, de los cuales uno se encuentra descompuesto y los otros dos operan de manera limitada, situación que ha obligado a utilizar un camión de volteo de forma emergente para apoyar las labores. Urbano Dávila comenta que al momento de recibir la administración, los tres camiones estaban completamente llenos de basura, incluso la unidad fuera de servicio, la cual permanecía dentro del Auditorio Municipal, representando un riesgo sanitario, por lo que tuvo que ser remolcada y retirada del lugar. Ante esta problemática, el presidente municipal reconoció y agradeció el respaldo del alcalde de Orizaba, Hugo Chahín, quien permitió la disposición final de los residuos sólidos mientras se regulariza el servicio en Huiloapan. “Orizaba nos ha brindado apoyo para recibir los camiones de basura mientras normalizamos la operación del servicio”, expresó. En el rubro administrativo, el alcalde señaló que áreas clave como Catastro y Tesorería también fueron recibidas con serias irregularidades, ya que no se dejó una plantilla completa de personal ni las actualizaciones necesarias en los sistemas para el cobro del impuesto predial. A ello se suma que gran parte del equipo de cómputo se encuentra en pésimas condiciones o inservible, lo que impidió el restablecimiento inmediato de trámites, pagos y servicios a la ciudadanía. Derivado de estas condiciones, durante los primeros días de la nueva administración no fue posible realizar el cobro del impuesto predial ni la expedición de permisos comerciales. No obstante, el presidente municipal informó que a partir del martes se normalizarán los servicios, incluido el cobro del predial, el cual contará con descuentos para personas adultas mayores. Estos avisos se realizarán mediante perifoneo y a través de las páginas oficiales del ayuntamiento. Urbano Dávila reconoció que el inicio de su gestión ha sido complejo; sin embargo, aseguró que su equipo trabaja incluso con recursos humanos y equipos personales para poner en marcha la administración municipal. Agregó: “Estamos trabajando con lo que hay y con lo que se pudo. Nuestro compromiso es restablecer los servicios al cien por ciento lo antes posible”.
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Al año se registran alrededor de 2 millones de pinchazos entre trabajadores de la salud provocando infecciones como hepatitis B y C y VIH MEMORANDUM 2.-
Al año se registran alrededor de dos millones de pinchazos por aguja involuntarios entre los trabajadores de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Una distracción o incompetencia en el manejo de agujas y jeringas en la atención de los pacientes hospitalizados puede llevar a punciones accidentales como las que cada año causan 66 mil infecciones por hepatitis B, 16 mil de hepatitis C y mil por VIH/sida a escala global. En México no existen estadísticas del problema que más bien pasa desapercibido, pero existe y genera costos al sistema nacional de salud, afirma Roxana Trejo, epidemióloga y especialista en el estudio de infecciones nosocomiales. En entrevista, la experta comenta que el tema se ha abordado durante las pasadas dos décadas en el país y sólo en el último año ha habido avances con el proceso de actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 045 que establece los criterios para la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales. El objetivo de la Secretaría de Salud (Ssa), a través de la Dirección General de Epidemiología, es concluir lo más pronto posible el proceso administrativo y una vez publicada la nueva NOM, introducir una serie de lineamientos para el manejo de dispositivos médicos que pueden ser fuente de infecciones. Entre ellos habrá uno sobre la prevención de punciones accidentales en el personal de salud, principalmente de enfermería. La especialista señala que este sector es el que con más frecuencia notifica los casos de pinchazos con agujas, aunque también puede ocurrir entre los médicos durante las cirugías y otras intervenciones que involucran el uso de estos objetos. Debido al alto riesgo de adquirir alguna de las infecciones mencionadas, cuando estos incidentes se presentan existen protocolos de manejo para la realización de pruebas de detección periódicas de hepatitis B y C y VIH. Incluye la administración de medicamentos antirretrovirales y seguimiento durante seis meses y hasta un año si se comprueba que el paciente involucrado es portador de alguno de estos virus y con niveles elevados en sangre. Trejo asegura que el costo de estas intervenciones oscila entre 250 mil y 300 mil pesos por persona, lo que se puede evitar con la prevención primaria, la cual es posible sólo en el caso de la hepatitis B con la vacunación al personal de salud. Actualmente ya es posible prevenir los accidentes con el uso de dispositivos de bioseguridad que se han desarrollado en las pasadas dos décadas y en México están disponibles, pero únicamente en el sector privado, en la toma de muestras de sangre para análisis de laboratorio. Son agujas diseñadas para evitar los accidentes, con mecanismos que las cubren de manera definitiva y segura después de que se usan en la administración de medicamentos. Otras son especiales (con punta roma) para la preparación de las dosis a inyectar. Estos dispositivos reducen en 70 por ciento el riesgo de punciones involuntarias, aseguró Trejo, quien es gerente de Vigilancia Epidemiológica del corporativo ABC y ex presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Comenta que ha colaborado con la Dirección General de Epidemiología de la Ssa para la actualización de la NOM 045. El documento ya se encuentra en revisión en el comité de normalización. Otro asunto pendiente en el país es el registro de infecciones ocasionadas por accidentes como las punciones involuntarias en el personal de salud, indica.
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Justicia para periodistas afectados por violencia en AL tarda décadas: CIDH; México, segundo país más peligroso para ejercer el periodismo MEMORANDUM 3.-
En la mayoría de los casos de violencia contra periodistas en América Latina, incluido México, llegar hasta una sentencia u otras salidas procesales concluyentes y esclarecedoras lleva muchos años, incluso décadas, de investigación. Durante ese tiempo, con excepción de limitadas ocasiones, las víctimas o sus familiares permanecen en una prolongada incertidumbre sobre el devenir de la lucha contra la impunidad, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Destaca también que a la sociedad se le priva del derecho de acceso a la información en el avance de las indagatorias. En 2025, sostuvo, persistió la violencia letal contra periodistas, además de atentados y amenazas: “al menos, 27 fueron asesinados en la región por hechos presuntamente ligados a su labor”. En una guía que lanzó para la documentación de actuaciones para conocer el avance de las investigaciones, la RELE animó a los estados crear de registros sistematizados que den cuenta de la existencia y el contenido de ciertas actividades adoptadas por las autoridades para indagar y judicializar los delitos. Indica que la ausencia de tal mecanismo dificulta que el propio Estado, la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos especializados identifiquen los factores que determinan la baja efectividad de esclarecimiento de esta violencia focalizada y de sanción efectiva a sus responsables, “en oposición con las crecientes acciones de victimización registrados en la región”. La RELE expuso que si bien la restricción de acceso a la información de las investigaciones de estos ataques es una excepción legítima al principio de máxima divulgación, eso no significa que todo lo que obre dentro de un expediente o actuación de naturaleza penal sea reservado. Por el contrario, enfatizó, en cada uno de los expedientes hay datos que pueden ser puestos a disposición sin poner en riesgo la indagatoria; por no referirse al contenido de las evidencias o de la teoría del caso, sino a la realización o no de ciertas actividades y diligencias, así como su periodicidad, temporalidad, entre otros. Podrían divulgarse, señala, datos relacionados con la dimensión y las capacidades de los recursos materiales y humanos dispuestos para la investigación, herramientas jurídicas, gerencia y planificación, aspectos sobre la recolección de evidencias, peritajes y estudios especializados, no su contenido. Así, con el fin de sortear las dificultades identificadas, la Relatoría propuso la instrumentación de una bitácora de registro de actividades intermedias, que permita identificar los medios, métodos y actividades desarrolladas. Por el asesinato de nueve periodistas en México durante 2025, asociaciones de defensa de la libertad de prensa alertaron que el periodismo se ve sometido a un asedio "muy preocupante" por la violencia permanente y una impunidad en los crímenes, una realidad que no parará a menos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconozca el problema y reaccione para ponerle freno. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubica este año como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados, asegura su representante en México, Balbina Flores. En entrevista, indicó que la situación es la de una “violencia general que no ha desaparecido”, con cifras "altísimas" en estados como Guerrero, Michoacán o Guanajuato, en donde la mayor parte de los periodistas agredidos trabajaban para medios locales que cubrían cuestiones relacionadas con la seguridad y derechos humanos.
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